CE-SP-EXP1935-N0306

JUICIO DE NULIDAD - Decreto ejecutivo nœmero 453 de 1 de marzo de 1933.Reglamentaci(cid:243)n de la profesi(cid:243)n de odontolog(cid:237)a / DECRETO EJECUTIVO N(cid:218)MERO 453 DE 1 DE MARZO DE 1933 - Juicio de nulidad. Decreto ejecutivo nœmero 453 de 1 de marzo de 1933 / REGLAMENTACI(cid:211)N DE LA PROFESI(cid:211)N DE ODONTOLOG˝A - Juicio de nulidad. Decreto ejecutivo nœmero 453 de 1 de marzo de 1933 CONSEJO DE ESTADO Consejero ponente: NICASIO ANZOLA BogotÆ, seis (06) de marzo de mil novecientos treinta y cinco (1935) Radicaci(cid:243)n nœmero: 0306

Actor: LUIS M. MATEUS Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: Sentencia En el juicio de nulidad del Decreto ejecutivo nœmero 453 de 1(cid:176) de marzo de 1933, por el cual se reglamenta la profesi(cid:243)n de odontolog(cid:237)a. Actor,

Luis M. MatØus. El 20 de mayo de 1933 Luis M. MatØus, en acci(cid:243)n mixta, demand(cid:243) ante esta corporaci(cid:243)n la nulidad de los art(cid:237)culos 1(cid:176), 2(cid:176) y 3o del Decreto ejecutivo nœmero 453 de 1” de marzo de dicho aæo, por el cual se modifican y se adicionan los Decretos nœmeros 361 y 2078 de 1931. En el Decreto demandado se reglamenta la

profesi(cid:243)n de odontolog(cid:237)a en Colombia, y se fijan reglas referentes a quienes, sin poseer t(cid:237)tulo oficial, han estado ejerciendo tal profesi(cid:243)n. El actor estima que el Decreto denunciado es violatorio de los art(cid:237)culos 3(cid:176), 7(cid:176) y 11 de la Lev 35 de 1929; de los ordinales 4.(cid:176) y 5” del art(cid:237)culo 15 de la Ley 83 de 1914; de los 2(cid:176) y 6(cid:176) de la Ley 85 de 1922, y finalmente de los art(cid:237)culos 31 y 120 de la Constituci(cid:243)n Nacional. Como fundamentos de hecho aduce, en s(cid:237)ntesis, los siguientes: a) Haber venido ejerciendo la profesi(cid:243)n de odont(cid:243)logo en un lapso mayor de veinte aæos, con sujeci(cid:243)n a las leyes y reglamentos sobre la materia; y b) Haber obtenido del Gobernador de Bol(cid:237)var, previa presentaci(cid:243)n de un t(cid:237)tulo extranjero y mediante el lleno de las formalidades exigidas por la Ley 83 de 1914, licencia para ejercer libremente la profesi(cid:243)n de odont(cid:243)logo. Que mÆs luego, y en cumplimiento a lo dispuesto en los art(cid:237)culos 11 y 12 del Decreto ejecutivo nœmero 355 de 1923, reglamentario de la Ley 85 de 1922, le fue reemplazada por el diploma permiso, refrendado posteriormente por el seæor Ministro de Instrucci(cid:243)n y

Salubridad Pœblica, el 5 de febrero de 1924. El libero vino acompaæado del Diario Oficial nœmero 22240 correspondiente al 17 de marzo de 1933, autenticado legalmente, en donde se encuentra publicado el acto acusado; junto con los Anales del Senado de la Repœblica, nœmero 112 de 5 de diciembre de 1929, tambiØn autenticado, en donde se encuentra publicada la Ley 35 de dicho ano. La demanda fue admitida por providencia del 4 de junio de 1933, pero se neg(cid:243) la suspensi(cid:243)n provisional solicitada por estimar el sustanciador no ser el caso del ordinal d) del art(cid:237)culo 59 de la Ley 110 de 1913. El seæor Fiscal de esta corporaci(cid:243)n es de concepto que de los tres art(cid:237)culos demandados, solamente es pertinente la anulaci(cid:243)n del 3(cid:176), por estimar que œnicamente Øste contraviene preceptos legales. Como el negocio se encuentra legalmente preparado, se procede a resolver con base en las consideraciones que siguen. La Ley 35 de 1929, reglamentaria del ejercicio de la profesi(cid:243)n de medicina en Colombia, dice lo que se copia en su art(cid:237)culo 11: Art(cid:237)culo 11. Facœltase al Gobierno Nacional para que en el decreto orgÆnico de la presente Ley, reglamente el ejercicio de las profesiones de odont(cid:243)logos, veterinarios, home(cid:243)patas, farmacØuticos, comadronas y enfermeras, procurando

que el esp(cid:237)ritu de la reglamentaci(cid:243)n guarde armon(cid:237)a con la que al ejercicio de la medicina se da por la presente Ley. Con apoyo de esta autorizaci(cid:243)n, el Poder Ejecutivo expidi(cid:243) el Decreto, nœmero 453 del 19 de marzo de 1933 en reglamentaci(cid:243)n de la profesi(cid:243)n odontol(cid:243)gica, del cual se acusan los art(cid:237)culos 1(cid:176), 2(cid:176) y 3(cid:176), los que para mayor claridad se transcriben aqu(cid:237): Art(cid:237)culo 19 Todo individuo que aspire a seguir ejerciendo la profesi(cid:243)n de odont(cid:243)logo, con carÆcter de permitido, deberÆ presentar a la respectiva Junta Seccional la licencia en virtud de la cual ejerce, acompaæada de todos los documentos originales que comprueben la legalidad de dicha licencia, siempre que ella haya sido expedida con anterioridad a la vigencia del Decreto 361 de

1931. En caso de que no pudiere presentar los documentos originales que sirvieron para conceder la licencia, se admitirÆ copia de ellos debidamente autenticada.

Art(cid:237)culo 2(cid:176) Las solicitudes de revalidaci(cid:243)n con los documentos de que habla el art(cid:237)culo anterior y el recibo de que habla el parÆgrafo 1(cid:176) del art(cid:237)culo 2(cid:176) del Decreto 361 de 1931, deben presentarse dentro de los noventa d(cid:237)as siguientes a la fecha de la promulgaci(cid:243)n del presente Decreto. Si dentro de este tØrmino, que es

improrrogable, no se presentaren, no HabrÆ lugar a la revalidaci(cid:243)n y la licencia quedarÆ sin ningœn valor. En caso de pØrdida de los documentos originales, se podrÆ admitir la prueba supletoria, siempre que llene los requisitos legales. Art(cid:237)culo 3(cid:176) Los comprobantes a que se refieren los art(cid:237)culos anteriores son los siguientes: a) Los permisos expedidos por los Gobernadores y Prefectos, de acuerdo con el art(cid:237)culo 16 del Decreto ejecutivo 522 de 1905, y art(cid:237)culo œnico del Decreto 731 del mismo aæo, siempre que estos permisos hubieren sido concedidos antes del 19 de noviembre de 1914. b Certificaci(cid:243)n juramentada de cinco testigos id(cid:243)neos o de dos dentistas graduados que comprueben que el aspirante al entrar en vigencia la Ley 83 de 1914 ten(cid:237)a oficina dental fija o ambulante y que hab(cid:237)a ejercido, por lo menos, desde el aæo de 1909.

Se observa: Las exigencias formuladas en los dos primeros de los art(cid:237)culos transcritos, dicen orden a todos aquellos individuos que aspiren, con el carÆcter de permitidos, a seguir ejerciendo la profesi(cid:243)n de odontolog(cid:237)a. Por tanto, para mejor solucionar la cuesti(cid:243)n, debe previamente determinarse quiØnes, de conformidad con los Decretos ejecutivos y las leyes pertinentes, tienen este carÆcter.

La primera reglamentaci(cid:243)n ejecutiva sobre el particular, fue hecha por medio del

Decreto 592 de 1905, en cuyo art(cid:237)culo 16, inciso 2(cid:176) se dijo que eran permitidos a ejercer la profesi(cid:243)n de dentistas en los lugares en donde no existiera profesor alguno con tal carÆcter, todos aquellos individuos que sin poseer diploma del Colegio Dental de BogotÆ o de un colegio extranjero de reconocida idoneidad, comprobaran haber practicado durante dos aæos por lo menos, en una oficina dental acreditada. MÆs luego, por el Decreto 731 de 30 de junio del aæo citado, se dispuso que pod(cid:237)an continuar ejerciendo la aludida profesi(cid:243)n quienes la hubieren venido ejerciendo con buena reputaci(cid:243)n y fama, desde antes de fundarse el Colegio Dental de BogotÆ; y que los Gobernadores, en vista de los documentos comprobatorios que deb(cid:237)an presentarles los interesados, les expedir(cid:237)an un certificado de libre ejercicio de tal profesi(cid:243)n fue servir(cid:237)a para que el colegio precitado les expidiera el diploma correspondiente.. En esta situaci(cid:243)n jur(cid:237)dica se mantuvieron los seæores odont(cid:243)logos hasta la expedici(cid:243)n de la Ley 83 de 1914. Esta, si bien dispuso en su art(cid:237)culo 14 que para ejercer la profesi(cid:243)n de cirujano dentista se requer(cid:237)a diploma expedido por la Escuela Dental Nacional o el Colegio Dental de BogotÆ o por los colegios o facultades que se establecieran luego en la Repœblica, con estatutos aprobados

por el Ministerio de Instrucci(cid:243)n Pœblica, no desconoci(cid:243), con todo, los permisos concedidos bajo la vigencia de los decretos ejecutivos anteriores, y antes bien, por el numeral 4(cid:176) del art(cid:237)culo 15 dispuso que se respetaran, siempre que comprobaran haber ejercido la profesi(cid:243)n por cinco aæos anteriores a dicha ley. Todos cuantos comprobaran tal hecho podr(cid:237)an desde luego continuar ejerciendo libremente. Posteriormente se expidieron las Leyes 67 de 1920 y 85 de 1922, y ellas, si reglamentaron la medicina, nada dispusieron en orden a los cirujanos dentistas. Por medio de esta œltima Ley se derog(cid:243) la anterior y la 83 de 1914.. En 1929 se expidi(cid:243) la Ley 35 reglamentaria de la medicina; pero con referencia a los odont(cid:243)logos, se limit(cid:243) a disponer en su art(cid:237)culo 11 que el Gobierno quedaba facultado para reglamentar dicha profesi(cid:243)n en consonancia con el esp(cid:237)ritu de la misma.

Ahora bien: el estatuto de 1914, en orden a los odont(cid:243)logos, estableci(cid:243) dos preceptos diferentes, a saber: respetando las situaciones concretas adquiridas por determinados profesionales en consonancia con la antigua legislaci(cid:243)n, les reconoci(cid:243) el derecho de continuar ejerciendo su profesi(cid:243)n; pero para lo futuro

exigi(cid:243) la posesi(cid:243)n de un diploma expedido por la Escuela Dental Nacional o Colegio Dental de BogotÆ, o de otros establecimientos nacionales creados en consonancia con los preceptos legales (art(cid:237)culos 14 y 15, numeral 4(cid:176) del parÆgrafo de este art(cid:237)culo). Esta situaci(cid:243)n para los odont(cid:243)logos exist(cid:237)a en la fecha del Decreto en cuesti(cid:243)n, pues en las nuevas leyes nada volvi(cid:243) a disponerse con relaci(cid:243)n a Østos. Tan s(cid:243)lo en la 35 de 1929 se dispuso, como ya se dijo, facultar al Gobierno para reglamentar tal profesi(cid:243)n. Fue en uso de esta facultad que expidi(cid:243) el Decreto denunciado. Pero este Decreto, en sentir del Consejo de Estado, no atropella ninguno de los derechos otorgados a los odont(cid:243)logos por la ley antigua, y antes bien los respeta y deja a salvo. De la verificaci(cid:243)n de los tres art(cid:237)culos denunciados se llega al convencimiento de que todo loen ellos preceptuado se refiere a un per(cid:237)odo comprendido desde 1914 hasta el d(cid:237)a del Decreto. Ya se observ(cid:243) que durante este per(cid:237)odo ninguna ley autoriz(cid:243) la expedici(cid:243)n de licencias para el ejercicio de la odontolog(cid:237)a a los no titulados, cosa que qued(cid:243) tÆcitamente prohibida por el art(cid:237)culo 14 de la Ley 83 del ano precitado. Pero como bien podr(cid:237)a suceder que se hubieran otorgado-licencias desde 1914 en

adelante, las que, como ya se dijo, no las autorizaba la ley, el Gobierno en defensa-precisamente de quienes las posean legalmente, dispuso en su Decreto reglamentario que se exhiban todas las licencias, seguramente para refrendar las que aparezcan como leg(cid:237)timas y repudiar las que no lo sean, como es su deber legal. Ciertamente no se alianza cuÆl ser(cid:237)a el medio distinto que pudiera adoptarse para conseguir un fin moralizador de profesi(cid:243)n tan delicada. Vale decir que no hay margen para poder declarar la in-constitucionalidad o ilegalidad de los prenombrados art(cid:237)culos del Decreto en examen, los que en acci(cid:243)n pœblica han sido demandados en este juicio, y as(cid:237) debe declararse. Respecto a la acci(cid:243)n privada que contra los mismos art(cid:237)culos se ejercita por el actor, o sea en cuanto por ellos se vulneran sus derechos personales, tampoco la demanda podrÆ prosperar. Para llegar a esta conclusi(cid:243)n, bastan las consideraciones que siguen. El actor en el caso que se analiza y como aparece de autos, no ejerce la profesi(cid:243)n de odont(cid:243)logo con el carÆcter de licenciado. Su derecho a ejercer la dentister(cid:237)a lo deriva de poseer un diploma expedido por facultad extranjera, previo el lleno de lo exigido por los incisos 19 y 2(cid:176) del art(cid:237)culo 4(cid:176), en relaci(cid:243)n con el inciso 19 del parÆgrafo del art(cid:237)culo 15 de la Ley 83 de 1914, Cumplidas estas formalidades,

como aparecen cumplidas, la ley lo autoriza para ejercer libremente su profesi(cid:243)n con el carÆcter de titulado. Por tanto, como los art(cid:237)culos demandados por el actor no se refieren ni abarcan a los profesionales titulados, ninguno de los derechos emanados de su t(cid:237)tulo le pueden ser vulnerados por una reglamentaci(cid:243)n ejecutiva que solamente dice orden a profesionales permitidos mediante las licencias respectivas. Con base de lo que se deja expuesto, el Consejo de Estado, de acuerdo en parte con su Fiscal y administrando justicia en nombre de la Repœblica de Colombia y por autoridad de la ley, niega las peticiones de la demanda. C(cid:243)piese, notif(cid:237)quese, publ(cid:237)quese y arch(cid:237)vese el expediente.

FRANCISCO SAMPER MADRID

NICASIO ANZOLA

RICARDO TIRADO MACIAS

PEDRO MARTIN QUI(cid:209)ONES

PEDRO ALEJO RODR˝GUEZ

ISAIAS CEPEDA

VICTOR M. PEREZ

NICOLAS TORRES NI(cid:209)O

Secretario