CE - Sentencia 20001233300020250065001

Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00650-01

Demandante: URIAS MORALES VARGAS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y OTROS1

Tema:

Revoca sentencia de primera instancia. Rechaza la acción por falta del requisito de renuencia. Declara la existencia de cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor URIAS MORALES VARGAS contra la sentencia del 4 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor Urias Morales Vargas, actuando en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte y Concejo de

El señor Urias Morales Vargas, actuando en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte y Concejo de Valledupar. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento de las siguientes normas:

Norma Artículos Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la Resolución 20223040045295 de 20222 6 Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002 1. (incisos 4 y5), 2 (numeral 7), 129 (parágrafos 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) Ley 1437 de 2011 10

En consecuencia , el accionante elevó las pretensiones que se sintetizan a continuación pese a la falta de claridad que guarda el escrito:

1 Ministerio de Transporte, Secretaría De Tránsito de Valledupar y Concejo Municipal de Valledupar. 2 Artículos 7.8.1.2,numeral D),Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Que se ordene la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», incluyendo las que a él se le habían

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Que se ordene la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», incluyendo las que a él se le habían impuesto, durante el período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecno lógicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.

Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente.

También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo que, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

1.2. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos institucionales en los cuales se moviliza n sus funcionarios, los cuales están revestidos de competencia para imponer sanciones por contravenciones viales. Igualmente, en el municipio se han instalado múltiples señales de tránsito que indican «prohibido parquear detención electrónica».

El 25 de septiembre de 2025, la parte actora solicitó a las entidades accionadas3 el cumplimiento de las siguientes disposiciones:

Norma Artículos

indican «prohibido parquear detención electrónica».

El 25 de septiembre de 2025, la parte actora solicitó a las entidades accionadas3 el cumplimiento de las siguientes disposiciones:

Norma Artículos Ley 1843 de 2017 1, 2, 3, 13 y 14 Decreto Ley 2106 de 2019 109 Código Nacional de Transito-Ley 769 de 2002 127,129,134,135 (numeral 1),136,137, y 158A Ley 2251 de 2022 18 Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la Resolución 20223040045295 de 20224 6 (literales A y D) Ley 1437 de 2011 10

Lo expuesto, en el sentido de (i) retirar los vehículos de foto multa dispuestos en Valledupar; (ii) abstenerse de seguir imponiendo multas haciendo uso de los anteriores; (iii) anular todos los comparendos interpuestos durante su operación ; y

3 Por medio de escrito enviado a los correos electrónicos atencionusuariotransito@valleduparcesar.gov.co, notificajuridica@supertransporte.gov.co y Concejodevalledupar@gmail.com 4 Artículos 7.8.1.2,numeral D),Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) agotar el debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) agotar el debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados o abandonados en espacio público.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

El accionante sostuvo que:

En el municipio Valledupar, la imposición de multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de tránsito.

Estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de tránsito.

La utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial. Además, señal ó que esta modalidad de cont rol ha derivado en la imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.

En ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehículos sin que exista evidencia clara y verificable de la comisión de la infracción, lo cual se

considerable de la comunidad.

En ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehículos sin que exista evidencia clara y verificable de la comisión de la infracción, lo cual se traduce en un proceder que parece orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y educativa. En concreto, señaló el comparendo que a él se le interpuso a través de medio tecnológico sin que su levantamiento se surtiera de forma personal.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 14 de noviembre de 2025 , admitió la acción de cumplimiento y dispuso notificar personalmente el proveído al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transportey el Concejo Municipal de Valledupar; entidades a las que les requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.

En relación con el Ministerio de Transporte y el Concejo de Valledupar se dispuso no tener como demandadoS por no haber agotado el requisito del artículo 8 de la Ley 393 de 1997.Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones

La Secretaría General de l Tribunal Administrativo del Cesar, en cumplimiento a lo

www.consejodeestado.gov.co 1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones

La Secretaría General de l Tribunal Administrativo del Cesar, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio, el 19 de noviembre de 2025 surtió las notificaciones dirigidas a los sujetos procesales 5, en virtud de l as cuales se recibieron las siguientes intervenciones:

1.4.2.1. Superintendencia de Transporte6

La Superintendencia de Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma a su cargo. Sostuvo que la parte accionante no acreditó los incumplimientos alegados en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.

Además, que las actuaciones cuestionadas en el escrito inicial son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los principios de autonomía y descentralización. Insistió en que la Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y que no es competente para lo solicitado.

Que, en razón el objeto del litigo ya ha sido zanjado, puesto que desde el año 2024 se han radicado cer ca de 70 acciones que comparten fundamentos fácticos y jurídicos, así como pretensiones.

1.4.3. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de del Cesar, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2025 resolvió declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito de Valledupar

Dicha decisión fue adoptada tras estimar que las pretensiones del actor no se

2025 resolvió declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito de Valledupar

Dicha decisión fue adoptada tras estimar que las pretensiones del actor no se dirigen a la ejecución de un deber jurídico claro, expreso e inobjetable, sino a controvertir la legalidad de los comparendos impuestos en el municipio de Valledupar, con el fin de obtener su anulación. Señaló que dicha discusión involucra derechos de carácter su bjetivo y debe ventilarse a través de los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, las normas cuyo cumplimiento se invocó no contienen mandatos imperativos e inobjetables que permitan, por esta vía, ordenar la revocatoria masiva de comparendos, máxime cuando no se acreditó probatoriamente la utilización irregular de dispositivos SAST ni el incumplimiento de una obligación consolidada por parte de las entidades accionadas.

5 Índice 9 del expediente digital de primera instancia. 6 Índice 10 del expediente digital de primera instancia.Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, determinó que las disposiciones invocadas no le atribuyen a la Superintendencia accionada competencia para imponer, revocar o anular comparendos; funciones que corresponden a las autoridades de tránsito. Precisó

Finalmente, determinó que las disposiciones invocadas no le atribuyen a la Superintendencia accionada competencia para imponer, revocar o anular comparendos; funciones que corresponden a las autoridades de tránsito. Precisó que dicha entidad ejerce labores de inspección, vigilancia y control, las cuales se encontraban en curso, sin que se demostrara renuencia alguna, por lo que no era destinataria de los mandatos cuyo cumplimiento se reclamaba.

1.4.4. Impugnación7

La parte actora, el 1 1 de diciembre de 2025 8, presentó escrito de impugnación contra la sentencia de primera instancia . En este, reiteró la totalidad de los argumentos expuestos en la demanda inicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del 4 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, según lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 9, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 4 de diciembre de 2025 , dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 4 de diciembre de 2025 , dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, así como a renuencia frente a las siguientes disposiciones artículos 1. (inciso 4 y.5), 2 (numeral 7), del Código de TránsitoLey 769 de 2002?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar al extremo accionado el cumplimiento de la Resolución 20203040011245 de 2020, (artículo 6) compilada en la Resolución

7 Índice 14 del expediente digital de primera instancia. 8 Se advierte que si bien en la impugnación hace referencia a una sentencia de tutela, lo cierto es que el radicado y de su contenido se advierte que obedece a reparos contra la sentencia de cumplimiento proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar. 9 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20223040045295 de 202210, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1),

www.consejodeestado.gov.co 20223040045295 de 202210, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002 - y el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011?

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia

están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el part icular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 11.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley

10 Artículos 7.8.1.2,numeral D), 11 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros

11 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1.º)12.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes d e formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace

lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigu e la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.4. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció c omo requisito de procedibilidad de esta acción constitucional que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el acto r podrá

12 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el acto r podrá

12 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la Superintendencia de Transporte, el Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte y el Concejo de Valledupar antes de instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “ el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”13.

El señor Urias Morales Vargas adjuntó copia del escrito radicado el 25 de septiembre de 2025, en el cual solicitó a las entidades accionadas el cumplimiento de:

Norma Artículos Ley 1843 de 2017 1,2, 3, 13 y 14 Decreto Ley 2106 de 2019 109 Código Nacional de Transito-Ley 769 de 2002 127,129,134,135 (numeral 1),136,137, y

Ley 1843 de 2017 1,2, 3, 13 y 14 Decreto Ley 2106 de 2019 109 Código Nacional de Transito-Ley 769 de 2002 127,129,134,135 (numeral 1),136,137, y 158A Ley 2251 de 2022 18 Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la Resolución 20223040045295 de 202214 6 (numerales A y D) Ley 1437 de 2011 10

Este requerimiento fue enviado a los canales de atención al ciudadano dispuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar , la Superintendencia de Puertos y Trasporte y el Concejo de Valledupar . Lo referido, se aprecia en la siguiente constancia:

Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en renuencia, según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, respecto de la Resolución 20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de 202215, artículos 129 (parágrafos 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A

13 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo 14 Artículos 7.8.1.2,numeral D), 15 Artículos 7.8.1.2,numeral D),Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

9

15 Artículos 7.8.1.2,numeral D),Demandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (adicionado por el artículo 18 de la Ley 225 1 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002 y el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

En ese orden, se concluye que la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia respecto de los apartados normativos ya identificados frente a los cuales se limitará el análisis subsiguiente.

No ocurre lo mismo frente al artículo 1. (incisos 4 y5), 2 (numeral 7) de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto no es clara la exigencia de cumplimiento en el requerimiento enviado a las accionadas, por lo que frente a ellas se rechazará la presente acción constitucional.

2.5. Caso concreto - de la procedencia de la acción de cumplimiento

En este caso, las pretensiones del señor Castro López se dividen en tres: (i) que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los denominados «vehículos caza infractores»; (ii) que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente en punto

todas las multas aplicadas mediante los denominados «vehículos caza infractores»; (ii) que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente en punto de la implementación de los SAST y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.

A continuación, la Sala analizará cada uno de los mencionados planteamientos y las normas en que se sustentaron.

2.5.1. De la anulación de las multas de tránsito y la presencialidad en el trámite de imposición de aquellas

Se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar . Al respecto, se recuerda que esta acción no es de carácter declarativo sino de ejecución de deberes imperativos e inobjetables, es decir, que no admitan ningún tipo de discusión.

Lo anterior da cuenta que, aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos sancionatorios.

discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos sancionatorios.

Lo dicho, puesto que, en el aludido medio de control, quienes han visto afectados sus intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad de cuestionarDemandante: Urias Morales Vargas Demandados: Superintendencia de Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00650-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los comparendos impartidos por las autoridades de tránsito , lo que coincide con lo aquí pretendido por la parte actora.

Así las cosas, las presuntas irregularidades en que incurre la autoridad de tránsito de Valledupar en el trámite de imposición de comparendos bajo una modalidad no presencial, deben ser analizadas en el estudio de legalidad que se haga d el acto administrativo sancionatorio. Por tanto, no corresponde al fallador constitucional sustituir el control del juez ordinario frente a l procedimiento sancionatorio adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.

En suma, la impr ocedencia de esta acción en lo que atañe a esta pretensión se justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que este mecanismo constitucional es residual y no principal, lo que presupone que no se cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.

justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que este mecanismo constitucional es residual y no principal, lo que presupone que no se cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.

Idénticas consideraciones sustentan la declaración de improcedencia frente a la pretensión plasmada en el numeral tercero del escrito de demanda, la cual, en síntesis, busca plantear la anulación de los comparendos impuesto s, aduciendo posibles irregularidades en su trámite. Nuevamente, se tiene que dicha finalidad escapa a la órbita del juez de cumplimiento, pues se reprocharía la legalidad de la actuación de la administración, lo cual impone acudir al medio de control correspondiente.

Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de prueba que fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de un perjuicio irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto.

2.5.2 Retiro de los vehículos utilizados para la imposición de comparendos

Frente a las pretensiones restantes que tienen que ver con el retiro de los vehículos «caza infractores», la Sala no advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar por el acatamiento de los preceptos que pide atender.

Tampoco se evidencia que lo pretendido involucre la protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, o que implique un gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro de circulación de l os vehículos institucionales le genere a las entidades accionadas una erogación de partidas presupuestales.

gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro de circulación de l os vehículos institucionales le genere a las entidades accionadas una erogación de partidas presupuestales.

Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente exigibles porque no están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de ley o ac