CE - Sentencia 68001233300020250067201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

Accionante: Luis Daniel Ramírez Vezga y otros1

Accionado: Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del

Estado Civil.

Tema: Tutela por la presunta vulneración de los derechos fundamentales2 a la participación política y a la igualdad

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 4 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela al no acreditarse el requisito de subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES

2. Los señores Luis Daniel Ramírez Vezga , Orlando Rodríguez López y Edgardo Jesús Rodríguez Quiñones , actuando en nombre propio , instaur aron acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral , en adelante CNE, y la

2. Los señores Luis Daniel Ramírez Vezga , Orlando Rodríguez López y Edgardo Jesús Rodríguez Quiñones , actuando en nombre propio , instaur aron acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral , en adelante CNE, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en adelante RNEC , por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política y la igualdad, ocurrida con ocasión de la supuesta programación de consultas interpartidistas presidenciales en fechas diferentes, lo que, en su sentir, contravino el mandato de simultaneidad del artículo 63 de la Ley 1475 de 2011 y comprometió

1 Orlando Rodríguez López y Edgardo Jesús Rodríguez Quiñones. 2 Con respecto a «los actos y decisiones relacionados con la programación de las consultas interpartidistas presidenciales [para] evitar un perjuicio irremediable a los derechos de participación política (art. 40 C.P.) y a la igualdad e imparcialidad administrativa (art. 209 C.P.), originado en la realización escalonada (en fechas distintas) de consultas interpartidista para el mismo cargo presidencial (…).» 3 Ley 1475 de 2011. Artículo 6°. Normas aplicables a las consultas - En las consultas populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. (…). La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las eleccion es ordinarias. En todo caso las

a corporaciones públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las eleccion es ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo. El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre losAcción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

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2 la transparencia y la imparcialidad administrativa.

2.1 Hechos

3. Del escrito de tutela y del expediente se colige que la Organización Electoral, mediante la Resolución 0701 del 19 de febrero de 2025 4, convocó la jornada nacional de consultas populares, internas e interpartidistas para el 26 de octubre de 2025. Esa fecha quedó fijada como el día oficial para la realización de consultas de los partidos y movimientos que optaran por este mecanismo de selección, incluida la eventual consulta interpartidista presidencial.

4. Para el periodo electoral 2026, el calendario aprobado establec ió que el 8 de marzo de 2026 se celebrarán las elecciones generales de Senado y Cámara, fecha en la que, de conformidad con la normatividad electoral, también pueden

4. Para el periodo electoral 2026, el calendario aprobado establec ió que el 8 de marzo de 2026 se celebrarán las elecciones generales de Senado y Cámara, fecha en la que, de conformidad con la normatividad electoral, también pueden coincidir consultas internas o interpartidistas. En ese mismo cronograma se programaron la primera vuelta presidencial para el 31 de mayo y la eventual segunda vuelta para el 21 de junio de 2026.

5. Los accionantes manifestaron que en el escenario político nacional surgió la propuesta de algunos partidos y movimientos políticos5, de realizar una consulta interpartidista presidencial el 8 de marzo de 2026 , orientada a escoger su candidato presidencial. Afirmaron que esta posibilidad, planteada públicamente, supondría la realización de una segunda consulta presidencial dentro del mismo ciclo electoral 2025–2026.

6. La parte actora manifestó que la realización de consultas presidenciales en dos fechas distintas para el mismo fin permitiría que un ciudadano participe sucesivamente en más de un ejercicio destinado a seleccionar candidatura presidencial. Según su relato, ello alteraría las condiciones de igualdad, visibilidad y estrategia entre organizaciones políticas y afectaría la transparencia del proceso interno de selección.

7. También expuso que, ante la existencia de una convocatoria oficial para octubre de 2025 y la promoción de una consulta adicional para marzo de 2026, se requería una decisión administrativa expresa que precisara la compatibilidad o incompatibilidad de ambas fechas. Afirm ó que cualquier avance logístico o normativo hacia la consulta de marzo podría consolidar un hecho consumado y comprometer el orden jurídico sobre simultaneidad previsto para este tipo de

incompatibilidad de ambas fechas. Afirm ó que cualquier avance logístico o normativo hacia la consulta de marzo podría consolidar un hecho consumado y comprometer el orden jurídico sobre simultaneidad previsto para este tipo de mecanismos.

2.2. Fundamento jurídico

8. Los accionantes fundamentaron la acción en la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la participación política y a la igualdad, alegando que

partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas . Negrillas y subrayas de la Sala. 4 “Por la cual se fija la fecha para la realización de consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos para el año 2025.” 5 Conocidos informalmente de acuerdo con la parte actora como “Frente Amplio y otros.”Acción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

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3 la realización de consultas presidenciales en fechas distintas transgredía el equilibrio y homogeneidad que debe garantizar la Organización Electoral. Al respecto, sostuvieron que el diseño del mecanismo exige uniformidad temporal para todos los actores involucrados.

9. Como eje central de su argumentación señalaron que el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 dispuso que las consultas interpartidistas para

para todos los actores involucrados.

9. Como eje central de su argumentación señalaron que el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 dispuso que las consultas interpartidistas para seleccionar candidatos a un mismo cargo “se realizarán en la misma fecha” .

Alegaron que esta regla era de obligatorio cumplimiento y que la programación en fechas distintas contrar iaba directamente el mandato legal que exig ía simultaneidad.

10. Invocaron además el deber de imparcialidad e igualdad administrativa previsto en el artículo 209 constitucional6, el cual exige que la administración actúe garantizando condiciones equitativas. A su juicio, permitir consultas escalonadas generaría ventajas injustificadas para quienes consulten más tarde, afectando la competencia política y el acceso igualitario a los mecanismos de participación.

11. Adujeron también que la posibilidad de realizar una consulta adicional en marzo de 2026 configura ba un perjuicio irremediable, pues cualquier avance administrativo relacionado con autorizaciones, logística o difusió n, podría consolidar una situación contraria a la ley estatutaria. Por ello sost uvieron que la tutela es procedente como mecanismo inmediato o, en su defecto, como mecanismo transitorio para evitar el hecho consumado.

2.3. Pretensiones

12. La parte accionante solicitó:

«Primero. Amparo principal. Amparar los derechos fundamentales de participación e igualdad frente a la programación no simultánea de consultas presidenciales (Ley 1475/2011, art. 6).

Segundo. Medida provisional (D. 2591/1991, art. 7). Suspender la aplicación

participación e igualdad frente a la programación no simultánea de consultas presidenciales (Ley 1475/2011, art. 6).

Segundo. Medida provisional (D. 2591/1991, art. 7). Suspender la aplicación del acto de calendario que fija la consulta en fecha distinta, u ordenar a CNE/RNEC abstenerse de ejecutarla en esa fecha, conforme al art. 6 (Ley 1475/2011).

Tercero. Amparo transitorio (subsidiariedad). En caso de estimarse la existencia de otro medio judicial (p. ej., nulidad), que la tutela proceda transitoriamente para evitar el perjuicio irremediable, dado lo inminente de la jornada (D. 2591/1991, art. 6).

Cuarto. Lineamientos obligatorios. Expedir lineamientos de la Organización Electoral recordando a las organizaciones políticas la obligatoriedad de la simultaneidad para consultas populares cuando el objetivo sea escoger candidato(a) presidencial, con fundamento en los arts. 6 de la Ley 1475/2011 y 209 C.P.». Sic en toda la cita.

6 Constitución Política de Colombia, a rtículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la des concentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.Acción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.Acción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

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2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante auto 7 del 22 de octubre de 20 25, a través del cual ordenó notificar al CNE y a la RNEC como accionado s. Asimismo, notificó de la actuación a la Procuradora Judicial 159 II Delegada en Asuntos Administrativos como tercera interesada en el resultado del proceso y negó la medida cautelar solicitada por los accionantes.

2.4.1. El CNE8 afirmó que no existía ningún acto administrativo que autori zara la consulta en marzo de 2026 y que se mant enía vigente la fecha única del 26 de octubre de 2025 contenida en la Resolución 0701 de esta anualidad.

14. Precisó que tampoco incurrió en omisión administrativa alguna, toda vez que no se había presentado ninguna solicitud formal de autorización de consulta interpartidista por parte de ninguna organización política que requiriera pronunciamiento de esa corporación.

15. Señaló que ha actuado dentro de sus competencias legales y que la RNEC es la encargada de expedir los calendarios electorales. En ese entendido, adujo

pronunciamiento de esa corporación.

15. Señaló que ha actuado dentro de sus competencias legales y que la RNEC es la encargada de expedir los calendarios electorales. En ese entendido, adujo que, en su criterio, no existió ninguna trasgresión ius fundamental actual ni perjuicio irremediable alguno.

16. En consecuencia, reprochó que el temor de los accionantes frente a una eventual consulta presidencial en marzo de 2026 constituía una hipótesis política sin sustento fáctico ni jurídico, por lo que expuso que la Corte Constitucional había sido clara en indicar que la acción de tutela no p odía fundarse en conjeturas, interpretaciones o riesgos futuros, sino en una amenaza concreta, real y verificable, por lo que solicitó que se declarara improcedente el amparo invocado.

2.4.2. La RNEC9 sostuvo que la acción era improcedente respecto a esa entidad, toda vez que actuó conforme a la normativa vigente y no trasgredió los derechos fundamentales de la parte actora.

17. Aunado a lo anterior reprochó que, conforme lo establecen los numerales 1 y 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede ante los actos administrativos cuestionados , ya que estos son de carácter general, impersonal y abstracto.

18. Finalmente, indicó que dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 10710

7 Índice 5 del aplicativo SAMAI 8 Índice 10 del aplicativo SAMAI. 9 Índice 11 del aplicativo SAMAI. 10 Constitución Política de Colombia. Artículo 107. Modificado por el Acto Legislativo núm. 1 de 2003 . Se

8 Índice 10 del aplicativo SAMAI. 9 Índice 11 del aplicativo SAMAI. 10 Constitución Política de Colombia. Artículo 107. Modificado por el Acto Legislativo núm. 1 de 2003 . Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. (…) Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos . En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimie nto político no podráAcción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

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5 constitucional y los artículos 5, 6 y 7 de l capítulo II “De las consultas como mecanismo de democracia interna” de la Ley 1475 de 2011.

2.4.3. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia Impugnada

19. El Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la acción de tutela. En primer lugar, precisó que la parte actora no acreditó la legitimación en

2.5. Sentencia Impugnada

19. El Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la acción de tutela. En primer lugar, precisó que la parte actora no acreditó la legitimación en la causa por activa, toda vez que no demostró la existencia de una afectación propia, directa y actual de sus derechos fundamentales, pues las pretensiones se dirigieron a cuestionar aspectos generales del proceso electoral.

20. En ese entendido la primera instancia indicó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la legitimación en la causa por activa es un presupuesto indispensable para emitir un pronunciamiento de fondo , por lo que, al no existir una vulneración concreta al derecho de participación política de los accionantes, sino un interés abstracto en la observancia de la regla de simultaneidad prevista en la Ley 1475 de 2011, no se habilitaba el uso de la acción de tutela.

21. En segundo lugar, el a quo concluyó que la acción tampoco cumplió con el requisito de subsidiariedad, toda vez que recordó que la parte actora contaba con otros mecanismos judiciales para cuestionar la legalidad de la Resolución 01542 de 2025, como la acción de simple nulidad o la de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6. Impugnación11

22. La parte actora reiteró los argumentos de su escrito de tutela y solicitó que se revoque el fallo de primera instancia con el fin de que se amparen los derechos fundamentales invocados.

23. Los accionantes señalaron que, aunque el Tribunal consideró que no contaban con legitimación en la causa por activa , ellos sí eran titulares del

se revoque el fallo de primera instancia con el fin de que se amparen los derechos fundamentales invocados.

23. Los accionantes señalaron que, aunque el Tribunal consideró que no contaban con legitimación en la causa por activa , ellos sí eran titulares del derecho político. Adujeron que, la afectación no era abstracta, sino concreta, pues, contrario a lo expuesto por la Organización Electoral en sus respuestas, en la Resolución 1542 del 1 de abril de 2025 se consignó de manera explícita la fecha 8 de marzo de 2026 para la realización de una consulta, lo que en definitiva evidenciada duplicidad en las fechas y alteraba las condiciones en que pod ían ejercer su derecho a participar en igualdad de condiciones en la elección presidencial.

24. Respecto del incumplimiento del requisito de subsidiariedad, los impugnantes alegaron que los me canismos planteados , no eran idóneos ni eficaces para proteger de manera inmediata sus derechos , por lo que i nsistieron

inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos. Negrillas y subrayas de la Sala. 11 Índice 24 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

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6 en que la tutela e ra el mecanismo preferente y sumario para evitar un perjuicio

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6 en que la tutela e ra el mecanismo preferente y sumario para evitar un perjuicio irremediable, dado que las decisiones electorales t enían efectos inmediatos y no podían esperar el desarrollo de un proceso más largo ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, el primer problema jurídico radica en resolver, si la parte actora está legitimada en la causa por activa, esto es, si demostró una afectación propia, directa y actual de sus derechos fundamentales que habilite la acción de tutela.

27. En segundo lugar, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular el de subsidiariedad, para controvertir actos administrativos de carácter general.

28. Solo en caso de superarse los anteriores presupuestos, el problema jurídico de fondo consiste en determinar si con ocasión de las resoluciones núm. 701 de 2025 y 1542 de 2025 proferidas por el CNE, las entidades de la Organización Electoral accionadas desconocieron la regla de simultaneidad prevista en el artículo 6 de la Ley 1475 de 2011, generando una vulneración cierta a los

Electoral accionadas desconocieron la regla de simultaneidad prevista en el artículo 6 de la Ley 1475 de 2011, generando una vulneración cierta a los derechos fundamentales de participación política e igualdad alegados por la parte actora.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

29. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando e stos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

30. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello , en atención a que el ejercicio de la judicatura comoAcción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

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7 cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

31. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de p rocedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

32. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» , precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

33. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

33. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

34. Al respecto , la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender qu e el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia12.

35. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados, momento en el cual la tutel a se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

4. Análisis del caso concreto

36. De entrada, esta Sala considera, como lo hizo el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia de primer grado, que la presente acción de tutela es improcedente, por las razones que se pasan a explicar.

12 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que

ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».Acción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

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37. En primer lugar, con relación a la legitimación en la causa por activa, es evidente que la parte accionante no demostró una afectación concreta, directa y actual de sus derechos fundamentales. Así las cosas, en el caso analizado, en manera alguna los actores acreditaron cómo la programación de fechas para consultas internas les genera ba un impacto personal y s e limitaron a plantear inquietudes de orden general respecto a las resoluciones reprochadas , lo que a todas luces no satisface el estándar constitucional exigido para activar el amparo.

38. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional es clara en que la tutela no procede para defender la legalidad en abstracto ni para exigir el cumplimiento general de la normatividad estatutaria. No obstante, los accionantes orientaron su solicitud justamente hacia ese propósito, pretendiendo que el juez constitucional

no procede para defender la legalidad en abstracto ni para exigir el cumplimiento general de la normatividad estatutaria. No obstante, los accionantes orientaron su solicitud justamente hacia ese propósito, pretendiendo que el juez constitucional verifique la correcta aplicación del artículo 6 de la Ley 1475 de 2011. Esa pretensión no se sustenta en un agravio subjetivo, sino en un interés ciudadano general, lo que excluye su legitimación individual.

39. Adicionalmente, t ampoco se acreditó que los actores particip aran en un proceso interno de consulta, o que pertenezcan a una colectividad política directamente afectada o tengan una expectativa real de postulación que pueda verse mermada por las fechas discutidas, por lo que su calidad se reduce a la de electores, sin que ello configure, per se , una afectación diferenciada. Por lo expuesto, la supuesta lesión es hipotética y compartida de manera uniforme por todo el electorado.

40. En consecuencia, ante la ausencia de un vínculo personal claro entre la decisión administrativa impugnada y un derecho fundamental individual, así como la inexistencia de una afectación directa, la acción carece de un presupuesto esencial que impide reconocer la legitimación en la causa por activa.

41. Aunado a lo anterior, la Sala observa que la decisión impugnada declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, al concluir que la controversia planteada se dirigió contra resoluciones de carácter general proferidas por el Consejo Nacional Electoral, frente a las cuales existen mecanismos judiciales ordinarios idóneos para su cuestionamiento, punto que no fue desvirtuado por los accionantes en la impugnación, más allá de mencionar que

general proferidas por el Consejo Nacional Electoral, frente a las cuales existen mecanismos judiciales ordinarios idóneos para su cuestionamiento, punto que no fue desvirtuado por los accionantes en la impugnación, más allá de mencionar que estos podían llevar un mayor tiempo en su resolución , dejando a un lado que, en el proceso de nulidad , es procedente de ser el caso, el solicitar una medida cautelar para la suspensión provisional de los efectos de los actos que censura.

42. En efecto, la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo constituye el medio de control natural para examinar la validez de los actos administrativos generales, en este caso, uno de contenido electoral 13, permitiendo un debate amplio sobre su conformidad con el ordenamiento jurídico.

En ese entendido, la acción tutela no puede desplazar, salvo circunstancias excepcionales, los mecanismos previstos por el legislador para el control de

13 Sobre actos de esta naturaleza, se ha pronunciado la Sección Quinta de esta corporación. Ver radicados 1100103-28-000-2025-00079-00 y 11001-03-28-000-2024-00192-00 entre otros.Acción de Tutela Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01

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9 legalidad de estos.

43. Por otro lado, la parte actora sostuvo en su impugnación que la tutela era

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9 legalidad de estos.

43. Por otro lado, la parte actora sostuvo en su impugnación que la tutela era necesaria para evitar una vulneración a sus derechos de participación política, derivada de la presunta autorización de consultas interpartidistas en fechas diferentes. Sin embargo, tal afirmación no demuestra por sí misma la ineficacia de los medios judiciales ordinarios ni la existencia de un daño inminente que amerite la intervención del juez constitucional.

44. Desde esta perspectiva, la Sala recuerda que el requisito de subsidiariedad exige acreditar que los mecanismos ordinarios no resultan idóneo