CE - Sentencia 76001233300020250069601 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 76001233300020250069601 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 76001-23-33-000-2025-00696-01
Demandantes: SULAY AGUDELO Y OTROS
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUENAVENTURA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Revoca amparo y confirma improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 27 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a la solicitud de amparo y, a su vez, declaró la improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 10 de octubre de 20251, los señores Sulay Agudelo;
por no superar el requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 10 de octubre de 20251, los señores Sulay Agudelo; Maicol Estiven Solarte Agudelo; Anyerson Fernando Solarte Agudelo; Mario Alexis Solarte Agudelo; Saulo Rojas Solarte; Nilson Rojas Solarte; Omar Rojas Solarte; Juan Edilmer Rojas Solarte y, Bellamir Rojas Solarte, por medio de apoderado judicial2, promovieron acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura3 con la que pretenden el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. 1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2 Índice 3 de Samai. Poder otorgado por mensaje de datos. 3 Juez: Sara Helen Palacios.Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de los siguientes autos dictados al interior del medio de control de reparación directa, identificado con el radicado 76109-33-33-001-2025-00016-00: i)
Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de los siguientes autos dictados al interior del medio de control de reparación directa, identificado con el radicado 76109-33-33-001-2025-00016-00: i) 155 del 12 de febrero de 2025 que rechazó la demanda por caducidad; ii) 261 del 5 de marzo de 2025 que rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y apelación y, iii) 367 del 31 de marzo de 2025 que no repuso la providencia anterior y rechazó por improcedente el recurso de apelación.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, sírvase declarar la nulidad de todo lo actuado desde el 12 de febrero del 2025, fecha del auto interlocutorio No. 155 que rechazó la demanda por considerar erróneamente que operó la caducidad dentro del proceso con radicado No. 76-109-33-33-001-2025-00016-00.
TERCERO. - Las partes accionadas serán responsables por el cumplimiento exacto y oportuno de dicha decisión, bajo el apremio de las sanciones previstas por los arts 27 y 52 del decreto 2591 de 19914.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
Los señores Sulay Agudelo; Maicol Estiven Solarte Agudelo; Anyerson Fernando
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
Los señores Sulay Agudelo; Maicol Estiven Solarte Agudelo; Anyerson Fernando Solarte Agudelo; Mario Alexis Solarte Agudelo; Saulo Rojas Solarte; Nilson Rojas Solarte; Omar Rojas Solarte; Juan Edilmer Rojas Solarte y, Bellamir Rojas Solarte presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, con el objetivo de que fueran declarados responsables administrativamente por la muerte del señor Mario Óscar Solarte, quien presuntamente fue víctima de homicidio por parte de grupos armados al margen de la ley.
Dicho proceso fue repartido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, que en auto 155 del 12 de febrero de 2025 rechazó la demanda 4 Transcripción literal que puede contener errores.Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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3 por caducidad, tras considerar que la muerte del señor Mario Óscar Solarte había
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3 por caducidad, tras considerar que la muerte del señor Mario Óscar Solarte había ocurrido el 15 de noviembre de 2022, por lo que inicialmente el término de caducidad vencía el 16 de noviembre de 2024.
Tal término fue suspendido el 15 de noviembre de 2024 cuando se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial. Seguido de ello, el acta de no conciliación fue suscrita el 31 de enero de 2025 y la constancia fue expedida el 7 de febrero siguiente.
En consecuencia, el término de caducidad se reanudó a partir del día siguiente (8 de febrero de 2025), por lo que la parte actora contaba hasta el 10 de febrero de 2025 para presentar el medio de control, sin embargo, ello sucedió el 11 siguiente.
Por lo tanto, el extremo activo interpuso recursos de reposición y apelación, los cuales, por medio de auto 261 del 5 de marzo de 2025, fueron rechazados por extemporáneos, en atención a que la providencia 155 de 2025 fue notificada por estado electrónico el 27 de febrero de 2025, por lo que el término para presentar recursos transcurrió hasta el 4 de marzo siguiente, no obstante, estos fueron radicados el 5 de marzo de 2025.
Contra la providencia 261 de 2025, la parte demandante solicitó la reposición y apelación, para lo cual, en auto 367 del 31 de marzo de 2025 se resolvió
radicados el 5 de marzo de 2025.
Contra la providencia 261 de 2025, la parte demandante solicitó la reposición y apelación, para lo cual, en auto 367 del 31 de marzo de 2025 se resolvió desfavorablemente el primer recurso y rechazó por improcedente la alzada. Al respecto, el juzgado argumentó que los planteamientos expuestos por el recurrente iban encaminados a demostrar que la demanda sí fue presentada de manera oportuna, y no a discutir el rechazo de los recursos por extemporáneos.
De igual forma, adujo que la apelación era improcedente, pues no procedía contra los autos que rechazan recursos de reposición y apelación , de acuerdo con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.
Dicha decisión fue notificada por estado el 9 de abril de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora argumentó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura incurrió en los siguientes yerros:
Procedimental por exceso ritual manifiesto
- Auto 155 del 12 de febrero de 2025: el juzgado realizó de manera errónea el conteo del fenómeno jurídico de la caducidad, pues la fecha a considerarDemandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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4 debía ser el 11 de febrero de 2025, cuando fue notificada la constancia del acta que declaró fallida la conciliación. - Auto 261 del 5 de marzo de 2025: el escrito contentivo del recurso propuesto contra la providencia que rechazó la demanda fue radicado por correo electrónico a la dirección del juzgado el 4 de marzo de 2025 y al día siguiente fue cargado el documento en la plataforma Samai, razón por la que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia, pues debió contar el término desde el envío al buzón web autorizado para tal fin. A su vez apoyó este argumento con apartes de la sentencia 11001-03-15-000-2024-05380-005 del Consejo de Estado y SU041 de 2022 de la Corte Constitucional.
Violación directa de la Constitución: Adujo que, como consecuencia del cargo planteado anteriormente, se hacía evidente la configuración del defecto ante la vulneración de las garantías al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
La Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en providencia del 14 de octubre de 2025, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante6 y, como parte demandada, a l Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura7.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present ó la
a la parte demandante6 y, como parte demandada, a l Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura7.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present ó la siguiente:
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura
Por medio de memorial remitido el 16 de octubre de 2025, la operadora judicial explicó que, si bien era cierta la afirmación de que el documento contentivo de los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el auto que rechazó la demanda fue radicado el 4 de marzo de 2025 al correo institucional del juzgado, también lo era que a dicho mensaje se obtuvo la respuesta automática de «no se acusa recibo», en atención que desde el mes de noviembre de 2024, el único canal 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Sentencia 06.11.24, Rad. 11001-03-15-000-2024-05380-00. 6Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico: fabian.1903@hotmail.com. 7 Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a l buzón web: j01admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co.Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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5 habilitado para el recibo de memoriales era la ventanilla única del aplicativo Samai, circunstancia que había sido informada al abogado desde el 14 de febrero de 2025.
Al respecto, igualmente informó que en la misma el secretario del Despacho se comunicó telefónicamente con el apoderado y le reiteró la obligación de utilizar la plataforma Samai para la presentación de documentos, sin embargo, el profesional de derecho en ningún momento manifestó imposibilidad alguna de acceder al aplicativo.
En consecuencia, adujo que el Despacho no había vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes, por cuanto las decisiones adoptadas se fundamentaron en los hechos y pruebas obrantes en el expediente, así como el marco normativo aplicable.
Asimismo, señaló que, en cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023, el juzgado estaba recibiendo los memoriales únicamente mediante la plataforma Samai.
Por último, expuso que la parte actora no cumplía con el requisito de subsidiariedad, dado que no había agotado todos los mecanismos ordinarios previstos, pues tenía a su disposición el recurso de reposición y en subsidio queja, medio procesal idóneo para controvertir la decisión que negó la alzada.
Así, solicitó que se negaran las pretensiones de amparo formuladas o, en su defecto, se declarara la improcedencia.
1.7. Fallo impugnado
para controvertir la decisión que negó la alzada.
Así, solicitó que se negaran las pretensiones de amparo formuladas o, en su defecto, se declarara la improcedencia.
1.7. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 27 de octubre de 2025, accedió a la solicitud de amparo, dejó sin efectos el auto 367 del 31 de marzo de 2025 y declaró la improcedencia respecto de las demás providencias judiciales.
Para empezar, el tribunal indicó que la parte actora no justificó la procedencia de la acción tutelar frente a las providencias judiciales, pues solo se limitó a sustentar la posible configuración de la causal específica del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Igualmente, recalcó que los autos involucrados contenían decisiones independientes entre sí, por lo que su análisis no podía hacerse de manera uniforme, sino particular. Por lo tanto, separó el estudio en 3 escenarios, atendiendo a cada una de las providencias judiciales enjuiciadas.Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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6 Para el primer auto, adujo que, al haber presentado los recursos de reposición y apelación de manera extemporánea, equivalía a no haberlos interpuesto, razón por
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6 Para el primer auto, adujo que, al haber presentado los recursos de reposición y apelación de manera extemporánea, equivalía a no haberlos interpuesto, razón por la que el juez de tutela no podía estudiar la decisión de rechazo de la demanda, en atención a que el juez natural de la causa no había conocido del fondo del asunto, por lo que no podía determinar si el medio de control de reparación directa se incoó oportunamente o no.
Frente al segundo, explicó que, «[…] de cara a este punto habría que establecer si los recursos fueron interpuestos oportunamente o no, por lo que el medio de defensa judicial ordinario sería el previsto el artículo 245 del CPACA, esto es, el recurso de queja que se interpone según lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso, en cuyo caso el juez de segunda instancia habría decidido si el recurso de apelación estuvo bien rechazado (por extemporáneo) o no. Nuevamente el juez de tutela no puede definir si los recursos fueron extemporáneos o no, porque ello debió decidirlo el juez natural de segunda instancia, al desatar el recurso de queja».
Ahora bien, en lo referente a la tercera providencia, mencionó que de ella no podía predicarse la existencia de un mecanismo de defensa judicial ordinario, por lo que el requisito general de procedibilidad sí podría darse por satisfecho.
Así las cosas, determinó que el auto 367 del 31 de marzo de 2025 incurrió en un defecto sustantivo, pues pese a que no fue invocado por la parte accionante, su configuración era evidente.
Así las cosas, determinó que el auto 367 del 31 de marzo de 2025 incurrió en un defecto sustantivo, pues pese a que no fue invocado por la parte accionante, su configuración era evidente.
Al respecto, explicó que, si bien los recursos de reposición y apelación no eran procedentes contra la providencia que rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y alzada, lo cierto es que la autoridad judicial accionada sí debió adecuarlo al recurso de queja (artículo 245 del CPACA), de acuerdo con el artículo 318 del Código General del Proceso.
Por lo tanto, amparó los derechos fundamentales invocados por la parte actora, dejó sin efectos el auto 367 del 31 de marzo de 2025 y ordenó al juzgado que diera trámite al recurso de queja propuesto por el apoderado de los demandantes. En lo demás, declaró la improcedencia de la acción de tutela.Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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7 1.8. Impugnación
Con escrito enviado por correo electrónico el 6 de noviembre de 20258, la parte actora impugnó el fallo de primer grado reproduciendo el mismo escrito inicial presentado.
Aunado a ello, indicó que se encontraba en desacuerdo con el amparo proferido por
actora impugnó el fallo de primer grado reproduciendo el mismo escrito inicial presentado.
Aunado a ello, indicó que se encontraba en desacuerdo con el amparo proferido por el juez constitucional a quo, pues lo pretendido era la nulidad de todo lo actuado a partir del 12 de febrero de 2025. Por lo tanto, solicitó revocar parcialmente la sentencia del 27 de octubre de 2025.
1.9. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
En atención a que el proyecto de la referencia fue discutido en la sesión del 20 de noviembre de 2025 y no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación, con auto del 21 siguiente9 se ordenó remitir el expediente al Despacho de la ahora Magistrada Ponente para proferir la decisión, en atención a la postura mayoritaria de la Sala.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora Sulay Agudelo y otros, contra la sentencia del 27 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 27 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para lo cual
marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 27 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
- ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, en especial el relacionado con la subsidiariedad?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente: 8 El fallo de primer grado fue notificado el 28 de octubre de 2025. 9 Índice 4 de Samai de segunda instancia.Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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- ¿El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de los autos del 12 de febrero, 5 y 31 de marzo de 2025?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente, (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente, (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201210 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 11 y declaró su procedencia12.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 12 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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9 términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Subsidiariedad
La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
2.4.1. Subsidiariedad
La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1. º del artículo 6. º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
En el presente caso, los señores Sulay Agudelo, Maicol Estiven Solarte Agudelo, Anyerson Fernando Solarte Agudelo, Mario Alexis Solarte Agudelo, Saulo Rojas Solarte, Nilson Rojas Solarte, Omar Rojas Solarte, Juan Edilmer Rojas Solarte y Bellamir Rojas Solarte presentaron acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Al respecto, argumentaron que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución en los autos 155 del 12 de febrero y 261 del 5 de marzo de 2025, dado que, a su juicio, se realizó de manera errónea el conteo del término de caducidad de la demanda y no se tomó como fecha de presentación la del documento contentivo de los recursos de reposición y apelación contra la providencia que
que, a su juicio, se realizó de manera errónea el conteo del término de caducidad de la demanda y no se tomó como fecha de presentación la del documento contentivo de los recursos de reposición y apelación contra la providencia que rechazó el medio de control, la de radicación por medio del correo electrónico del juzgado.
El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, como juez constitucional de primera instancia amparó las garantías alegadas por la parte actora y dejó sin efectos el auto 367 del 31 de marzo de 2025, tras considerar que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura incurrió en un yerro sustantivo al desconocer el artículo 318 del CGP, el cual lo conminaba a reconducir el recurso propuesto a queja, por ser este el procedente.Demandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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10 Asimismo, el a quo constitucional declaró la improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito de subsidiariedad frente a las otras providencias recurridas.
Así, esta Sala de Decisión anticipa que revocará el amparo proferido por el juez tutelar de primer grado y, confirmará en lo demás la providencia impugnada.
En primer lugar, se debe indicar que los fundamentos expuestos por los accionantes en el escrito de tutela únicamente iban dirigidos a cuestionar los dos primeros autos
tutelar de primer grado y, confirmará en lo demás la providencia impugnada.
En primer lugar, se debe indicar que los fundamentos expuestos por los accionantes en el escrito de tutela únicamente iban dirigidos a cuestionar los dos primeros autos proferidos por la autoridad judicial accionada, frente a los cuales se realizó un ejercicio argumentativo al enunciar garantías y utilizar un lenguaje de carácter constitucional para explicar la posible configuración de los mencionados defectos en dichas providencias, sin embargo, no se presentó un argumento de inconformidad respecto de la última providencia.
En consecuencia, el amparo ordenado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de cara al auto 367 del 31 de marzo de 2025, resulta oficioso y desborda la órbita que cobija al juez constitucional, máxime si se analiza que el presente caso se trata de una acción de tutela contra providencia judicial, asunto que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional impone que el estudio sea más estricto y se exige una mayor carga argumentativa.
Aunado a ello, se observa que el tribunal tuvo que encontrar un yerro que se encajara a la situación para estudiar su configuración, aspecto que como ya fue referido, sobrepasa el ámbito de ejecución del juez tutelar. Incluso, si el operador jurídico tuviera en cuenta la pretensión de dejar sin efectos todo lo actuado a partir del 12 de febrero de 2025, no sería posible ordenar el amparo de garantías fundamentales, cuando en el texto de tutela no se hizo mención alguna a la providencia del 31 de marzo de 2025.
del 12 de febrero de 2025, no sería posible ordenar el amparo de garantías fundamentales, cuando en el texto de tutela no se hizo mención alguna a la providencia del 31 de marzo de 2025.
Así las cosas, el estudio realizado por el a quo constitucional resulta excesivo si se observa el contenido del escrito tutelar, pues construye toda la argumentación para encontrar la configuración de un defecto que ni siquiera fue alegado.
Por lo tanto, no hay lugar a estudiar los requisitos de procedibilidad respecto de la providencia en mención, dado que no fue incluida dentro de los reproches formulados por la parte actora.
Ahora bien, acerca de los autos 115 y 261 de 2025, se debe señalar que no se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad.
Frente a la providencia del 12 de febrero de 2025, mediante la cual se rechazó la demanda por caducidad, procedía el recurso de apelación, en atención al contenidoDemandantes: Sulay Agudelo y otros Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura Radicado: 76001-23-33-000-2025-00696-01
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11 del artículo 244 del CPACA, sin embargo, al haberse presentado de manera extemporánea se entiende como no radicado. En consecuencia, al limitar la oportunidad de que el juez de mayor jerarquía revisara si era procedente el rechazo del medio de control, impide al juez constitucional pronunciarse al respecto, pues
extemporánea se entiende como no radicado. En consecuencia, al limitar la oportunidad de que el juez de mayor jerarquía revisara si era procedente el rechazo del medio de control, impide al juez constitucional pronunciarse al respecto, pues estaría sustituyendo sus facultades.
Por ello, el cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos ordinarios exige constatar que se haya interpuesto y resuelto el recurso de apelación, lo que, no sucedió en el presente caso, como fue explicado precedentemente.
En cuanto al auto del 5 de marzo de 2025 que rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y apelación, nuevamente se observa la misma situación del anterior, en atenció
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