CE - Sentencia 41001233300020260016901 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 41001233300020260016901 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

Demandante: Ángela María Ortega Fernández

Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Tema: Revoca negativa y declara improcedencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones interpuestas por la parte accionante y la coadyuvante Laura Victoria Colón Arias contra la sentencia de 4 de septiembre de 2026 del Tribunal Administrativo del Huila, que denegó las pretensiones de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento.

En ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Ángela María Ortega Fernández promovió demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de obtener el cumplimiento de la Resolución 6126 del 15 de octubre de 2025, por medio de la cual se dispusieron traslados de servidores públicos de carrera administrativa. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Que se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

2025, por medio de la cual se dispusieron traslados de servidores públicos de carrera administrativa. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Que se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF cumplir de manera efectiva el mandato imperativo de traslado consagrado en la Resolución No. 6126 del 15 de octubre de 2025.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Dirección de Gestión Humana del ICBF que, en un término improrrogable, determine de manera fija, cierta

y definitiva la fecha de efectividad del traslado de la servidora de carrera administrativa ANGELA MARÍA ORTEGA FERNÁNDEZ, cesando de forma inmediata la dilación injustificada basada en el Parágrafo Primero de la citada resolución.

TERCERA: Que se ordene al ICBF aplicar de forma inmediata el criterio de “provisión preferente” manifestado por la propia entidad en su respuesta a la petición del 19 de junio de 2026, ordenando el nombramiento provisional o encargo en la vacante de origen generada en la Regional Huila, C.Z Neiva (Ref 26790) [...]».Demandante: Ángela María Ortega Fernández Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

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2. Hechos

Mediante la Resolución 6126 del 15 de octubre de 2025, la Secretaría General del

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2. Hechos

Mediante la Resolución 6126 del 15 de octubre de 2025, la Secretaría General del ICBF dispuso, entre otros, el traslado de la demandante desde el Centro Zonal Neiva, Regional Huila, al Centro Zonal Noroccidental, Regional Antioquia. En el parágrafo primero del artículo primero de ese acto estableció que la fecha de efectividad de los traslados quedaba condicionada a la provisión de la vacante resultante del movimiento, y que la Dirección de Gestión Humana determinaría dicha fecha.

La accionante indicó que otros servidores incluidos en la misma resolución fueron trasladados durante enero de 2026, en tanto que su movimiento permanecía pendiente. Agregó que el ICBF incluyó la vacante de origen en un proceso de encargo identificado como PU-0376, declarado desierto el 15 de mayo de 2026, y que la entidad invocó las restricciones de la Ley de Garantías para explicar la imposibilidad de proveerla mediante nombramiento provisional.

Señaló que, pese a la finalización de las restricciones que invocó la entidad y a la realización de nombramientos provisionales en otras dependencias, no se había determinado fecha cierta para materializar su traslado. Por ello, estimó vulnerados, entre otros, sus derechos a la igualdad y al debido proceso administrativo, así como los principios de buena fe, eficacia, celeridad y seguridad jurídica.

El 19 de junio de 2026 formuló solicitud a la Dirección de Gestión Humana. Posteriormente, mediante escrito presentado el 1.º de julio y radicado el 2 del mismo mes, reclamó de manera expresa el cumplimiento de la Resolución 6126 de 2025 y

Posteriormente, mediante escrito presentado el 1.º de julio y radicado el 2 del mismo mes, reclamó de manera expresa el cumplimiento de la Resolución 6126 de 2025 y la efectividad de su traslado. Según afirmó, el ICBF no contestó este último requerimiento en el término legal.

3. Trámite procesal

Por auto de 28 de julio de 2026, el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva declaró su falta de competencia y dispuso remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Huila, por dirigirse la demanda contra una entidad del orden nacional. En el trámite ante el Tribunal se vincularon a los servidores relacionados en la Resolución 6126 de 2025; algunas de las interesadas, incluida la señora Laura Victoria Colón Arias, acudieron en calidad de coadyuvantes.

4. Informe

El ICBF se opuso a las pretensiones de la demanda, explicó que el traslado de la accionante había quedado sujeto a la provisión de la vacante que se produciría con el movimiento, a fin de garantizar la continuidad del servicio en el Centro Zonal Neiva. Afirmó que el proceso de encargo fue declarado desierto por ausencia de aspirantes que reunieran los requisitos y que las restricciones de la Ley de Garantías y laDemandante: Ángela María Ortega Fernández Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

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Circular 006 de 2026 también impedían efectuar determinadas provisiones de

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Circular 006 de 2026 también impedían efectuar determinadas provisiones de empleos.

Sostuvo que no existía un mandato actualmente exigible y alegó, además, la improcedencia de la acción, porque la controversia versaba sobre la ejecución de una situación jurídica particular y sobre actuaciones administrativas para las cuales existían otras vías judiciales.

5. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 4 de septiembre de 2026, la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo del Huila denegó las pretensiones. Consideró que, al supeditar la Resolución 6126 de 2025 la efectividad del traslado a la provisión de la vacante resultante, y no encontrarse satisfecha esa condición, no era posible predicar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que pudiera exigirse por medio de la acción de cumplimiento.

También destacó que este mecanismo constitucional no fue instituido para dirimir controversias sobre derechos particulares ni para que el juez sustituya a la administración en las actuaciones de su competencia.

6. Impugnaciones

La accionante, por conducto de apoderado, pidió revocar el fallo de primera instancia, en ese sentido, cuestionó que el Tribunal hubiera prescindido de valorar la Resolución 4554 del 3 de agosto de 2026, por la cual, según sostuvo, el ICBF efectuó un nombramiento provisional en el empleo de referencia 26790, que corresponde a la vacante cuya provisión condicionaba su traslado. En su criterio, debía verificarse

un nombramiento provisional en el empleo de referencia 26790, que corresponde a la vacante cuya provisión condicionaba su traslado. En su criterio, debía verificarse el estado de ese nombramiento antes de concluir que persistía el impedimento para ejecutar la Resolución 6126 de 2025.

Afirmó que la ausencia de una fecha determinada no excluía la exigibilidad del deber, que la administración no podía prolongar indefinidamente el cumplimiento de un acto en firme y que la conducta del ICBF debía examinarse integralmente. De manera subsidiaria, solicitó aplicar el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997 y dar al asunto el trámite correspondiente a la acción de tutela, por considerar comprometidos sus derechos fundamentales.

Por su parte, Laura Victoria Colón Arias, en condición de coadyuvante y por intermedio de apoderado, también impugnó. Señaló que la Resolución 6126 de 2025 contenía una decisión definitiva de traslado, cuya ejecución no podía aplazarse indefinidamente con base en la condición relativa a la provisión de la vacante. Cuestionó la razonabilidad de esa condición, invocó principios de eficacia, celeridad y confianza legítima y sostuvo que la falta de un término expreso no hacía inexigible el traslado; igualmente, reprochó la valoración de la renuencia.Demandante: Ángela María Ortega Fernández Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

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Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver las impugnaciones contra la sentencia de 4 de septiembre de 2026 del Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 4 de septiembre de 2026. Para el efecto, se plantean los siguientes problemas jurídicos:

¿Se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿La solicitud encaminada a materializar el traslado de la demandante y de los servidores que acudieron como coadyuvantes supera el presupuesto de subsidiariedad de la acción de cumplimiento, a la luz del artículo 9.º de la misma ley?

3. Razones jurídicas de la decisión

servidores que acudieron como coadyuvantes supera el presupuesto de subsidiariedad de la acción de cumplimiento, a la luz del artículo 9.º de la misma ley?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) normas contra las que procede; (iii) requisito de procedibilidad de la renuencia y (iv) procedencia de la acción de cumplimiento en el caso concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa 1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.Demandante: Ángela María Ortega Fernández

Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.Demandante: Ángela María Ortega Fernández Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

5 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co

que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte

Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e

las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte

Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o de l acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables

cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]3.

2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Ángela María Ortega Fernández Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

6 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la sala precisa

[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.

inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-20040047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.Demandante: Ángela María Ortega Fernández Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

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cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del

reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 constitucional9.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este10 y que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la sala ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11. Igualmente, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

acción de cumplimiento»11. Igualmente, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-201100891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E). 7 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-20004673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-201500493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro. 9 Sentencia antes citada. 10Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible». 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo. 12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-201100024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.Demandante: Ángela María Ortega Fernández Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

8 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co

administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos[13] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que «[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia». Resulta relevante para la sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»14.

En el caso concreto, la accionante allegó con la demanda el escrito radicado ante el ICBF el 2 de julio de 2026, mediante el cual exigió expresamente la materialización del traslado previsto en la Resolución 6126 del 15 de octubre de 2025 y la fijación de una fecha para hacerlo efectivo. 13 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla». 14 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre

de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.Demandante: Ángela María Ortega Fernández Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Radicación: 41001-23-33-000-2026-00169-01

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Por consiguiente, para el estudio de la procedencia de la acción, se tendrá por acreditado el requisito de renuencia respecto del acto administrativo identificado, conforme al artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente (artículo 1 de la Ley 393 de 1997).

A través de la presente acción, la señora Ángela María Ortega Fernández pretende que se ordene al ICBF hacer efectivo su traslado a la Regional Antioquia, fijar de manera perentoria la fecha de su materialización y proveer, por encargo o nombramiento provisional, la vacante que dejaría en el Centro Zonal Neiva. Lo

que se ordene al ICBF hacer efectivo su traslado a la Regional Antioquia, fijar de manera perentoria la fecha de su materialización y proveer, por encargo o nombramiento provisional, la vacante que dejaría en el Centro Zonal Neiva. Lo anterior, con fundamento en la Resolución 6126 del 15 de octubre de 2025, cuyo parágrafo primero condicionó la efectividad de los movimientos a la provisión de las vacantes resultantes.

Si bien la acción de cumplimiento puede recaer sobre actos administrativos de contenido particular, según lo expuesto en el marco jurídico precedente, esa circunstancia no significa que permita resolver toda controversia asociada con su ejecución, ni desconocer su carácter subsidiario. La definición de si la interesada tiene derecho a exigir la efectividad inmediata del movimiento aprobado, y de si el ICBF debía proveer una determinada vacante por alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento, compromete el examen de su situación particular y concreta y de las actuaciones administrativas que se han desplegado para materializarla.

En efecto, las órdenes solicitadas no se agotan en exigir la observancia objetiva de un mandato legal o administrativo. Suponen establecer si se satisfizo la condición de provisión de la vacante pr

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