CE - Sentencia 54001233300020160022401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 54-001-23-33-000-2016-00224-01(5122-2022) Demandante : José Eriberto Muñoz Ruíz Demandada : Procuraduría General de la Nación Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Disciplinario - Irregularidades en el procedimiento disciplinario - análisis de convencionalidadcumplimiento sentencia de tutela del 24 de febrero de 2025.

Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Subsección B de la Sección Tercera, con ponencia del Dr. Alberto Montaña Plata , el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado), 11001 -03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00 y en el que se indicó lo siguiente:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con el radicado No. 11001 -03-15-000-2024-04285-00, espec íficamente, frente a las Sentencias de 12 de diciembre de 2023, proferidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2015-01017-01, 13001-23-33-0002015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, por no cumplir con el req uisito de inmediatez.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las Sentencias de (1) 3 de mayo de 2024, Rad. 85001 -23-33-000-2013-0024902; (2) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2015-03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-0002014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00478-01; (5) 26

de junio de 2024, Rad. 08001-2333-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-201900042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad. 08001 -23-33-0002020-00388-01; (8) 3 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00221-01; (9) 24 de mayo de 2024, Rad. 54001 -23-33-000-2016-00224-01; (10) 18 de julio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001 -23-33000-2014-00294-01; (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-201400563-01; (13) 6 de junio de 2024, Rad. 11001 -03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23-Número Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

3-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-0060401; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001 -23-33000-2015-00905-01; (18) 5 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-201600173-00; (19) 3 de mayo de 2024, Rad. 0500123-33-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024, Rad. 25000 -23-42-000-201705284-03; (21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001 -23-33-000-2019-00613-01; (22) 8 de febrero de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febrero de 2024, Rad. 2000123-33-003-2017-00007-01; (24) 15 de febrero de 2024, Rad. 11001 -0325-0002010-00052-00; (25) 4 de abril de 2024, Rad. 70001 -23-33-000-2014-0005801; (26) 11 de abril de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2019-00359-00; (27) 18 de abril de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2015-00285-01; (28) 23 de mayo de 2024, Rad. 4400123-40-000-2016-00156-01; (29) 9 de mayo de 2024, 73001 - 23-33-000-2019-0034401; (30) 9 de mayo de 2024, Rad. 73001 -23-33-0002019-00289-01; (31) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2013-0135101; (32) 25 de julio de 2024, Rad. 5200123-33-000-2018-00394-01; (33) 18 de julio de 2024, Rad. 15001 -23-33-000-201900530-01; (34) 1 de agosto de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00639-01; (35) 25 de julio de 2024, Rad. 41001 -2333-000-2017-00175-01; (36) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-0002018-00099-01; (37) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001-23-33000-2018-0013601; (38) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001 -23-33-000-2018-9001701; (39) 2 de octubre de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00192-01; (40) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001 -23-33-000-2019-00356-01; (41) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00252-01; (42) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001 - 23-33-0002019-00301-01; y (43) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001 -23-33-0002019-00229-01, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días contados a partir de la notificación de esta providencia, profieran las sentencias de remplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido.

Por consiguiente, la Sala procede a estudiar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que acced ió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor José Eriberto Muñoz Ruíz en contra de la Nación - Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El señor José Eriberto Muñoz Ruíz , actuando en su propio nombre , acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

Declarar la nulidad (i) del fallo disciplinario del 8 de septiembre de 2015, por medio del cual la Procuraduría Regional de Norte de Santander lo sancionó en calidad de

1.1. Pretensiones.

Declarar la nulidad (i) del fallo disciplinario del 8 de septiembre de 2015, por medio del cual la Procuraduría Regional de Norte de Santander lo sancionó en calidad de alcalde municipal de Puerto Santander con destitución e inhabilidad general de 10 años; (ii) del fallo disciplinario de segunda instancia, emitido el 28 de octubre deNúmero Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

2015 por el procurador regional de Norte de Santander, en el que se confirmó dicha sanción; y (iii) la Resolución 705 del 2 de diciembre de 2015, a través de la cual se ejecutó la sanción.

A título de restablecimiento del derecho , solicitó: (i) El pago de los perjuicios causados por daño material desde el 2 diciembre hasta el 31 de diciembre de 2015; (ii) lucro cesante por lo dejado de percibir desde el 1° de enero de 2016 y hasta que se ordene la nulidad del acto; (ii) daños materiales indirectos: a. contratar un abogado para denunciar penalmente al funcionario de la Procuraduría General de la Nación, que ocultó el fallo [decisión del 10 de septiembre de 2014], equivalentes a $ 100.000.000,00 m/cte. b. contratar abogado para su defensa, nuevamente disciplinariamente y demandar la nulidad y restablecimiento del derecho, revocatoria directa e interposición de acciones de tutela con tra la Procuraduría

disciplinariamente y demandar la nulidad y restablecimiento del derecho, revocatoria directa e interposición de acciones de tutela con tra la Procuraduría General de la Nación , equivalentes a $ 100.000.000,00 m/cte. y (iii) perjuicios morales: por 100 SMLMV.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Manifiesta el actor que, fue elegido alcalde popular de Puerto Santander (Norte de Santander) para el periodo constitucional 2012-2015.

Precisa que, el día 8 de agosto de 2014 , mediante fallo del 10 de septiembre de 2014, la Procuraduría Provincial de Cúcuta, lo destituyó e inhabilitó por el término de 10 años, al establecer que el disciplinado decretó una urgencia manifiesta para la compra de unas motocicletas que entregó en comodato a la Policía Nacional sin el cumplimiento de los requisitos legales. Providencia que fue objeto de recurso de apelación, conociendo de la actuación la procuradora regional de Norte de Santander, que en decisión de segunda instancia de fecha 10 de septiembre de 2014, modificó el fallo de primera instancia y varió la sanción de destitución a suspensión porque estimaba que el accionante en su condición de alcalde si estaba facultado para decretar la urgencia manifiesta pero no envío el acto administrativo respectivo a la contraloría. Resaltando que, en su condición de alcalde estaba facultado para decretar la urgencia manifiesta, pero lo suspenden por no enviar a la Contraloría General del Departamento copia del decreto de urgencia manifiesta de

respectivo a la contraloría. Resaltando que, en su condición de alcalde estaba facultado para decretar la urgencia manifiesta, pero lo suspenden por no enviar a la Contraloría General del Departamento copia del decreto de urgencia manifiesta de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.Número Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Señala que, el secretario general de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, reingresó el proceso al despacho por cambio de procurador a partir del día 11 de septiembre de 2014, quien remitió comunicación al director del Ministerio Público, en el sentido de poner en conocimiento que no comparte las razones y fundamentos jurídicos de la decisión que previamente había adoptado la procuradora saliente [la cual no se había notificado] y, a su vez, realiza una consulta si puede cambiar el fallo suscrito por su antecesora.

Asegura que, e l 10 de diciembre de 2014 , la procuraduría regional de Norte de Santander declaró la nulidad de todo lo actuado , asumiendo competencia nuevamente la procuraduría provincial de Cúcuta , que, mediante fallo del 8 de septiembre de 2015, lo destituye e inhabilita por el término de 10 años . Decisión confirmada integralmente en segunda instancia por el procurador regional de Norte de Santander mediante decisión del 28 de octubre de 2015.

Destaca que, mediante Resolución 705 del 2 de diciembre de 2015, el gobernador de Norte de Santander hizo efectiva la ejecución de la sanción que lo destituy ó e

de Santander mediante decisión del 28 de octubre de 2015.

Destaca que, mediante Resolución 705 del 2 de diciembre de 2015, el gobernador de Norte de Santander hizo efectiva la ejecución de la sanción que lo destituy ó e inhabilitó por el término de 10 años.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política : artículo 29; Ley 734 de 2002 : artículos 6, 11, 119 y 206 ; Resolución 089 del 25 de marzo de 2004: artículo 26.

Como concepto de violación, el actor señaló que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

La decisión de la Procuraduría Regional de Norte de Santander vulner ó el debido proceso, por cuanto desconoc ió normas legales y reglamentarias que son obligatorias para la Procuraduría General de la Nación.

Señala que, en la actuación disciplinaria está probado que, el 10 de septiembre de 2014, la procuradora regional de Norte de Santander, emitió fallo modificando la decisión de primera instancia y, en su lugar, impuso sanción de suspensión por el término de 45 días , pero esta decisión fue desconocida por el nuevo procurador regional de Norte de Santander , quien se posesionó con efectos fiscales desde el 11 de ese mismo mes y año . Destaca que el nuevo procurador no compartía lasNúmero Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

razones y fundamentos jurídicos de la decisión adoptada por su antecesor a,

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

razones y fundamentos jurídicos de la decisión adoptada por su antecesor a, pasando por alto lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 734 de 2002 y la sentencia C-1076 de 2002, que declar ó exequible el inciso 2º de la citada disposición , que determina que las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las que no proceda recurso alguno, quedaran en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente.

En virtud de la disposición legal y la jurisprudencia, la providencia firmada el 10 de septiembre de 201 4, debió quedar ejecutoriada con la suscripción por parte del funcionario competente, pero los efectos jurídicos se entienden surtidos con la notificación del fallo y las actuaciones posteriores efectuadas por el nuevo procurador regional de Norte de Santander fueron violatorias al debido proceso.

2. Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda1, con los siguientes argumentos:

Esa entidad actuó de conformidad con la Constitución y la ley al adelantar el trámite disciplinario en contra del demandante , a quien se le garantizaron, en todas las etapas del proceso, los legítimos derechos de defensa y contradicción respecto de las decisiones adoptadas al interior del trámite sancionatorio.

Hizo un recuento de las actuaciones adelantadas por la entidad en el proceso disciplinario que se surtió en contra del demandado , en su condición de alcalde

las decisiones adoptadas al interior del trámite sancionatorio.

Hizo un recuento de las actuaciones adelantadas por la entidad en el proceso disciplinario que se surtió en contra del demandado , en su condición de alcalde municipal de Puerto Santander, Norte de Santander, la cual inici ó por el informe presentado por la Contraloría Departamental, quien puso de presente algunas irregularidades respecto a la declaratoria de la urgencia manifiesta realizada mediante Decreto 016 del 25 de febrero de 2013, correspondiente a un contrato de compraventa de motocicletas con destino a reforzar la labor de la Policía Nacional.

Mediante providencia del 08 de agosto de 2014, la Procuraduría Provincial de Cúcuta, impuso al investigado, sanción disciplinaria consistente en destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer cargos y desempeñar funciones públicas por 10 años, decisión que fue apelada y, luego, por auto del 10 de diciembre de

1 Folios 1 a 26 del archivo 8 del expediente digital.Número Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

2014, la Procuraduría Regional de Norte de Santander, declaró la nulidad de las diligencias desde el auto de cargos formulado al procesado.

Posteriormente, por medio del fallo del 8 de septiembre de 2015, la Procuraduría Provincial de Cúcuta, sancionó al demandante con destitución e inhabilidad d e 10 años, decisión que fue confirmada el 28 de octubre de 2015.

Provincial de Cúcuta, sancionó al demandante con destitución e inhabilidad d e 10 años, decisión que fue confirmada el 28 de octubre de 2015.

Concluyó que, el actor estructura su defensa en un acto administrativo que de acuerdo con las pruebas recaudadas y a los lineamientos establecidos en la Ley 734 de 2002, no nació a la vida jurídica, el presunto documento no surtió efectos jurídicos. Sumado al hecho de no haber probado que la referida decisión le hubiera sido notificada antes d e la declaratoria de nulidad, por lo que solicit ó negar las pretensiones de la demanda.

3. La sentencia de primera instancia2.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander , mediante sentencia proferida el 16 de junio de 20 22, accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual: (i) declaró la nulidad de los fallos disciplinarios acusados; (ii) ordenó a la Procuraduría General de la Nación eliminar los antecedentes disciplinarios ; (iii) negó las demás súplicas de la demanda ; (iv) compuls ó copias para que investiguen la posible comisión de delito o actuación inmersa en la sanción disciplinaria ; y (v) se abstuvo de condenar en costas.

La autoridad judicial, expuso que conforme a los hechos probados, respecto a las actuaciones realizadas por la entidad demandada dentro del expediente disciplinario IUS 2013 -426523 se tornan violatorias al derecho fundamental al debido proceso del disciplinado, toda vez, que la Procuraduría Regional de Norte de Santander había suscrito el fallo de segunda instancia de fecha 10 de septiembre

disciplinario IUS 2013 -426523 se tornan violatorias al derecho fundamental al debido proceso del disciplinado, toda vez, que la Procuraduría Regional de Norte de Santander había suscrito el fallo de segunda instancia de fecha 10 de septiembre de 2014 , mediante el cual dispuso modificar la decisión apelada cambiando la sanción de destitución a suspensión del cargo por el término de 45 días , pasando el expediente a la Secretaría para el trámite correspondiente de la notificación, pero el procurador entrante, quien se posesionó con efectos fiscales a partir del día siguiente de la emisión del fallo , dispuso declarar la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto que formuló cargos, por lo cual, se rehízo la actuación y devino en la expedición de nuevos fallos de primera y segunda instancia.

2 Archivo 25 del expediente digital.Número Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Consideró que, al ostentar la calidad de procuradora regional de Norte de Santander para el 10 de septiembre de 2014, estaba facultada para darle existencia de la manifestación de voluntad a través de la firma del fallo que posteriormente fue desconocido por su sucesor y diferente es que el mismo no haya producido efectos jurídicos al no haber sido notificado, para lo cual explicó que una cosa es la existencia del acto administrativo y otra es la eficacia del mismo presupuesto necesario para predicar la inoponibilidad frente a terceros.

4. El recurso de apelación3.

La parte demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que la decisión

necesario para predicar la inoponibilidad frente a terceros.

4. El recurso de apelación3.

La parte demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que la decisión de segunda instancia proferida por la Procuraduría Regional de Norte de Santander, antes que fuera notificado este fallo , en nada se oponía para que se rehiciera la actuación, pues se había declarado la nulidad de lo actuado, mediante proveído del 10 de diciembre de 2014, por lo que conforme al nuevo análisis se emitieron los fallos disciplinarios del 28 de octubre de 2015 y 2 de diciembre de 2015 . Procedimiento que se realizó con pruebas obrantes dentro de l expediente que respaldaban la decisión, deteniéndose en los cargos endilgados, descargos y alegatos, se efectuó un estudio pormenorizado sobre la modalidad de culpabilidad atribuida al disciplinado y se le garantizó el debido proceso.

Por otra parte, en cuanto a la orden de expedición de compulsas de la actuación para que se investigue n disciplinariamente los hechos que dieron origen al medio de control, manifestó que la investigación se está adelantando por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, bajo los radicados 1US:2015-149709, IUC: D2015-812-778649, Disciplinados: Juan Carlos Bautista Gutiérrez y Jorge Avendaño Guerrero, en su condición de procurador regional y secretario de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, respectivamente.

Finalmente, solicitó revocar el fallo de primera instancia y , en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

5. Alegatos de conclusión4.

Regional de Norte de Santander, respectivamente.

Finalmente, solicitó revocar el fallo de primera instancia y , en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

5. Alegatos de conclusión4.

3 Folios 421 a 443 del expediente. 4 Índice 004 expediente Samai.Número Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Mediante auto del 3 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandada5, y se advierte a las partes que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, desde la notificación del auto que concede el recurso de apelación y hasta la ejecutoria de este proveído, podrán formular alegatos de conclusión , oportunidad procesal aprovechada por la Procuraduría General de la Nación6.

5.1. Procuraduría General de la Nación

Precisa que, el proceso disciplinario adelantado en contra del actor , se encuentra ajustado a las disposiciones constitucionales y legales que facultan a la entidad para sancionar al investigado por la conducta señalada en el pliego de cargos, el cual reunió los requisitos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, en el trámite que preservó los principios aplicables al proceso disciplinario, razón por la cual, manifiesta la inconformidad con el fallo de primera instancia fundamentada en la presunta validez y eficacia jurídica de un documento que no fue exteriorizado mediante la notificación formal y que no surtió efecto jurídico por haberse proferido

manifiesta la inconformidad con el fallo de primera instancia fundamentada en la presunta validez y eficacia jurídica de un documento que no fue exteriorizado mediante la notificación formal y que no surtió efecto jurídico por haberse proferido la nulidad procesal para sanear los yerros del proceso con el fin de garantizar el debido proceso, motivo por el cual solicita revocar la decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES Cuestión previa.

Antes de estudiar el fondo del asunto , estima la Sala que es del caso precisar las razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.

Debe decirse que mediante sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), esta Subsección confirmó «la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el señor José Eriberto Muñoz Ruíz.».

Sin embargo, esta providencia fue dejada sin efecto el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15000-2024-04153-00 (acumulad o), 11001 -03-15-000-2024-03980-00, 11001 -03-15000-2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00.

5 Folios 260 a 267 del expediente físico. 6 Índice 009 expediente Samai.Número Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

5 Folios 260 a 267 del expediente físico. 6 Índice 009 expediente Samai.Número Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

El fundamento para adoptar la decisión por parte de la Subsección B de la Sección

Tercera fue:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subseccion es A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH26.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para los c asos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados

para los c asos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la CADH, (se trascribe)

…

62. Finalmente, b la Sentencia C -030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la aludida potestad fue otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional

(artículos 118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser interpretada de forma sistemática y armónica con la CADH y, en consecuencia, debía respetar el principio de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la intervención del juez de lo contencioso administrativo.

respetar el principio de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la intervención del juez de lo contencioso administrativo.

63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de la Corte Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular, respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartaron indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional que el tema tenía a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas.

…».

En ese contexto, la Subsección debe acatar la orden dada en el amparo judicial mencionado.

Sin embargo, debe expresarse que las razones expresadas en el fallo no son de recibo porque se traducen en un incumplimiento de las obligaciones del CADH, lo cual puede acarrearle responsabilidad internacional al Estado Colombiano.Número Interno: 5122-2022

Demandante: José Eriberto Muñoz Ruíz

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Con relación al artículo 23 de la Convención Americana que consagra los derechos políticos7, los Estados Parte se comprometen a garantizar y proteger conforme a los demás términos de la Convención, la jurisprudencia de la CIDH ha precisado, entre muchos otros aspectos, que, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”; que ello implica la obligación de garantizar con medidas

demás términos de la Convención, la jurisprudencia de la CIDH ha precisado, entre muchos otros aspectos, que, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”; que ello implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejerce rlos, por cuanto estos derechos y su ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político; que el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación8.

No obstante lo anterior, la Corte IDH reconoce que los derechos políticos no son absolutos, que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones, pero la facultad de regular o restringirlos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana.

Al respecto, la Corte IDH ha dicho que el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a los derechos reconocidos en el párrafo 1 de dicho artículo, “exclusivamente” en razón de la “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal” 9. También que, como lo establece el artículo 2910 de la Convención, ninguna norma de la Convención puede

7 Artículo 23 Derechos Políticos 1.Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

establece el artículo 2910 de la Convención, ninguna norma de la Convención puede

7 Artículo 23 Derechos Políticos 1.Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley debe reglame