CE - Sentencia 44001234000020160015601

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022)

Demandante: Juan Francisco Gómez Cerchar

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria. Destitución e inhabilidad. Elección popular.

CONFIRMA DECISIÓN. Sentencia de segunda instancia. Cumplimiento orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 1100103-15-000-2024-04153-00 y acumulados 1, procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

El señor Juan Francisco Gómez Cerchar instauró demanda contra la Procuraduría

03-15-000-2024-04153-00 y acumulados 1, procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

El señor Juan Francisco Gómez Cerchar instauró demanda contra la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto.Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria del 12 de febrero de 2014 , expedida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por medio de la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad por el término de 17 años; así como la nulidad de la decisión disciplinaria del 23 de abril de 2014, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se modificó la sanción impuesta, quedando determinada en destitución e inhabilidad general por el término de 12 años.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene retirar del registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada en cumplimiento de la decisión disciplinaria; el pago de las sumas de dinero dejadas de percibir en su condición de

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene retirar del registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada en cumplimiento de la decisión disciplinaria; el pago de las sumas de dinero dejadas de percibir en su condición de gobernador, correspondientes a su salario mensual (el cual está constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación) y demás emolumentos recibidos en el período constitucional restante comprendido entre mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, con su respectiva indexación.

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que fue elegido gobernador de La Guajira para el periodo constitucional 2012-2015.

Que luego de una visita especial de la Procuraduría General de la Nación, el 17 de junio de 2013 se ordenó la apertura de una indagación preliminar y posteriormente fue citado a audiencia, para lo cual se formularon 5 cargos disciplinarios.

Que en audiencia del 12 de febrero de 2014 fue declarado disciplinariamente responsable y sancionado con destitución e inhabilidad general por 17 años; decisión que, una vez apelada, fue modificada el 24 de abril de 2014 , encontrando probado únicamente el tercer cargo y variando el término de la inhabilidad general a 12 años.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: preámbulo y artículos 1, 2, 13, 25, 26, 40, 93, 94, 209 y 258; Convención Americana de Derechos Humanos: preámbulo y artículos 1, 2, 11 y 23

Constitución Política: preámbulo y artículos 1, 2, 13, 25, 26, 40, 93, 94, 209 y 258; Convención Americana de Derechos Humanos: preámbulo y artículos 1, 2, 11 y 23 nro. 2; Ley 1437 de 2011: artículos 103, 137 y 138; Ley 734 de 2002: artículos 4, 5,Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 y 48; principios de separación de poderes, de justicia, de equidad, de proporcionalidad, de racionalidad y de razonabilidad.

Que los actos demandados se encuentran falsamente motivados, porque en ambos se afirma que en el procedimiento de licitación pública 001 de 2012 se desconoció el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, pues se limitó la participación de oferentes al otorgar 300 puntos al proponente que ofreciera tener domicilio o sucursal en Riohacha; cosa que no es cierta y, en consecuencia, no corresponde a la realidad que no se hubiese permitido a la gobernación obtener un ofrecimiento más favorable, porque el proceso no culminó con una declaratoria de desierta.

Que se le reprochó haber permitido que se consagrara un factor habilitante como un criterio de evaluación, pues la autoridad disciplinaria concluyó que la capacidad jurídica, por ser la habilitación legal para operar en el municipio, no se podía puntuar,

Que se le reprochó haber permitido que se consagrara un factor habilitante como un criterio de evaluación, pues la autoridad disciplinaria concluyó que la capacidad jurídica, por ser la habilitación legal para operar en el municipio, no se podía puntuar, afirmación que carece de sustento probatorio, porque no se acreditó que hubiese sido él quien así lo plasmara en el pliego de condiciones.

Que se incurrió en un falso raciocinio, pues se puso en su cabeza una función que no le correspondía y que de existir deberes funcionales desconocidos eran de otros servidores, asunto que no le interesó dilucidar a la autoridad disciplinaria, quien simplemente imputó responsabilidad objetiva.

Que su conducta no era disciplinable, porque lo que se buscó garantizar con la inclusión del criterio de evaluación fue garantizar la seguridad del territorio.

Que en la expedición de las decisiones sancionatorias se desconoció el artículo 232 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de septiembre de 2011 (Caso López Mendoza vs Venezuela), pues estos instrumentos son claros respecto de que la limitación de los derechos políticos solo puede provenir de una condena impuesta por un juez competente en el marco de un proceso penal y no de un funcionario que expide actos administrativos.

Que, por ello, las autoridades administrativas carecen de competencia para restringir o cercenar derechos fundamentales, suplantando a los jueces y que, en su caso, fue un órgano de naturaleza política, mediante un acto administrativo, quien le impuso una sanción.Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022)

su caso, fue un órgano de naturaleza política, mediante un acto administrativo, quien le impuso una sanción.Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió el 18 de noviembre de 2016 y se notificó a la entidad demandada, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que en la expedición de las decisiones disciplinarias no existió violación alguna del derecho al debido proceso, pues se observaron las reglas de legitimación, representación, notificaciones, competencias, recursos e instancias , luego de lo cual se encontró probado el tercer cargo formulado y, en consecuencia, se impuso la sanción correspondiente.

Que los actos cuestionados se expidieron con base en el material probatorio aportado oportunamente al proceso, lo que permitió llegar a la certeza en relación con la existencia de la falta y la responsabilidad del accionante y en su motivación se evidencian argumentos jurídicos, apoyados en los elementos fácticos que surgieron del expediente.

Que no es cierto que desconocieran los instrumentos convencionales, ni que la autoridad no tuviera competencia para adelantar la actuación sancionatoria, porque la actuación disciplinaria se adelantó con base en las facultades constitucionales y legales de la Procuraduría General de la Nación.

Que la Corte Constitucional, en la Sentencia C -028 de 2006 resolvió bajo la óptica del bloque de constitucionalidad la manera como se interpreta la facultad

legales de la Procuraduría General de la Nación.

Que la Corte Constitucional, en la Sentencia C -028 de 2006 resolvió bajo la óptica del bloque de constitucionalidad la manera como se interpreta la facultad disciplinaria y la imposición de sanciones que impliquen destitución e inhabilidad , concluyendo que las medidas disciplinarias consagradas en la Constitución no se oponen al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, pues dicho instrumento, en el artículo 30, permite que las leyes nacionales prescriban restricciones al ejercicio de los derechos y libertades, atendiendo a razones de interés general.

Se celebró audiencia inicial el 19 de junio de 2018, en la cual se fijó el litigio, desistiendo el demandante del cargo de nulidad por falsa motivación; se agotó el periodo probatorio y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), negó las pretensiones indicando que, con base en la interpretación predominante que hace sobre la materia la Corte Constitucional,Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 los actos administrativos demandados no desconocieron el artículo 23.2 de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 los actos administrativos demandados no desconocieron el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto la Procuraduría General de la Nación es competente para imponer sanciones disciplinarias que comporten restricciones a los derechos políticos de servidores públicos de elección popular.

Que en sentencias como la C-028 de 2006, T-887 de 2005, SU-712 de 2003, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-086 de 2019 proferidas por la Corte Constitucional, y en distintos pronunciamientos del Consejo de Estado se ha realizado una interpretación del artículo 23.3 (sic) de la CADH, encontrándolo compatible con la competencia para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular que, en el ordenamiento colombiano, corresponde a la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente, condenó en costas al demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante interpuso recurso de apelación expresando que si bien la sentencia dio cumplimiento al ordenamiento interno en relación con la competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias que comporten restricciones a los derechos políticos de servidores públicos de elección popular, incumplió la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por consiguiente, omitió el deber de realizar control difuso de convencionalidad y desconoció los principios pacta sunt servanda y pro homine.

popular, incumplió la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por consiguiente, omitió el deber de realizar control difuso de convencionalidad y desconoció los principios pacta sunt servanda y pro homine.

Que el Consejo de Estado, en sentencia del 15 de noviembre de 2017 aplicó el control de convencionalidad parcial, indicando que la Procuraduría General de la Nación podía inhabilitar a funcionarios de elección popular por casos de corrupción, únicamente definidos en la Convención de Caracas del 29 de marzo de 1996, decisión que fue desconocida en la sentencia; y que la Corte Constitucional también ha aplicado el control de convencionalidad, aunque respecto de un derecho distinto (la doble instancia o doble conformidad).

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de marzo de 20222 fue admitido el recurso de apelación y el 3 de junio del

2 Véase índice 00004 de SAMAI.Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 mismo año3 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

El demandante 4 reiteró que la sentencia apelada desconoce el principio pro homine, los protocolos de asimilación e incorporación de las decisiones del sistema interamericano y la doctrina conforme a la cual no es admisible que, con actos producidos por una autoridad administrativa se limiten derechos fundamentales.

Que en el caso en discusión fue destituido e inhabilitado un funcionario elegido

interamericano y la doctrina conforme a la cual no es admisible que, con actos producidos por una autoridad administrativa se limiten derechos fundamentales.

Que en el caso en discusión fue destituido e inhabilitado un funcionario elegido popularmente, que dicha decisión no se tomó en una sentencia judicial, no se respetó la garantía de la doble instancia ni la voluntad popular, pues esta última fue cercenada por una autoridad de naturaleza política.

La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El 23 de mayo 2024 se profirió sentencia de segunda instancia 5, revocando la providencia del Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, accediendo a las pretensiones, al considerar que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para sancionar disciplinariamente al demandante.

En contra de esta decisión, la demandada interpuso una acción de tutela, en la que se ordenó que se «(…) profieran las sentencias reemplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido»6. Esto, luego de considerar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta Corporación, al declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante los cuales impuso sanciones de destitución e inhabil idad a funcionarios elegios por voto popular , se apartaron indebidamente de la tesis consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional, que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.

apartaron indebidamente de la tesis consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional, que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.

3 Véase índice 00011 de SAMAI. 4 Véase índice 00016 de SAMAI. 5 Véase índice 00028 de SAMAI. 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata.Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos los actos demandados, como se indica en los considerandos de la sentencia de tutela7; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de jurisdiccionalidad ; iii) porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció a parámetros constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 y atendiendo a la jurisprudencia

constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 y atendiendo a la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la importancia de proteger el principio democrático, pues resulta claro que la imposición de sanciones como la cuestionada a servidores público s elegidos popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del ejercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar sus intereses.

No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, se analizará la competencia de la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se configura la nulidad de los actos demandados.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia de tutela del 24 de febrero de 20258:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de

Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de

7 «56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia , la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala). 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de

2024. Radicado 11001031500020240302101. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de

www.consejodeestado.gov.co 8 la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH9.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución

a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la CADH, (se trascribe):

“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.”

59. Esta tesis fue reiterada por la Corte, en Sentencia SU -712 de 2013, en la que estudió, vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. En

esa oportunidad, señaló (se trascribe):

vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. En esa oportunidad, señaló (se trascribe):

9 26 “Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.”Radicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

“(…) a partir de una interpretación armónica de las normas constitucionales con los instrumentos que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, la Corte concluyó que las competencias disciplinarias y sancionatorias del Procurador Genera l de la Nación no desconocen el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…)

concluyó que las competencias disciplinarias y sancionatorias del Procurador Genera l de la Nación no desconocen el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) En efecto, según fue explicado anteriormente, el análisis de la normativa constitucional en sus diferentes perspectivas (potestad disciplinaria y prerrogativas parlamentarias), de los preceptos legales que regulan la materia, así como de los precedentes decantados por esta Corporación, demuestra que el Procurador General de la Nación sí es competente para investigar disciplinariamente a los congresistas e imponer las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la falta imputada y los demás elementos propios de la responsabilidad en asuntos de esta índole.

Asimismo, conviene tener presente que las decisiones emanadas del Ministerio Público en ejercicio del poder disciplinario estarán siempre bajo la lupa de una autoridad judicial, en tanto son actos administrativos susceptibles de ser sometidos a control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

60. Luego, en Sentencia C-086 de 2019, la Corte ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para adelantar esta clase de juicios disciplinarios, concretamente, la suspensión provisional de servidores públicos electos popularmente (artículo 157 de la Ley

734 de 2002) y sostuvo (se trascribe):

“Debe destacarse que la competencia para investigar y sancionar, en el contexto del proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un organismo de control: forma parte del ministerio público, que no se encuentra dentro de ninguna rama del poder

proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un organismo de control: forma parte del ministerio público, que no se encuentra dentro de ninguna rama del poder público y, por tanto, no está sometida en modo alguno a interferencias políticas. En tanto órgano autónomo responsable de adelantar el proceso disciplinario, la Procuraduría General de la Nación es independiente de los demás órganos del Estado, de manera semejante a como lo son los jueces, como lo ha destacado este tribunal, al momento de interpretar de manera sistemática y armónica con la Constitución el artículo 23 de la CADH. Adem ás, sus actos son susceptibles de control judicial, por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4.9.4. Por tanto, dado que la competencia para suspender provisionalmente a un servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia del operador disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos, conforme al antedicho precedente, debe concluirse que la norma demandada es compatible con las normas previstas en el artículo 23 de la CADH y en el artículo 40 de la Constitución.”

61. Mediante Sentencia C -111 de 2019, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, concretamente, la expresión “elección”, cuando se hace referencia a la terminación de la relación del servidor público sin importar la naturaleza de esta, como consecuencia de la destitución e inhabilidad como sanción disciplinaria. Al

respecto, indicó (se trascribe):

“25. Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce el artículo

esta, como consecuencia de la destitución e inhabilidad como sanción disciplinaria. Al respecto, indicó (se trascribe):

“25. Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la CADH por las siguientes tres razones: (i) el artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera coherente y sistemática con (a) la Constitución, (b) toda la Convención y (c) otros tratados internacionales ; (ii) laRadicado: 44001-23-40-000-2016-00156-01 (1383-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso; (iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de prot eger los derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos popularmente porque (a) es una autoridad independiente e imparcial, (b) su proceso de imposición de sanciones asegura las garantías judiciales establecidas en la CADH y (c) sus actos son judicialmente controlables de una manera efectiva. Por lo tanto (iv) no se justifica que la Corte Constitucional cambie su precedente. (…)

27. La restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso. Como lo ha señalado esta Corte, la CADH no prohíbe a los Estados que sus

27. La restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso. Como lo ha señalado esta Corte, la CADH no prohíbe a los Estados que sus ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular siempre que dicha autoridad sea (i) autónoma e independiente y (ii) asegure las garantías judi ciales establecidas en su artículo 8.

28. Por lo tanto, esta Corte no comparte el argumento planteado por los demandantes según