CE - Sentencia 68001233300020210039301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 68001-23-33-000-2021-00393-01 (4676-2024)[[1]](#footnote-2) | | Demandante | : | Leyny Yadira Buenahora Remolina | | Demandado | : | Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y Municipio de Floridablanca-Santander. | | Llamado en garantía | : | Fundación Universitaria del Área Andina - FUAA | | Medio de control | : | Nulidad y restablecimiento del derecho | | Tema | : | Valoración Antecedentes – Concurso de Méritos-Comisaria de familia. | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

La Sala de Subsección decide los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes -demandante, demandadas y terceros interesadoscontra la sentencia de fecha 28 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander[[2]](#footnote-3), que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1. La demanda[[3]](#footnote-4)

• 1. Pretensiones

La señora Leyny Yadira Buenahora Remolina, actuando por conducto de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resultados de la prueba de valoración de antecedentes dentro del Proceso de Selección No. 461 de 2017 – Santander, publicados en la plataforma SIMO el 12 de diciembre de 2019, por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC–. - Resolución No. 5160 – 20202320051605 del 3 de abril de 2020, mediante la cual la CNSC conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer tres (3) vacantes del cargo de comisario de familia, código 202, grado 7, en la alcaldía de Floridablanca. - Oficio RVA-AO01-1 del 2 de junio de 2020, expedido por la Fundación Universitaria del Área Andina y la CNSC, publicado el 3 de junio del mismo año en la plataforma SIMO. - Resolución No. 6531 – 20202320065315 del 5 de junio de 2020, expedida por la CNSC, mediante la cual se modificó la lista de elegibles anteriormente mencionada, con ocasión del cumplimiento de una orden judicial proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Civil Familia. - Resolución No. 1190 del 29 de mayo de 2020, mediante la cual el alcalde de Floridablanca efectuó el nombramiento del señor José William Torra García como comisario de familia, código 202, grado 07, y declaró insubsistente un nombramiento provisional. - Resolución No. 1191 del 29 de mayo de 2020, mediante la cual el mismo alcalde realizó el nombramiento de la señora Esmeralda Velandia Barajas en el cargo de comisario de familia, código 202, grado 07, dando por terminado un encargo.

• Resolución No. 1192 del 29 de mayo de 2020, mediante la cual se nombró al señor Luis Ricardo Ramírez Prada en el cargo de comisario de familia, código 202, grado 07, y se declaró insubsistente un nombramiento provisional. - Resolución No. 1463 del 26 de junio de 2020, proferida por el alcalde de Floridablanca, mediante la cual se integró la Resolución 6531 de 2020 de la CNSC a las resoluciones de nombramiento 1190, 1191 y 1192 del 29 de mayo del mismo año.

A título de restablecimiento del derecho, se solicitó:

Que se declare que el puntaje obtenido por la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina en la prueba de valoración de antecedentes dentro del Proceso de Selección No. 461 de 2017 – Santander es de veinte (20) puntos por experiencia profesional relacionada, veinte (20) puntos por experiencia profesional, y seis (6) puntos por educación para el trabajo y desarrollo humano, para un total de ochenta y ocho punto dos (88.2), de conformidad con el Acuerdo No. CNSC-20181000005296 del 19 de septiembre de 2018.

Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene la inclusión de la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina en la lista de elegibles conformada para proveer las tres (3) vacantes del empleo de comisario de familia, código 202, grado 7, identificado con el Código OPEC No. 8858, perteneciente a la planta de personal del municipio de Floridablanca – Santander, y se disponga su nombramiento.

Que se condene a las entidades demandadas al pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales dejados de percibir por la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina desde el 10 de julio de 2020 hasta la fecha en que sea efectivamente nombrada en el cargo para el cual participó y resultó con derecho preferente.

Que se ordene a las entidades demandadas dar cumplimiento a la sentencia, en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA, y que se imponga condena en costas, agencias en derecho y gastos del proceso.

• 1. Hechos

Que se ordene a las entidades demandadas dar cumplimiento a la sentencia, en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA, y que se imponga condena en costas, agencias en derecho y gastos del proceso.

• 1. Hechos

Señaló la parte actora que, la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– y la Fundación Universitaria del Área Andina –FUAA– suscribieron el contrato núm. 130 de 2019 para la ejecución del concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo núm. 20161000005296 del 19 de septiembre de 2018, identificado como proceso de selección núm. 461 de 2017 – Santander, con el propósito de proveer sesenta y cinco empleos de la planta de personal del municipio de Floridablanca.

Indicó que, la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina se inscribió en dicho proceso de selección y optó por una de las tres vacantes definitivas ofertadas para el empleo denominado comisario de familia, código 202, grado 7, identificado con el código OPEC núm. 8858, el cual exigía como requisitos mínimos el título profesional de abogado, una especialización en áreas afines, tarjeta profesional y una experiencia profesional relacionada de dieciocho meses.

Relató que, para acreditar los requisitos exigidos, la señora Buenahora Remolina cargó el 28 de agosto de 2018 en la plataforma SIMO los documentos respectivos, entre ellos, una certificación expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, entidad en la que laboró en provisionalidad como defensora de familia desde el 17 de febrero de 2009 hasta el 1 de octubre de 2018, fecha en que fue nombrada en periodo de prueba, conforme a la Resolución núm. 12298 del 1.º de octubre de 2018. Precisó que dicha certificación señalaba que desempeñó el cargo "hasta la fecha", sin especificar día, mes y año exacto de finalización.

Manifestó que, durante la ejecución del proceso de selección, la CNSC publicó en su página web la Guía de Orientación al Aspirante – Prueba de Valoración de Antecedentes, en virtud de la cual, y tras verificar el cumplimiento de los requisitos, la señora Buenahora fue convocada para presentar las respectivas pruebas.

En el desarrollo de la convocatoria, obtuvo una calificación de cincuenta y cinco puntos en la prueba de valoración de antecedentes, equivalentes a cinco puntos globales, por lo cual, presentó reclamación, aduciendo que no se había valorado la experiencia profesional relacionada ni la educación para el trabajo y desarrollo humano, reclamación que fue resuelta por la FUAA mediante actuación administrativa iniciada por auto núm. 039 de 2019 y culminada con el auto núm. 039 de 2020, por medio del cual fue excluida del concurso por no acreditar el requisito de experiencia, decisión que fue recurrida oportunamente.

Indicó que la CNSC resolvió el recurso de reposición mediante Resolución núm. 039 del 28 de febrero de 2020, confirmando su exclusión del concurso, decisión que se reflejó en la publicación de la lista de elegibles el 20 de marzo de 2020, conformada finalmente a través de la Resolución núm. 5160-20202320051605 del 3 de abril del mismo año, para cubrir las tres vacantes del empleo mencionado.

Puntualizó que, en ejercicio de sus derechos, la señora Buenahora Remolina promovió acción de tutela contra la CNSC y la FUAA, obteniendo fallo favorable el 15 de mayo de 2020, decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil – Familia, que revocó la sentencia de primera instancia y amparó sus derechos fundamentales, dejando sin efecto el auto núm. 039 de 2020 y la Resolución núm. 039 de 2020, y ordenando rehacer la actuación administrativa para verificar el cumplimiento de requisitos por su parte.

Señaló que, el alcalde del municipio de Floridablanca, a través de las Resoluciones núm. 1190, 1191 y 1192 del 29 de mayo de 2020, procedió a nombrar a las personas ubicadas en los tres primeros puestos de la lista de elegibles. Acto seguido, la FUAA notificó a la demandante el auto núm. 002 del 4 de junio de 2020, en el cual se tuvo en cuenta únicamente su experiencia como defensora de familia, descartando la acreditada como juez promiscuo municipal de Coromoro y abogada litigante.

Indicó que, en la misma fecha, la FUAA notificó el Oficio RVA-AO01-1 del 2 de junio de 2020, en el cual se dio respuesta a la reclamación presentada por la actora, sin reconocer puntaje alguno por la experiencia relacionada desarrollada como defensora de familia en el ICBF.

Sostuvo que, con fundamento en lo anterior la CNSC expidió la Resolución núm. 6531 del 6 de junio de 2020, mediante la cual modificó la lista de elegibles núm. 20202320051605 del 3 de abril del mismo año, ubicando a la demandante en el puesto número doce. Inconforme con este resultado, la señora Buenahora formuló incidente de desacato solicitando el cumplimiento de la sentencia de tutela, el cual fue archivado.

Finalmente, expuso que el alcalde del municipio de Floridablanca expidió la Resolución núm. 1463 del 26 de junio de 2020, mediante la cual integró las Resoluciones núm. 1190, 1191 y 1192 del 29 de mayo de 2020 con la Resolución núm. 6531 de 2020.

### Normas violadas y concepto de violación

La apoderada de la parte actora estructuró su concepto de violación invocando normas de rango constitucional, legal, reglamentario y convencional, así como disposiciones contenidas en acuerdos proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC –, argumentando su violación en el marco del Proceso de Selección No. 461 de 2017 – Santander.

#### Fundamento constitucional

Se invocaron los artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política:

#### Fundamento constitucional

Se invocaron los artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política:

• Artículo 2: En cuanto impone a las autoridades el deber de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política. - Artículo 6: Respecto de la responsabilidad de los servidores públicos por infringir la Constitución o la ley y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. - Artículo 25: Que reconoce el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. - Artículo 29: En cuanto garantiza el debido proceso, incluyendo en sede administrativa.
• Artículo 125: Al establecer que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones legales, y que el ingreso se hará previa convocatoria pública según el sistema de méritos.

#### Fundamento legal y reglamentario

• Ley 909 de 2004, norma que regula el empleo público, la carrera administrativa y el sistema de administración de personal.
• Decreto 760 de 2005, reglamentario de la Ley 909, aplicable a los procesos de selección en la carrera administrativa.

#### Normativa convencional y administrativa especial

• Acuerdo No. 20161000005296 del 19 de septiembre de 2018, contentivo de las reglas específicas del proceso de selección. - Artículo 41 del Acuerdo No. CNSC-20181000005296, que regula aspectos de valoración de antecedentes dentro de los concursos públicos de méritos.

Concepto de violación

El apoderado de la parte actora sostuvo que las autoridades demandadas incurrieron en irregularidades sustanciales en la calificación de las pruebas de valoración de antecedentes, al asignar un puntaje inferior al que le correspondía a la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina. Fundamentó dicha afirmación en jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, relacionada con los principios de objetividad, legalidad y veracidad que rigen los concursos de méritos.

Adujo, en concreto, que:

• Las entidades accionadas valoraron de forma incorrecta la experiencia profesional y profesional relacionada de la demandante. - No se valoraron adecuadamente los antecedentes en educación para el trabajo y desarrollo humano, pese a que se allegaron los respectivos certificados. - El acuerdo que rige el proceso carece de una metodología clara para interpretar certificaciones sin fecha de retiro o que reflejan vínculo vigente, lo cual, en su criterio, conlleva a una omisión sustancial que debía resolverse en favor del aspirante, reconociendo los nueve (9) años, cinco (5) meses y catorce (14) días de experiencia certificada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conforme al acta de inicio de labores y fecha de expedición del documento.

Finalmente, concluyó que la indebida valoración de antecedentes derivó en una falsa motivación del acto administrativo demandado, toda vez que, de haberse asignado el puntaje correcto, la demandante habría alcanzado un lugar preferente en la lista de elegibles, accediendo a una de las vacantes ofertadas. Así mismo, responsabilizó a la Comisión Nacional del Servicio Civil por la falta de supervisión eficaz en la evaluación de méritos, vulnerando el marco normativo y constitucional que rige el acceso a los empleos públicos mediante concurso.

2. Contestaciones de la demanda

2.1 El municipio de Floridablanca[[4]](#footnote-5)

2. Contestaciones de la demanda

2.1 El municipio de Floridablanca[[4]](#footnote-5)

El Municipio de Floridablanca, por conducto de apoderado judicial, presentó escrito de contestación en el que se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Como principal argumento de defensa alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que los actos administrativos mediante los cuales se conformó la lista de elegibles no fueron proferidos por dicha entidad territorial, sino que esta se limitó a acatar el contenido de los mismos.

Acto seguido, sostuvo que el ente territorial dio estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que regulan los concursos de méritos, normas que, según precisó, fueron establecidas con claridad desde el inicio del proceso de selección en el cual participó la demandante. En tal sentido, afirmó que dichas reglas no pueden ser objeto de control judicial, por cuanto no se advierte la configuración de vicio alguno de nulidad en las decisiones adoptadas por las autoridades competentes para la provisión de los cargos a los que aspiró la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina.

Finalmente, destacó el carácter vinculante de la lista de elegibles, al tratarse de un acto administrativo de obligatorio cumplimiento para el municipio, razón por la cual enfatizó en la imposibilidad de cuestionar, a través de una acción de nulidad, los actos de trámite que integran dicho proceso.

2.2 La Comisión Nacional del Servicio Civil[[5]](#footnote-6)

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) compareció al proceso por conducto de apoderado judicial, quien se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, pronunciándose de manera expresa frente a los hechos expuestos por la parte actora.

En su defensa, sostuvo que la entidad, en ejercicio de las competencias que le son propias, adelantó el concurso abierto de méritos para la provisión definitiva de sesenta y cinco (65) vacantes en el municipio de Floridablanca, proceso que fue ejecutado mediante contrato con la Fundación Universitaria del Área Andina (FUAA), entidad que llevó a cabo todas las etapas del proceso hasta la conformación de la lista de elegibles.

Indicó que, la actora pretendió acreditar experiencia profesional relacionada mediante certificaciones laborales carentes de información sobre los extremos temporales de la vinculación, lo cual imposibilitó verificar el tiempo efectivamente laborado, conforme a lo previsto en el artículo 19 del Acuerdo núm. CNSC 20181000005296 del 19 de septiembre de 2018. En tal sentido, atribuyó la situación objeto de controversia a una omisión imputable exclusivamente a la demandante o, en su caso, a un tercero como la FUAA.

Adicionalmente, solicitó el rechazo de las pretensiones relativas al pago de salarios y prestaciones sociales, en tanto la CNSC no ostenta la calidad de entidad nominadora, ni puede atribuírsele responsabilidad solidaria alguna con el ente territorial.

Finalmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva y sostuvo la improcedencia del medio de control ejercido, por cuanto la lista de elegibles constituye, a su juicio, un acto de trámite carente de efectos jurídicos directos, respecto del cual no proceden recursos ni acciones contencioso-administrativas, y cuya presunción de legalidad, al igual que la de los restantes actos acusados, no ha sido desvirtuada ni se configuró causal alguna de nulidad.

2.3 La Fundación Universitaria del Área Andina[[6]](#footnote-7)

La Fundación Universitaria del Área Andina (FUAA) presentó escrito de contestación de la demanda por conducto de apoderado judicial, oponiéndose de manera integral a las pretensiones formuladas por la parte actora, bajo el argumento de que no ostenta la calidad de entidad encargada de reglamentar los procesos de selección ni de expedir normas en materia de carrera administrativa. En esa línea, sostuvo que no suscribió el acto administrativo acusado y que el contrato mediante el cual actuó como entidad delegada para el desarrollo del concurso se encuentra debidamente liquidado.

Así mismo, argumentó que, la publicación de resultados del concurso no puede ser considerada como un acto administrativo en sentido estricto. Adicionalmente, manifestó que el certificado allegado por la concursante con el fin de acreditar experiencia laboral carecía de información clara respecto del período durante el cual se desempeñó como defensora de familia, lo que, a su juicio, configura una situación atribuible exclusivamente a la demandante (culpa exclusiva de la víctima) y, en su defecto, al hecho de un tercero, siendo la CNSC quien debía verificar dicho requisito.

Respecto de los actos administrativos relacionados con la conformación de la lista de elegibles, la FUAA indicó que no fueron expedidos por su parte, razón por la cual alegó falta de legitimación en la causa por pasiva. Concluyó afirmando que no se configuró ninguna de las causales de nulidad invocadas, toda vez que los actos acusados no vulneraron norma alguna y gozan de la presunción de legalidad que les otorga el ordenamiento jurídico.

• 1. Terceros interesados[[7]](#footnote-8)

Los señores Luis Ricardo Ramírez Prada y Esmeralda Velandia Barajas, en su condición de terceros con interés en el proceso, solicitaron que se desestimen las pretensiones formuladas por la parte demandante. Afirmaron que la calificación otorgada a la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina se realizó conforme a los criterios de evaluación previamente establecidos y publicados en el marco del proceso de selección, razón por la cual no se advierte irregularidad alguna.

Por su parte, el señor José William Torra García no compareció al trámite procesal.

3. Sentencia de primera instancia[[8]](#footnote-9)

El Tribunal Administrativo de Santander, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, como sustento de su decisión, indicó que la certificación laboral aportada por la actora sí cumplía los requisitos exigidos por el Acuerdo CNSC núm. 2018000005296, en tanto acreditaba su vinculación continua al ICBF desde el 17 de febrero de 2009 hasta el 31 de julio de 2018, y al menos hasta la fecha de expedición del documento. Por tanto, consideró desproporcionado excluir dicha experiencia por no contener una fecha de retiro que, por la naturaleza del vínculo vigente, no era exigible.

En consecuencia, se declaró la nulidad parcial de varios actos administrativos[[9]](#footnote-10), entre ellos, la calificación de antecedentes y la conformación de la lista de elegibles; y, como consecuencia de dicha nulidad ordenó a la CNSC modificar la lista, reconociendo a la actora un puntaje final de 87 puntos; así como, ordenó al municipio de Floridablanca realizar el nombramiento en el cargo al que aspiró, siempre que el nuevo orden de méritos así lo permitiera.

Adicionalmente, condenó a la CNSC a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 10 de julio de 2020 hasta la fecha de posesión, debidamente reajustados. A su vez, se impuso a la Fundación Universitaria del Área Andina, llamada en garantía por haber ejecutado parte del proceso de selección, la obligación de reembolsar las sumas que la CNSC debiera pagar como consecuencia de esta decisión.

Finalmente, no se impuso condena en costas, al no encontrarse actuaciones temerarias ni carencia de fundamento legal por parte de los intervinientes. La sentencia fue aprobada en acta de Sala núm. 30 de 2024.

4. Recursos de apelación

4.1 La Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC[[10]](#footnote-11).

La Comisión Nacional del Servicio Civil, por conducto de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que la sentencia debía ser revocada y en su lugar, se debían negar las pretensiones de la demanda, por haber incurrido la primera instancia en una indebida interpretación de los artículos 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y 19 del Acuerdo núm. CNSC 20181000005296 de 2018. Afirmó que el certificado laboral aportado por la demandante no cumplía con los requisitos exigidos, especialmente en lo relativo a la indicación expresa de la fecha de retiro, requisito indispensable para computar válidamente la experiencia laboral.

Adujo que, la situación jurídica generada fue producto de la culpa exclusiva de la demandante, quien, al no aportar documentación completa, imposibilitó que la FUAA —entidad ejecutora del proceso— efectuara una correcta valoración; y, enfatizó, que no le era permitido a la administración inferir o presumir datos de los documentos presentados.

Adicionalmente, argumentó que no existían causales de nulidad conforme al artículo 137 del CPACA, toda vez que los actos acusados se ajustaron a derecho y a las reglas previamente establecidas en la convocatoria, las cuales —según jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional— son normas de obligatorio cumplimiento tanto para los aspirantes como para la administración.

Señaló, además, que la sentencia apelada desconocía situaciones jurídicas consolidadas, toda vez que, el concurso ya había concluido, las listas de elegibles se encontraban en firme y los cargos ofertados habían sido provistos. En consecuencia, retrotraer las etapas del proceso vulneraría derechos adquiridos de terceros.

Finalmente, rechazó la condena impuesta en su contra por concepto de salarios y prestaciones, indicando que no ostenta la calidad de entidad nominadora ni tiene dentro de sus funciones la administración de plantas de personal, por lo que resultaba improcedente cualquier condena patrimonial en su contra.

4.2 Municipio de Floridablanca[[11]](#footnote-12).

El municipio de Floridablanca, interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que, los actos cuestionados eran actos administrativos de trámite, carentes de efectos jurídicos directos, por lo que no podían ser objeto autónomo de control por medio de la acción de nulidad y restablecimiento. Señaló que el fallo desconoció la naturaleza jurídica de aquellas decisiones administrativas y, se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la improcedencia de su enjuiciamiento autónomo.

Sostuvo que, estaba obligado a respetar la lista de elegibles producto del concurso de méritos para proveer el cargo de comisario de familia, código 202, grado 07, conforme a la jurisprudencia constitucional, que reconoce dicha lista como un acto administrativo de carácter vinculante; y, señaló que aquella otorga derechos adquiridos a quienes la integran, los cuales no pueden ser desplazados por meras expectativas de otros aspirantes, por lo que, a su juicio, el juzgador debía considerar los derechos del actual ocupante del cargo, quien resultó beneficiado de manera legítima tras el concurso.

En consecuencia, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que se denegaran las pretensiones de la demanda, toda vez que no se había acreditado irregularidad alguna en los actos proferidos por la administración y que, en todo caso, las decisiones adoptadas por la CNSC habían sido producto del cumplimiento del ordenamiento legal y de los principios del sistema de mérito. Asimismo, pidió ser desvinculado del proceso, considerando que no tuvo competencia para calificar o excluir a la actora del proceso de selección.

4.3 La Fundación Universitaria del Área Andina-FUAA-[[12]](#footnote-13).

La FUAA, interpuso recurso de apelación en el que alegó, que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo al subestimar la naturaleza jurídica y autonomía de la Comisión Nacional del Servicio Civil, órgano constitucional encargado de regular, dirigir y vigilar el sistema de carrera administrativa. Señaló que, conforme a reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la CNSC posee competencia exclusiva para expedir lineamientos vinculantes en materia de convocatorias y valoración de antecedentes.

Sostuvo que, el juez de primera instancia desconoció las directrices, manuales técnicos y criterios unificados emitidos por la CNSC —particularmente aquellos referidos a la valoración de experiencia laboral—, los cuales constituían precedente administrativo aplicable y, cuestionó que se hubieran admitido documentos probatorios no incorporados en el sistema SIMO ni allegados dentro del término fijado en el Acuerdo Rector para la inscripción.

Reprochó igualmente que, se hubiese imputado a la fundación una responsabilidad extracontractual que, en su concepto, correspondía exclusivamente a la CNSC como entidad convocante y supervisora y, sostuvo que había actuado bajo estricta sujeción a las instrucciones impartidas por dicha comisión, sin margen para el ejercicio de discrecionalidad en la validación de requisitos mínimos.

En cuanto a la inadmisión de la demandante, explicó que la señora Buenahora no acreditó el tiempo mínimo de experiencia profesional requerida, conforme a los lineamientos vigentes; y que, aun cuando presentó una certificación del ICBF, esta no indicaba con precisión la fecha de inicio del cargo, empleando términos vagos como “actualmente”, lo cual imposibilitaba cuantificar el tiempo trabajado conforme a las exigencias del proceso.

Señaló también que, el fallo judicial vulneró el principio de igualdad, pues otorgó un trato preferente a una aspirante que no cumplía los requisitos exigidos, en desmedro de los derechos de los demás participantes que sí observaron las condiciones reglamentarias, imponiendo además una carga excesiva e injustificada tanto al Estado como a la institución delegada, desconociendo el alcance del contrato de delegación celebrado con la CNSC.

En ese contexto, solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada, el restablecimiento de los efectos del acto administrativo demandado, así como la condena en costas a la parte demandante, resaltando que la decisión apelada comprometía principios estructurales del sistema de carrera administrativa y la validez del precedente técnico regulatorio fijado por la CNSC.

4.4 Los terceros interesados[[13]](#footnote-14)

Según expusieron los recurrentes, el juzgador de primera instancia incurrió en una indebida interpretación del artículo 19 del acuerdo rector, en lo relativo a la certificación de experiencia. Alegaron que la certificación aportada por la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina no indicaba de forma clara la fecha de ingreso ni especificaba desde cuándo ejercía el cargo de defensora de familia en el ICBF, contraviniendo lo exigido normativamente. Afirmaron que el uso del verbo en presente y expresiones como “actualmente” no brindaban certeza sobre el tiempo laborado, lo que imposibilitaba verificar la continuidad del servicio alegada por la demandante.

Reprocharon que la primera instancia hubiese otorgado valor probatorio a dicha certificación y a documentos allegados extemporáneamente, es decir, con posterioridad al cierre de la etapa del concurso, en contravía de las reglas previamente fijadas para todos los aspirantes. Afirmaron que el error en la carga documental fue imputable a la propia negligencia de la concursante, quien omitió solicitar oportunamente su corrección, razón por la cual no podía beneficiarse de sus propios yerros.

Igualmente, destacaron que la Fundación Universitaria del Área Andina calificó conforme al contenido objetivo de los documentos efectivamente cargados al aplicativo del concurso, sin que le correspondiera a la entidad, a la CNSC ni al juez interpretar el alcance de tales documentos.

Finalmente, advirtieron que la sentencia apelada sentaba un precedente riesgoso, al abrir la posibilidad que concursantes con errores en sus postulaciones pudieran subsanarlos judicialmente, desconociendo los principios de igualdad, seguridad jurídica y sujeción a las reglas del concurso. Por todo lo anterior, solicitaron revocar la decisión de primera instancia y dictar en su lugar una sentencia denegatoria de las pretensiones.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Mediante auto del 7 de octubre de 2024[[14]](#footnote-15), este despacho admitió el recurso de apelaciónconforme a lo previsto en el nu