CE - Sentencia 25000233700020200026001 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Cafam

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Caja de Compensación Familiar, Cafam

Demandado: Bogotá D. C., Secretaría Distrital de Hacienda

Temas: Impuesto predial unificado 2017. Tarifa. Inmuebles con uso mixto.

Alcance del parágrafo segundo 2 del ar tículo. 2 del Acuerdo 105 de 2003.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el demandado contra la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:

Primero. Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. DDI -001.862 y/o LOR 2019EE6967 del 24 de enero de 2019, por medio de la cual le fue proferida liquidación oficial de revisión por el impuesto predial del año gravable 2017 de 31 inmuebles de propiedad de … CAFAM; y de la

24 de enero de 2019, por medio de la cual le fue proferida liquidación oficial de revisión por el impuesto predial del año gravable 2017 de 31 inmuebles de propiedad de … CAFAM; y de la Resolución No. DDI-000.783 y/o 2020EE8358 del 28 de enero de 2020 mediante la cual se modificó el acto anterior al desatar el recurso de reconsideración …; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo. … [A] título de restablecimiento del derecho, declárase la firmeza de las declaraciones … presentadas por … Cafam, por concepto de impuesto predial … del … 2017, respecto de los predios identificados con los CHIPS AAA0013REHK, AAA0044ORAW, AAA0057ZBNN, AAA0064FHUZ, AAA0134XZHY y AAA0090TDJZ, y no hay lugar a pagar el mayor impuesto y la sanción por inexactitud determinada en los actos anulados respecto de dichas declaraciones.

Tercero. No se condena en costas a la parte vencida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión DDI001862, del 24 de enero de 2019, la demandada modificó la tarifa -comercial o industrial en lugar de dotacional - y, en consecuencia, el impuesto a cargo determinado por la actora en treinta y una declaraciones del impuesto predial unificado (I PU) del año gravable 2017 . Tras la interposición del recurso de reconsideración, la liquidación fue parcialmente modificada,

consecuencia, el impuesto a cargo determinado por la actora en treinta y una declaraciones del impuesto predial unificado (I PU) del año gravable 2017 . Tras la interposición del recurso de reconsideración, la liquidación fue parcialmente modificada, a través de la Resolución DDI000783, del 28 de enero de 2020, en el sentido de levantar la glosa respecto de veintidós inmuebles y mantenerla en relación con nueve predios identificados con los Chips : AAA0013REHK, AAA00440RAW, AAA0057ZBNN,

1 Samai CE, índice 4, certificado 9E3E276B795BD522 A1CF15A19B23C575 F1010BB3DB87304A 26685033476ED45B (pdf), p. 1. 2 Samai tribunal, índice 33, certificado E7451261D3D57766 311D1F6CB87B7462 E08D74B997ED1302 BEEE06B9FD19C9D1 (pdf), pp. 39 a 41.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Cafam

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 AAA0064FHUZ, AAA0134XZHY, AAA0090TDJZ, AAA0091LCPA, AAA0091LCRJ y AAA0091LCSY. Respecto de los cinco primeros predios, se consideró que tenían uso mixto -comercial y dotacional - a partir de lo cual, prorrateó las áreas según su uso ; el sexto inmueble se consideró como independiente de la unidad inmobiliaria que

AAA0091LCSY. Respecto de los cinco primeros predios, se consideró que tenían uso mixto -comercial y dotacional - a partir de lo cual, prorrateó las áreas según su uso ; el sexto inmueble se consideró como independiente de la unidad inmobiliaria que conformaba un centro de salud, y se advirtió que, según el Catastro Distrital, para la fecha de causación del tributo, su uso era comercial. Frente a los tres últimos inmuebles, se señaló que eran industriales al momento de la causación del tributo , y no dotacionales privados por la construcción de un centro educativo, dado que eso ocurrió con posterioridad al 01 de enero de 20173.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones4:

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. La liquidación de revisión … 2019EE6967 (Resolución No. DDI001862) del 24 de enero de 2019, proferida por la … Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, mediante la cual se liquida oficialmente el impuesto predial unificado correspondiente a la vigenc ia del año 2017 y se impone sanción por inexactitud, respecto de los predios identificados en el numeral 1 del anterior acápite.

1. La resolución número DDI000783 del 28 de enero de 2020, proferida por la … Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto

1. La resolución número DDI000783 del 28 de enero de 2020, proferida por la … Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior liquidación oficial de revisión, en cua nto la confirmó parcialmente en los términos indicados en el numeral 2 del anterior acápite.

2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos antes mencionados, y a título de restablecimiento del derecho, declarar que las declaraciones del impuesto predial unificado por la vigencia … 2017, correspondientes los inmuebles antes individualizados, presentad as por … CAFAM, se encuentran en firme y, en consecuencia, no hay lugar a pagar un mayor impuesto ni sanciones por inexactitud.

Invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución; 26 del Código Civil (Ley 84 de 1873); 711 del ET (Estatuto Tributario); 4 de la Ley 44 de 1990; 96 y 113 del Decreto 807 de 1993; y 1 y 2 del Acuerdo 105 de 2003; bajo el siguiente «concepto de violación»5:

-Falta de correspondencia (…). Señaló que esto era evidente entre la liquidación de revisión y la resolución de reconsideración, pues mientras en la primera, la Administración se sustentó en la supuesta prevalencia de la información catastral sobre la realidad física y jurídica de los inmuebles , en la segunda, se apartó de los argumentos expuestos previamente y, ante la contundencia de los medios probatorios aportados, reconoció que los predios AAA0057ZBNN, AAA0013REHK, AAA0044ORAW, AAA0064FHUZ y

previamente y, ante la contundencia de los medios probatorios aportados, reconoció que los predios AAA0057ZBNN, AAA0013REHK, AAA0044ORAW, AAA0064FHUZ y AAA0134XZHY tenían «uso mixto con componente dotacional », pero inexplicablemente no reconoció que la tarifa aplicable , en tales casos, fuera la dotacional , conforme con el parágrafo 2 del art. 2 del Acuerdo 105 de 2003 , sino que, sin fundamento alguno, prorrateó las áreas de acuerdo con su uso, lo cual violó sus derechos a la defensa y al debido proceso, puesto que los actos debían observar los artículos 711 del ET y 96 del Decreto 807 de 1993 , que regulaban el principio de correspondencia entre el requerimiento especial, la liquidación oficial y la resolución del recurso de reconsideración, lo que, acorde con lo señalado por esta corporación, e ra de obligatorio

3 Samai tribunal, índice 4, certificado D65061C2A027C74A C8EAD1716F88BD13 F4E915CFC9DF28CC F78CECFE3AEC1157 (pdf), pp. 79 a 102 y 155 a 202. 4 Samai tribunal, índice 4, certificado D65061C2A027C74A C8EAD1716F88BD13 F4E915CFC9DF28CC F78CECFE3AEC1157 (pdf), pp. 5 a 6. 5 Samai tribunal, índice 4, certificado D65061C2A027C74A C8EAD1716F88BD13 F4E915CFC9DF28CC F78CECFE3AEC1157 (pdf),

pp. 7 a 38.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Cafam

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 acatamiento. Seguido de ello, manifestó que la resolución de reconsideración incluyó una modificación « inadmisible» desde el punto de vista legal, consistente en condicionar la aplicación de la tarifa dotacional a determinadas proporciones en función del área destinada al citado uso, cuando este era mixto. Así, dado que no le era posible a la actora replicar los nuevos argumentos del fisco esgrimidos en la resolución que agotó la vía administrativa, se habrían transgredido los derechos a la defensa y al debido proceso, viéndose abocada a objetarlos en sede judicial.

-La ilegal manera de determinar la tarifa (…) a los predios de uso mixto (…) – La imposibilidad de “prorratear” las áreas de un predio según su uso (…). Señaló que , teniendo en cuenta que el «sentido del fallo» a proferir en este proceso dependía del uso real del suelo y la categoría tarifaria aplicable a los inmuebles, era preciso analizar tales aspectos con los predios AAA0057ZBNN, AAA0013REHK, AAA0044ORAW, AAA0064FHUZ y AAA0134XZHY todos ellos «de uso mixto con componente dotacional ». Al respecto, indicó que el artículo 2 del Acuerdo 105 de 2003 no condicionaba la aplicación de la tarifa dotacional a proporciones entre las áreas destinadas a dicho uso o a otro; solo que dada la «importancia social» del uso dotacional, se estableció una regla que privilegia

de la tarifa dotacional a proporciones entre las áreas destinadas a dicho uso o a otro; solo que dada la «importancia social» del uso dotacional, se estableció una regla que privilegia dicho uso respecto de los usos comerciales, industriales, financieros u otros , como lo reconoció la propia Secretaría de Hacienda en Concepto 2019EE126966 del 27 de junio de 2019.

Sin embargo, la Administración inexplicablemente desconoció el alcance de la norma, y asumiendo funciones legislativas exigió el cumplimiento de requisitos adicionales no contemplados para la aplicación de la tarifa dotacional. Remarcó que, si bien ante la contundencia de las pruebas aportadas que demostraban el «uso mixto, incluido el dotacional» de los inmuebles , el demandado se vio precisado a aceptarlo; pese a ello, defendió la legalidad de sus actos sin sustento legal. Para ilustrar lo anterior, reprodujo apartes de la Resolución DDI000783, donde se señalaba el uso mixto de los predios, pero defendían la validez de prorratear en función del uso comercial y el dotacional . A partir de esto, señaló que el Distrito acudió a «ininteligibles e improcedente cálculos» de las áreas. Además, pese a las contundentes pruebas, su contraparte negó el uso dotacional de áreas donde funcionaban importantes centros educativos y culturales de la actora, como el Teatro de Bellas Artes y la Fundación Universitaria Cafam -localizados en el predio conocido como «Cafam Floresta»-.

Seguidamente, destacó l a posición contradictoria de la demandada en el mismo tema , puesto que igualmente fiscalizó las declaraciones del año 2018 , lo que comprendió 32 inmuebles dentro de los cuales estaban comprendidos todos los predios objeto de esta

Seguidamente, destacó l a posición contradictoria de la demandada en el mismo tema , puesto que igualmente fiscalizó las declaraciones del año 2018 , lo que comprendió 32 inmuebles dentro de los cuales estaban comprendidos todos los predios objeto de esta demanda, actuación que concluyó con auto de archivo, por haber reconocido su contraparte que el uso de tales predios era mixto con componente dotacional, cuya tarifa aplicable era 6.5 por mil y, que la actora había actuado según la normativa vigente. Así, luego de reproducir algunos extractos del auto de archivo, manifestó que no era aceptable que a solo dos meses de haber sucedido esto, el Distrito hubiera p roferido el acto demandado, modificando su criterio bajo las mismas circunstancias fácticas y jurídicas , para darle cabida al «engendro del prorrateo».

Adicionalmente, aseguró que las áreas con uso dotacional de los predios no eran «mínimas o intrascendentes » frente a las áreas comerciales . Agregó que, sin conocer las áreas exactas destinadas a cada uso, lo cierto era que la Administración pretendía desconocer o al menos minimizar la importancia de las áreas dotacionales en los campos de la salud, cultura y educación para la población de Bogotá. Luego, se refirió a cada uno de los predios para confirmar el componente dotacional de los predios, así: (i) Chi p AAA0057ZBNN: señaló que el inmueble contaba, además de las áreas comerciales que allí funcionaban, con las siguientes dependencias de carácter dotacional -«Teatro GaleríaRadicado: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Cafam

allí funcionaban, con las siguientes dependencias de carácter dotacional -«Teatro GaleríaRadicado: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Cafam

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Cafam de Bellas Artes », « Centro de Atención en Salud Cafam Floresta », « Fundación Universitaria Cafam» y «Oficinas administrativas», en los cuales se desarrollaban actividades culturales, de salud, educativas y su sede principal. Aludió a que todas las actividades adelantadas por las cajas de subsidio familiar estaban relacionadas con el concepto de seguridad social, Insistió en que, tal como lo reconoció la Administración, el uso del predio era mixto con componente dotacional, luego solo quedaba concluir que la tarifa aplicable era la de tales predios, conforme lo establecía el parágrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 105 de 2003.

Añadió que era tan conocido el predio popularmente denominado «Cafam Floresta», así como su uso, destinación, dependencias y características particulares que se enmarcaba en el concepto de «hecho notorio». Criticó que la demandada no valoró con objetividad las pruebas que acreditaban el uso del suelo, pues cuestionó la existencia del teatro y la universidad, priorizando información catastral errada , en oposición al hecho notorio ; lo que sí reconoció el demandado fue el uso dotacional del área ocupada por el centro de atención en salud, la cual sometió a prorrateo.

(ii) Predio AAA0013REHK: señaló que allí funcionaban el «Centro de Atención en Salud Cafam

que sí reconoció el demandado fue el uso dotacional del área ocupada por el centro de atención en salud, la cual sometió a prorrateo.

(ii) Predio AAA0013REHK: señaló que allí funcionaban el «Centro de Atención en Salud Cafam Sede Centenario» y el «Centro de Educación para el Trabajo Cafam Sede Centenario», inclusive antes del año fiscalizado . Frente al primero, precisó que era una dependencia donde se prestaban servicios de salud a cargo de la IPS Cafam. Respecto del segundo, indicó que su enfoque era la formación por competencias laborales ; de modo que era claro que el predio era de uso mixto con componente dotacional, por lo que le aplicaba la tarifa dotacional, acorde con el parágrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 105 de 2003.

Sin embargo, la resolución de reconsideración desestimó el uso dotacional de la zona ocupada por el «Centro de Educación para el Trabajo», dado que este no figuraba « en los usos reportados» por Catastro Distrital y no existía certeza sobre el « área de uso ». En cambio, reconoció el uso dotacional del «Centro de Atención en Salud», y, al igual que el caso anterior, aplicó confusos cálculos para determinar el impuesto y le impuso sanción.

Más adelante, señaló que: (iii) en los Predios AAA0044ORAW, AAA0064FHUZ y AAA0134XZHY operaban el Centro de Atención en Salud «Cafam Nuevo Kennedy » y los Centros de Atención Primaria «Cafam Quirigua y Suba». Subrayó que, en dichos inmuebles, la IPS Cafam prestó servicios de salud durante la vigencia investigada, con observancia

Centros de Atención Primaria «Cafam Quirigua y Suba». Subrayó que, en dichos inmuebles, la IPS Cafam prestó servicios de salud durante la vigencia investigada, con observancia de los permisos y exigencias legales. Asimismo, iteró que el fisco reconoció su uso dotacional, pero prorrateó la obligación. A partir de lo anterior, concluyó que la actuación de la Administración fue ilegal al exigir requisitos adicionales a los previstos en el parágrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 105 de 2003, como el «prorrateo» de las áreas destinadas a uso dotacional y a otras acti vidades, lo que desconocía el espíritu de la norma que da ba prevalencia al uso dotacional del suelo , al determinar que cuando un inmueble tuviera uso mixto, incluido el dotacional, la tarifa aplicable era la dotacional sin ningún tipo de condicionamiento.

-El (…) predio (…) Chip AAA0090TDJZ (…). Destacó que la resolución de reconsideración revocó la liquidación oficial respecto de veintidós inmuebles que conformaban el «Centro de Atención en Salud Cafam de la Calle 48», pero inexplicablemente no incluyó en tal revocación el mencionado predio, a pesar de que su información catastral era idéntica a la de los otros 22 predios -al quedar demostrado su uso dotacional -, con los que conforma ba de manera integral el prenotado centro de salud . Arguyó que los inmuebles que integraban ese centro constituían una unidad desde el 10 de enero de

2008. Enfatizó que el demandado reconoció que en esa sede se prestaban servicios de salud a cargo de la IPS Cafam, que c ontaba con la aprobación para su funcionamiento.

inmuebles que integraban ese centro constituían una unidad desde el 10 de enero de

2008. Enfatizó que el demandado reconoció que en esa sede se prestaban servicios de salud a cargo de la IPS Cafam, que c ontaba con la aprobación para su funcionamiento.

En tal sentido, refirió que las instalaciones configuraban un «equipamiento colectivo tipo salud» e informó que el centro de atención estaba inscrito en el Registro Especial de PrestadoresRadicado: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Cafam

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá. Así, no tenía sentido que el demandado hubiera confirmado la glosa respecto del inmueble en cuestión, bajo el argumento de que no reportaba tal uso en la información catastral, puesto que esa misma información la reportaban los otros 22 predios, que, junto con este, conformaban ese centro médico, y e llo no fue óbice para que la Administración reconociera su uso dotacional, ante la contundencia de las pruebas . En este punto, iteró que, en la fiscalización a las declaraciones del año 2018, el demandado reconoció el uso dotacional y archivó el proceso.

-Los predios (…) Chip AAA0091LCPA, AAA0091LCRJ y AAA0091LCSY (…) son de uso dotacional (sede para la educación para el trabajo Cafam calle 56). Aseguró que la actora adquirió el inmueble para prestar servicios educativos de carácter dotacional, como, en

dotacional (sede para la educación para el trabajo Cafam calle 56). Aseguró que la actora adquirió el inmueble para prestar servicios educativos de carácter dotacional, como, en efecto, ocurría al momento de presentación de la demanda. Adujo que, en la época de los hechos, se comenzaron los trámites de construcción de u na edificación apta para servir de uni dad dotacional educativa de escala zonal, donde funciona la « Sede para la Educación para el Trabajo Cafam Calle 56 », como se demostró con la licencia de construcción en vía administrativa -. Después, advirtió que durante 2017 no recibió ingreso alguno derivado de los predios en mención; de modo que aplicó la tarifa adecuada, por tratarse de predios que tienen carácter dotacional y no industrial.

-Uno de los elementos básicos para establecer la tarifa (…) es el uso real del suelo (…). Manifestó que la liquidación de revisión, contra toda evidencia, sostuvo que la tarifa aplicada en sus declaraciones privadas no correspondía al uso del suelo porque la información catastral reflejaba que los predios tenían destino « comercial e industrial». Con todo, la resolución de reconsideración se apartó de tales consideraciones y reconoció que la mayoría de los inmuebles tenían uso «mixto con componente dotacional», sin embargo, desconoció que, acorde con el Acuerdo 105 de 2003, artículo 2 parágrafo 2, la tarifa aplicable era la dotacional y negó tal carácter a importantes áreas con fundamento en la información catastral. Por esto, era importante aclarar cuál era el uso real del suelo. Sobre ese particular, afirmó que el uso no era comercial ni industrial, de modo que su contraparte se limitaba a liquidar el tributo con base en la información catastral.

información catastral. Por esto, era importante aclarar cuál era el uso real del suelo. Sobre ese particular, afirmó que el uso no era comercial ni industrial, de modo que su contraparte se limitaba a liquidar el tributo con base en la información catastral.

Arguyó que las tarifas del I PU eran diferenciales porque debían atender diversos aspectos, entre ellos el uso del suelo (art. 4 de la Ley 44 de 1990) . En la misma línea, señaló que el Acuerdo 105 de 2003 , en sus artículos 1 y 2 , establecía las categorías tarifarias del impuesto , siendo inferior la correspondiente a los p redios dotacionales , porque allí se adelantaban actividades de interés social, como salud, educación y cultura. Seguidamente, adujo que si bien la certificación catastral era un instrumento pertinente por cuanto se supone que contiene los datos e información real de cada inmueble, ello no quiere decir que la información allí consignada fuera incontrovertible ; inclusive, en muchos casos, la información del Catastro Distrital se encontraba desactualizada o era errónea; por lo que esas inconsistencias no podían sustentar un impuesto, pues ello vulneraría la más elemental noción de justicia y la equidad. Señaló que, tanto era sí que la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que las características y particularidades de un predio prevalecen sobre la información catastral «ya que esta puede resultar desajustada de la realidad».

• Tal como lo ha señalado el (…) Consejo de Estado, los errores que presente la información catastral y las modificaciones a que haya lugar, pueden ser acreditadas ante el fisco dentro del proceso de determinación del impuesto predial (…). Advirtió que la Sección avalaba la citada postura, caso en el cual la carga probatoria le correspondía al

información catastral y las modificaciones a que haya lugar, pueden ser acreditadas ante el fisco dentro del proceso de determinación del impuesto predial (…). Advirtió que la Sección avalaba la citada postura, caso en el cual la carga probatoria le correspondía al interesado. Sobre ese particular, enfatizó que las pruebas aportadas en su momento, y que adjuntaba de nuevo, acreditaban las verdaderas características de cada predio , desvirtuaban la información catastral, y ameritaban su corrección a través de losRadicado: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Cafam

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 mecanismos de comunicación interinstitucional.

Para finalizar, recalcó que, si bien las pruebas aportadas lograron e l reconocimiento de un «uso mixto con componente dotacional» de la mayoría de los inmuebles materia del debate, no fueron valoradas plenamente las relacionadas con el «Teatro de las Bellas Artes » y la «Fundación Universitaria Cafam », localizados en el predio denominado «Cafam Floresta», al punto que la entidad preponder ó una información catastral errada y la resolución de reconsideración acudió a un ilegal prorrateo.

-(…) [D]eclaró y pagó el IPU (…) del 2017 aplicando la tarifa que corresponde al uso real del suelo. Resaltó que cumplió con el deber de presentar las declaraciones fiscalizadas, que incorporaron las tarifas que correspondían al uso real de los predios al momento de la causación de la obligación , el cual no era comercial ni industrial, sino mixto con

del suelo. Resaltó que cumplió con el deber de presentar las declaraciones fiscalizadas, que incorporaron las tarifas que correspondían al uso real de los predios al momento de la causación de la obligación , el cual no era comercial ni industrial, sino mixto con componente dotacional, al que le correspondía una tarifa del 6.5 por mil, lo cual había reconocido su contraparte, pues al expedir la liquidación de revisión -en observancia del Concepto 1223 de 2013 - aplicó el parágrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 105 de 2003 respecto de otros inmuebles «incluidos inicialmente» en el requerimiento especial, al concluir que: «si en un predio en donde funciona una entidad financiera (…) se ubica en uso mixto con un predio de característica dotacional, tributará como dotacional (...) ». Así, resultaba extraño que hubiera abandonado ese criterio en relación con predios más representativos que generaban un mayor impuesto.

-La sanción por inexactitud. Sostuvo que actuó acorde con la normativa vigente y los lineamientos jurisprudenciales, por lo que la sanción era improcedent e y, en el peor de los casos, se estaría ante una «diferencia de criterios», causal de exoneración de la multa.

Contestación de la demanda

El demandado se opuso a las pretensiones de la actora 6 con los argumentos que se resumen a continuación:

Describió que el requerimiento especial versó sobre treinta y dos inmuebles y se basó en cruces de información, la comparación de los avalúos y las tarifas correspondientes a las características catastrales de los predios. Señaló que en la revisión constató la determinación de un menor impuesto a cargo. Luego mencionó la expedición de un auto

cruces de información, la comparación de los avalúos y las tarifas correspondientes a las características catastrales de los predios. Señaló que en la revisión constató la determinación de un menor impuesto a cargo. Luego mencionó la expedición de un auto de archivo que recayó sobre el inmueble AAA0074ZWRU que se fundó en la corrección presentada por la actora. Respecto de la liquidación de revisión, explicó que esta observó el acto preparatorio, la negativa de la contribuyente a aceptar la propuesta de modificación y recayó sobre treinta y un predios. Frente a la resolución de reconsideración, manifestó que la actuación administrativa se terminó respecto de veintidós inmuebles , una vez contrastadas las pruebas catastrales y el formulario de novedades de prestación de servicios de salud, que llevó a establecer su uso dotacional; en cambio, se mantuvo sobre nueve predios, tres de los cuales eran industriales.

Seguidamente, desmintió que los actos acusados desconocieran la realidad fáctica de los predios al momento de causación del impuesto y que se hubiera violado el principio de correspondencia con la resolución de reconsideración , al modificar totalmente la argumentación de la liquidación oficial de la mayoría de los inmuebles, dejando a la demandante sin posibilidad de controvertirla, como lo afirmaba la actora. A tal respecto, destacó que el hecho debatido siempre fue «el menor valor propuesto (…) en las declaraciones», el cual había sido el objeto de la actividad administrativa; y explicó que bajo los principios del debido proceso, la Administración analizó los argumentos, medios probatorios y/o

destacó que el hecho debatido siempre fue «el menor valor propuesto (…) en las declaraciones», el cual había sido el objeto de la actividad administrativa; y explicó que bajo los principios del debido proceso, la Administración analizó los argumentos, medios probatorios y/o

6 Samai tribunal, índice 10, certificado 7378D803F886C9B8 3B2DFADF7EF42952 47D31A63DBB1F3A6 CEDBE30265942CA8 (zip), 1 (pdf), pp. 5 a 14.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00260-01 (29119)

Demandante: Cafam

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 hechos presentados en cada etapa del proceso, pues no podía limitarse a analizar lo ya referido en el acto previo y la liquidación oficial, porque ello si vulneraría los derechos de la contribuyente; de modo que no se violó el principio de correspondencia.

Frente a los predios AAA0057ZBNK, AAA0013REIK, AAA0044ORAW, AAA0064FHUZ y AAA0134XZHY, afirmó que la actora no probó un uso distinto del identificado por Catastro Distrital, con base en el cual determinó el destino y la tarifa del tributo. Además, sostuvo que una vez verificada la información en e l Sistema de Información Tributaria (SIIIT II, RIT) de los inmuebles AAA0013REHK y AAA0057ZBNN se modificó la tarifa generando un menor valor respecto del requerimiento especial -, dada la predominancia del uso comercial cuando este concurría con el uso financiero; esto, conforme con lo señalado

RIT) de los inmuebles AAA0013REHK y AAA0057ZBNN se modificó la tarifa generando un menor valor respecto del requerimiento especial -, dada la predominancia del uso comercial cuando este concurría con el uso financiero; esto, conforme con lo señalado en el concepto 1223 de 2013 de la Subdirección Jurídica Tributaria de la Secretaría de Hacienda Distrital, cuyos apartes transcribió.

Posteriormente, d efendió la sanción por inexactitud, a cuyos efectos señaló que tal conducta se configuraba igualmente cuando se indicaran «usos y destinos» de los cuales se derivara un menor valor a pagar, lo que s e verificó respecto de varios predios de la actora, de modo que su contraparte era «acreedora» de la multa. Respecto de la «diferencia de criterios», aludió a jurisprudencia de la Sección, en la que se señaló que al momento de aplicar «sanciones por corrección», debían tenerse en cuenta dos elementos, el objetivo y el subjetivo; tras lo cual, manifestó que una interpretación diferente que, de la ley hiciera el contribuyente, debía amparars