CE-SP-424-EXP1981-N640

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS MUNICIPALES - Inhabilidades de sus miembros para ser elegidos concejales / CONCEJALES - Inhabilidad por haber sido miembro de junta administradora de servicios municipales Inhabilidades de los miembros de las Juntas Administradoras de los Servicios Municipales para ser elegidos Concejales, Art. 7º. de la Ley 89 de 1936. Aplicabilidad de esa norma a los Concejales del Distrito Especial de Bogotá.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA Consejero ponente: CARLOS BETANCUR JARAMILLO Bogotá, D.E., veintinueve (29) de abril de mil novecientos ochenta y uno (1981).

Radicación número: Actor: ANGEL ERNESTO GARRIDO PABA Y OTROS Demandado: Expediente número 640 – Electoral Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 30 de julio del año pasado, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Mediante ese proveído el Tribunal mencionado declaró la nulidad del acto por medio del cual se hizo la elección de los señores José Domingo Rincón, Lucy Díaz de Mejía, Alvaro Camargo de la Torre, Teófilo Forero y Francisco Salazar Castro, como concejales del Distrito Especial de Bogotá para el período legal 1978-1980, contenido en el acta de escrutinio de fecha 21 de marzo de 1978; igualmente declaró nulas las credenciales respectivas y no probada la excepción de inepta demanda. El Tribunal en el fallo materia de la apelación estudió tres aspectos fundamentales,

relacionados en su orden, con la inhabilidad consagrada en el artículo 7o. de la Ley 89 de 1936 para la elección de concejales municipales; la aplicabilidad de esa norma a los concejales del Distrito Especial de Bogotá y la situación de los citados en la demanda frente al mismo dispositivo. a) Frente al primer aspecto concluye que tanto la Corte Suprema de Justicia como esta Corporación por vías distintas y con textos constitucionales y legales diferente coinciden en la apreciación jurídica de que el inciso 2o. del artículo 7o. de la Ley 89 de 1936 establece claramente una inhabilidad para la elección de concejales municipales. Para llegar a esa conclusión afirma que el artículo en cuestión fue declarado exequible por la Corte Suprema el 18 de julio de 1978 y destaca uno de los apartes de ese proveído, el cual es del siguiente tenor: "Lo anterior significa que determinadas situaciones personales de carácter negativo constituyen inhabilidades que impiden el desempeño de determinadas funciones, una de las cuales es la de poder ser elegido concejero municipal, cuando se desempeña el cargo de administrador de servicios públicos municipales." "Esta prohibición legal está protegida por el inciso 2o. del artículo 196 de la Constitución" (página 635 jurisprudencia y doctrina número 81). b) Estimó también el Tribunal que el inciso mencionado era aplicable a los concejales del Distrito Especial de Bogotá. Para el efecto, anota: "Tenemos entonces que si por virtud de la jurisprudencia sentada por la Corte

Suprema de Justicia, el Concejo del Distrito Especial de Bogotá no puede ser otro que el indicado en el artículo 196 de la Carta y si de conformidad con el fallo, también de la Corte, del 18 de julio de 1978 transcrito en parte en el primer aspecto de la litis, la prohibición legal contenida en el inciso 2o. de la Ley 89 de 1936 está protegida por el inciso 2o. del artículo 196 de la Constitución, es forzoso concluir que sólo una derogatoria expresa o tácita de tal prohibición legal para los cabildantes del D.E. de Bogotá daría razón al impugnante, pues ya se vio que la pretendida excepción al régimen ordinario municipal de conformidad con el artículo 199 de la Carta quedó precisada por la Corte y en ese orden de ideas no puede sostenerse que el Decreto-ley 3133 de 1968 por el sólo hecho de ser desarrollo del precepto constitucional antes citado modificó el régimen para ser elegido concejal del distrito." Más adelante el mismo Tribunal expresa que "de la facultad contenida en el ordinal 11 del artículo 13 del estatuto del Distrito Especial de Bogotá no puede deducirse que se haya derogado la inhabilidad establecida en el inciso 2o. del artículo 7o. de la Ley 89 de 1936, cuando quiera que el representante o representantes del Concejo en entidades o empresas administrativas de servicios públicos sean los propios miembros del concejo." Ese artículo 13 en el ordinal 11 dispone: "reglamentar las funciones y deberes de los empleados del Distrito y de los representantes del Concejo en otras entidades y fijar las calidades y

condiciones para el desempeño de los cargos. Cabe observar, como lo sostiene el juzgador de primera instancia, que el Decreto 3133 de 1968 fija las atribuciones del concejo para elegir sus representantes en otras entidades y la Ley 89 de 1936 estatuye una inhabilidad para quien pretenda ser elegido como concejal cuando se haya desempeñado como administrador de servicios públicos. c) El tercer aspecto, o sea el relacionado con la situación de cada uno de los concejales cuya elección se impugna, fue materia de detenido análisis por el que, con apoyo en el acervo probatorio. Con base en la prueba documental allegada estimó que los concejales José Domingo Rincón, Lucy Díaz de Mejía, Alvaro Camargo de la Torre, Teófilo Forero y Francisco Salazar Castro eran inhábiles a la fecha de la elección y que, por tanto, las pretensiones de la demanda en torno a los mismos debían prosperar. En cambio, frente a los concejales Julio César Cortés Lozano y Carlos Julio Gaitán Ballesteros las súplicas de la demanda debían denegarse, por cuanto el primero no pertenecía a junta municipal administradora de servicios públicos sino al Fondo de adquisición de vehículos del Distrito que no cumplía funciones propias de administración, y el segundo porque no resultó probado dentro del proceso que hubiera ejercido el cargo para el cual fue designado como suplente en el Comité técnico coordinador de servicios públicos. La no demostración de que el principal no ejerció sus funciones significó que no se hubiera configurado la causal de inhabilidad propuesta. La Sala comparte en buena parte el análisis hecho por el Tribunal de instancia y

en especial lo sostenido en torno a los dos primeros cargos. Así el asunto de la inhabilidad ha sido tratado en igual forma por esta Corporación en múltiples fallos, entre los cuales deben destacarse los de 27 de febrero de 1978 y 8 de febrero de 1979, con ponencia, en su orden, délos señores Consejeros Samuel Buitrago Hurtado y Carlos Galindo Pinilla. Considera la Sala que a ese respecto no tiene nada que agregar dadas la seriedad y amplitud de la argumentación. Se estima también juiciosas las reflexiones hechas por el a-quo frente al segundo aspecto analizado o sea la aplicación del inciso 2o. del artículo 7o. de la Ley 89 de 1936 a los Concejales del Distrito Especial de Bogotá y la Sala prohíba esa argumentación. En lo que toca con el asunto subjúdice y en relación con cada uno de los Concejales involucrados en el presente proceso, se precisa: Se probó adecuadamente que los concejales José Domingo Rincón, Lucy Díaz de M., Alvaro Camargo de la Torre, Teófilo Forero y Francisco Salazar C, estaban inhabilitados para ser designados concejales del Distrito Especial de Bogotá, por cuanto su designación estuvo enmarcada en los supuestos del inciso 2o. del artículo 7o. de la Ley 89 de 1936. El análisis hecho por el Tribunal en torno a las pruebas que acreditan los distintos extremos merece ser compartido por esta Sala y nada tiene que objetar al respecto: No comparte la Sala la decisión tomada con relación al concejal Julio César Cortés Lozano y estima que la demanda en este extremo también debe prosperar.

Se acreditó que el mencionado señor el día 9 de septiembre de 1976 fue nombrado representante del Concejo ante el Fondo de adquisición de vehículos, en calidad de principal (proceso 0013, a folios 81). Se corrobora esta participación en dicha junta con el certificado que obra a folios 165 del proceso 0015 en el cual se afirma que el concejal principal Julio César Cortés L. el 26 de febrero de 1978 era miembro principal de la mencionada junta, por designación del Concejo Distrital el día 19 de septiembre de 1976 (acta la.) El carácter de junta administradora que tiene ese Fondo es indiscutible pese a que el señor Alcalde Gaitán Mahecha en su declaración certificada que obra a fls. 212 del expediente 0015, afirmó "que no ejerce funciones de administración de servicios públicos, ya que su actividad se limita a la adquisición y renovación del equipo automotor requerido para la buena marcha de la administración." La manifestación misma del señor Alcalde demuestra lo contrario, ya que ese fondo cumple funciones de administración bastante delicadas como es la de dotar al Distrito del parque automotor que es precisamente un elemento capital en la prestación de servicios vitales para la comunidad (acueducto, alcantarillado, etc.). No entiende de dónde puede sacar el a-quo la afirmación de que allí no hay un servicio, por cuanto con tales equipos se presta un servicio al personal vinculado a la administración distrital pero no a la comunidad. Esta curiosa afirmación no resiste el análisis e ignora la misma certificación aludida atrás en la que se afirma que su actividad se limita nada menos que a la adquisición y renovación del

equipo automotor requerido para la buena marcha de la administración. Luego, en este extremo deberá adicionarse la decisión. La tomada en torno a la no nulidad de la elección del señor Carlos Julio Gaitán deberá confirmarse por cuanto como bien lo dice el Tribunal, si bien se probó que había sido designado como miembro suplente ante el Comité Técnico coordinador de servicios públicos e interventoría de obras, no se acreditó que hubiera ejercido sus funciones en reemplazo de su principal. El señor fiscal colaborador estima, acogiéndose a jurisprudencia de la Corporación, que la sentencia deberá ser confirmada. Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: Confirmase la sentencia apelada dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de julio de 1980 con la siguiente adición: Anulase igualmente el acto impugnado en cuanto declaró electo al señor Julio César Cortés

COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.

Esta providencia fue aprobada por la Sala Plena en su sesión celebrada el día 8 de abril de 1981. Jorge Valencia A rango, Presidente Sala. Con salvamento de voto; Carlos Betancur Jaramillo, con aclaración voto; Aydée Anzola Linares, Alfonso Arango Henao, Samuel Buitrago Hurtado. No asistió; Jorge Dangond Flores, Enrique Low Murtra, con salvamento de voto; Carmelo Martínez Conn. Con salvamento de voto;

Alvaro Orejuela Gómez, Bernardo Ortiz Amaya, Mario Enrique Pérez Velase©, Jacobo Pérez Escobar. Ignacio Reyes Posada, Gustavo Humberto Rodríguez. Con salvamento de voto; Eduardo Suescún Monroy, Roberto Suárez Franco. No asistió. JUNTAS ADMINISTRADORAS MUNICIPALES Cuando un ciudadano ejerce el cargo de miembro de una Junta de una empresa municipal no está ejerciendo empleo remunerado cuya provisión compete a algún funcionario.

CONSEJO DE ESTADO

SALVAMENTO DE VOTO

Consejero ponente: ENRIQUE LOW MURTRA.

Bogotá, ocho (8) de mayo de mil novecientos ochenta y uno (1981). En anteriores ocasiones suscribí algunos fallos de la Corporación como el que antecede. Debo, por tanto, explicar las razones que me han inducido a apartarme de la decisión que antecede, expresando de antemano mí respeto por los ilustres colegas de sala que han suscrito la sentencia. En el mes de junio de 1977 el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las sú- plicas de la demanda incoada por Pedro Claver Doria y otros contra el acto por el cual se declararon elegidos varios ciudadanos como concejales de Barranquilla. Entre los motivos de anulación se aseveró que la elección violaba el articulo 7o. de la Ley 89 de 1936 porque esas personas tenían el carácter de miembros de las Juntas de las Empresas Públicas Municipales y de la Empresa Municipal de Teléfonos de la ciudad. Interpuesto el recurso de apelación el proceso subió a concomiendo del Consejo de Estado que revocó la sentencia con argumentos

análogos a los de la sentencia que antecede. En mi opinión el Tribunal Administrativo del Atlántico tenía razón. El Consejo se ha fundado en una interpretación equivocada de la ley, pues cuando un ciudadano ejerce el cargo de miembro de una Junta de una empresa municipal no está ejerciendo empleo remunerado cuya provisión compete a algún funcionario. Por esta razón considero contraria a derecho la decisión que da un alcance interpretativo tan distinto a la ley. Por lo demás y para corroborar este punto quiero transcribir algunos apartes del estudio presentado por el personero distrital, doctor Dolfus Romero que considero correcto sus ligamento jurídicos: "Conforme al inciso 2O , numeral 8º del Artículo 307 de la Ley 4a. de 1913, el cargo de Concejero Municipal es incompatible con cualquier empleo remunerado cuya provisión incumbe al Concejo. Guarda concordancia este precepto con la prohibición contemplada en el numeral 10 del artículo 171 de la misma Ley, según el cual los Concejales no pueden desempeñar ningún destino lucrativo por nombramiento que les haga el propio Concejo. De igual manera los integrantes del Concejo Distrital de Bogotá se hallan impedidos para desempeñar cargos remunerados por designación del mismo Cabildo, según la prescripción del numeral 3Q del artículo 14 del Decreto Ley 3133 de 1968. Es de observar que los vocablos "destino lucrativo", "empleo" y "cargo remunerado", utilizados por estas normas, son conceptos jurídicamente sinónimos. "Sobre la relación de servicio de los miembros de las Juntas no existe la necesaria claridad, y en este acápite se tratará precisamente de analizar de manera

pormenorizada ese aspecto. El Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, en la sentencia de primera instancia del referido juicio electoral, asegura que "existe una antigua jurisprudencia según la cual las personas que hacen parte de las Juntas Directivas de las entidades que prestan servicios públicos municipales, no pueden catalogarse, por ese solo hecho, como empleados o funcionarios públicos. Concretamente el artículo 3o. del Decreto 2400 de 1968 y el artículo 18 del Decreto 3130 del mismo año así lo establecen en forma clara y precisa. ... Tampoco puede decirse que las personas a quienes el Gobierno o las Corporaciones Públicas confieran su representación en las Juntas o Consejos Directivos de las Empresas Descentralizadas son administradoras de servicios públicos, ya que para el ejercicio de esa función concreta, se requiere la condición de empleado o funcionario público". "Le asiste toda la razón al Tribunal de Barranquilla porque además de la norma citada por él, otras disposiciones de carácter nacional y distrital, establecen que el solo hecho de pertenecer a esos cuerpos colegiados, no les da a sus miembros la calidad de empleados públicos, como luego se verá. "Renato Alessi, al referirse a la relación de servicio, la define como aquella "en virtud de la cual, con posterioridad a la adscripción del funcionario de oficio, surgen a favor y a cargo de las dos partes diversos derechos y obligaciones inherentes al desarrollo de la actividad del funcionario a favor del ente y a la posición jurídica del funcionario con respecto al ente y a la posición jurídica del funcionario con respecto al ente público. Ello constituye el presupuesto, el substrato, de la relación orgánica en virtud de la cual se verifica el fenómeno de

imputación del que se ha hablado, de la misma manera en que en el Derecho Privado la relación de mandato constituye el substrato de la relación de representación". (Instituciones de Derecho Administrativo. Tomo 1, página 96). "Siguiendo esos lincamientos doctrinales puede decirse que en la relación de servicio concurren dos elementos a) El de la atribución de funciones públicas y b) El de un encuadramiento en la organización administrativa, esto es, que se pertenezca o no a los cuadros permanentes del servicio civil. Por el primero la prestación de servicio puede ser de una permanencia y continuidad absolutas o relativas, bien sea porque se asume en todo o en parte la actividad laboral del servidor público. Por el segundo, la adscripción al servicio puede implicar o no la incorporación a la planta permanente de personal y a la carrera administrativa. La extensión jurídica de la relación de servicios sirve pues en la práctica para definir las distintas figuras que subjetivamente conforman las funciones públicas, pues habrá unas que para ejercer las requieren que el titular reúna ambos elementos, como es el caso de los empleados públicos, y otras que apenas se cumplen de modo relativo, sin incrustamiento del servidor a los cuadros permanentes de la Administración. "De otro lado, según el mismo tratadista, "el funcionario posee unos derechos que pueden ser de carácter moral o patrimonial. Los primeros prevalecen en el caso de funcionarios honorarios, mientras que los patrimoniales caracterizan la relación de empleo, dada la profesionalidad de los servicios prestados por los empleados públicos que sirven a la Administración por una compensación pecuniaria. El derecho patrimonial fundamental, además de otros de menor importancia, es, por

tanto, el derecho a la retribución". "La remuneración se convierte, por lo tanto, en un factor tipificante de la relación de empleo o de profesionalismo porque es con substancial a ésta. En cambio en el caso de los funcionarios honorarios la remuneración es insustancial a las propias funciones públicas. Los miembros de las Juntas Directivas están encuadrados, sin la menor duda, en esta segunda clasificación porque la remuneración no es parte o elemento de su relación de servicio. Inclusive sin esa remuneración, como sucede específicamente para el caso de Bogotá, se atienden las susodichas funciones, cuyo ejercicio no requiere de la incorporación a los cuadros permanentes. "A partir de 1968 el derecho positivo colombiano, en las distintas reformas sobre administración del personal civil, ha calificado como permanentes y como auxiliares las funciones públicas, dándole a las primeras la definición de "empleo público", y explicando con ejemplos en qué consisten los servicios de los meros auxiliares. Empleo público, según los Decretos 2400 y 3074 de 1968 y 1950 de 1973, es el conjunto de funciones, deberes, atribuciones y responsabilidades establecidas por la Constitución, la ley, el reglamento y asignados por autoridad competente para satisfacer necesidades permanentes de la Administración Pública que deban ser atendidas por una persona natural. Respecto a los meros auxiliares, anotan los mismos estatutos, son aquellos que prestan al Estado servicios ocasionales, como los peritos; obligatorios, como los jurados de conciencia o votación, y temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo.

"A los servidores de la primera categoría se les integra en el servicio civil, de cuyos cuadros permanentes se excluyen los segundos, esto es, a los meros auxiliares de la Administración Pública. En cambio los miembros de las Juntas Directivas no están calificados por la misma legislación como empleados públicos ni como meros auxiliares, porque el artículo 5o. del Decreto 1950 de 1973 así como el artículo 18 del Decreto 3130 de 1968 y el artículo 25 del Decreto 1926 de 1975, en lo nacional, y el artículo 34 del tantas veces citado Acuerdo 7 de 1977, en lo Distrital, establecen con absoluta claridad que todos los miembros, sin excepción alguna, al igual que de los Consejos o Comisiones, no tienen por ese solo hecho el carácter de funcionarios o empleados públicos. "Las disposiciones citadas son del siguiente tenor: "DECRETO 1950 DE 1973 Por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil... "Art. 5o. Las personas a quienes el gobierno o las corporaciones públicas confieran su representación en las juntas directivas de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, o los miembros de juntas, consejos o comisiones no tienen por ese solo hecho el carácter de funcionarios públicos. Su responsabilidad, lo mismo que sus incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las leyes". "DECRETO 3130 DE 1968 Por el cual se dicta el estatuto de las entidades descentralizadas del orden nacional. "Art. 18. De la calidad de los miembros de las juntas o consejos. Los miembros de las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos. Su responsabilidad, lo mismo que sus incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las leyes de la materia y por las normas del respectivo organismo". "DECRETO 1926 DE 1975 Por el cual se dicta el régimen administrativo y fiscal de las intendencias y comisarías... "Art. 25. Quienes hagan parte de las juntas directivas de los establecimientos públicos y de las empresas comerciales e industriales, aunque ejercen funciones públicas, no tienen por este solo hecho el carácter de funcionarios públicos. Sus incompatibilidades e inhabilidades serán las mismas que se establezcan para los respectivos gerentes o directores". "ACUERDO 7 DE 1977 Por el cual se dictan normas generales para la organización y funcionamiento de la Administración Distrital y se clasifican los trabajadores de la misma. "ARTICULO 34. Los miembros de las Juntas Directivas de los Establecimientos Públicos y de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por este solo hecho la calidad de empleados públicos. Su responsabilidad, lo mismo que el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las disposiciones legales sobre la materia, los Acuerdos Distritales y las normas del respectivo organismo".

"En cuanto a la remuneración, el régimen jurídico vigente unas veces reconoce a los miembros de juntas la retribución económica con ciertas limitaciones y otras lo prohíbe. El artículo 26 del Decreto 3130 de 1968 en armonía con el artículo 13 del Decreto 128 de 1976 concede a los empleados o funcionarios públicos de nivel nacional una remuneración a su asistencia por no más de dos (2) Juntas o Consejos Directivos aunque por mandato legal o delegación deban asistir a otros. En cambio el artículo 26 del Decreto 1926 prohíbe que los empleados públicos que hagan parte de Juntas o Consejos Directivos de Entidades Descentralizadas de las Intendencias y Comisarías reciban por este hecho el pago de honorarios o comisiones. Así mismo el artículo 21 del Decreto 1390 de 1976, reglamentario de la Ley la. de 1975 ya citada atrás, repite la prohibición de recibir remuneración a los Concejales que hagan parte de las Juntas Administradoras de las asociaciones de municipios. En el Distrito Especial de Bogotá el artículo 35 del Acuerdo 7 de 1977 determina perentoriamente que "Los miembros de las Juntas Directivas de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Distrito, no tendrán derecho a percibir honorarios por su asistencia a las reuniones". "En suma, los servicios de los miembros de las Juntas Directivas de nivel nacional o local, no tienen la naturaleza de empleo público que jurídicamente es sinónimo de cargo o destino remunerado. De consiguiente, la prohibición contenida en el Estatuto de Bogotá (artículo 14, numeral 3o., Decreto-ley 3133 de 1968) se refiere

a los empleados públicos cuya designación corresponde al Concejo, esto es, al Secretario y a los Sub-secretarios de la misma Corporación, al Tesorero, al Personero, al Contralor y a los Revisores Fiscales de las Empresas de Acueducto, Energía y Teléfonos, cargos remunerados para los cuales obviamente no puede el Concejo designar a los mismos Concejales". Finalmente cabe anotar cómo el Decreto 3133 de 1968 autoriza al Concejo de la ciudad de Bogotá la designación de sus representantes en las juntas directivas de las empresas descentralizadas y en los fondos rotatorios. Mal podría la ley cerrar la representación de los concejos en las juntas administradoras cuando ha sido voluntad expresa de la ley decir lo contrario. Atentamente,

ENRIQUE LOW MURTRA

ACLARACION DE VOTO

CARLOS BETANCURT JARAMILLO CONCEJEROS MUNICIPALES Pueden ser elegidos miembros de las Juntas Administradoras. (Salvamento de voto del consejero doctor Gustavo Humberto Rodríguez a la sentencia de abril 29 de 1981. Sala Pleno de lo Contencioso Administrativo.

Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Exp. 640. Actor: Angel Ernesto

Garrido Paba y otros. Electorales. Apelación). EXTRACTOS PAG. 325.

Referencia: Expediente No. 640. —Electoral. — Actor: Angel Ernesto Garrido Paba El proyecto inicial incluía reflexiones sobre la sustracción de materia y la nueva declaratoria de elección. Pero como la parte resolutiva fue votada por partes, resultó mayoritaria la que figura en el fallo, parte rechazada disponía: "De

conformidad con el artículo 238 del C.C.A., el tribunal deberá hacer la nueva declaratoria de elección con la consiguiente entrega de credenciales." Este extremo presentaba la siguiente motivación: La nueva elección deberá efectuarse. La razón se sustracción de materia no encaja en el presente caso. La realidad de la elección deberá declararse porque de lo contrario la sentencia, tal como fue pronunciada, podría vulnerar derechos de las personas favorecidas con la anulación, quienes por los efectos ex tune de la declaración anulatoria, ostentaría ese carácter en el período correspondiente. Claro está que lo dicho no se refiere a que tengan derecho a ejercer el cargo porque no es posible. Pero nadie puede negarles el derecho de que se les reconozca su título. Lo anterior está en un todo de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, porque la tesis de la sustracción de materia ha sido elaborada exclusivamente frente a pretensiones de simple nulidad de actos de contenido general o abstracto, los cuales por sí mismos no generan efectos concretos; de allí que su derogatoria cuando adolezca de un vicio de ilegalidad, implique el retorno al imperio del orden jurídico abstracto y haga inútil e inocuo un nuevo pronunciamiento jurisdiccional al respecto. Pero no ocurre igual cosa frente a los actos subjetivos o condición, violatorios de una norma superior y productores de efectos concretos que, eventualmente, causen daño o lesión, porque, tal como lo dijo esta misma Sala en sentencia de marzo 13 de 1979, con ponencia del doctor Carlos Galindo Pinilla, en este caso su revocación, con efectos hacia el futuro, no hace inocuo el pronunciamiento judicial

de anulación, pues este retrotrae sus efectos hasta el momento mismo de la génesis del acto para hacerlo desaparecer del ámbito jurídico hasta el punto de crear la ficción o suponer que jamás existió jurídicamente, con lo cual se logra la plenitud de la tutela jurídica que no se obtendría por la vía de la revocación o de la derogación, pues estas modalidades de extinción dejan intactos los efectos producidos anteriormente. En el caso de autos el objeto de la presentación anulatoria son unos actos de elección, vale decir actos condición que, por su propia naturaleza, tienen virtualidad para generar directamente efectos jurídicos concretos, por manera que en este proceso no es factible la aplicación de la jurisprudencia sobre la sentencia inhibitoria por sustracción de materia. Respetuosamente, CARLOS BETANCUR JARAMILLO Bogotá, D.E. abril 8 de 1981.

SALVAMENTO DE VOTO

Consejero ponente: CARMELO MARTINEZ CONN.

Bogotá, D.E., trece (13) de mayo de mil novecientos ochenta y uno (1981).

Actor: Angel Ernesto Garrido Paba y otros.

ELECTORALES / CONCEJOS MUNICIPALES Al darles la Constitución el carácter de Corporaciones Administrativas y en cumplimiento de esta función pueden desplazar de su seno a alguno de sus miembros para que integren las Juntas Directivas de los servicios municipales, para mejor cumplimiento de su función constitucional. (Salvamento de Voto del Consejero Dr. Carmelo Martínez Conn, a la sentencia de Sala Plena de abril 29 de 1981 con Ponencia del Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

Exp. 640. Actor: Angel Ernesto Garrido Paba y otros. Electorales. Apelación).

EXTRACTOS pág. 317.

El artículo 7o. de la Ley 89 de 1936, en el cual se funda la sentencia, y particularmente, en la de la H. Corte Suprema de Justicia de fecha 18 de junio de 1978 que lo declaró exequible, es del siguiente tenor literal: "Desde la sanción de la presente Ley, ningún contratista de obras municipales, ni sus apoderados, podrán ejercer el cargo de Concejero Municipal, mientras conserven el carácter de contratista o apoderado". (El subrayado es mío). "Dichas personas y los administradores de servicios públicos municipales no podrán ser elegidos Concejeros Municipales". Dijo la Corte en la sentencia aludida: "En esta forma el administrador de servicios municipales es inhábil para ser elegido concejal mientras conserva tal calidad; pero elegido un ciudadano Concejal, no podrá desempeñar el cargo de administrador de los servicios municipales simultáneamente, porque aparece la incompatibilidad que señala la Ley". La Corte funda su decisión en el inciso segundo del artículo 196 de la Constitución Nacional. Ahora bien, el artículo 196 expresa textualmente: "En cada Distrito Municipal habrá una Corporación Administrativa de elección popular que se denominará Concejo Municipal y estará integrada por no menos de seis ni más de veinte miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. "El número de suplentes será el mismo de los concejales principales y reemplazarán a éstos en caso de falta abso