CE - Sentencia 76001233300020170041501 de 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 76001-23-33-000-2017-00415-01 (27640)

Demandante CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE

COLOMBIA CENICAÑA

Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes . Competencia funcionarios de la UGPP. Irretroactividad de la norma. Competencia de los jueces laborales. Intereses moratorios. Título ejecutivo. Pagos no salariales. Alcance del recurso de apelación. Novedades. Salario integral. Calidad especial trabajadores. Vacaciones. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 23 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca Sala de Oralidad, que decidió lo siguiente1: PRIMERO. - DECLARAR la nulidad parcial de las resoluciones RDO3 del 2 de enero de 2015 y RDC 302 del 6 de octubre de 2015, proferidas por la UGPP, de conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa.

y RDC 302 del 6 de octubre de 2015, proferidas por la UGPP, de conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa. SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP que practique una nueva liquidación excluyendo: (i) los ajustes sobre los aportes a salud correspondientes a la señora Nohora Pérez Castillo en el mes de marzo de 2013; (ii) los ajustes por “mora y/o inexactitud” establecidos en los actos demandados para los períodos de enero a diciembre de los años 2011 y 2013, respecto de los pagos no constitutivos de salario denominados “Bonificaciones” por cada uno de los trabajadores de la sociedad demandante, por no integrar el IBC de aportes al Sistema General de Seguridad Social, y (iii) los mayores valores que resulten de calcular los aportes parafiscales al sistema de la protección social del trabajador Giovanni Rojas Jiménez, con los pagos reportados en la nómina de diciembre de 2012. TERCERO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO. - Sin lugar a condena en costas. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo requerimiento para declarar y/o corregir 642 del 31 de julio de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la liquidación oficial RDO 3 del 2 de enero de 2015, en la que determinó a cargo de la sociedad demandante ajustes por las conductas de mora e inexactitud en los aportes al sistema de la protección social por los períodos de enero a diciembre de 2011 y 2013, y la sancionó por inexactitud

las conductas de mora e inexactitud en los aportes al sistema de la protección social por los períodos de enero a diciembre de 2011 y 2013, y la sancionó por inexactitud en el año 2013.

1 Para consultar la sentencia ingresar a Samai con el radicado 76001-23-33-006-2017-00415-00. Índice 38.Radicado: 76001-23-33-000-2017-00415-01 (27640) Demandante: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Contra la anterior decisión la demandante presentó el recurso de reconsideración, que fue resuelto en la resolución RDC 302 del 6 de octubre de 2015, en el sentido de reducir el monto de los ajustes y de la sanción2. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones3:

ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE EL QUE RECAE LA NULIDAD

1. Resolución No. RDO 3 del 02 de enero de 2015: “Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial a la empresa, identificada con NIT. (…), por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013”, determinando una presunta obligación

autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013”, determinando una presunta obligación por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($155.051.830)”.

2. Resolución No. RDC 302 del 06 de octubre de 2015: “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO 302 del 06 de octubre de 2015 (sic), a través de la cual se profirió Liquidación Oficial a CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZUCAR DE COLOMBIA -CENICAÑA., identificada con Nit. (…), por mora e inexactitud en la autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos enero a diciembre de 2011 y 2013, por valor de C IENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

SETECIENTOS PESOS M/CTE ($118.889.700).

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores actos administrativos, solicito que se restablezca el derecho del demandante en la siguiente forma:

1. Declarar que la empresa CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZUCAR DE COLOMBIA-CENICAÑA, identificada con NIT. (…), conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal, representada legalmente po r el Doctor EINAR ANDERSON ACUÑA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. (…), no tiene deuda

y Representación Legal, representada legalmente po r el Doctor EINAR ANDERSON ACUÑA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. (…), no tiene deuda alguna por concepto de mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos entr e enero a diciembre de 2011 y 2013, según lo establecido por la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante UGPP) de conformidad con la Resolución No. RDO 302 del 06 de octubre de 2015, notificada el 20 de octubre de 2015.

2. En caso que el demandante realice pagos por orden de la UGPP por concepto de mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social, de los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2011 y 2013, que se ordene la devolución de las sumas pagadas indexadas y con intereses, de acuerdo a su demostración.

3. Declarar la falta de competencia por parte de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la Dire cción de Parafiscales para establecer deudas por concepto mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2011 y 2013, consagrada en la Ley 1607 de 2012, debid o a que el Decreto 575 de 2013 artículo 21, que consagra la competencia de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales es posterior a las conductas realizadas por el demandante y objeto de los actos administrativos.

que consagra la competencia de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales es posterior a las conductas realizadas por el demandante y objeto de los actos administrativos.

2 Samai. Índice 24. EXPEDIENTE DIGITAL. ED_CDFOLIO1_TESTIGODOCUMENTALC (.pdf) NroActua4. 3 Samai. Índice 2. EXPEDIENTE DIGITAL. PDF demanda. Páginas 2 y 3Radicado: 76001-23-33-000-2017-00415-01 (27640) Demandante: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

4. Declarar nulo el acto administrativo denominado liquidación oficial No. RDO 302 del 06 de octubre de 2015 (sic), toda vez que el acto administrativo demandado carece de validez y eficacia por indebida aplicación de la norma, adicionalmente que vulnera los derechos constitu cionales al derecho de defensa y debido proceso; y por último al no motivarse la omisión demuestra la “irregularidad caprichosa” con la que fue emitida.

5. De forma subsidiaria solicitamos, que su honorable despacho realice un análisis detallado del valor probatorio aportado a la presente demanda y de ser necesario se definan los temas concernientes a la competencia que se abroga la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la UGPP para establecer extremos de contrato de trabajo, señalar que pagos constituyen factor salarial de conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el IBC en el Salario Integral y Procedimiento Laboral.

Excepción de Inconstitucionalidad

trabajo, señalar que pagos constituyen factor salarial de conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el IBC en el Salario Integral y Procedimiento Laboral. Excepción de Inconstitucionalidad Solicito de manera especial que de conformidad con el a rtículo 4 de la Constitución Política que reza “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”; se inaplique el DECRETO 575 DEL 22 DE MARZO DE 2013, por ser contrario a la Constitución, conforme se sustenta en esta demanda, no siendo posible que con fundamento en esta norma se proceda a proferir una Resolución que determina deuda por concepto mora e inexactitud en las autoliquidacion es y pagos al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2011 y 2013, debido a que la naturaleza de la obligación se precisa en esas normas. Condena en Costas Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 2, 4, 6, 13, 15, 58 y 121 de la Constitución Política; 730 del Estatuto Tributario; 9 y 189 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 del Código de Procedimiento Laboral; 156 de la

13, 15, 58 y 121 de la Constitución Política; 730 del Estatuto Tributario; 9 y 189 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 del Código de Procedimiento Laboral; 156 de la Ley 1151 de 2007; 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012; 69 y 72 de la Ley 1437 de 2011; y 19 y 21 del Decreto 575 de 2013.

1. Falta de competencia del funcionario de la UGPP Reprochó que uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales emitiera ampliación al requerimiento de información sin contar con la respectiva delegación o autorización del titular de dicha dependencia según el Decreto 575 de 2013, vulnerando con ello lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Constitución Política que consagran que las actuaciones de los funcionarios públicos deben estar regladas. Puso de presente que en la Resolución RCD 030 del 22 enero de 2015, el director de Parafiscales reconoció la errada actuación de funcionarios sin competencia.

2. Irretroactividad de la norma tributaria Adujo que los actos de liquidación fueron expedidos con fundamento en normas posteriores a la ocurrencia de los hechos fisca lizados, lo que daba lugar a su nulidad. Transcribió la parte inicial del acto de determinación en donde se mencionó que su expedición obedece a las facultades legales establecidas en varias normas, incluidas la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 575 de 2013.

Resaltó que las normas que fundamentan una sanción deben ser expedidas

que su expedición obedece a las facultades legales establecidas en varias normas, incluidas la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 575 de 2013. Resaltó que las normas que fundamentan una sanción deben ser expedidas previamente a la conducta que se está imputando.Radicado: 76001-23-33-000-2017-00415-01 (27640) Demandante: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

3. Competencias de los jueces laborales Según el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, la competencia para determinar derechos laborales u obligaciones al sistema de seguridad social radican exclusivamente en el juez laboral, sobre todo tratándose de conceptos que la UGPP estableció como salariales, así c omo en los casos en los en que de manera unilateral mutó los conceptos de salario de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

Además, en las funciones determinadas en el artículo 21 del Decreto 575 de 2013, no se indicó que los funcionarios de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales podían establecer derechos emanados de relaciones laborales, como ocurrió en los actos demandados.

4. Monto real de la obligación Adujo que los actos acusados no liquidaron el valor de los intereses moratorios causados por las conductas fiscalizadas situación que también se advertía de los archivos Excel anexos a los mismos. Así, se echa de menos la debida motivación de la actuación en los términos del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

5. No hay título ejecutivo

archivos Excel anexos a los mismos. Así, se echa de menos la debida motivación de la actuación en los términos del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

5. No hay título ejecutivo La liquidación carecía de los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no especificó de manera clara la causa de la mora, inexactitud y omisión por cada trabajador, así como tampoco la liquidación de los intereses. En consecuencia, los actos carecen de motivación y contenido.

6. Novedades Afirmó que la UGPP realizó una presunción de los extremos de la relación laboral, lo cual escapaba su competencia, en su lugar debía tomar las fechas de ingreso, retiro y las incapacidades marcadas en la PILA, so pena generar deudas sobre relaciones laborales que se encuentran terminadas. Dijo que en el CD anexo de la demanda se citaban las personas que presentaron dicha situación.

7. Salario integral Explicó que la empresa reporta al operador logístico de la planilla el monto total del salario integral y, a su vez, éste arroja el monto a cancelar. Así los errores que llegaran a existir no le eran imputables dada la responsabilidad directa de este tercero, siendo procedente su llamamiento en garantía como deudor solidario.

Según las normas que regulan la materia , entre ellas el Acuerdo 1035 de 2015, la base de cotización de los aportes de los trabajadores que devengan este tipo de salario es del 70% del total de la remuneración, sin que en ningún caso sea inferior a 1 SMLMV ni superior a 25 , lo cual fue desconocido por la dema ndada que fijó un

salario es del 70% del total de la remuneración, sin que en ningún caso sea inferior a 1 SMLMV ni superior a 25 , lo cual fue desconocido por la dema ndada que fijó un tope mínimo de 10 salarios mensuales. Identificó los ajustes cuestionados.

8. Calidad especial de trabajadores En su parecer, la UGPP desconocía que algunos de los empleados eran aprendices del SENA, pensionados y estudiantes del régimen especial, que cotizaban de una manera diferente, como, por ejemplo, los pensionados estaban exentos de cotizar a ese subsistema. Además de aportar las respectivas pruebas, solicitó que respecto del señor «CARBONELL GONZALE Z JAVIER» se oficiara al fondo de pensiones queRadicado: 76001-23-33-000-2017-00415-01 (27640) Demandante: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 remitiera la resolución de reconocimiento de pensión , dado que al momento de resolver el recurso de reconsideración se omitió una solicitud parecida. Manifestó que aportaba «una imagen que les permite identificar plenamente en el archivo del medio magnético adjunto, CD, cuáles son los casos objeto del presente cargo» para lo cual referenció al empleado «PALMA ZAMORA ALBERTO EFRAIN»

9. Bonificaciones y otros auxilios Manifestó que por autorización del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, la sociedad acordó desalarizar con sus empleados la «BONIFICACIÓN NO PRESTACIONAL», la cual no excedía el tope del 40% de que trata el artículo 30 de la

Manifestó que por autorización del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, la sociedad acordó desalarizar con sus empleados la «BONIFICACIÓN NO PRESTACIONAL», la cual no excedía el tope del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 201 0, lo cual debía ser respetado por la UGPP. Agregó que la modificación de la naturaleza de un pago es competencia exclusiva del juez laboral. Señaló el nombre de las personas inmersas en esta situación.

10. Vacaciones Solicitó que para los casos de los empleados que presentaron esta novedad debía liquidarse el IBC según lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998.

11. Error formato nómina Explicó que al momento de diligenciar de manera manual ese formato incurrió en una serie de errores , lo que a su vez generó un aumento en el IBC , por lo que solicitaba revisar las pruebas aportadas en la demanda . Afirmó que en el archivo anexo de la demanda se encontraban los ajustes que debía revisarse.

Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda , con fundamento en lo siguiente4: Frente al primer cargo explicó que la solicitud de información por parte de uno de los profesionales adscritos a la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales se hizo con fundamento en un requerimiento inicial expedido por el titular de esa dependencia; actuación encaminada a complementar los datos debido a inconsistencias y algunos faltantes , buscando garantizar el debido proceso de la empresa. Agregó que tal solicitud corresponde a un acto de trámite de la etapa de investigación, por lo que resulta ajeno al control judicial y precisó que la Resolución

a inconsistencias y algunos faltantes , buscando garantizar el debido proceso de la empresa. Agregó que tal solicitud corresponde a un acto de trámite de la etapa de investigación, por lo que resulta ajeno al control judicial y precisó que la Resolución 030 del 22 de enero 2015, invocada en la demanda, fue proferida dentro de un proceso diferente, por lo que no podía exigirse su aplicación. Negó que la entidad aplicara de manera retroactiva el Decreto 575 de 2013 y la Ley 1607 de 2012 (segundo cargo), por el contrario, las competencias de fiscalización estaban previamente señaladas en la Ley 1151 de 2007, el Decreto Ley 169 de 2008, entre otras, siendo necesario la articulación de las regulaciones que han modificado las competencias y funciones de la UGPP. Aclaró que, la sanción por inexactitud impuesta fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012. En relación con el tercer cargo señaló que cuenta con competencias autónomas e independientes a las asignadas a los jueces laborales para interpretar cláusulas contractuales con el fin de determinar si determinados pagos son o no salariales.

4 Samai. Índice 4. Expediente digital. PDF contestación.Radicado: 76001-23-33-000-2017-00415-01 (27640) Demandante: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Indicó que desde el requerimiento para declarar y/o corregir se detallaron los pagos reportados en nómina y contabilidad con su respectiva naturaleza. Así, los

www.consejodeestado.gov.co 6 Indicó que desde el requerimiento para declarar y/o corregir se detallaron los pagos reportados en nómina y contabilidad con su respectiva naturaleza. Así, los identificados por la UGPP en los registros contables fueron agrupados bajo el nombre «otros pagos», y se incluyeron en el IBC solo respecto de la parte que superó el 40% del total de la remuneración en virtud del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Ahora, al resolver el recurso de reconsideración se consideró que las sumas entregadas por «pagos electrónicos» no debieron tomarse en cuenta, por lo que procedió a efectuar los ajustes correspondientes Manifestó que los intereses moratorios (cuarto cargo), por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, debían liquidarse en la fecha en que se hiciera efectivo el pago de los aportes, siendo improcedente su liquidación en los actos acusados. Respecto del quinto carg o explicó que la actuación administrativa estuvo debidamente motivada, comoquiera que fueron señaladas las conductas fiscalizadas, los trabaj adores objeto de revisión, períodos y subsistemas, todo lo cual dio lugar a los ajustes determinados en los archivos Excel anexos. Como en el punto anterior, adujo que los intereses de mora solo era posible liquidarlos en el momento en que se cancelara la obligación. En lo atinente al sexto cargo sostuvo que la demandante no adjuntó los medios de prueba idóneos en el proceso de fiscalización, razón por la cual fue imposible analizar si los 39 registros detallados en el cd anexo a la demanda podían ser corregidos con las novedades alegadas. Sobre el séptimo cargo precisó que el acto que resolvió el recurso de

analizar si los 39 registros detallados en el cd anexo a la demanda podían ser corregidos con las novedades alegadas. Sobre el séptimo cargo precisó que el acto que resolvió el recurso de reconsideración fue anterior a la publicación del Acuerdo 1035 de 2015, por lo que no era contrario a tal norma. Precisó que en el anexo de la demanda se evidenciaron 300 registros y no 537 como lo mencionaba la sociedad, de los cuales únicamente 11 empleados percibieron salario integral. De conformidad con los artículos 132 del Código Sustantivo del Trabajo, 49 de la Ley 789 de 2002 y 18 de la Ley 100 de 1993, el cálculo del IBC de los empleados con salario integral obedece a la totalidad de éste «más el 30% prestacional y dividirlo por 1.3», tal como se liquidó en los actos demandados. Refirió que la demandante era l a única de responsable de la liquidación de los aportes, pues la función del operador de la PILA se limitaba a permitir el ingreso, modificación, validación y corrección de los conceptos detallados en los pagos, más no tenía injerencia en el monto , por lo que era improcedente su llamamiento en garantía. En lo referente al octavo cargo explicó que para el trabajador «CARBONELL GONZALEZ JAVIER ALI», la sociedad solo aportó la constancia de notificación del acto por el cual Colpensiones resolvió una solicitud de prestación económica, sin embargo, omitió allegar el mencionado acto, por lo que fue imposible conocer el sentido de la decisión. Respecto de «ALBERTO EFRAIN PALMA ZAMORA» únicamente adjuntó cartas

Colpensiones resolvió una solicitud de prestación económica, sin embargo, omitió allegar el mencionado acto, por lo que fue imposible conocer el sentido de la decisión. Respecto de «ALBERTO EFRAIN PALMA ZAMORA» únicamente adjuntó cartas firmadas por el empleado solicitando la suspensión de los aportes a la pensión, sin evidenciar el cumplimiento de los requisitos para alcanzar ese derecho. No obstante, en los antecedentes se encon tró la resolución de reconocimiento pensional de «CAMILO HUMBERTO ISAAC ECHEVERRY» a partir del 1 de octubre de 2010, respecto del cual no se efectuó cobro alguno. Indicó que para la señora «ROJAS QUINTERO MIRIAM» tampoco se encontraron pruebas de la condición alegada.Radicado: 76001-23-33-000-2017-00415-01 (27640) Demandante: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Frente al noveno cargo adujo que la sociedad durante el proceso de fiscalización no manifestó la existencia de pagos denominados «bonificación prestacional» como lo sí lo hizo en la demanda. En sede administrativa se tomaron la «bonificación no constitutiva de salario» y «otros auxilios”», como no salariales, pero sujetos al límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Identificó algunos de los empleados demandados y concluyó que lo pretendido por la demandante era «obviar» la aplicación de esa ley. Respecto al décimo cargo dijo que los aportes para los trabajadores con novedad

empleados demandados y concluyó que lo pretendido por la demandante era «obviar» la aplicación de esa ley. Respecto al décimo cargo dijo que los aportes para los trabajadores con novedad de vacaciones se liquidaron conforme a los soportes allegados tomando el IBC que se cotizó en el mes anterior, además se incluyó su pago como no salarial, lo que benefició a la demandante. Aclaró que el Acuerdo 1035 de 2015 es posterior a los actos, por lo cual no podían atender a lo dispuesto en dicha norma. Finalmente, respecto del décimo primer cargo dijo que en la demanda la sociedad únicamente refirió el cas o «ROJAS JIMÉNEZ GIOVANNI » sin informar la presunta imprecisión en el formato de nómina ni los documentos que demostraran el verdadero valor cancelado. Es decir, no cumplió con su carga probatoria. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad declaró la nulidad parcial de los actos acusados5.

1. Incompetencia del funcionario de la UGPP De conformidad con la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, la demandada puede realizar investigaciones y efectuar tareas de seguimiento y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación , y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social, dentro de las que se encuentra la facultad para emitir requerimientos o ampliaciones. Además, el Decreto 575 de 2013 no limita a que el subdirector de Determinación de Obligaciones sea el único encargado de proferir los diferentes actos del proceso de fiscalización. Negó el cargo.

2. Retroactividad de las normas Si bien la liquidación oficial se fundamentó en normas posteriores a los períodos

encargado de proferir los diferentes actos del proceso de fiscalización. Negó el cargo.

2. Retroactividad de las normas Si bien la liquidación oficial se fundamentó en normas posteriores a los períodos fiscalizados, desde la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008 la UGPP tenía la facultad de proferir liquidaciones oficiales en desarrollo de las tareas de determinación de los aportes parafiscales. No prosperó el cargo.

3. Competencia de los jueces laborales Explicó que la demandada, en uso de sus facultades, puede solicitar la información que estime para establecer los hechos generadores de la s obligaciones parafiscales, lo cual, según el Consejo de Estado6, es una competencia operativa y no d e reglamentación legal . Así, la categorización salarial de unos pagos no implicaba la atribución de funciones jurisdiccionales. Además, la demandante no precisó en este cargo los casos en los que se modificó la relación lab oral ni los pagos que no hacían parte del IBC. Negó el asunto.

5 Índice 38 Samai del tribunal. 6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Exp 25907. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.Radicado: 76001-23-33-000-2017-00415-01 (27640) Demandante: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

4. Monto real de la obligación Indicó que no era posible incluir en la liquidación oficial los intereses moratorios, en

www.consejodeestado.gov.co 8

4. Monto real de la obligación Indicó que no era posible incluir en la liquidación oficial los intereses moratorios, en su lugar, debían actualizarse a partir del pago efectivo de la obligación, o en su defecto, cuando se realizara el cobro coactivo. No prosperó el cargo.

5. Título ejecutivo Advirtió que desde el requerimiento para declarar y/o corregir se relacionaron los trabajadores y las conductas fiscalizadas ; así mismo, en los archivos SQL se clasificaron los ajustes y las observaciones de cada uno, por lo que conclu yó que los actos demandados estaban debidamente motivados.

6. Novedades de ingreso, retiro e incapacidad Luego de revisar el caso de los trabajadores demandados en este cargo junto con las pruebas allegadas, encontró que la señora Nohora Pérez Castillo fue retirada del servicio en el mes de enero de 2013 por lo cual no era procedente el ajuste del mes de marzo y debía efectuar una reliquidación de los aportes excluyéndolos.

7. Salario integral Compartió la postura de la demandada que consiste en que no es posible endilgar responsabilidad alguna al operador logístico de la PILA, puesto que sus funciones se limitan a permitir el ingreso, modificación, validación y corrección de datos, mientras que la liquidación del aporte corresponde al empleador.

Por otro lado, sostuvo que según el criterio del Consejo de Estado 7, la base de los aportes parafiscales se calcula sobre el 70% de lo que recibe el trabajador como remuneración integral, toda vez que el otro 30% es factor prestacional que no tiene carácter salarial, por lo que era dable concluir que la UGPP liquidó las contribuciones

aportes parafiscales se calcula sobre el 70% de lo que recibe el trabajador como remuneración integral, toda vez que el otro 30% es factor prestacional que no tiene carácter salarial, por lo que era dable concluir que la UGPP liquidó las contribuciones con un IBC superior al 70%. Sin embargo, en el expediente no encontró los contratos vigentes de los trabajadores enlistados en la demanda, lo que hubiera permitido verificar el tipo de salario pactado. Negó el cargo.

8. Calidad especial de trabajadores Manifestó que «para sustentar este cargo, la parte demandante referenció los pagos realizados a la pensión al trabajador Alberto Efraín Palma Zamora en los meses de enero a agosto de 2011 y los ajustes derivados de esa liqui