CE - Sentencia 25000231500020250030801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00308-01

Accionante: MÓNICA JAZMÍN MONTERO RODRÍGUEZ Accionados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Se confirma el fallo impugnado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la sentencia de 22 de mayo de 2025, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Mónica Jazmín Montero Rodríguez solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, a la dignidad humana, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, a la seguridad social, al trabajo, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a “[…] la solidaridad […] a la estabilidad laboral reforzada […] al precedente constitucional, […] a la doble

proceso, al acceso a la administración de justicia, a “[…] la solidaridad […] a la estabilidad laboral reforzada […] al precedente constitucional, […] a la doble impugnación, a la no discriminación, violencia de género […]”, cuya vulneración le atribuyó a la Fiscalía General de la Nación1, al Fiscal 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y al Ministro del Trabajo por la presunta mora judicial en la denuncia penal núm. “[…] 110016000050202051682 […]” y en el proceso disciplinario núm. 11001-25-02-000-2024-04690-00 y las omisiones de dar respuesta a la petición de 31 de julio de 2024 y tramitar las quejas presentadas el 9 de julio de 2020, el 11 de julio de 2024 y el 26 y 30 de marzo de 2025.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1 Se precisa que en el escrito de tutela se identifican como causantes de la vulneración de los derechos de la accionante las siguientes dependencias de la Fiscalía General de la Nación: Secretaría Técnica y Comité de Convivencia del Nivel Central, Secretaría Técnica y Comité de Convivencia Seccional de Medellín y Comité de Género.2

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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

de Género.2

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01

Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

2.1. Relató que estuvo vinculada con la Fiscalía General de la Nación entre el 2 de mayo de 1995 y el 30 de abril de 2009, entre el 24 de agosto de 2015 y el 6 de mayo de 2025, en el cargo de Fiscal delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados, adscrita a la Dirección Especializada para los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

2.2. Indicó que entre junio de 2017 y marzo de 2022 estuvo de licencia temporal por incapacidad médica y mediante el dictamen núm. 52070913 – 11106 de 19 de junio de 2019, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez calificó como enfermedades laborales los diagnósticos: “[…] Trastorno mixto de ansiedad y depresión […]” y “[…] Reacción al estrés agudo […]”.

2.3. Señaló que durante el tiempo de su incapacidad evidenció presuntas irregularidades en el pago de los subsidios por incapacidad médica y los aportes al sistema integral de seguridad social integral.

2.4. Manifestó que el 14 de abril de 2020 presentó una denuncia por la presunta corrupción al interior de la entidad en el pago de los subsidios por incapacidad médica y los aportes al sistema general de seguridad social.

2.5. Indicó que la investigación fue asignada a la Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá con número de radicación

médica y los aportes al sistema general de seguridad social.

2.5. Indicó que la investigación fue asignada a la Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá con número de radicación 110016000050202051682 y a la fecha no se ha resuelto.

2.6. Señaló que el 9 de julio de 2020 presentó queja en contra de los señores José Ignacio Angulo Murillo y Graciela Yáñez Ordoñez ante el Comité de Convivencia Laboral de la Fiscalía General de la Nación por un presunto acoso laboral y mediante el Oficio núm. 20203000008041 de 8 de agosto de 2020 le informaron que se ordenó el archivo de la queja.

2.7. Expuso que el 1.° de abril de 2024 su abogado solicitó el impulso procesal de la denuncia núm. 110016000050202051682 y no obtuvo respuesta.

2.8. Informó que el 6 de agosto de 2024 presentó la queja disciplinaria núm. 1100125-02-000-2024-04690-00 contra la Fiscal 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá por la mora en la denuncia penal mencionada supra, la cual fue repartida a la magistrada Martha Inés Montaña Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá.

2.9. Manifestó que el 11 de julio de 2024 presentó al Comité de Convivencia Laboral de la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación queja contra el señor Huber Antonio López Morales por presunto acoso laboral.

de la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación queja contra el señor Huber Antonio López Morales por presunto acoso laboral.

2.10. Indicó que el 31 de julio de 2024 solicitó información sobre la queja presentada el 11 de julio de 2024 y a la fecha no le han dado información.3

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01

Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

2.11. Indicó que, mediante la Resolución núm. 01950 de 17 de marzo de 2025 , la Fiscalía General de la Nación dio por terminado su nombramiento en provisionalidad, desconoci endo la Circular núm. 017 de 2024 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , que regula el procedimiento para la terminación d el nombramiento en provisionalidad de los servidores públicos que se encuentran bajo la protección especial del Estado por ser madre cabeza de familia.

2.12. Sostuvo que el 26 de marzo de 2025 presentó queja en contra del señor José Ignacio Angulo Murillo al Comité de Convivencia laboral de la Fiscalía General de la Nación por presunto acoso laboral.

2.13. Afirmó que el 30 de marzo de 2025 presentó queja ante el Ministerio del Trabajo en contra de varios servidores de la Fiscalía General de la Nación y desconoce el trámite impartido.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Como consecuencia de lo relatado, comedidamente solicito a la

desconoce el trámite impartido.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Como consecuencia de lo relatado, comedidamente solicito a la Judicatura que, mediante fallo que haga tránsito a cosa juzgada, se sirva amparar mis derechos fundamentales tales como el derecho de petición, la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, el derecho al trabajo en condiciones dignas, al precedente constitucional, al debido proceso, al derecho de defensa, a la doble impugnación, a la no discriminación, violencia de género, al acceso a la administración de justicia.

Para que el fallo no sea ilusorio, respetuosamente le solicito al señor juez de tutela que:

a) CONMINE al Secretaria Técnica y todos los integrantes del Comité de Convivencia Laboral del Nivel Central, para que le den trámite a las quejas que oportunamente formulé por acoso laboral contra señor José Ignacio Angulo Murillo y contra la señora Graciela Yáñez Ordoñez ex subdirectora regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación, el 9 de julio de 2020, dado que las acciones y omisiones de los denunciados siguen teniendo consecuencias actualmente, es decir, que den estricto cumplimiento al artículo 9 de la ley 1010 de 2006 de acoso laboral, esto es que cite a audiencia de conciliación a las partes.

b) CONMINE al Secretaria Técnica y todos los integrantes del Comité de

al artículo 9 de la ley 1010 de 2006 de acoso laboral, esto es que cite a audiencia de conciliación a las partes.

b) CONMINE al Secretaria Técnica y todos los integrantes del Comité de Convivencia Laboral del Nivel Central, para que le den trámite a la queja que por acoso laboral oportunamente formulé contra señor José Ignacio Angulo Murillo el 26 de marzo de 2025. Es decir, que den estricto cumplimiento al artículo 9 de la ley 1010 de 2006 de acoso laboral, esto es que cite a audiencia de conciliación a las partes.

c) CONMINE al Secretario Técnico y a todos los integrantes del Comité Seccional de Convivencia Laboral de Medellín, a donde radiqué desde el 11 de julio de 2024 queja por presunto acoso laboral contra el señor Huber4

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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

Antonio López Morales ex encargado de la subdirección regional de apoyo noroccidental de la Fiscalía General de la Nación, para que le den trámite a esa queja y me informen si dieron cumplimiento a lo dispuesto en el artículo trigésimo octavo de la resolución No. 1234 de 2021, es decir, si comunicaron a las autoridades competentes sobre la existencia de presuntos delitos en los que la víctima es la suscrita accionante, que de conformidad con la resolución 1234 de 2021 "Por la cual se dictan disposiciones so bre la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral de la Fiscalía General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", que establece:

[…]

1234 de 2021 "Por la cual se dictan disposiciones so bre la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral de la Fiscalía General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", que establece:

[…]

Y para que respondan la petición del 31 de julio de 2024, en el que solicito información sobre el trámite impartido a la queja por presunto acoso laboral contra señor Huber Antonio López Morales

d) CONMINE a la doctora Claudia Patricia Guantiva Vanegas, titular de la Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Bogotá D.C., autoridad que adelanta la denuncia formulada por la suscrita accionante, con radicación 110016000050202051682 desde abril de 2020, para que responda la petición que mi abogado le presentó el 1 de abril de 2024, me informe el estado de la investigación, me escuche en ampliación de denuncia, me permita el acceso al expediente digital que confo rma el proceso penal que tuvo origen en la denuncia presentada por la suscrita accionante, con el fin de verificar la labor investigativa llevada a cabo en cinco (5) años y proceda sin más dilaciones a proferir la decisión que en derecho corresponda, sobre los hechos denunciados hace cinco (5) años por la suscrita accionante.

e) CONMINE al Ministerio de trabajo en cabeza de Antonio Sanguino Páez, para que se pronuncie sobre la queja presentada por la suscrita accionante el 30 de marzo de 2025.

f) CONMINE al Señor Presidente de la Comisión de Género de la FGN, para que con enfoque de género se pronuncie sobre los hechos objeto de esta acción constitucional.

30 de marzo de 2025.

f) CONMINE al Señor Presidente de la Comisión de Género de la FGN, para que con enfoque de género se pronuncie sobre los hechos objeto de esta acción constitucional.

g) CONMINE a la doctora Martha Inés Montaña Suárez , Magistrada de la Comisión seccional de disciplina de Bogotá, para que avoque la queja disciplinaria que le fue asignada hace más de 8 meses, esto es desde el 6 de agosto de 2024, con radicado 11001250200020240469000 y le imprima el trámite que corresponde […]”. [Sic para toda la cita y negrilla y mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de mayo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela contra los accionados.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las accionadas se alleg aron los siguientes informes:5

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01

Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

5.1. La Fiscalía General de la Nación - Coordinación de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitó la desvinculación de la Fiscal General de la Nación y declarar la improcedencia de la solicitud de tutela porque “[…] se evidencia que en ningún momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante […]”.

solicitó la desvinculación de la Fiscal General de la Nación y declarar la improcedencia de la solicitud de tutela porque “[…] se evidencia que en ningún momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante […]”.

5.2. La Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental aportó los siguientes documentos: (i) la Resolución núm. 01950 de 17 de marzo de 2025, por medio de la cual se efectúa un nombramiento en periodo de prueba en la planta global de la Fiscalía General de la Nación y se da por terminado un nombramiento en provisionalidad, (ii) Oficio núm. 20250380017821 de 30 de abril de 2025 que corresponde a la c omunicación de la ejecución de la Resolución núm. 01950, y (iii) Oficio núm. 20236000003473 de 9 de mayo de 2023, por medio de la cual se autorizó trabajo en casa para la servidora Mónica Jazmín Montero Rodríguez.

5.3. La Fiscalía General de la Nación – Secretaría Técnica y Presidente del Comité de Convivencia Laboral del Nivel Central indicó que la queja de 9 de julio de 2020 fue sometida a consideración del Comité en la reunión ordinaria de 31 de julio de 2020, el cual concluyó que “[…] la situación presentada por la quejosa no correspondía a hechos que pudiesen configurar acoso laboral en los términos de la Ley 1010 […]” y frente a la señora Graciela Yáñez Ordoñez “[…] encontró que para efectos de tener mayor claridad era necesario pedir información a la quejosa para que especificara, en concreto, cuáles hechos consideraba constitutivos de acoso

efectos de tener mayor claridad era necesario pedir información a la quejosa para que especificara, en concreto, cuáles hechos consideraba constitutivos de acoso laboral […]”, decisión que fue comunicada a la accionante “[…] sin que se hubiese recibido respuesta alguna […]”.

5.4. Señaló que respecto de la queja de 20 de marzo de 2025 contra el señor José Ignacio Angulo Murillo, el Comité decidió “[…] que las partes puedan dialogar sobre el diferendo, fi (sic) el día 21 de mayo a las 9 de la mañana para que, a través de conferencia virtual, tengo lugar la reunión de concertación entre convocante y convocado […]”.

5.5. Por lo anterior solicitó negar las pretensiones de la tutela.

5.6. La Fiscalía General de la Nación – Secretario Técnico del Comité de Convivencia Seccional Medellín manifestó que la queja de 11 de julio de 2024 fue archivada porque “[…] se allego (sic) a la carpeta, la Resolución 6503 del 6 de agosto de 2024, emanada de la Dirección Ejecutiva, acto administrativo mediante el cual se da por terminado el nombramiento en provisionalidad del Doctor Huber Antonio López Morales […] indicad o que cuando una de las partes involucradas se encuentre desvinculada definitivamente de l a entidad, no se realizará el procedimiento establecido y las quejas se archivarán […]”.6

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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

5.7. Precisó que aunque no encontró la petición presentada por la accionante el 31

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01

Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

5.7. Precisó que aunque no encontró la petición presentada por la accionante el 31 de julio de 2024, procedió a emitir una respuesta con el fin de informar el estado, trámite y las decisiones adoptadas frente a la queja indicada.

5.8. La Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá solicitó su desvinculación por considerar que no existe legitimación en la causa por pasiva . Igualmente hizo una síntesis de las actuaciones adelantadas en la denuncia penal núm. 110016000050202051682 e indicó que fue archivada el 13 de mayo de 2025.

5.9. La Magistrada Martha Inés Montaña Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó negar la solicitud de tutela por considerar que “[…] La omisión que se ha presentado, no es resultado de un obrar desentendido, descuidado o desidioso en el cumplimiento de las funciones que el cargo de MAGISTRADA DE LA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTA, me impone; sino respuesta necesaria de la congestión y excesiva carga laboral que registra el despacho del cual soy titular […] A la fecha, se están tramitando procesos correspondientes a radicados asignados en época anterior al N o. 2024-4690, de interés de la actora, específicamente procesos tramitados contra abogados que datan de los años 2022 y 2023; y en lo que atañe a procesos contra funcionarios, empleados judicial y otros, se está comenzando

tramitados contra abogados que datan de los años 2022 y 2023; y en lo que atañe a procesos contra funcionarios, empleados judicial y otros, se está comenzando el estudio de procesos repartidas a mediados de l año 2024, aproximadamente […]”.

5.10. El Ministerio del Trabajo solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado porque “[…] el Derecho de Petición presentado fue resuelto el 19 de mayo de 2025 […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 22 de mayo de 2025, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó el derecho fundamental “[…] a la estabilidad laboral reforzada […]” de la accionante.

7. Al respeto dispuso:

“[…] 1. Amparar transitoriamente el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa de la actora, Mónica Jazmín Montero Rodríguez, mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo decide definitivamente el proceso que deberá instaurar.

Sin embargo, por las especiales circunstancias del caso, la orden de reintegro dada en esta sentencia, se condicionará en primer lugar, a que la actora de tutela no lo haya solicitado ni haya sido ordenado en otra acción de tutela, caso en el cual se estar á a lo allí resuelto; en segundo lugar, se hará a un empleo en el cual no haya prioridad legal para mantener en dicho cargo a otro empleado nombrado en provisionalidad, que sea sujeto de especial protección; y en tercer lugar, que la actora desee y acepte el reintegro a un empleo para el cual posea aptitud legal y laboral para desempeñarlo, es decir,7

empleado nombrado en provisionalidad, que sea sujeto de especial protección; y en tercer lugar, que la actora desee y acepte el reintegro a un empleo para el cual posea aptitud legal y laboral para desempeñarlo, es decir,7

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01

Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

donde se acojan las restricciones médico laborales dadas en el certificado médico de aptitud laboral con énfasis en osteomuscular, expedido el 10 de octubre de 2024 por Colsanitas – Salud Ocupacional.

2. Ordenar a la Fiscal General de la Nación o a quien haga sus veces, que a través de la dependencia competente, dentro del término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a nombrar a la actora, Mónica Jazmín Montero Rodríguez, en un cargo igual al que desempeñaba en esa entidad o en otro similar, compatible con las restricciones laborales que le fueron prescritas, en una de las vacantes disponibles al momento de la notificación de la presente decisión judicial, o en una de las vacantes en provisionalidad que se llegaren a presentar en el futuro, si dentro del señalado término, no tuviere alguna disponible.

Se precisa a la Fiscal General de la Nación (FGN) que, de vincularse nuevamente a la accionante en las condiciones antes anotadas, su permanencia en provisionalidad estará supeditada a que el cargo que llegue a ocupar sea posteriormente provisto en propied ad mediante sistema de carrera, para lo cual la FGN, previa desvinculación, deberá adoptar las

permanencia en provisionalidad estará supeditada a que el cargo que llegue a ocupar sea posteriormente provisto en propied ad mediante sistema de carrera, para lo cual la FGN, previa desvinculación, deberá adoptar las medidas afirmativas expuestas en esta sentencia en favor de la actora de tutela, siempre y cuando al momento de la vinculación se mantengan las condiciones espec iales exigidas en la jurisprudencia constitucional que ameriten este trato preferencial, de acuerdo a lo desarrollado en la parte motiva de esta providencia.

3. Advertir a la señora Mónica Jazmín Montero Rodríguez, que, en tanto el amparo que se concede es transitorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 2591 de 199166, deberá presentar la demanda respectiva ante el juez de lo contencioso administrativo , dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados “a partir del fallo de tutela” presente; de no hacerlo, cesarán los efectos de esta sentencia.

4. Instar a la Fiscal General de la Nación o a quien haga sus veces, que a través de la dependencia competente, en adelante, antes de proceder con los nombramientos de la lista de elegibles de quienes superaron las etapas del concurso de méritos FGN 2022, identifique con todo rigor los cargos que están siendo ocupados por sujetos de especial protección constitucional y adopte en cabeza de estos empleados, las acciones afirmativas a que haya lugar, de conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas en esta sentencia.

Finalmente, la Sala debe precisar que las órdenes que se imparten en la presente sentencia permanecerán vigentes mientras la autoridad judicial competente decida de fondo y de manera definitiva la demanda que presente

Finalmente, la Sala debe precisar que las órdenes que se imparten en la presente sentencia permanecerán vigentes mientras la autoridad judicial competente decida de fondo y de manera definitiva la demanda que presente Mónica Jazmín Montero Rodríguez, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, siempre que ella acuda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para discutir sus pretensiones.

5. Declárase carencia actual de objeto de la acción de tutela interpuesta contra la Secretaría Técnica y Comité de Convivencia Seccional de Medellín, en relación con la petición presentada por la actora de tutela el 31 de julio de 2024, por haberse superado el hecho qu e motivó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

6. Declárase carencia actual de objeto de la acción de tutela interpuesta contra el Ministro del Trabajo, respecto de la petición presentada por la actora de tutela el 30 de marzo de 2025, por haberse superado el hecho que motivó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante.8

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01

Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

7. Negar la acción de tutela presentada por la actora, respecto de la Secretaría Técnica y Presidente del Comité de Convivencia del Nivel Central, respecto del no trámite de la queja por acoso laboral presentada el 9 de julio de 2020 por la actora contra José Ignac io Angulo Murillo y contra Graciela Yáñez Ordoñez, y respecto de la queja del 26 de marzo de 2025 presentada

contra José Ignacio Angulo Murillo.

de 2020 por la actora contra José Ignac io Angulo Murillo y contra Graciela Yáñez Ordoñez, y respecto de la queja del 26 de marzo de 2025 presentada contra José Ignacio Angulo Murillo.

8. Negar la acción de tutela presentada por la actora, contra la Secretaría Técnica y Comité de Convivencia Seccional de Medellín, por la falta de trámite de la queja presentada el 11 de julio de 2024 contra Huber Antonio López Morales, ex encargado de la Subdirección de Apoyo Noroccidental de la FGN.

9. Negar la acción de tutela presentada por la actora, contra la Fiscal 376

Delegada de Bogotá, por falta de tramite a la denuncia formulada con radicación 110016000050202051682 desde abril de 2020.

10. Negar la acción de tutela presentada por la actora, contra la Magistrada Martha Inés Montaña Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, por la falta de trámite a la queja disciplinaria instaurada el 6 de agosto de

2024. Sin embargo, se Exhorta a la Magistrada Martha Inés Montaña Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que, a la menor brevedad posible, dé el trámite correspondiente a esta queja […]”. [Negrilla original del texto]

8. Como fundamento de la decisión el juez de primera instancia indicó lo siguiente:

“[…] Examinada la actuación de la Fiscalía General de la Nación a través del Director Ejecutivo, contenida en la Resolución 01950 del 17 de marzo de 2025, se encuentra que la Resolución, se sustenta en la expedición de las listas de elegibles del concurso de mé ritos FGN 2022. Al respecto debe

Director Ejecutivo, contenida en la Resolución 01950 del 17 de marzo de 2025, se encuentra que la Resolución, se sustenta en la expedición de las listas de elegibles del concurso de mé ritos FGN 2022. Al respecto debe señalarse que la motivación del retiro del servicio de la actora es razonable y consecuentemente, no se evidencia, prima facie , la utilización abusiva y arbitraria de una facultad legal para encubrir un trato discrimin atorio, relacionado directamente con las condiciones de vulnerabilidad que alega la accionante.

Sin embargo, en el caso que ocupa la atención de la sala, se configuran circunstancias que, sí convierten a la actora en sujeto de especial protección constitucional, y que en consecuencia, evidencian su condición de vulnerabilidad. Pues nótese que tal com o se explicó en el acápite de las pruebas, la actora de tutela aportó el certificado de discapacidad múltiple, expedido por el Ministerio de Salud - Secretaría de Salud de Medellín, el 18 de julio de 2022, con un porcentaje de discapacidad del 61.67% […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, para la Sala es claro que la entidad accionada desconoció los postulados jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional, destinados a prever en la medida de lo posible, el mayor margen de protección a favor de aquellos funcionarios públicos nombrados en provisionalidad, que ostentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional, antes de proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos. Con ello, la Fiscalía General de la Nación, vulneró el derecho fun damental a la estabilidad laboral relativa o intermedia de la accionante […]”.

proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos. Con ello, la Fiscalía General de la Nación, vulneró el derecho fun damental a la estabilidad laboral relativa o intermedia de la accionante […]”.

[…]9

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01

Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

“[…] En primer lugar, respecto del no trámite de la queja por acoso laboral presentada el 9 de julio de 2020 por la actora contra José Ignacio Angulo Murillo y contra Graciela Yáñez Ordoñez, tal como quedó expuesto, a las quejas si se le dio el trámite correspondiente.

Y respecto de la queja del 26 de marzo de 2025 presentada contra José Ignacio Angulo Murillo, la sala encuentra que desde la presentación de la misma, ha tenido actuaciones tales cómo, cinco día después de presentada la queja, esto es, el 3 de abril de 202 4, se pidió el pronunciamiento del convocado, que fue allegado el 21 de abril siguiente (allegó prueba de su dicho que reposa en el expediente samai); posteriormente, y menos de un mes después, el caso fue incluido en el orden del día de la reunión extraordinaria del comité para ser tratado el 16 de mayo de 2025; y que en tal reunión por unanimidad el Comité decidió citar a las partes el 21 de mayo de 2025, para que puedan dialogar sobre el diferendo […]”.

[…]

“[…] La sala, tampoco evidencia que la Secretaría Técnica y al Presidente del Comité de Convivencia Seccional de Medellín, le hayan vulnerado a la actora

2025, para que puedan dialogar sobre el diferendo […]”.

[…]

“[…] La sala, tampoco evidencia que la Secretaría Técnica y al Presidente del Comité de Convivencia Seccional de Medellín, le hayan vulnerado a la actora sus derechos fundamentales, respecto del no trámite a la queja presentada el 11 de julio de 2024 contra Huber Antonio López Morales, teniendo en cuenta que como quedó expuesto, a la misma si se le dio trámite y se dispuso el archivo de la queja, motivo suficiente para negar la tutela contra la Secretaría Técnica y al Presidente del Comité de Convivencia Seccional de Medellín.

Por otra parte, respecto de la petición que presentó el 31 de julio de 2024, ante la Secretaría Técnica y al Presidente del Comité de Convivencia Seccional de Medellín, advierte el despacho que con ocasión a la presentación de esta acción de tutela, se dio respuesta a la solicitud presentada por la accionante el 31 de julio de 2024, en consecuencia, respecto de dicha solicitud, la sala considera que debe aplicar la figura del hecho superado […]”.

[…]

“[…] Analizadas las pruebas allegadas, no se evidencia que la Fiscal 376 Seccional de Bogotá Delegada 376 de la Unidad de Administración Publica (sic), le haya vulnerado a la actora de tutela sus derechos fundamentales, contrario a lo expresado en el escrito de tutela, la queja interpuesta fue tramitada, se dispuso el archivo el 13 de mayo de 2025, esto es, el mismo día en que fue admitida la presente solicitud de amparo, y la Fiscal allegó prueba de ello, motivo suficiente para negar la solicitud de