CE - Sentencia 25000231500020240043801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01

Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra Accionada: Lina Marcela Cabezas Portela Tema: Causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia de 9 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1. El señor José Neftalí Burgos Saavedra, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] presento solicitud para que se decrete la pérdida de investidura de la concejal, Sra. Lina Marcela Cabezas Pórtela (sic) quien fue elegida en el municipio de Girardot Cundinamarca para el período constitucional 2024-2027. […]”.

I.1.1. Los hechos

2. Informó que la señora Lina Marcela Cabezas Portela fue elegida concejal del

Cundinamarca para el período constitucional 2024-2027. […]”.

I.1.1. Los hechos

2. Informó que la señora Lina Marcela Cabezas Portela fue elegida concejal del municipio de Girardot para los períodos constitucionales 2020-2023 y 2024-2027.

3. Alegó que el 30 de diciembre de 2023, la accionada , en su calidad de segunda vicepresidenta del concejo municipal de Girardot suscribió la Resolución 035 de 28 de diciembre de 2023, mediante la cual autorizó el pago de unas prestaciones sociales a favor del señor Andrés Bonilla Moreno, por el período del 1.° de enero de 2023 al 30 de diciembre de 2023, emolumentos que fueron liquidados de manera indebida.

4. Afirmó que la señora María Alejandra Posada Escobar es pariente en segundo grado de afinidad de la accionada; la señora Lyda Fernanda González Cabezas es prima de la concejal y; el señor Juan Fernando Leal Murillo es su compañero sentimental, quienes han suscrito contratos de prestación de servicios con la

1 002 y 021 del expediente digital de primera instancia. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.2

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

alcaldía del municipio de Girardot y este último con la Clínica San Rafael Dumian Medical.

5. La concejal participó en las sesiones en las que se debatieron proyectos de acuerdo que beneficiaron a las personas antes señaladas.

alcaldía del municipio de Girardot y este último con la Clínica San Rafael Dumian Medical.

5. La concejal participó en las sesiones en las que se debatieron proyectos de acuerdo que beneficiaron a las personas antes señaladas.

I.1.2. La explicación de las causales de pérdida de investidura

I.1.2.1. Indebida destinación de dineros públicos

6. El solicitante invocó la causal de pérdida de investidura por “[…] indebida destinación de dineros públicos […]”, prevista en el numeral 3.° del artículo 33 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 3 y en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004, por el hecho de que la accionada suscribió la Resolución 035 de 2023, mediante la cual reconoció y autorizó el pago de las prestaciones sociales a favor del señor Andrés Bonilla Moreno, secretario del concejo, las cuales fueron liquidadas de manera indebida.

I.1.2.2. Violación del régimen del conflicto de intereses

7. Para sustentar esta acusación, e l accionante invocó los artículos 55 (numeral 2.°) y 70 de la Ley 136 y los artículos 48 (numeral 1.°) y el parágrafo 3.° del artículo 49 de la Ley 617 , referente a las prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los concejales municipales y distritales , entre otros ,

con sustento en las siguientes premisas:

8. i) La cuñada de la accionada , María Alejandra Posada Escobar (pariente en

permanentes y parientes de los concejales municipales y distritales , entre otros , con sustento en las siguientes premisas:

8. i) La cuñada de la accionada , María Alejandra Posada Escobar (pariente en segundo grado de afinidad) suscribió los contratos núms. 502 de 26 de marzo de 2020 y 638 de 14 de julio de 2020 , para prestar servicios profesionales en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio de Girardot. A pesar de ello, la acusada participó en el trámite de “[…] varios acuerdos de proyectos (sic) de la Secretaría de desarrollo económico y social del municipio […]”, área donde trabajaba su pariente y no dio a conocer esta situación ante el comité de ética de la duma municipal. Además de ello, la contratista no informó este hecho al momento de firmar el compromiso de transparencia.

9. ii) La prima de la accionada, Lyda Fernanda González Cabezas, (pariente en cuarto grado de consanguinidad ), suscribió el contrato de prestación de servicios núm. 043 de 20 de febrero de 2024, con el municipio de Girardot, para prestar apoyo técnico y seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-2027. A pesar de ello, la acusada participó en el trámite y aprobación de este instrumento normativo, a sabiendas que beneficiaría a su prima, sin manifestar su impedimento y sin dejar la anotación ante el comité de ética de la duma. Adicionalmente, la contratista tampoco dio a conocer

3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.

el comité de ética de la duma. Adicionalmente, la contratista tampoco dio a conocer

3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”. 4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.3

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01

Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

sobre la existencia de una inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés en el compromiso de transparencia.

10. iii) El compañero sentimental de la concejal, Juan Fernando Leal Murill o, es contratista de la Clínica San Rafael Dumian Medical S.A.S. , empresa que recibe dinero del Estado a través de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Girardot y, por esta razón, incurrió en la prohibición prevista en el parágrafo 3.° del artículo 49 de la Ley 617.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

11. A través de auto de 26 de junio de 20245, el magistrado sustanciador del proceso admitió la demanda y ordenó la notificación personal a la accionada y a la agente

del Ministerio Público.

I.3. La oposición de la accionada6

12. La concejal, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda.

del Ministerio Público.

I.3. La oposición de la accionada6

12. La concejal, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda.

13. Explicó que no se cumplen los presupuestos de procedencia de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, porque la acusada no fue ordenadora del gasto ni tenía a su cargo la función de liquidar las prestaciones de los servidores públicos del concejo municipal.

14. Añadió que la pérdida de investidura no es el medio adecuado para debatir la legalidad de la Resolución 035 de 2023, la cual se presume legal.

15. Subrayó que el interés constitutivo de desinvestidura debe ser directo, particular y concreto y surgir de los extremos de la relación planteada por la decisión del servidor público de elección popular.

16. Indicó que el accionante invocó la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses, por el hecho de que la concejal participó en la votación de varios proyectos de acuerdo que pretendían beneficiar a sus familiares que laboraban en la alcaldía y/o prestaban sus servicios en IPS, sin haber especificado los asuntos o acuerdos en los cuales intervino la acusada y sin explicar las razones para encontrar configurado el conflicto de interés.

17. Expuso que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han señalado que el interés debe ser particular, directo, actual o inmediato y se requiere que el acto jurídico resultante de la concurrencia de la voluntad de los concejales tenga por sí mismo la virtualidad de configurar el provecho de manera

han señalado que el interés debe ser particular, directo, actual o inmediato y se requiere que el acto jurídico resultante de la concurrencia de la voluntad de los concejales tenga por sí mismo la virtualidad de configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera de actos, hechos, o desarrollos ulteriores para concretar el beneficio personal.

5 026 expediente digital de primera instancia. 6 037 expediente digital de primera instancia.4

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01

Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

18. Argumentó que el solicitante no aportó las pruebas idóneas para demostrar el parentesco en consanguinidad y afinidad existente con las personas enunciadas en la demanda.

19. Explicó que el medio idóneo para probar el parentesco era el registro civil, según el Decreto Ley 1260 de 1970, documentos no allegados al proceso y añadió que no era posible acudir al testimonio o interrogatorio de parte para probar el vínculo de consanguinidad y afinidad.

I.4. La audiencia pública

20. El 12 de agosto de 2024 7, se realizó la audiencia pública prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 8, con la asistencia y participación del accionante, la Procuradora Primera Judicial II para Asuntos Administrativos y el apoderado de la acusada.

I.4.1. El accionante

21. El solicitante insistió en los argumentos de la solicitud.

I.4.2. El Ministerio Público

Administrativos y el apoderado de la acusada.

I.4.1. El accionante

21. El solicitante insistió en los argumentos de la solicitud.

I.4.2. El Ministerio Público

22. La Procuradora Primera Judicial II para Asuntos Administrativos emitió concepto en el que solicitó la denegación de las pretensiones de la demanda.

23. i) Estudio de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos. Anotó que, según las pruebas allegadas, no se demostró que la accionada cambiara o distorsionara los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución Política, la ley o el reglamento , porque el reconocimiento de las prestaciones a favor del secretario del concejo está conforme a la ley y no se acreditó que la concejal hubiese obtenido un incremento patrimonial para sí o para favorecer a un tercero.

24. ii) Estudio de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de interés . La agente del Ministerio Público adujo que: i) no se demostró con medios de prueba idóneos la unión permanente ni el vínculo de parentesco en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las personas enunciadas en la demanda y; ii) no se demostró en qué consistió el interés o beneficio particular y directo en cabeza de la concejal que le impedía participar en el Plan de Desarrollo 2024-2027 y en otros acuerdos aprobados por el concejo.

7 076 expediente digital de primera instancia.

o beneficio particular y directo en cabeza de la concejal que le impedía participar en el Plan de Desarrollo 2024-2027 y en otros acuerdos aprobados por el concejo.

7 076 expediente digital de primera instancia. 8 “[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS, SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES. […]”.5

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01

Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

I.4.3. La accionada

25. La concejal reiteró los argumentos de la contestación de la solicitu d, en el sentido de no encontrar demostrad os los elementos de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos y violación del régimen de conflicto de intereses.

I.5. La sentencia de primera instancia9

26. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 9 de septiembre de 2024, denegó la s súplicas de la solicitud de pérdida de investidura.

27. Planteó como problema jurídico el consistente en definir si se debía declarar la pérdida de investidura de la concejal del municipio de Girardot, Lina Marcela Cabezas Portela, por hechos ocurridos para los períodos constitucionales 20202023 y 2024-2027, por haber incurrido en las causales de pérdida de investidura de indebida destinación de recursos públicos y conflicto de intereses.

Cabezas Portela, por hechos ocurridos para los períodos constitucionales 20202023 y 2024-2027, por haber incurrido en las causales de pérdida de investidura de indebida destinación de recursos públicos y conflicto de intereses.

I.5.1. Estudio de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos

28. Precisó que para probar esta causal se deben demostrar los siguientes presupuestos: i) que el demandado ostente la condición de concejal; ii) que se trate de dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados, sin importar si la conducta esté o no tipificada como delito.

29. Sostuvo que la Resolución 035 de 2023 goza de presunción de legalidad, en tanto no ha sido declarada nula por el juez competente y, en consecuencia, las prestaciones reconocidas a favor del señor Andrés Bonilla Moreno se presumen ajustadas al ordenamiento jurídico.

30. Anotó que la acción de pérdida de investidura no es el mecanismo idóneo para estudiar si las prestaciones sociales reconocidas a favor del señor Andrés Bonilla Moreno fueron debidamente liquidadas.

I.5.2. Estudio de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses

31. El a quo consideró que no se configuró la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses, con sustento en los siguientes

argumentos:

32. i) En cuanto a los hechos relacionados con la señora María Alejandra Posada Escobar, sostuvo que “[…] la parte actora no se encargó de argumentar ni de probar

argumentos:

32. i) En cuanto a los hechos relacionados con la señora María Alejandra Posada Escobar, sostuvo que “[…] la parte actora no se encargó de argumentar ni de probar

9 079 expediente digital de primera instancia.6

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01

Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

cuál fue el interés directo, particular y actual en cabeza de la concejal respecto de los acuerdos de proyecto (sic) de la secretaría de desarrollo económico y social del municipio en los que intervino y que podían beneficiar a la señora Posada Escobar, así como tampoco demostró el parentesco existente entre ambas […]”.

33. (ii) Frente a los hechos asociados con la señora Lyda Fernanda González Cabezas señaló que “[…] al participar la demandada en su calidad de concejal en la adopción y aprobación de los planes de desarrollo del municipio de Girardot, se entiende que lo hizo en ejercicio de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias que le asisten y no se encuentra argumentado ni demostrado que la señora Lina Marcela Cabezas Portela hubiese tenido algún interés directo, particular y actual en la aprobación de dicho plan, ni cómo beneficiaría a la señora González Cabezas; igualmente, tampoco se demostró el parentesco existente entre ambas […]”.

34. (iii) Sobre los hechos relacionados con el señor Juan Fernando Leal Murillo precisó que “[…] no se acudió a una causal de pérdida de investidura consagrada en la ley, por tanto, no es posible, como lo pretende la parte actora, interpretar la

precisó que “[…] no se acudió a una causal de pérdida de investidura consagrada en la ley, por tanto, no es posible, como lo pretende la parte actora, interpretar la norma que se refiere a las prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de l os concejales municipales y distritales, para con ello crear una causal de pérdida de investidura adicional a las consagradas en las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000. […]”.

I.6. El recurso de apelación10

35. El accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del 9 de septiembre de 2024, para que se revocara.

36. Luego de efectuar un resumen de la demanda y de la sentencia, mostró su inconformismo frente al estudio de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de inter eses. Para sustentar lo anterior, adujo los

siguientes argumentos que se transcriben:

“[…] La tesis que sostiene este apoderado judicial del demandante en el marco del presente recurso es que la sección debe REVOCAR la sentencia recurrida, ya que con la actuación de la demandada, sí se configuró la causal de pérdida de investidura por haberse probado en ella, el conflicto de intereses.

[…]

EL RECURSO DE APELACIÓN Y LA SUSTENTACIÓN DEL MISMO

En las pruebas relacionadas con la señora LIDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS, la sala plena da como hecho probado jurídicamente relevante No.7, 7.6, que la contratista mencionada realizó el Apoyo técnico y seguimiento al plan de desarrollo

la sala plena da como hecho probado jurídicamente relevante No.7, 7.6, que la contratista mencionada realizó el Apoyo técnico y seguimiento al plan de desarrollo del Municipio “Girar dot es de todos visión 2040” en el año 2020 -2023; dicha

10 084 expediente digital de primera instancia.7

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01

Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

interpretación es errada, puesto que la contratista según el Contrato No.043 del 20 de febrero de 2024, suscrito con la Alcaldía de Girardot, fue con el Plan de Desarrollo del Municipio de Girardot “Girardot socialmente justa” 2024-2027.

6. CONCLUSIÓN

A manera de conclusión expongo los argumentos por los cuales la Honorable Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado debe revocar la sentencia recurrida:

1. Porque el Tribunal interpretó erróneamente al decir que el Plan de Desarrollo en el cual la señora LIDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS trabajó había sido adoptado casi cuatro años atrás, el 30 de julio de 2020.

2. Aclaro que el plan de desarrollo “Girardot es de todos visión 2040” es del año 20202023 y el plan de desarrollo “Girardot socialmente justa 20242027”.

3. La señora LIDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS trabajó como contratista en el año 2024.

[…]”. (Mayúscula y negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

3. La señora LIDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS trabajó como contratista en el año 2024.

[…]”. (Mayúscula y negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

I.7. Trámite del recurso de apelación

37. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, a través de proveído de 6 de noviembre de 2024 11, concedió la alzada y remitió el proceso al

Consejo de Estado.

38. Repartido el proceso, mediante auto de 21 de abril de 2025 12, el consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el solicitante; negó el decreto de las pruebas solicitadas en segunda instancia y corrió traslado a la parte accionada y al Ministerio Público.

39. El accionante en el término del traslado guardó silencio.

40. La accionada, por conducto de apoderado judicial , indicó13 que el escrito de apelación no contiene elementos de contradicción frente a la sentencia recurrida, pues simplemente se limita a manifestar que se mal interpretó el objeto del contrato 043 de 2024.

41. Reiteró los argumentos del escrito de contestación, así: i) no se demostraron los presupuestos de la causal de indebida destinación de dineros públicos, teniendo en cuenta que la accionada no fue ordenadora del gasto y la liquidación de las prestaciones sociales a favor del señor Andrés Bonilla Moreno, secretario del concejo, se realizó en debida forma y; ii) frente al conflicto de intereses, no se allegaron los registros civiles de nacimiento para demostrar el grado de parentesco con las personas enunciadas en la demanda ni se determinaron cuáles fueron los

concejo, se realizó en debida forma y; ii) frente al conflicto de intereses, no se allegaron los registros civiles de nacimiento para demostrar el grado de parentesco con las personas enunciadas en la demanda ni se determinaron cuáles fueron los

11 088 expediente digital de primera instancia. 12 Índice 009, SAMAI. 13 Índice 17, SAMAI.8

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

asuntos o acuerdos sobre los que recaía el supuesto aprovechamiento o beneficio que podía representar la participación de la concejal en tales asuntos.

42. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto14, por medio del cual solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.

43. Alegó que el demandante parece confundir el régimen de conflicto de interés con las prohibiciones dirigidas a los cónyuges y familiares de los concejales prevista en el artículo 49 de la Ley 617.

44. Adujo que “[…] la celebración de un contrato de prestación de servicios por parte de quien se adujo como pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad de un concejal, no da lugar a la configuración del elemento objetivo consistente en la violación del régimen de conflicto de interés previsto en el artículo 55, numeral 2 de la Ley 136 de 1994, y los medios de prueba tampoco llevan a tal convicción.

[…]”.

45. Precisó que no compartía el argumento del Tribunal de primera instancia, en el cual indicó que la Resolución 035 de 2023 goza de presunción de legalidad, en

[…]”.

45. Precisó que no compartía el argumento del Tribunal de primera instancia, en el cual indicó que la Resolución 035 de 2023 goza de presunción de legalidad, en tanto no ha sido declarada nula por el juez competente y, por ende, las prestaciones reconocidas a favor del señor Andrés Bonilla Moreno se consideraban ajustadas al ordenamiento jurídico.

46. El señor Procurador Delegado indicó que tal interpretación resulta equivocada porque en procesos de naturaleza sancionatoria como ocurre con la pérdida de investidura, el juez está llamado a verificar si la conducta de indebida destinación de dineros públicos se materializó o no, al margen de la presunción de legalidad del acto administrativ o, pues de lo contrario se correría con el riesgo de volver inoperante esta causal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

47. La Sala, para desatar la presente controversia, se pronunciará sobre los siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de la concejal; iii) el problema jurídico; iv) cuestión previa; v) los desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de interés; vi) estudio del caso concreto y; vii) conclusiones.

II.1. La competencia

48. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150

14 Índice 18, SAMAI.9

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14 Índice 18, SAMAI.9

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201915.

II.2. La acreditación de la condición de la concejal

49. La calidad de la señora Lina Marcela Cabezas Portela se encuentra acreditada con la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de 18 de julio de 2024 16, en la cual se indica que resultó electa como concejal del municipio de Girardot para los períodos constitucionales 2020 -2023 y 2024-2027, en los comicios celebrados los días 27 de octubre del 2019 y 29 de octubre del 2023, respectivamente. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el literal b) del artículo 5.° de la Ley 188117.

II.3. El problema jurídico

50. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306 de la Ley 1437, siguiendo el recurso de apelación formulado por el accionante, considera que el asunto que debe resolver consiste en establecer lo siguiente:

51. Si se debe decretar la pérdida de investidura a la concejal del municipio de

considera que el asunto que debe resolver consiste en establecer lo siguiente:

51. Si se debe decretar la pérdida de investidura a la concejal del municipio de Girardot, Lina Marcela Cabezas Portela, por haber incurrido en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2 .° del artículo 55 de la Ley 136, en concordancia con el numeral 1 .° del artículo 48 de la Ley 617, referente a la violación del régimen de l conflicto de intereses, porque, según se indica en la demanda, la accionada aprobó el Plan de Desarrollo 2024-2027, a pesar de que su participación en esa iniciativa reportaría un beneficio a la señora Lyda Fernanda González Cabezas, quien, según se afirma, es la prima de la accionada y había suscrito el contrato de prestación de servicios núm. 043 de 20 de febrero de 202 4, para prestar apoyo técnico y seguimiento al plan de desarrollo del municipio.

52. En tal virtud, se debe demostrar si los hechos y comportamientos alegados por el accionante en el escrito de solicitud de pérdida de investidura y en el recurso de apelación se adecúan en la causal de pérdida de investidura consistente en la violación del régimen del conflicto de intereses.

53. Solo en el evento de encontrar configurado el aspecto objetivo, la Sala deberá definir si se cumple o no el elemento subjetivo, en los términos definidos en la Ley 1881, modificado por el artículo 4 .° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019 , que exige el análisis del dolo o la culpa grave.

15 “[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.

1881, modificado por el artículo 4 .° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019 , que exige el análisis del dolo o la culpa grave.

15 “[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”. 16 058 del expediente digital de primera instancia. 17 “[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]”. Aplicable por remisión del artículo 22 ibidem 18 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.10

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

II.4. Cuestión previa

54. El señor Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, en su concepto de fondo, cuestionó la interpretación que efectuó el a quo sobre la configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos, porque consideró que el juez está llamado a verificar si esta conducta se materializó o no, al margen de la presunción de legalidad del acto administrativo, a fin de no convertir en inoperante esta causal.

55. En su concepto, indicó:

“[…] Esta agencia del Ministerio Público desea llamar la atención respecto de un argumento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, si bien no fue objeto de apelación, genera una alerta. El Tribunal argumentó que respecto de la indebida

“[…] Esta agencia del Ministerio Público desea llamar la atención respecto de un argumento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, si bien no fue objeto de apelación, genera una alerta. El Tribunal argumentó que respecto de la indebida destinación de dineros públicos esta no se encontraba probada, pues la Resolución que ordenó la liquidación de prestaciones sociales del secretario general del concejo gozaba de presunción de legalidad, y no se había arrimado al plenario fallo judicial que hubiese suspendido o anulado ese acto administrativo.

Con base en tal argumento adujo que no era el escenario para juzgar si las liquidaciones se habían realizado o no de manera correcta, y por tanto no podía dirigirse a tener certeza sobre la configuración de esa causal, dada la presunción de legalidad del acto administrativo.

Este argumento es totalmente equivocado.

En primer lugar, porque al juzgar la indebida destinación de dineros públicos, el juez contencioso debe analizar el acto (comúnmente administrativo) en el que presuntamente se materializa tal destinación indebida. Si se exigiese que primero debe existir un fallo judicial que en sede de nulidad haya declarado tal consecuencia sobre el acto, para luego sí poder juzgar la indebida destinación de dineros públicos, esta causal sería prácticamente inoperante, dado que, en la muy amplia parte de los casos, la inde bida destinación de dineros públicos se materializa en un acto administrativo.

Además, al ser esto un juicio sancionatorio, del ejercicio del iu (sic) puniendi del Estado, el juez está llamado a verificar si la conducta de indebida destinación se materializó, o no, al margen de la presunción de legalidad del acto administrativo.

Estado, el juez está llamado a verificar si la conducta de indebida destinación se materializó, o no, al margen de la presunción de legalidad del acto administrativo. Esto, porque es un juicio de conducta, subjetivo, como bien lo define el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018. […]”

56. En procesos de naturaleza sancionatoria cobra especial relevancia el respeto por el principio de congrue