CE - Sentencia 25000231500020250033601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 25000-23-15-000-2025-00336-011 Recurso de apelación contra la sentencia de 7 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO

TESIS: NO INCURRE EN INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS

PÚBLICOS LA CONCEJAL QUE RECONOCIÓ Y ORDENÓ PAGAR

HONORARIOS A SEIS CONCEJALES QUE ASISTIERON A SESIÓN

PLENARIA ORDINARIA QUE NO CONTÓ CON QUORUM DECISORIO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra la sentencia de 7 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se denegó la pérdida de investidura de la concejal de Chía (Cundinamarca), señora NATALIA GIL LOAIZA , por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

I.- ANTECEDENTES

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta

I.- ANTECEDENTES

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 I.1.- El ciudadano HERNANDO QUINTANA CAMACHO , actuando en nombre propio , solicitó decretar la pérdida de investidura de la concejal de Chía (Cundinamarca), señora NATALIA GIL LOAIZA , por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y 48, numeral 4, de la 617 de 6 de octubre de 20003, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que durante el último período de sesiones ordinarias comprendido del 1o. de octubre al 30 de noviembre de 2024, la concejal NATALIA GIL LOAIZA, en calidad de presidente de la mesa directiva del Concejo de Chía (Cundinamarca), durante la sesión plenaria de 3 de octubre

de octubre al 30 de noviembre de 2024, la concejal NATALIA GIL LOAIZA, en calidad de presidente de la mesa directiva del Concejo de Chía (Cundinamarca), durante la sesión plenaria de 3 de octubre de 2024, convocó a sesión plenaria para el 4 de octubre de 2024 , a las 4:30 pm, lo cual fue aprobado por los concejales asistentes.

Señaló que el 4 de octubre de 2024, minutos previos a cumplirse la hora de citación , más la media hora de espera reglamentaria que permite el Reglamento , se hizo el primer llamado a lista en la que contestaron 7 de 15 concejales: PABLO ANDRÉS CASTRO

CASTRO, NATALIA GIL LOAIZA , ANGÉLICA LIBRADA

MONTAÑEZ SÁNCHEZ , JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO ,

VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO , JAVIER ERNESTO

VALDIVIESO FONSECA y LUIS FELIPE GALVIS RAMOS.

2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO

público nacional”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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3 Indicó que luego de cuatro llamados de lista adicionales, y sin observar los tiempos reglamentarios que habían transcurrido , se le dio la oportunidad de contestar ‘presente’ a la concejal CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO, quien recién hacía presencia en la reunión, ante lo cual el secretario general le informó a la accionada que había un total de ocho concejales presentes en la sesión plenaria.

Anotó que fue una clara violación de la norma reglamentaria por parte del secretario general, pues este funcionario no podía dar esa falsa declaración para permitir el desarrollo de una sesión plenaria que ya estaba por fuera de los términos de horario legales establecidos en el artículo 22 del Acuerdo municipal 140 de 2018 “[…] Por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 12 de 2010 y se expide el reglamento interno del Concejo Municipal de Chía […]” , más aún cuando todos los concejales manifestaron públicamente el deber de cancelar la sesión plenaria por haberse cumplido la hora legal de la citación correspondiente.

Sostuvo que la accionada, ‘de manera ágil, veloz y aprovechada’ , y sin observar el horario transcurrido hasta ese momento , manifestó que: “[…] Hoy 4 de octubre queda instalada la sesión plenaria. Doctor

citación correspondiente.

Sostuvo que la accionada, ‘de manera ágil, veloz y aprovechada’ , y sin observar el horario transcurrido hasta ese momento , manifestó que: “[…] Hoy 4 de octubre queda instalada la sesión plenaria. Doctor JUAN CARLOS por favor leemos el Orden del día […]”. Y que, no obstante lo anterior, más adelante la accionada se retractó de tal decisión al decir: “[…] Yo dejo la salvedad de que la concejal Marcela jamás llega tarde; hoy llegó corriendo y alcanzó a decir presente pero ya eran las cinco (5:00) de la tarde y por salvar mi responsabilidad HE DECIDIDO NO INSTALAR LA SESIÓN […]”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO

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4 Adujo que el secretario general, obrando en cumplimiento de lo que se le había ordenado inicialmente, procedió a leer el orden del día , momento en el cual la accionada recibió un llamado de atención y de orden por parte del segundo vicepresidente, el concejal PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO , por el procedimiento implementado frente al tiempo establecido para sesionar.

Mencionó que existen otros medios para verificar que cuando se realizó el primer llamado a lista ya se había cumplido el tiempo reglamentario de la media hora; y que, por lo tanto, el segundo , tercer y cuarto llamado a lista estuvieron por fuera del tiempo reglamentario, por lo que no se han debido permitir esos llamados a

reglamentario de la media hora; y que, por lo tanto, el segundo , tercer y cuarto llamado a lista estuvieron por fuera del tiempo reglamentario, por lo que no se han debido permitir esos llamados a lista por ilegales e irreglamentarios.

Comentó que la primera vicepresidente, concejal ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ, manifestó su molestia por la falta de quorum, lo que no permitió llevar a cabo la sesión plenaria, pues era la ponente del Proyecto de Acuerdo 20 de 2024 que estaba en el orden del día para su debate en plenaria; y que ella dejó constancia de que en la parte de afuera se encontraban varios concejales ausentes desde las 4:00 p.m., que no quisieron ingres ar, y por ese motivo la última concejal ingresó sobre las 5:00 p.m.

Resaltó que lo que resultaba incomprensible es que finalmente la concejal ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ hubiese presentado una cuenta de cobro que incluyó esa reunión del Concejo como sesión plenaria y se le hayan pagado dichos honorarios por asistir a una convocatoria que ella misma reconoció que se cayó por falta de quorum y no es válida como sesión plenaria.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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5 Manifestó que la accionada mencionó públicamente ante los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 Manifestó que la accionada mencionó públicamente ante los asistentes y la comunidad, por las redes sociales, que si bien no hubo quorum para instalar la sesión debía leerse una carta remitida por los presidentes de junta de acción comunal; y que esto quiere decir que ordenó el tercer punto del orden del día programado, cuando se había reconocido públicamente que no había quorum dentro de la hora legal para sesionar.

Señaló que la accionada insistió, de manera terca, en instalar la sesión, es decir, cuando ya había conocido los hechos que le impedían hacerlo y que se constituyen en faltas e ilicitud y aun así persistió en su realización ‘de una manera descarada’, al manifestar inconscientemente: “[…] que ya estaban los suficientes concejales para poder instalar […]”, lo que equivale a un engaño directo a título de dolo.

Enunció que los concejales VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO y PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO , que también estuv ieron presentes en la sesión, pasaron cuentas de cobro que incluyeron esta reunión de 4 de octubre de 2024 y se les pagaron esos honorarios por asistir a la convocatoria que ascendió, según comentarios hechos durante su desarrollo, a la suma de $9.000.000.

Expresó que la accionada manifestó “[…] Que pena con todos por esta situación. Le solicito a prensa cortar la transmisión y finaliza… lo que hoy estamos haciendo; que no es una sesión y claro está que

Expresó que la accionada manifestó “[…] Que pena con todos por esta situación. Le solicito a prensa cortar la transmisión y finaliza… lo que hoy estamos haciendo; que no es una sesión y claro está que no será pagada. Invito a todos los funcionarios a mañana llegar a las 8:30 de la mañana. V amos a poner ese Orden del día el día de mañana. Y a las personas que nos acompañaron, feliz tarde paraNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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6 todos”; y que pese a tal manifestación ordenó pagar honorarios por esa sesión que no se realizó.

Indicó que, en efecto, el secretario general expidió la certificación de asistencia para pago de honorarios de sesiones ordinarias de octubre de 2024, así como la certificación 202411229999901061 de 22 de noviembre de 2024, expedida a la señora MÓNICA ANDREA MUÑOZ BERNAL, en la que hace constar las sesiones asistidas y pagadas para los concejales , -incluyendo para los siguientes 6 concejales la reunión de 4 de octubre de 2024 -: PABLO ANDRÉS

CASTRO CASTRO, ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ ,

JORGE HERN ÁN SALAZAR GORDILLO , VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO, JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA y LUIS FELIPE GALVIS RAMOS; y que allí agregó: “[…] 4 de octubre:

JORGE HERN ÁN SALAZAR GORDILLO , VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO, JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA y LUIS FELIPE GALVIS RAMOS; y que allí agregó: “[…] 4 de octubre: NO HUBO QUÓRUM, solo llegaron 7 concejales a la sesión dentro del tiempo reglamentario de espera, de los cuales una concejal renunció al cobro de la sesión por asistencia […]”, siendo la accionada quien renunció a dicho cobro.

Afirmó que, de conformidad con lo previsto en los artículos 110 del Decreto 111 de 15 de enero de 1996 4, -Estatuto Orgánico del Presupuesto-, y 117 del Acuerdo municipal 35 de 2005 “[…] mediante el cual se expide la norma orgánica del presupuesto general del municipio de Chía y de sus entidades descentralizadas […]” , en consonancia con los artículos 28 de la Ley 136 y 41 del Acuerdo municipal 140 de 2018, el presidente es quien hace las veces del jefe

4 “[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto […].Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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7 del Concejo de Chía (Cundinamarca), que para el año fiscal 2024 era la accionada.

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7 del Concejo de Chía (Cundinamarca), que para el año fiscal 2024 era la accionada.

Manifestó que, según el artículo 39, numeral 14, de la Ley 1952 de 28 de enero de 2019 5, a todo servidor público le está prohibido ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, lo que constituye indebida destinación a título de culpa gravísima por clara ignorancia del deber funcional, por desatención al cumplimi ento legal y reglamentario que así lo determina de manera fundamental y directa, y por la violación revelada a las reglas de obligatorio cumplimiento sobre el reconocimiento y pago de los honorarios causados a los concejales a que tendrían derecho por concepto de su participación en sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias; y que, según el artículo 57 del mismo compendio, es una falta relacionada con la hacienda pública autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley.

Sostuvo que la Resolución 145 de 1o. de noviembre de 2024, “[…] Por medio del cual se reconocen honorarios correspondientes al tercer periodo de sesiones ordinarias del mes de octubre de 2024 y se ordena el pago a los concejales del municipio de Chía […]”, fue el acto administrativo a través del cual la accionada, -en calidad de presidente y ordenadora del gasto -, junto con la mesa directiva, reconocieron y ordenaron pagar los honorarios a sus compañeros concejales, incluidos los correspondientes a la reunión de 4 de octubre de 2024 , a la que no tenían derecho los 6 concejales

reconocieron y ordenaron pagar los honorarios a sus compañeros concejales, incluidos los correspondientes a la reunión de 4 de octubre de 2024 , a la que no tenían derecho los 6 concejales

5 “[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario […]”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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8 asistentes por falta de quorum, necesario para instalar la sesión plenaria, en los términos establecidos en el artículo 65 de la Ley 136: “[…] Los miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias […]” , lo que , a su juicio, configuró una indebida destinación de dineros públicos.

Expresó que la accionada , además, infringió un deber legal y funcional pues ha debido abstenerse de reconocer, autorizar o recibir remuneración por servicios no prestados, tal como lo dispone el artículo 38, numerales 1, 3, 9, 14 y 16 de la Ley 1952 , así como el referido artículo 39, numeral 14, lo que dio lugar a la violación de los principios de legalidad, buena administración, autotutela, subsidiariedad, publicidad y transparencia, y moralidad administrativa.

referido artículo 39, numeral 14, lo que dio lugar a la violación de los principios de legalidad, buena administración, autotutela, subsidiariedad, publicidad y transparencia, y moralidad administrativa.

Agregó, finalmente, que en la ley solo están autorizados los pagos de honorarios por asistencia comprobada a las sesiones plenarias , según señale el reglamento interno, es decir, que en este caso se autorizó el pago para otra clase de reunión que realizó el Concejo de Chía (Cundinamarca), diferente a la plenaria, por lo que no se podían destinar los dineros públicos a propósitos no autorizados ; y que, de igual forma, está prohibido cubrir propósitos o intenciones de sesionar cuando no se cumplen las condiciones formales de una sesión plenaria, como la conformación del quorum en el tiempo legal y reglamentariamente establecido, ni se podía pagar a los concejales por atender materias innecesarias o injustificadas, lo que representa, por demás, el cobro de lo no debido y el incremento adicional de patrimonio personal de los 6 concejales involucrados.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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9 I.3.- La concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud y se opuso a la desinvestidura, para lo cual alegó que en ningún momento destinó dineros públicos con finalidades y cometidos diferentes a los

9 I.3.- La concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud y se opuso a la desinvestidura, para lo cual alegó que en ningún momento destinó dineros públicos con finalidades y cometidos diferentes a los previstos por la Constitución, la ley y los reglamentos ; y que, luego de convocar a los concejales para la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024, a las 4:30 p.m., dio apertura a la sesión en la que, previo al primer llamado a lista, estaba conformado el correspondiente quorum deliberatorio, tal y como lo determinan los artículos 145 y 148 de la Constitución Política, 29 de la Ley 136, y 133 del reglamento interno del Concejo de Chía (Cundinamarca).

Aludió a que en esa oportunidad se comprobó su asistencia y 6 concejales más, conforme a certificación del secretario general de esa Corporación, motivo por el cual algunos de los concejales que asistieron presentaron cuenta de cobro, lo cual se trataba de un derecho que les asistía para percibir honorarios, por su asistencia comprobada a las sesiones convocadas, lo que, en efecto, así tuvo lugar para esa ocasión.

Manifestó que el secretario general, en ejercicio de sus competencias legales y reglamentarias, certificó ante la convocatoria, entre otras sesiones, a la de 4 de octubre de 2024, motivo por el cual, junto a pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia y a lo descrito en el reglamento interno del Concejo de Chía (Cundinamarca) , se reconoció y ordenó el pago de honorarios a los concejales por su plena asistencia. Y que, aun así, como un acto voluntario y ético,

en el reglamento interno del Concejo de Chía (Cundinamarca) , se reconoció y ordenó el pago de honorarios a los concejales por su plena asistencia. Y que, aun así, como un acto voluntario y ético, pese a asistir comprobadamente a dicha sesión, decidió renunciar al cobro de los honorarios a la que tenía derecho, pues no fue posible desarrollar su orden del día en tanto que varios concejales decidieronNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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10 no ingresar para completar el quorum que exige el artículo 22 del reglamento interno de la corporación.

Agregó que en el recinto se hicieron presentes 7 de los 15 concejales, entre los cuales estaba ella desde el primer llamado a lista; y que si bien los cabildantes asistentes representaron la minoría, y los ocho ausentes la mayoría, ese quorum decisorio no era obstáculo para tener por abierta e iniciada la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024, toda vez que, material y jurídicamente, desde el primer llamado a lista el Concejo abrió la sesión al cumplirse los presupuestos para ello, con fundamento en los artículos 145 y 148 de la Constitución Política, 2 9 de la Ley 136 y 133 del reglamento interno.

Explicó que, según el orden del día, para la sesión plenaria ordinaria

presupuestos para ello, con fundamento en los artículos 145 y 148 de la Constitución Política, 2 9 de la Ley 136 y 133 del reglamento interno.

Explicó que, según el orden del día, para la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024, el primer punto a surtirse era el llamado a lista y verificación del quorum; y el segundo punto , consistía en lectura, discusión y aprobación del orden del día, razón por la que, en principio, concurría el quorum deliberatorio, lo que permitió abrir la sesión, sin perjuicio de que para el primer llamado a lista no se configurara el quorum decisorio; y que, tal circunstancia, no impidió tener como abierta la sesión para deliberar, (dar lectura y discutir orden del día).

Indicó que ni la Constitución, la ley ni el reglamento interno del Concejo determinan cuántos llamados a lista se debe efectuar previo a instalar una sesión plenaria, puesto que sobre el particular el artículo 22 de dicho reglamento se limita en señalar qu e durante el período de sesiones ordinarias la plenaria se reunirá a partir de lasNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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11 04:30 p.m. y se fija un lapso de treinta (30) minutos para el llamado a lista; y que el artículo 65 de la Ley 136 prevé que los miembros de los concejos tienen derecho al reconocimiento de honorarios por su

11 04:30 p.m. y se fija un lapso de treinta (30) minutos para el llamado a lista; y que el artículo 65 de la Ley 136 prevé que los miembros de los concejos tienen derecho al reconocimiento de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias, como en el presente asunto que se verificó la asistencia de los 6 concejales a los que se les pagó la sesión de 4 de octubre de 2024, lo que, por demás, impide inferir una conducta a título de culpa grave y mucho menos con dolo.

Señaló que no podía expedir la resolución de reconocimiento de honorarios sin que mediara certificación del secretario general, en la que se dio fe de la asistencia de los concejales a las respectivas sesiones plenarias, para así determinarse el consecuente valor , resaltando que, en todo caso, ese funcionario certificó que la sesión en cuestión sí tuvo lugar, y a la cual asistieron los 6 concejales que radicaron cuenta de cobro.

Solicitó que se inaplique, con efectos inter partes , distintas disposiciones del artículo 22 del reglamento interno del Concejo de Chía (Cundinamarca), en cuanto condicionan la instalación de una sesión plenaria a la existencia de quorum decisorio, cuando lo cierto es que este es el requerido para que los concejales puedan tomar decisiones y aprobar o no iniciativas , de ahí que refiriera que ello contraría abiertamente los artículos 145 y 148 de la Constitución Política y 29 de la Ley 136, pues estas normas establecen que para la apertura a una sesión plena ria en una corporación pública se requiere no el quorum decisorio, sino el deliberatorio , es decir, al

Política y 29 de la Ley 136, pues estas normas establecen que para la apertura a una sesión plena ria en una corporación pública se requiere no el quorum decisorio, sino el deliberatorio , es decir, al menos una cuarta parte de sus miembros, respecto de lo cual resaltó que se encontró satisfecho desde el primer llamado a lista de la sesión plenaria de 4 de octubre de 2024.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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12 Resaltó que no destinó dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados por la Constitución, la ley o el reglamento, ni tampoco que esa destinación se diera para materias innecesarias o injustificadas, o que la destinación tuviera la fin alidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 7 de julio de 2025, denegó la pérdida de investidura de la accionada, para lo cual indicó que para que los concejales del municipio de Chía (Cundinamarca) causen el derecho al reconocimiento de sus respectivos honorarios no se exige nada diferente a acreditar su asistencia comprobada a las sesiones ordinarias y extraordinarias dentro esa Corporaci ón, sin que se fije otra condición o requisito adicional para tales efectos.

Mencionó que el artículo 29 de la Ley 136 establece que los concejos

ordinarias y extraordinarias dentro esa Corporaci ón, sin que se fije otra condición o requisito adicional para tales efectos.

Mencionó que el artículo 29 de la Ley 136 establece que los concejos y sus comisiones pueden abrir sesiones y deliberar con no menos de una cuarta parte de sus miembros, -quorum deliberatorio-, lo que, en consonancia con lo previsto en los artículos 21 y 133 del reglamento interno del Concejo de Chía (Cundinamarca) , significa que es suficiente la verificación de l quorum deliberatorio para la apertura e instalación de las sesiones al interior de esa corporación, -en este caso mínimo 4 concejales-, pues es la ausencia de este, mas no del quorum decisorio, lo que conlleva al levantamiento de la correspondiente sesión.

Señaló que está acreditado que , a la referida sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024 del Concejo de ChíaNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

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13 (Cundinamarca), asistieron 7 concejales, incluyendo la accionada, de un total de 15 concejales que integran esa corporación, motivo por el cual al estar presentes más de la cuarta parte sí hubo quorum deliberatorio y era viable que pudieran abrir e instalar esa sesión, como en efecto ocurrió.

Puso de relieve que a pesar de que la accionada , en su calidad de presidenta, manifestó en el curso de la reunión que “[…] por salvar

deliberatorio y era viable que pudieran abrir e instalar esa sesión, como en efecto ocurrió.

Puso de relieve que a pesar de que la accionada , en su calidad de presidenta, manifestó en el curso de la reunión que “[…] por salvar mi responsabilidad he decidido no instalar la sesión […]” y “[…] que pena con todos esta situación, le solicito a prensa cortar la transmisión y finaliza lo que hoy estamos haciendo, que no es una sesión y claro está que no será pagada […]”, lo cierto es que la causación de honorarios no puede estar supeditada a la opinión de la presidente del Concejo sino de las citadas normas que la regulan , sumado a que las distintas intervenciones de varios concejales que participaron en esa oportunidad, en el sentido de pronunciarse respecto de la ausencia de los demás concejales que no ingresaron, prueban que sí hubo sesión.

Concluyó, por lo tanto, que la expedición de la Resolución 145 de 1o. de noviembre de 2024 , mediante la cual la accionada reconoció y ordenó pagar los honoraros de los 6 concejales de Chía (Cundinamarca) que asistieron a la sesión ordinaria plenaria de 4 de octubre de 2024 , no constituyó indebida destinación de dineros públicos.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El actor interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia , en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su lugar, decretarNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO

en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su lugar, decretarNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

14 la pérdida de investidura de la accionada, para lo cual insiste , íntegramente, en los argumentos fácticos y jurídicos de la solicitud inicial.

Manifiesta su inconformidad con la decisión, por considerar que la providencia desconoció las pruebas allegadas y efectuó una indebida valoración de los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2024, fecha en la que la accionada, en su condición de presidenta del Concejo de Chía (Cundinamarca), habría reconocido, autorizado y ordenado el pago de honorarios a 6 concejales asistentes a una sesión plenaria, pese a que esta no se llevó a cabo por falta de quorum decisorio dentro del tiempo reglamentario previsto en el artícul o 22 del Acuerdo municipal 140 de 2018.

Aduce que la concejal incurrió en la causal prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, consistente en la indebida destinación de dineros públicos, al ordenar el desembolso de recursos sin la existencia de una sesión válida que justificara la causación de honorarios. Y que, aun cuando ella no se auto reconoció dichos emolumentos, sí dispuso de fondos a favor de terceros, contrariando

existencia de una sesión válida que justificara la causación de honorarios. Y que, aun cuando ella no se auto reconoció dichos emolumentos, sí dispuso de fondos a favor de terceros, contrariando también lo dispuesto en los artículos 57 y 62 de la Ley 1952, que sancionan el uso indebido de rentas públicas y el incremento patrimonial sin justa causa.

Reprocha, además, que la sentencia de primera instancia hubiese considerado que el quorum deliberatorio habilitaba la instalación de la sesión, cuando en realidad, -según el acervo probatorio, incluidas certificaciones de los secretarios del Concejo y registros audiovisuales-, nunca se declaró abierta la sesión plenaria ni seNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2025 00336 01

Solicitante: HERNANDO QUINTANA CAMACHO

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15 verificó formalmente el quorum decisorio antes de vencer el tiempo reglamentario. Y que la actuación de la mesa directiva, presidida por la accionada, configuró una ‘simulación de sesión’, lo cual derivó en un pago sin causa jurídica y vulnera el principio de moralidad administrativa y constituye indebida destinación de recursos públicos.

Agrega que ha existido una equivocación conceptual por parte del Tribunal porque si bien no existe objeción o duda acerca del sustento invocado, el conten