CE - Sentencia 76001233300020250038201

Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 76001-23-33-000-2025-00382-01

Demandante: LUIS DEIZER LEDEZMA Y OTROS

Demandado: UNIDAD ADMINI STRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN

COLOMBIA Y OTRO

Tema: Revoca sentencia – ordena cumplimiento

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La S ala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 1 de julio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En ejercicio de la acción desarro llada por la Ley 393 de 1997, Luis Deizer Ledezma, Dayruve Antonia Melean Morillo, Daianna Reyes Poveda, Sebastián Alejandro Leal Oliveros , Jennifer Andreina Acevedo Sequera , Alixa Anabel

1. En ejercicio de la acción desarro llada por la Ley 393 de 1997, Luis Deizer Ledezma, Dayruve Antonia Melean Morillo, Daianna Reyes Poveda, Sebastián Alejandro Leal Oliveros , Jennifer Andreina Acevedo Sequera , Alixa Anabel Peña Vásquez, Carmen Yadira González Rivas , Sergio Rodríguez Núñez y Armando Umaña Cortes presentaron acción de cumplimiento contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - UAEMC - con el fin de que diera cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5., 2.2.1.11.2.1.10. y 3° del Decreto 1209 de 2024 1 y cuyas pretensiones, en esencia, buscan lo

siguiente:

PRIMERO. Se ordene y garantice el cumplimiento efectivo del Decreto 1209 de 2024 y de sus artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5, 2.2.1.11.2.1.10 y 3.

1 Por el cual se sustituye el artículo 2.2.1.11.2.5. y se adiciona la Subsección 1 en la Sección 2 del Capítulo 11 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1067 de 2015 para crear y regular el Permiso Especial de Permanencia par a representantes legales o custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR).Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro

crear y regular el Permiso Especial de Permanencia par a representantes legales o custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR).Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 SEGUNDO. Se ordene a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia emitir acto administrativo donde se establezcan mecanismos y condiciones para la expedición y vigencia del permiso.

TERCERO. Que dicho acto administrativo se haga público por medios oficiales de difusión y que exista un acceso directo al trámite a través de los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.

2. Como consecuencia, solicitó que ordene a la UAEMC proceder a proferir el acto administrativo donde se establezcan mecanismos y condiciones para la expedición y vigencia del permiso PEP-TUTOR.

2. Hechos

3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente2:

4. La parte actora manifestó que el Decreto 1209 de 2024 fue expedido el 26 de septiembre de 2024 y entró en vigor a partir de su promulgación; no obstante, no se han implementado las medidas necesarias para hacer efectivo el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR), así como la falta de reglamentación y habilitación del sistema para la recepción de solicitudes,

el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR), así como la falta de reglamentación y habilitación del sistema para la recepción de solicitudes, pese a que debía realizarse su implementación en el término de 3 meses siguientes a la publicación.

5. Indicaron que actualmente las personas de nacionalidad venezolana quieren regularizar su estatus migratorio en el territorio nacional, con el fin de acceder a los servicios básicos y obtener la garantía de los derechos fundamentales, pues pese a tener los requisitos para el PEP -TUTOR, no han podido iniciar el trámite por obstáculos y desconocimiento de la administración.

6. Agregaron que, el 16 de abril de 2025, elevaron derecho de petición a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la UAEMC, pidiendo el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5. y 3° del Decreto 1209 de 2024, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

7. Mediante providencia de l 5 de junio de 20253, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó la notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la UAEMC 4.

2 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como

2 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción. 3 Índice 00003 de Samai. Expediente del Tribunal. 4 Al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali le correspondió por reparto el asunto, y por auto del 2 0 de mayo de 2025 ordenó remitir por competencia el asunto de la referencia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

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4. Contestación de la demanda

8. El Ministerio de Relaciones Exteriores contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y seña ló que, si bien se expidió el Decreto 1209 del 26 de septiembre de 2024 y se creó el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niños, niñas y adolescentes (PEPTUR), lo cierto es que no existe un plazo fijado de implementación de tres meses.

9. Dijo que la norma contenida en el artículo 2.2.1.11.2.1.10 del citado Decreto, indicaba que la implementación del PEP -TUR, sería de manera progresiva y no como indica el actor.

9. Dijo que la norma contenida en el artículo 2.2.1.11.2.1.10 del citado Decreto, indicaba que la implementación del PEP -TUR, sería de manera progresiva y no como indica el actor.

10. Asimismo, afirmó que no existen pruebas que logren determinar trabas administrativas por parte de la entidad, pues si bien existió un derecho de petición del 16 de abril de 2025 solicitando el cumplimiento del Decreto 1209 del 26 de septiembre de 2024, el Ministerio lo remitió por competencia a Migración Colombia e informando al usuario de su traslado, no configurándose la renuencia.

11. Manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues el Ministerio no tiene competencia para expedir ni implementar el PEP -TUTOR, dado que la misma recae sobre la UAEMC, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 4062 de 2011 y 1209 del 26 de septiembre de 2024.

12. Pidió que se tuvieran en cuenta las gestiones administrativas realizadas por Migración Colombia, de conformidad con el Decreto, del cual se ha dado cumplimiento progresivo en la implementación del PEP-TUTOR, consistentes

en:

1. Se llevó a cabo la publicación del proyecto de resolución para la implementación del trámite del PEP TUTOR y el link. 2) La Publicación del proyecto de resolución sobre el sistema y método para la determinación de costos y su link. 3) Jornadas de revisión técnica en el acompañamiento de función pública, las cuales concluyeron con la aprobación formal del trámite el 16 de mayo de 2025. 4) Actualmente la UAEMC, se encuentra adelantando las acciones tecnológicas para realizar su habilitación.

las cuales concluyeron con la aprobación formal del trámite el 16 de mayo de 2025. 4) Actualmente la UAEMC, se encuentra adelantando las acciones tecnológicas para realizar su habilitación.

13. Por su parte, la UAEMC se opuso también a la prosperidad de las pretensiones y añadió que carecen de fundamentos facticos y jurídicos, resultando improcedente la acción interpuesta.

14. Señaló que el Decreto 1209 de 2024 establece una implementación progresiva del PEP-TUTOR, sujeta a disponibilidad presupuestal, lo que hace improcedente la acción de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

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15. Manifestó que los aquí actores interpusieron acción de tutela sin informar de ello en el escrito de demanda, configurándose la mala fe y vulnerando el principio de non bis in ídem, contraviniendo en igual sentido lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, por existir otro medio judicial.

16. Señaló que, la entidad dio respuesta a la petición el 23 de abril de 2025, reenviándola nuevamente el 9 de junio de 2025, sin que pueda configurarse la

renuencia, pues ha desarrollado gestiones como:

• Publicación del proyecto de resolución. • Recepción de 207 observaciones ciudadanas.

reenviándola nuevamente el 9 de junio de 2025, sin que pueda configurarse la renuencia, pues ha desarrollado gestiones como:

• Publicación del proyecto de resolución. • Recepción de 207 observaciones ciudadanas. • Jornadas técnicas con Función Pública. • Aprobación formal del trámite el 16 de mayo de 2025. • Desarrollo de sistemas tecnológicos y capacitación de personal.

17. Agregó el concepto emitido por la Subdirección de Extranjería de la UAEMC, que señaló que «la implementación del PEP -TUTOR, creado mediante el Decreto 1209 de 2024, requiere una coordinación interinstitucional y el cumplimiento de un proceso técnico y administrativo complejo, lo que justifica su implementación gradual. La naturaleza del trámite implica la interacción entre múltiples áreas funcionales y la adopción de herramientas tecnológicas e instrumentos normativos que aseguren su correcta operatividad y accesibilidad para la población destinataria (…)».

18. En cuanto a la implementación del PEP -TUTOR, informó que, culminado el proceso de implementación progresiva, se comunicará oportunamente a toda la población interesada, a través de sus canales oficiales, la apertura y condiciones del trámite a realizar o bien acudir al régimen ordinario de visas, si se quiere permanecer legalmente en Colombia.

5. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia del 1 de julio de 2025 , estimó que la acción resulta improcedente al considerar que, la implementación de los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5.,

1 de julio de 2025 , estimó que la acción resulta improcedente al considerar que, la implementación de los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5., 2.2.1.11.2.1.10. y 3° del decreto 1209 de 2024, por parte de las entidades accionadas, consagra un gasto público.

20. El Tribunal sostuvo que la competencia para cumplir lo dispuesto en las normas que aquí se invocan recae sobre la UAEMC. Esto, por cuanto al tenor del artículo 2.2.1.11.2.1.4 del Decreto 1209 de 2024, la expedición del Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR) está únicamente a su cargo.

21. Indicó que, la entidad accionada ha desarrollado labores como encuestas, además del proyecto de Resolución para la implementación del referido permiso, para lo cual requiere de la destinación de recursos públicos, tal y como logró observarse en el proyecto de Resolución del 12 de agosto de 2024.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

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22. Destacó que el artículo 2.2.1.11.2.1.10, determina la implementación del permiso de manera gradual, cuando se asegure «la disponibilidad de

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22. Destacó que el artículo 2.2.1.11.2.1.10, determina la implementación del permiso de manera gradual, cuando se asegure «la disponibilidad de recursos», y que en la misma norma se evidencia que la entidad podrá «llevar a cabo pruebas y jornadas piloto, para ajustar progresivamente sus sistemas técnicos, tecnológicos y operativos », lo cual se advirtió, también ha sido cumplido en el caso sub examine, de acuerdo con los informes allegados y visibles en el índice 12 del aplicativo SAMAI.

23. No desconoció los argumentos expuestos por la parte accionante, en cuanto a que la presente acción constitucional pretende la implementación del PEP-TUTOR, a través de un acto administrativo y las acciones conducentes a su efectividad ; sin embargo, no pasó por alto el hecho de que , las normas objeto de cumplimiento, consagran un gasto público para la parte accionada, el cual se ve reflejado en las acciones tendientes a ello, pues esto implica habilitar puntos de atención, logística de distribución de documentos, entre otros.

24. En relación con la cosa juzgada y la temeridad, el Tribunal sostuvo que no se configuró, por cuanto la acción de tutela que interpusieron los actores buscaba la defensa al derecho fundamental de petición y, en la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Cali, se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al darse contestación al mismo.

6. La impugnación5

25. La parte accionante precisó que la acción de cumplimiento en el presente

la carencia actual de objeto por hecho superado, al darse contestación al mismo.

6. La impugnación5

25. La parte accionante precisó que la acción de cumplimiento en el presente caso sí es procedente, en tanto no se solicita la ejecución directa de una partida presupuestal ni una orden de gasto, sino la materialización de un deber jurídico claro, imperativo y exigible, contenido en el Decreto 1209 de 2024, el cual establece un plazo máximo de tres meses para que Migración Colombia habilite el Permiso Especial de Permanencia (PEP-TUTOR).

26. Afirmó que la norma invocada no requiere una ejecución presupuestal inmediata, sino que ordena a la entidad administrativa competente la expedición de un acto administrativo que viabilice el trámite, para lo cual Migración Colombia ya ha realizado actividades preliminares, como publicación de proyectos, recepción de observaciones ciudadanas y jornadas técnicas. Esto demuestra que el cumplimiento ya ha iniciado, lo cual invalida el argumento de improcedencia por gasto.

27. Sostuvo que el Decreto 1209 de 2024 no crea erogación alguna, sino que impone obligaciones administrativas que deben cumplirse con los medios ordinarios de la administración. Por tanto, no puede considerarse que se esté

5 La sentencia del 14 de mayo de 2025 por correo electrónico el 20 de mayo de 2025 , y el escrito de impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 26 de mayo de 2025, término que se encuentra oportuno.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

oportuno.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 ante una norma que «establece gastos» en los términos del artículo 9 de la Ley 393.

28. Sostuvo que, si bien el artículo 2.2.1.11.2.1.10 del Decreto 1209 introduce una cláusula de progresividad, esta no habilita a la administración para dilatar indefinidamente su obligación legal, mucho menos cuando ya ha transcurrido el plazo de tres meses otorgado para la implementación. La progresividad debe estar acompañada de acciones verificables, cronogramas públicos y resultados concretos.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

29. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , según lo dispuesto en los artículos 150 6 y 152 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 , expedido por la Sala Plena del

Consejo de Estado8.

2. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 1 de julio de 2025, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, para lo cual

30. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 1 de julio de 2025, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de las entidades demandadas de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?

31. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá

determinarse:

(ii) ¿El precepto enunciado como incumplido consagra un gasto público para su implementación?

¿La norma demandada como incumplida contiene un mandato imperativo e inobjetable que deba ser cumplido por las entidades demandadas?

6 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia p or los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 7 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos,

mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

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3. Generalidades de la acción de cumplimiento

32. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

33. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los

siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalm ente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presup uesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presup uesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio g rave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º].

34. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o i v], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

35. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,

[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro

[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

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4. La constitución de la renuencia

36. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

37. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.

38. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia»10.

39. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde

constitución en renuencia»10.

39. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del ciudadano11.

40. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.

41. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.

42. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad , aportó copia del correo electrónico dirigido al Ministerio de Relaciones Exterior, el 16 de abril de 2025; pero, no adjuntó copia del contenido del mismo.

43. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la contestación de la demanda, sostuvo que remitió el correo electrónico a la UAEMC , el 17 de abril de 2025, a través del cual se requería el cumplimiento de las normas que

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 10 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.

10 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019. 11 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-0002016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 hoy se demanda como incumplidas, y copió su contenido, que corresponde al siguiente:

44. En el expediente solo hay prueba de que la UAEMC dio respuesta el 23 de abril y reiterada el 9 de junio de 2025; sin embargo, solo se aportó la constancia de envío de la contestación más no su contenido, de conformidad con la siguiente prueba allegada por la entidad demandada:Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

siguiente prueba allegada por la entidad demandada:Demandante: Luis Deizer Ledezma y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y otro Rad: 76001-23-33-000-2025-00382-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 conformidad con loa establecido en los artículos 2.2.1.11.2.1.4, 2.2.1.11.2.1.5., 2.2.1.11.2.1.10. y 3° del Decreto 1209 de 2024;

ARTÍCULO 2.2.1.11.2.1.4 Expedición. La expedición del Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR), estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, quien definirá mediante acto administrativo los demás mecanismos y condiciones específicas para su desarrollo e implementación.

PARÁGRAFO. El cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para acceder al Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP -TUTOR) no es garantía de su otorgamiento, lo cual obedece a la facultad discrecional y potestativa del Estado colombiano a través de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad migratoria de vigilancia, control migratorio y de extranjería.

ARTÍCULO 2.2.1.11.2.1.5. Vigencia del permiso. El Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR) se otorgará con vigencia hasta el 30 de mayo de

Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR) se otorgará con vigencia hasta el 30 de mayo de 2031 y no será prorrogable.

El PEP-TUTOR estará disponible para la entrega al migrante venezolano en los puntos de atención definidos por la Autoridad Migratoria. En todo caso, el titular del PEPTUTOR tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para reclamarlo una vez haya sido expedido, En caso de no reclamarse en este período, el documento perderá vigencia automáticamente.

PARÁGRAFO 1. Previo a la terminación de la vigencia del Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR), el migrante venezolano que desee permanecer en el territorio colombiano deberá trami tar y obtener una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo los requisitos contemplados en la Ley.

El Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP -TUTOR) contemplado en la presente subsección permitirá al migrante venezolano acreditar su permanencia en Colombia para efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a la Visa Tipo R, en los términos y bajo las condiciones establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante acto administrativo.

El migrante venezolano que, a la fecha de terminación de la vigencia del Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR), no hiciere el tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria y no cumpla con los requisitos para permanecer en el

Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR), no hiciere el trán