CE-SP-EXP1938-N1014

MUNICIPIOS - Agregaciones o segregaciones Las agregaciones o segregaciones de los términos municipales afectan las más de las veces vitales intereses de los Municipios, por lo cual las Asambleas deben ser muy rigurosas en el examen y cumplimiento de las condiciones prefijadas por la ley. No puede aceptarse que esas providencias se dicten caprichosamente, haciendo caso omiso de algunas de las condiciones legales, pues dichas condiciones son concurrentes y la omisión de una de ellas lleva aparejada la sanción de nulidad, conforme a la última parte del artículo 7° de la Ley 11 de 1916. CONSEJO DE ESTADO Consejero ponente: GUILLERMO PEÑARANDA ARENAS Bogotá, catorce (14) de octubre de mil novecientos treinta y ocho (1938) Radicación número: 1014

Actor: MUNICIPIO DE ARBELAEZ Demandado: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA El Municipio de Arbeláez, debidamente representado por el señor doctor Joaquín Rojas R., en su carácter de apoderado especial, ocurrió ante el Tribunal Administrativo de Bogotá en demanda de nulidad de la Ordenanza número 22, expedida por la Asamblea Departamental de Cundinamarca el 23 de abril de 1936, por medio de la cual se segrega una porción de territorio del Municipio de Arbeláez y se agrega al de San Bernardo. Por su parte el señor Jesús M. Rodríguez Guevara, en su condición de ciudadano colombiano, instauró la misma acción de nulidad contra dicha Ordenanza; y habiéndose decretado la acumulación en la

debida oportunidad, fueron decididos ambos juicios por sentencia que lleva fecha 23 de agosto del año próximo pasado, en la cual se dispuso: "Declárase nula la Ordenanza número veintidós (22) de mil novecientos treinta y seis (1936), expedida por la Asamblea de Cundinamarca, por la cual se segrega una porción de terreno del Municipio de Arbeláez y se agrega al Municipio de San Bernardo; y "2º Sáquese copia de lo conducente y pásese a la autoridad competente del ramo Penal, para que se averigüe el delito o delitos que hayan podido cometerse, en relación con lo expuesto en lo pertinente de la parte motiva de este fallo, y especialmente por los señores Julio Morales y Anselmo Jiménez, Alcalde y Secretario, respectivamente, del Municipio de San Bernardo." El Distrito de San Bernardo, tenido como opositor en el juicio por auto del 13 de julio de 193(6, interpuso recurso de apelación contra este fallo, por medio de su Personero Municipal, el cual le fue concedido por el Tribunal del conocimiento. En esta segunda instancia se han surtido en su plenitud los trámites procesales de rigor, encontrándose en el expediente los alegatos de las partes, los del señor Fiscal del Consejo de Estado y el acta de la audiencia pública verificada, a solicitud del demandante Rodríguez Guevara, el día 16 de febrero del presente año. La circunstancia de no haber aceptado la mayoría del Consejo los puntos de vista del Consejero sustanciador, doctor Ramón Miranda, relacionados con la inconstitucionalidad de la Ley 71 de 1916, dio hipar a que el negocio pasara a la

ponencia del Consejero a quien le correspondía el turno. Esta circunstancia impone a la corporación el examen de dicho punto de vista así como el relacionado con la competencia del Consejo para conocer del negocio. Los argumentos en contra de la constitucionalidad de la ley, pueden sintetizarse así: "La Ley 4º de 1913, artículo 97, en su ordinal 22, confirió la misma facultad a las Asambleas, repitiendo al efecto el texto constitucional de que viene hablándose. Pero la Ley 71 de 1916, en su artículo 79, estableció una serie de formalidades para los actos de agregación y segregación, y para aclarar líneas dudosas limítrofes de los Municipios, actividad administrativa de las Asambleas, sobre las cuales guardó silencio la Carta Fundamental. Y la misma Ley últimamente citada, por medio del artículo 18, declaró adicionado el ordinal 22 del artículo 97 (Ley 4° de 1913). "Concurren, pues, dos órdenes de preceptos, reguladores de la actividad de las Asambleas en orden a la agregación y segregación de términos municipales: el constitucional, que le atribuyó esta facultad sin .subordinarla a ninguna condición, ya que consultar los intereses loca» les, o sean los de los Municipios afectados y los mismos de la entidad departamental, no es propiamente hacer condicionada aquella atribución ni mucho menos someterla a las formalidades únicas e indispensables para cumplirla. Y los legales, que imponen una serie de requisitos, sin los cuales el acto de la Asamblea queda afectado de nulidad. "De ahí que se haya reputado por muchos que los textos legales dictados en

desarrollo del artículo 186 de la Carta, son abiertamente inconstitucionales. Y esto, no obstante que en algunos fallos haya dado esta entidad aplicación a la tantas veces citada Ley 71 de 1916 y declarado nulas las ordenanzas que no se hubieren sometido a sus mandatos." A estas ideas opone el Consejo su jurisprudencia constante, consignada entre otros fallos en el de septiembre 21 de 1932, en el cual declaró que: "En sentir del Consejo de Estado estaría en razón el señor apoderado si las precitadas leyes negaran a las Asambleas la facultad constitucional para crear o suprimir Municipios. En ese caso sí estarían visiblemente en incompatibilidad con la Constitución, lo que obligaría a prescindir de ellas para dar aplicación a ésta, como sucedería, por ejemplo, si se expidiera una ley que estableciera la pena de muerte, cambiara el funcionamiento regular de los Poderes del Estado, o suprimiera alguna o algunas de las garantías sociales que la Constitución reconoce a los ciudadanos colombianos. Estos sí serían casos de incompatibilidad de la ley con la Consunción, porque supuesta la existencia de un precepto no puede existir el otro. Pero cuando no se contempla el caso de incompatibilidad sino de una disconformidad de la ley con la Constitución, el conocimiento del negocio y su resolución definitiva corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por mandato expreso del artículo 41 de la obra citada. Este texto con el anterior, se complementan, mas no se contraponen." Es equivocada igualmente la tesis relacionada con la incompetencia, con fundamento en el texto constitucional, artículo 186, que dice que la resolución

definitiva en materia de agregaciones y segregaciones corresponde al Congreso. Pues, como lo tiene aclarado el Consejo, entre otros en el fallo de abril 19 de 1917, en que actuó como ponente el doctor Adriano Muñoz, "el recurso concedido a un vecindario interesado para que el Congreso resuelva en definitiva sobre la desmembración de un Municipio, es completamente distinto de la acción de nulidad que puede ejercitarse contra la respectiva ordenanza ante la autoridad judicial competente." "Esta acción, como entonces se dijo, se funda en la inconstitucionalidad o ilegalidad de la ordenanza o en la violación de derechos particulares que ella acarree, al paso que aquella queja puede dirigirse contra cualquier acto de segregación, aunque la ordenanza se acomode estrictamente á la Constitución y a las leyes y no ataque derecho alguno." Con estos preliminares que fijan la competencia del Consejo, así como la aplicabilidad de la Ley 71 de 1916, se procede a desatar el recurso interpuesto, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones: La ordenanza objeto de la acusación es la siguiente, según aparece de la Gaceta de Cundinamarca, número 5405, que, con las autenticaciones del caso, se acompañó a la demanda: "ORDENANZA NUMERO 22 DE 1936 (abril 23) por la cual se segrega una porción de terreno del Municipio de Arbeláez y se agrega al de San Bernardo. "La Asamblea de Cundinamarca ORDENA: "Artículo 1º Desde la sanción de la presente Ordenanza, segregase del Municipio de Arbeláez y agregase al de San Bernardo, la parte de terreno comprendida por

los siguientes linderos: "Desde la desembocadura de la quebrada La Gallega en el río Negro, esta quebrada aguas arriba hasta su nacimiento, que lo es en la fila o cuchilla conocida generalmente con el nombre de La Cuchilla; por esta fila o cuchilla, que más arriba toma el nombre de Cuchilla del Carmen, de para arriba hasta encontrar su unión con la cuchilla conocida con el nombre de Cuchilla, de Tierrablanca, en cuya cuenca, formada por dicha unión, nace la quebrada de La Honda, y de aquí, siguiendo por la continuación de dicha cuchilla, de para arriba hasta encontrar el nacimiento del río Negro. En consecuencia, los límites de los Municipios de Arbeláez y San Bernardo, en esta parte, serán los indicados por esta alinderación. "Artículo 2° Esta Ordenanza regirá desde su promulgación." No obstante que los libelos de acusación adolecen de graves defectos de forma, pues contienen una serie de hechos y de consideraciones notoriamente inconducentes e ineficaces dentro de la índole de esta clase de juicios, la cuestión planteada por los actores al Tribunal puede concretarse en la forma siguiente: ¿en la expedición de la Ordenanza número 22 se cumplieron por la Asamblea todos los requisitos exigidos por el artículo 7° de la Ley 71 de 1916? En cuanto a los requisitos que debían llenarse previamente consta de autos que el Gobernador del Departamento, señor don Luis Tamayo, rindió, con fecha 13 de abril de 1936 informe favorable en relación con el proyecto que se convirtió por voluntad de la Asamblea en la Ordenanza número 22, objeto del presente estudio.

Así, pues, aparece cumplida la formalidad exigida en el aparte c) del artículo 7° citado. Por lo que hace a la petición que deben dirigir a la Asamblea respectiva los Concejos de los Municipios afectados se cumplió por parte del de San Bernardo, por medio de la Resolución número 4, de 2 de marzo de 1936. Como el de Arbeláez se abstuvo de formular la correspondiente solicitud, esta negativa fue suplida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo mencionado, enviando a la corporación departamental un memorial suscrito por más de quinientos ciudadanos vecinos del Municipio de Arbeláez. Sobre esta formalidad anota el señor Fiscal del Consejo, las siguientes irregularidades: "A través de todo este informativo se desprende con absoluta nitidez la reiterada negativa del Municipio de Arbeláez en consentir la desmembración de su territorio en beneficio exclusivo del Municipio de San Bernardo. No solamente consta que el Concejo de Arbeláez se negó a dirigir la solicitud respectiva a la Asamblea en tal sentido, sino que antes por el contrario ha opuesto una resistencia pasiva a toda gestión que implique la modificación de los términos municipales. "En estas circunstancias, se produjo el célebre memorial de los quinientos que en copia aparece a folios 14 y siguientes del cuaderno número 3. "El análisis atento de este documento lleva a la conclusión de que no reúne los requisitos de ley, que no es digno de fe y que no responde a los principios que se han enunciado. En efecto, de las firmas que allí aparecen, doce son apócrifas,

porque ios señores Luis Martínez, Pedro Herrera, José Rodríguez, Benjamín Rojas, Pedro Moreno, Roberto Rodríguez, Isidro Herrera, Martín Torres, Vicente González, Luis Baracaldo y Abel Díaz declaran bajo juramento y con todos los requisitos legales que ellos no firmaron el memorial en que se pidió a la Asamblea la segregación territorial de Arbeláez. En tal virtud el número de peticionarios queda reducido a un número inferior del exigido por la lev. Es también circunstancia muy significativa que no menos de un cincuenta por ciento de los que suscriben el memorial sean analfabetos y firmen por ellos a ruego varios individuos encargados de esa misión. Es así como el señor Hipólito Urrego aparece firmando a ruego no menos de cincuenta veces, aproximadamente, por varios ciudadanos que se dice no saben escribir. Concuerdan estas observaciones personales de la Fiscalía con el siguiente concepto de los peritos, cuyo dictamen, por otro aspecto, y dicho sea de paso, es censurable por su forma. Más parece un alegato de litigantes apasionados que la serena exposición de peritos técnicos: 'Obtuvimos permiso para practicar una inspección ocular privada sobre los documentos originales presentados a la Asamblea para que se expidiera la Ordenanza número 22 de 1936, y el resultado de nuestras observaciones es el siguiente: ‘a) En el mismo desorden que se halla en la copia presentada como única prueba por la parte opositora (cuaderno número 5, páginas 3 a 13), se hallan los documentos en el cuaderno referente a la Ordenanza número 22 de 1936,

Estableciendo el orden, necesario en todo asunto, encontramos en primer lugar el memorial dirigido a la Asamblea Departamental, que se dice fue suscrito en Arbeláez en julio de 1935 (no tiene fecha fija). El original es muy distinto de la copia que se halla en el expediente. Las firmas de las personas que se quiere hacer creer suscribieron ese memorial, no pueden ser auténticas porque casi todas son escritas por una misma mano, y aun cuando se trató de diferenciarlas, se ven unos mismos rasgos y una misma forma de letra. Las que aparecen como firmando a ruego tienen el defecto de que una misma persona firmó por veinte o más personas, no separadamente sino en masa, como se hacen los fusilamientos en España.' (Cuaderno número 4, folio 42 vuelto y siguiente." De otra parte, el Consejo coincide con el concepto Fiscal en cuanto estima que en el cumplimiento de la condición exigida por el ordinal b) del artículo 79, aparece de una manera flagrante la violación de la ley. En efecto, de los documentos que tuvo en cuenta la Asamblea, entre los cuales figuran los informes del señor Ingeniero del Departamento y el suministrado por el doctor Alfredo Gómez Sánchez como Ingeniero de San Bernardo, se concluye que éstos, en vez de acordar un estudio conjunto, cuyas conclusiones dieran la impresión del proceso seguido por una comisión, se limitaron a dar por separado sus conceptos particulares, como si se tratara de un peritazgo. El Ingeniero del Departamento, doctor García Téllez, rindió su informe con fecha julio 26 de 1935, que concluye así: "Dejo para más tarde, para cuando se haga la

exploración y reconocimiento en los términos señalados por la ley, un informe más detallado del asunto." Posteriormente, en marzo de 1936, el doctor Gómez Sánchez hizo por sí solo un examen de la cuestión y emitió un concepto al cual adhirió el Ingeniero departamental. La lectura de estos dos documentos convence al Consejo que tales piezas no corresponden "al estudio de la comisión plural de ingenieros" de que habla la ley. Ni menos acepta que ella hubiera sido formada de la manera que la misma ley prevé, pues si en verdad el Municipio de Arbeláez no podía reclamar por la ausencia del ingeniero que le correspondía nombrar, ya que dicho Distrito no hizo uso de tal derecho, debiendo en tal virtud someterse a las consecuencias procedentes de su renuencia, es lo cierto que el ingeniero de San Bernardo no fue nombrado por el Concejo Municipal, como la ley lo dispone, sino por un decreto del Alcalde de dicho Municipio. En realidad actuaron por separado y en distintas fechas dos ingenieros: uno designado por el Gobernador y otro por su inmediato agente, el Alcalde de San Bernardo, lo que permite concluir que fue irregular la formación de la pretendida comisión plural. Las agregaciones o segregaciones de los términos municipales afectan las más de las veces vitales intereses de los Municipios, por lo cual, las Asambleas deben ser muy rigurosas en el examen y cumplimiento de las condiciones prefijadas por la ley para su validez. No puede, pues, aceptarse que esas providencias se dicten caprichosamente y haciendo caso omiso de algunas de las condiciones legales, pues dichas condiciones son concurrentes y la omisión de una de ellas lleva

aparejada la sanción de nulidad conforme a i a última parte del artículo 7° de la Ley 71 de 1916. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, de acuerdo con su Fiscal, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia, materia del recurso. Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen. TULIO ENRIQUE TASCAN Firmo con salvamento de voto en la parte motiva

GUILLERMO PEÑARANDA ARENAS

PEDRO MARTIN QUIÑONES RAMON MIRANDA Con salvamento de voto ELIAS ABAD MESA Con salvamento de voto NICOLAS TORRES NIÑO Con salvamento de voto en la parte motiva

RICARDO TIRADO MACIAS

LUIS E. GARCIA V.

Secretario

SALVAMENTO DE VOTO Consejeros: TULIO ENRIQUE TASCON Y NICOLAS TORRES NIÑO La incompatibilidad entre la Constitución y la ley surge de la imposibilidad de aplicar la una sin la otra. No se necesita que haya una disconformidad material, o sea que la Constitución y la ley se contrapongan. Basta que con el pretexto de complementar la una, se viole la otra.

En el caso de presentarse una incompatibilidad entre la Constitución y la ley, el Juez debe dejar de aplicar la ley. Sentados estos principios, procede estudiar si el artículo 7o de la Ley 71 de 1916 es o nó incompatible con el numeral 4° del artículo 54 del Acto legislativo número 3 de 1910. Si los actos de agregación o segregación de términos municipales son

materia de ley; si es al Congreso y no a la Asamblea al que corresponde hacer la agregación o segregación, sigúese que en definitiva la atribución corresponde ai Organo Legislativo. Si esto es así, bien puede la ley señalar, como lo hizo la 71 de 1916, requisitos para agregar o segregar términos municipales. Aunque estamos de acuerdo con la parte resolutiva del fallo que precede, nos vemos en la necesidad de salvar el voto en la parte motiva, porque disentimos de algunos de los conceptos acogidos por la mayoría relativa del Consejo, tomados de sentencias anteriores de esta corporación. Dijo el Consejo, en sentencia de 21 de septiembre de 1932: "En sentir del Consejo de Estado estaría en razón el señor apoderado si las precitadas leyes negaran a las Asambleas la facultad constitucional para crear o suprimir Municipios. En ese caso sí estarían visiblemente en incompatibilidad con la Constitución, lo que obligaría a prescindir de ellas para dar aplicación a ésta, como sucedería, por ejemplo, si se expidiera una ley que estableciera la pena de muerte, cambiara el funcionamiento regular de los Poderes del Estado, o suprimiera alguna o algunas de las garantías sociales que la Constitución reconoce a los ciudadanos colombianos. Estos sí serían casos de incompatibilidad de la ley con la Constitución, porque supuesta la existencia de un precepto no puede exitir el otro. Pero cuando no se contempla el caso de incompatibilidad, de una disconformidad de la ley con la Constitución, el conocimiento del negocio y su resolución definitiva corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por mandato expreso del artículo 41

de la obra citada. Este texto con el anterior se complementan, mas no se contraponen." Con todo respeto nos apartamos de esta jurisprudencia, en que creemos que el Consejo no debe persistir. Para nosotros la incompatibilidad entre la Constitución y la ley surge de la imposibilidad de aplicar la una sin perjuicio de la otra. No se necesita que haya una disconformidad material, como expresa el fallo transcrito, o sea que la Constitución y la ley se contrapongan. Basta que con el pretexto de complementar la una, se viole la otra. Así, por ejemplo, si el artículo 7° del Acto legislativo número 1° de 1936 dice que "son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años," se violaría la Constitución si bajo el pretexto de complementarla, viniera la ley a establecer que son ciudadanos los colombianos mayores de veintiún años que sepan leer y escribir. No habría en este caso disconformidad material entre el texto constitucional y el legal, porque éste reproduciría íntegramente aquél, pero con una adición que viola el espíritu de la Constitución y resulta, por consiguiente, que los dos textos son incompatibles. Este es el mismo caso del artículo 8° de la Ley 71 de 1916, hoy subrogado por el artículo 1° de la Ley 49 de 1931, aun cuando aquí la incompatibilidad—que para los suscritos es lo mismo que la disconformidad—, aparezca menos de bulto: el artículo 186 de la nueva Codificación Constitucional, dice, en su numeral 4°, que corresponde a las Asambleas Departamentales: "Crear y suprimir Municipios con arreglo a la base de población que determine la

ley, y segregar o agregar términos municipales, consultando los intereses locales. Si de un acto de agregación o segregación se quejare algún vecindario interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponderá al Congreso." Si, pues, es atribución de las Asambleas crear y suprimir Municipios, sin que la Constitución, para el ejercicio de esta atribución constitucional, les haya exigido otro requisito que arreglarse a la base de población que determine la ley, resulta inconstitucional que el legislador, bajo pretexto de complementar el texto de la Constitución, exija que las Asambleas se arreglen a otros requisitos, como los de solicitud por más de la mitad de los ciudadanos vecinos, que existan locales adecuados para escuelas, etc., porque si el espíritu del constituyente hubiera sido el de que las Asambleas para crear o suprimir Municipios tuvieran que sujetarse a los requisitos que exigiera la ley, no habría expresado que podrían hacerlo con arreglo a la base de la población, sino que habría expresado que la creación o supresión debería decretarse con arreglo a las bases que determinara la ley. Según la doctrina sentada en el fallo de 21 de septiembre de 1932, los nuevos requisitos no resultan inconstitucionales sólo porque la Ley 49 de 1931 se acomoda a la única exigencia que hace la Constitución, no embargante que se agregan otros requisitos bajo pretexto de complementarla, requisitos que violan el texto constitucional en cuanto entraban el ejercicio de una facultad que el constituyente quiso atribuir exclusivamente a las Asambleas Departamentales, sin otra restricción que la de la población, como se ha visto.

Consideran los suscritos que en el caso de presentarse una incompatibilidad entre la Constitución y Ta ley, el Juez debe dejar de aplicar la ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Acto legislativo número 3 de 1910, que dice: "En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales." Más claro no puede estar el pensamiento del constituyente de que en todo caso de incompatibilidad prevalezca la Constitución sobre las leyes. No dice el Acto legislativo número 3 que esta preferencia deba ser únicamente en el caso de una incompatibilidad o disconformidad manifiesta sino que en todo caso en que no puedan tener simultánea aplicación las dos disposiciones, bien en su tenor literal, bien en su espíritu. Esto se desprende no sólo de la transcripción que se ha hecho del artículo 40 del Acto legislativo número 3, sino de la historia fidedigna de su establecimiento. En efecto, cuando se discutían los artículos 40 y 41 del Acto mencionado, en la Asamblea Nacional de 1910, el Diputado Hernando Holguín y Caro propuso la siguiente modificación: "En las controversias judiciales y en caso de incompatibilidad manifiesta entre la Constitución y una disposición legal, se aplicará lo dispuesto en la Constitución; pero toda decisión en tal sentido habrá de ser consultada con la Corte Suprema." "Si la incompatibilidad no fuere manifiesta, se aplicará la ley en el sentido más conforme con lo que la Constitución preceptúe." Esta modificación fue negada, porque el constituyente quiso que en todo caso de

incompatibilidad entre la Constitución y la ley, prefiriera la superley del Estado, sin aceptar que se necesitara que la incompatibilidad fuera manifiesta, ni que en caso de no serlo se aplicara la ley en el sentido más conforme con la Constitución. Es un error pensar que el Juez, si encuentra que una ley es inconstitucional, tenga que aplicarla hasta tanto que la Corte la haya anulado, Gastón Jeze enseña que el control jurisdiccional de la ley puede ejercerse., o pidiendo la nulidad de ella, o pidiendo al Juez que no la aplique, sino que dé preferencia al precepto constitucional que aquélla viola, o pidiendo al Estado una indemnización por los perjuicios causados por razón de la ley violatoria del derecho. Entre nosotros el artículo 40 del Acto legislativo número 3 consagró la excepción de no aplicación de la ley, y él 41 dio a cualquier persona la acción para demandar la nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Solamente que en Colombia la ley reconocida como inconstitucional para un caso dado, no pierde su fuerza por este mismo hecho; al contrario de lo que sucede en otros países que últimamente han establecido el control jurisdiccional de las leyes, como Checoeslovaquia, en donde la rehusación individual a aplicar una ley inconstitucional, trae como consecuencia la abrogación de ella para todo el país, ordenada por el órgano especial de control constitucional. Sentados estos principios, procede estudiar si el artículo 79 de la Ley 71 de 1916 es o no incompatible con el numeral 49 del artículo 54 del Acto legislativo número 3 de 1910 (186 de la nueva Codificación).

Este numeral dice que corresponde a las Asambleas segregar o agregar términos municipales, consultando los intereses locales, y que si de un acto de agregación o segregación se quejare algún vecino interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponderá al Congreso. No dio, pues, la Constitución otra norma a las Asambleas para ejercer esta atribución que la de consultar los intereses locales, que no pueden ser otros que los de la mejor administración de los servicios públicos de la respectiva localidad. Desde este punto de vista resultaría inconstitucional el artículo 79 de la Ley 71 citada; pero hay que tener en cuenta que la Constitución reservó al Congreso la resolución definitiva sobre los actos de agregación o segregación de términos municipales en el caso de que ante él se quejare algún vecindario interesado. El numeral 4° del artículo 54 del Acto legislativo número 3 de 1910 es reproducción del artículo 186 de la Constitución de 1886, y en este estatuto se explicaba la reserva en favor del Congreso de la resolución definitiva sobre el particular por no tener el vecindario perjudicado el recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa para hacer anular el acto de agregación o de segregación. Creada esta jurisdicción, el recurso ante el Congreso debe suprimirse por ser redundante. En el estado actual de nuestra legislación, corresponde provisionalmente a las Asambleas la atribución de agregar o segregar términos municipales pudiendo contra estos actos recurrir a lo contencioso administrativo el vecindario interesado, y corresponde definitivamente al Congreso la resolución sobre la segregación o agregación. Don José María Samper, comentando el artículo 186 mencionado, dice:

"Dos limitaciones tiene, sin embargo, esta atribución de las Asambleas sobre división territorial en Municipios: la primera, que se les den proporciones conforme a la base de población que determine la ley; por manera que si se fija por ley un mínimum de mil almas, no podrán hacerse creaciones, supresiones, agregaciones o segregaciones que den por resultado la existencia de Distritos con una población inferior a dicho mínimum; y segunda, que si algún vecindario se quejare de un acto de agregación o segregación, por estar interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponderá al Congreso. Acerca de este punto, se pensó primero en dejar la resolución definitiva al Senado; pero se propuso y resolvió después que el asunto correspondiese al Congreso, por cuanto se estimó que tenía la importancia bastante para ser materia de ley." Si,.pues, los actos de agregación o segregación de términos municipales son materia de ley, y si es al Congreso y no a la Asamblea ai que corresponde en definitiva hacer la agregación o segregación, sigúese que en definitiva la atribución en referencia corresponde al Organo Legislativo, y si esto es así, bien puede la ley señalar, como lo hizo la 71 de 1916, los requisitos para agregar o segregar términos municipales, al exigir peticiones razonadas y suscritas por quinientos ciudadanos y estudio del punto en cuanto a límites por una comisión plural de ingenieros, de la misma manera que por la Ley 101 de 1919 se reglamentó el ejercicio de la atribución constitucional de fijar las líneas dudosas entre dos o más Departamentos o entre un Departamento y una Intendencia o Comisaría, no

obstante que esta atribución no corresponde al Congreso sino al Senado de la República. Por estas consideraciones ios suscritos conceptuarnos que el artículo 7° de la Ley 71 de 1916 no es inconstitucional, y como la Asamblea de Cundinamarca, al expedir la Ordenanza número 22 de 1936, no se ajusta los requisitos que esta Ley exige, es nula, y en este concepto hemos aprobado la parte resolutiva de la sentencia que precede, por la cual se confirma el fallo de primera instancia, que declaró la nulidad de tal Ordenanza.

TULIO ENRIQUE TASCON

NICOLAS TORRES NIÑO

LUIS E. GARCIA V.

Secretario

SALVAMENTO DE VOTO Consejeros: RAMON MIRANDA Y ELIAS ABAD MESA La Ley 11 de 1916 no se ajusta a los preceptos constitucionales porque no resuelve sobre actos de agregación o segregación ya cumplidos, sino que sujeta a las Asambleas a condiciones previas, sin las cuales las ordenanzas respectivas adolecen del vicio de nulidad.

Si es que en definitiva pertenece a la ley y no a la ordenanza cumplir la función constitucional de te agregación o segregación, resultaría incompetencia de jurisdicción en el Consejo de Estado para conocer del acto, si se le reputa con carácter de legislativo. SI se le da al mismo acto el carácter de jurisdiccional, surgiría la evidente dificultad de que el Congreso pudiera tomar una decisión contraria a la adoptada por el Consejo, lo que entrañaría una tercera instancia. Esta manifiesta dificultad de orden jurídico no tiene otra solución que la de

reconocer que las