CE - Sentencia 76001233300020210120901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025)

Demandante: Aleydi Tobar Camayo Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plaza s del orden territorial. Aplicación de sentencia s de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por medio de la cual negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Aleydi Tobar Camayo instauró demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y

ANTECEDENTES

La señora Aleydi Tobar Camayo instauró demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resoluciones (i) RDP 032149 del 1.° de agosto de

1 Ver índice 3 de SAMAI-Tribunales, archivo: 001DemandaYAnexos.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025) 2018, (ii) RDP 036270 del 5 de septiembre de 2018 , y (iii) RDP 042150 del 23 de octubre de 2018, por medio de las cuales la entidad negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a reconocer y pagar la mencionada pensión a partir del 7 de mayo de 2016 , en un monto equivalente al 75% de todo lo devengado durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento de los requisitos legales.

Que la entidad pague las mesadas atrasadas incluyendo el ajust e del valor conforme al IP C, así como los intereses moratorios según lo establece el artículo 192 y 195 del CPACA, y que sea condenada en costas.

HECHOS

Que la entidad pague las mesadas atrasadas incluyendo el ajust e del valor conforme al IP C, así como los intereses moratorios según lo establece el artículo 192 y 195 del CPACA, y que sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 21 de agosto de 1958 y que prestó sus servicios como docente oficial desde el 16 de marzo de 1977 hasta el 21 de sept iembre de 1979 , vinculada por Decreto 034 de 1977, y que , de manera posterior, fue designada por el Decreto 1906 de 1998, laborando desde el 12 de noviembre de 1998 hasta el 27 de septiembre de 2021, fecha de expedición del certificado de tiempo.

Que los tiempos referidos fueron desempeñados bajo un vínculo municipal, por lo que cumplió 20 años de servicio en las calidades exigidas por la norma el 7 de mayo de 2016, motivo por el que elevó la solicitud del reconocimiento de su derecho ante la demandada el 7 de junio de 2018, pero la misma fue negada a través de los actos acusados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Aseguró que con los actos administrativos demandados se transgreden los artículos: 25, 53 de la Constitución Política, 1.º, 3.º y 4.° de la Ley 114 de 1993, 1 y 15 de la Ley 91 de 1989, 2 del Decreto Reglamentario 196 de 1991, y las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

Que cumplió con los requisitos exigidos por las normas para el reconocimiento de

15 de la Ley 91 de 1989, 2 del Decreto Reglamentario 196 de 1991, y las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

Que cumplió con los requisitos exigidos por las normas para el reconocimiento de la pensión gracia, pues prestó sus servicios como docente durante más de 20 años, en instituciones educativas oficiales, por tanto, los actos acusados se oponen al marco legal en el que debían fundarse.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025)

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 15 de julio de 2022 2 fue admitida la demanda, y se notificó a la UGPP, quien manifestó que3, si bien la actora tuvo una vinculación municipal entre 1977 y 1979, no acreditó el requisito de 20 años bajo las calidades exigidas por la norma. Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, (iii) buena fe de la entidad demandada, y (iv) prescripción.

El 20 de noviembre de 20244, el tribunal de primera instancia fijó el litigio; incorporó las pruebas documentales presentadas con la demanda, su contestación, y l as aportadas como respuesta al requerimiento de la providencia del 15 de agosto de 2024; corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión,

las pruebas documentales presentadas con la demanda, su contestación, y l as aportadas como respuesta al requerimiento de la providencia del 15 de agosto de 2024; corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para rendir concepto, todo esto en orden de dictar sentencia anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de febrero de 2025, negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

Expuso que, la demandante no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por la norma, pues si bien el certificado de tiempos de servicio n.° 250080313 de fecha 28 de abril de 2014 expedido por el municipio de Candelaria señala que laboró desde el 16 de marzo 1977 hasta el 21 de septiembre 1979 con un tipo de vinculación municipal, el CETIL n.° 202010891380038000220005 del 5 de noviembre de 2020, establece que laboró en las mismas fechas referenciadas, pero no determinó la calidad de la vinculación, por lo que consideró que no quedó claro la naturaleza de la relación legal y reglamentaria anterior al 31 de diciembre de 1980.

A su vez, sobre los tiempos comprendidos entre 1998 y 2010, consideró q ue la vinculación sostenida fue de carácter nacional , pues así fue certificado en el «formato de FOMAG» del 28 de abril de 2014.

2 Ver índice 6 de SAMAITribunales. 3 Ver índice 12 de SAMAITribunales. 4 Ver índice 32 de SAMAITribunales.

«formato de FOMAG» del 28 de abril de 2014.

2 Ver índice 6 de SAMAITribunales. 3 Ver índice 12 de SAMAITribunales. 4 Ver índice 32 de SAMAITribunales. 5 Ver índice 39 de SAMAITribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025) En consecuencia, estimó que ninguno de los tiempos relacionados puede ser tenido en cuenta para efectos del cómputo de la prestación.

EL RECURSO DE APELACIÓN6

La demanda nte interpuso recurso apelación. Expuso que el tribunal concluyó erróneamente que su vinculación era nacional, basándose únicamente en los certificados de historia laboral emitidos en un formato estándar por Fiduprevisora S.A., sin analizar los actos administrativos de nombramiento, ni las actas de posesión, ni el tipo de establecimiento educativo en el que se prestó el servicio.

Que con la demanda se aportó el Decreto 034 de 1977 y el a cta de posesión n.° 020, así como la certificación n.° 250.12.01-174 emitida por la Secretar ía de Desarrollo Administrativo del municipio de Candelaria , documentos de los cuales puede colegirse su vínculo municipal.

Que aportó también el Decreto 1906 del 2 de octubre de 1998 y el acta de posesión 5408, en los que se observa que fue vinculada por el departamento del Valle del

puede colegirse su vínculo municipal.

Que aportó también el Decreto 1906 del 2 de octubre de 1998 y el acta de posesión 5408, en los que se observa que fue vinculada por el departamento del Valle del Cauca para desempeñarse en el Instituto Sagrada Familia del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, establecimiento nacionalizado.

Que nunca fue nombrada por el Gobierno Nacional ni laboró en establecimientos educativos nacionales, por lo que no puede confundirse su régimen pensional con el de los docentes nacionales , siendo fundamental que los operadores judiciales analicen los actos de nombramiento y posesión para establecer correctamente el tipo de vinculación, evitando errores de los certificados.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 1.° de agosto de 20257 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,

6 Ver índice 42 de SAMAITribunales 7 Ver índice 4 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025)

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025) especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún periodo en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

De igual forma , el artículo 3 .° de dicha norma estableció que : «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó» , mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta.

(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

5. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitosCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitosCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025) consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 8. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indica ndo que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediant e la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presen te Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vincul ados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensu al promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada

jubilación equivalente al 75% del salario mensu al promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,

8 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025) en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacional izado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 19979 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no q uedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado

siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los

regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadore s territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 10 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025) dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se

dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo ju nto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al rec onocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales , el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos

respecta a los educadores territoriales , el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educado res nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza del cargo a ocupar, lo cual se puede advertir , entre otros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025)

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025) Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,11 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anterior es providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera

municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por un alc alde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar

11 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01209-01 (1662-2025) el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, se observa que la señora Aleydi Tobar Camayo nació el 21 de agosto 195812,

el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, se observa que la señora Aleydi Tobar Camayo nació el 21 de agosto 195812, de modo que cumplió los 50 años de edad el 21 de agosto de 2008.

El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.

• Periodo I: del 16 de marzo de 1977 al 21 de septiembre de 1979

En lo referente a este período, obra en el expediente el CETIL n.° 20201089138003800022000513, que señala que la actora laboró a favor del municipio de la Candelaria desde el 16 de marzo de 1977 hasta el 21 de septiembre de 1979, así como el acta de posesión n.° 020 14 en la que consta que esta misma se presentó para lo propio el 14 de marzo de 1977, pero que los efectos serían a partir del 16 de marzo de 1977.

También se allegó el acto administrativo de nombramiento, el Decreto 034 de 197715, a partir del cual puede definirse el tipo de plaza ocupada por la actora, pues la alcaldesa de Candelaria, Valle del Cauca la nominó como «maestra municipal», apreciándose que l a decisión de designación fue adoptada sin la intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este para que, en virtud de la desconcentración, la mencionada autoridad municipal en representación de la Nación efectuara la nominación en comento, por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden nacional.

la desconcentración, la mencionada autoridad municipal en representación de la Nación efectuara la nominación en comento, por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden nacional.

Tampoco se señala en el acto en mención que la plaza se hubiese creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atende r el proceso de nacionalización serían administrados los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de Educación Nacional.

Contrario a lo anterior, a partir del medio probatorio analizado, se extrae con claridad que el nombramiento de la accionante tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la alcaldesa del mentado ente territorial, lo que indica que su vínculo fue en calidad de docente territorial.

12 Ver índice 3 de SAMAI-Tribunales, archivo: 001DemandaYAnexos, página 63, copia cédula de ciudadanía. 13 Ibid, página 46. 14 Ibid, página 51. 15 Ibid, página 50.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C.