CSJ - Sentencia SEP042-2024(00491)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente SEP042-2024 Radicación num. 00491 CUI 11001600010220180032301 Aprobado mediante Acta Extraordinaria No. 35 Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

1. VISTOS Una vez celebrado el juicio oral y tramitada la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, corresponde a la Sala dictar sentencia de primera instancia dentro de este proceso adelantado en contra del gobernador del departamento del Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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Cesar, LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO, acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con el punible de peculado por apropiación en favor de terceros.

2. IDENTIDAD DEL ACUSADO LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO, identificado con la cédula de ciudadanía 77.186.388 de Valledupar, nacido en ese municipio el 27 de septiembre de 1976, edad 46 años, hijo de

Luis Alberto Monsalvo Ramírez y Cielo Gnecco Cerchar,

profesión economista y residente en la calle 9A # 8-48, Edificio Novalito de Valledupar.

3. LA ACUSACIÓN De conformidad con el escrito de acusación se atribuye al procesado la comisión en calidad de coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410) respecto del contrato de suministro 2015-02-1178 de 21 de agosto de 2015 del Programa de Alimentación Escolar (PAE), suscrito entre el departamento del Cesar, a través de su secretario general Jaime Luis Fuentes Pumarejo y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, representado por María Angélica Araújo Noguera y conformado por la Fundación Kabala, representada por la citada y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada por Ivis del Carmen Rosado Robles; y peculado por apropiación en favor Página 2 de 404

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CUI 11001600010220180032301 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO LEY 906 DE 2004 de terceros agravado por la cuantía, con las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 1, 9 y 10 del artículo 58 del Código Penal. El objeto del contrato consistió en la “prestación del servicio

de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar, acorde a los lineamientos técnicos, administrativos y estándares del programa de alimentación escolar PAE”, por valor de $17.145.105.000 con un plazo de ejecución de 59 días calendario. Como primera irregularidad esencial, destacó el ente fiscal nueve graves anomalías en los estudios previos, que le permitieron concluir que con dichos estudios se desconocieron los principios de planeación, economía, selección objetiva, responsabilidad y legalidad. La primera la refirió al aspecto de la necesidad de la contratación. En su sentir los estudios omitieron el obligado análisis de la conveniencia de celebrar el contrato para suplir la alimentación durante 59 días de los estudiantes menores de edad del departamento, es decir, no se estableció el ¿qué?, el ¿para qué? y el ¿por qué? se necesitaba la contratación, lo que se tradujo en una falta de claridad, coordinación y coherencia entre lo presupuestado por el departamento y las directrices del Ministerio de Educación Nacional, vulnerándose de esta forma los principios de transparencia y responsabilidad, además del de selección objetiva, por ejemplo, por la no exigencia del cumplimiento de la norma técnica NTC4595 y del Página 3 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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Decreto 3075 de 1997 que reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979, que venía reclamándose. La segunda anomalía en los estudios previos tiene qué ver con la población a beneficiar. En dichos estudios se indicó que eran “los niños, niñas y adolescentes del área rural y urbana, registrados en el sistema de matrícula SIMAT como estudiantes oficiales” y sobre ese supuesto se determinaron 87.400 cupos en la jornada matinal a $1.760 por ración y 58.700 cupos para el almuerzo a razón de $2.330 porción, para un total de 146.100 niños-ración. Sin embargo, esta cifra es muy superior al número de estudiantes reportados por el SIMAT el trimestre anterior que debió ser la base, circunstancia que solamente tiene explicación en una “inadecuada y falaz” planeación, que se reflejó en un mayor gasto. La tercera irregularidad en los estudios previos la refiere al plazo de ejecución de 59 días calendario, que permite advertir un “fraccionamiento” con el fin de favorecer dos veces en un solo año a los mismos contratistas, pues el objeto contratado en el primer semestre de 2015 es igual al del segundo semestre de la misma anualidad “tiene como soporte prácticamente los mismos documentos y fueron ejecutados por las mismas fundaciones (…) con el solo cambio de nombre del consorcio contratista”. Se incumplió así con lo previsto en el ítem 3.4 de los lineamientos técnico-administrativos del PAE de julio de 2014

(aplicable a 2015) de perentorio acatamiento que dispone: “El PAE realizará la prestación del servicio durante el calendario escolar definido por cada entidad territorial certificada”; y en este caso no se Página 4 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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CUI 11001600010220180032301 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO LEY 906 DE 2004 hizo bajo un solo negocio jurídico que comprendiera todo el calendario escolar, sino que se fraccionó en dos contratos. La cuarta anomalía dice relación con el tema presupuestal. Mientras en los estudios previos se citó el boletín SIPSA número 123 de octubre de 20141 como el aplicado para calcular el valor del presupuesto oficial, en el anexo 2 se indicó que dicho cálculo se realizó con fundamento en el boletín 130 de diciembre de 2014, lo que condujo a distorsiones en el presupuesto violando el principio de planeación, pues a la fecha de estructuración de los estudios previos2 ya habían transcurrido más de siete meses desde el mes de octubre de 2014, pero esto sirvió para aumentar el costo de las raciones. En suma, la planeación del presupuesto se desfiguró al haber sido diseñado desconociendo los lineamientos técnicoadministrativos de 2015 de perentoria observancia como lo previene el artículo 16 de la Ley 1176 de 2007. Además, la estructuración del presupuesto con incidencia en el valor del contrato la refiere a que mientras en la Ordenanza Departamental 066 de 28 de diciembre de 2012 el costo global de las estampillas es del 4.5% del contrato, el valor fijado en los estudios previos fue del 5.5%, es decir, se adicionó un punto, sin ninguna justificación. 1 Boletín del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agrario del DANE (SIPSA) publicado semanalmente conforme a los precios de los alimentos en centros mayoristas certificados por el DANE. 2 Julio de 2015. Página 5 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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La quinta anomalía la afinca en la ausencia de un diagnóstico de la población a priorizar y del tipo de complemento alimenticio que se debía suministrar. Sobre este aspecto los estudios se redujeron a unas tablas básicas sin explicación o justificación que determinara cuál era el alimento para proporcionar de acuerdo con la edad y condición socioeconómica.

La sexta anomalía de los estudios previos recae sobre la forma de selección del contratista, ya que se exigió una experiencia muy específica que solamente los entes del consorcio creado podían cumplir, porque ya venían contratando. Se pidió anexar máximo cinco certificaciones de contratos terminados en los últimos cinco años que sumaran una cuantía igual o superior al doble del presupuesto expresado en salarios mínimos vigentes a la fecha de suscripción. Así se afectó el principio de selección objetiva pues desde 2014 hasta 2016 la gobernación venía contratando con las mismas empresas, solamente cambiaban el nombre del consorcio. La séptima tiene que ver con la matriz de riesgos (anexo 4) derivados de las fluctuaciones del valor de los alimentos que se tradujo en la inclusión de un 5% del valor del contrato como imprevistos, pero adicionalmente se reconoció un porcentaje del 4.4% correspondiente al IPC, que para el año 2014 fue certificado por el DANE en el 3.66%. Página 6 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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La octava anomalía fue la omisión de la consulta previa con las comunidades indígenas a la que estaba obligada la

gobernación conforme al artículo 6 del Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, irregularidad que no se subsana por el hecho de haber trasladado al operador esta obligación después de suscrito el contrato. La novena anomalía, y última, relacionada con la primera irregularidad sustancial en los estudios previos, consiste en la inexistencia de “estudios del sector”. En teoría se trata de un documento estructurado del análisis de la información recabada durante la investigación del mercado o del sector. Sin embargo, en este caso el documento de 57 páginas elaborado por la secretaría de educación es un formato genérico que no suple un estudio serio como se demanda, con la misma información contenida en los estudios previos y datos de los años 2011 y 2012 del municipio de Valledupar que nada dice del comportamiento del mercado local. La segunda irregularidad sustancial advertida por la fiscalía tiene que ver con el proyecto de pliego de condiciones o prepliego, las observaciones presentadas y la respuesta ofrecida por la gobernación que constituye ley del contrato. La exigencia de contar con una bodega al momento de la presentación de la oferta solamente benefició al consorcio contratista que por estar ya prestando el servicio era el único que cumplía este requisito al tiempo de contratar, cuando lo trascendente era verificar que se tuviera una capacidad real Página 7 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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CUI 11001600010220180032301 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO LEY 906 DE 2004 instalada a partir el inicio de la ejecución del contrato, no antes. Para la fiscalía este hecho pone de manifiesto el interés de MONSALVO GNECCO de favorecer al Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015 con desconocimiento de los principios de selección objetiva y de transparencia. La tercera irregularidad sustancial atañe al pliego de condiciones cuyo contenido refleja el incumplimiento de este requisito esencial de la contratación estatal, que forma parte integral del contrato y prevalece en caso de diferencias entre este y los estudios previos, erigiéndose en una exigencia esencial del proceso contractual3. Para la fiscalía este documento no satisfizo los requerimientos legales exigidos, pues vuelve a transcribir la literatura general asociada a la política de alimentación escolar de los estudios previos. En el caso concreto, en el pliego de condiciones se dice que fueron elaborados según los lineamientos técnicoadministrativos del Ministerio de Educación Nacional de abril de 2015, sin embargo, hicieron relación a los de julio de 2014 y la publicación en el SECOP corresponde a los expedidos en 2015, circunstancia prohibida legalmente por el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 al determinar responsabilidad para los servidores públicos que elaboren los pliegos de 3 Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 10.779 de 29 de enero de 2004. Página 8 de 404

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CUI 11001600010220180032301 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO LEY 906 DE 2004 condiciones en forma incompleta, ambigua o confusa que den lugar a interpretaciones o decisiones subjetivas. Otra tanto ocurre con el asunto de las manipuladoras de alimentos, pues mientras en los estudios previos se requirieron 1.800, en el pliego de condiciones se exigieron únicamente 350, ambas cifras sin ninguna justificación atendible, circunstancia que comporta una arbitrariedad intolerable. Lo mismo acontece con la experiencia exigida al proponente en cuanto a la exigencia de acreditarla con “máximo” cinco certificaciones de contratos terminados en los últimos cinco años contados desde la fecha del cierre del proceso de selección, los cuales debían sumar una cuantía igual o superior al doble el presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. De acuerdo con la acusación lo pretendido con esta exigencia fue circunscribir la experiencia a cierto número de raciones servidas y en general, contratos de alta complejidad y cuantía, logradas en máximo cinco negocios jurídicos, o de otra forma, acreditar pocos negocios, pero en grandes cuantías, requisito que solamente podía ser cumplido por quienes venían

contratando con algunos departamentos, en este caso, el consorcio favorecido que venía operando los PAE de Cesar, Valledupar y La Guajira. Página 9 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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El direccionamiento se hace más evidente al determinar la experiencia específica y exigir que en dos de los cinco contratos se acreditara un suministro de 140.000 raciones por día cuya sumatoria alcanzara los once millones en 59 días con un mínimo de 877 unidades de servicio o restaurantes escolares y experiencia en la prestación del servicio de alimentación escolar en el sector público, lo que, como se dijo, solamente podía certificar el consorcio escogido. Concluyó la fiscalía que con tales irregularidades se vulneró el principio de transparencia ya que la licitación pública fue simplemente en apariencia. Asimismo, se conculcó el principio de economía en cuanto la selección del contratista no fue objetiva y por ende impidió identificar la propuesta más favorable para el departamento. La cuarta irregularidad sustancial está vinculada a la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos de 28 de julio de 2015, prevista como de obligatorio cumplimiento

por el artículo 39 del Decreto 1510 de 2013, y por lo mismo parte integral del núcleo esencial del trámite contractual. Su finalidad, conforme al artículo 220 del Decreto 019 de 2012, es la de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. En este caso, se quebrantó lo dispuesto por el artículo 88 del Decreto 2474 de 2008 y por el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 sobre la asignación definitiva de los riesgos detectados, aspecto que no se satisfizo porque a esta no Página 10 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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CUI 11001600010220180032301 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO LEY 906 DE 2004 comparecieron los posibles oferentes, de tal manera que el acta levantada se limitó a transcribir las finalidades de la audiencia sin dejar constancia de lo acontecido en su desarrollo. En suma, no se cumplió con el objeto legal de la misma. Una quinta irregularidad sustancial tiene que ver con el acta de cierre y entrega de la propuesta del proceso de licitación pública LP-SGR-0008-2015. En dicha audiencia el consorcio fue aparentemente representado por Eder Enrique Castro Páez

sin que exhibiera el poder para tal propósito a pesar de que en el documento de creación del Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015 figuraba como representante legal María Angélica Araújo Noguera y conforme al pliego de condiciones era el único delegado autorizado para intervenir ante la administración. Esta circunstancia desconoció los principios de responsabilidad, transparencia y legalidad que demandan el cumplimiento de los fines de la contratación, la protección de los derechos de la entidad y una conducta apegada a la ética, la ley y la justicia. La sexta irregularidad dice relación con la calificación de la propuesta efectuada por el comité evaluador. Para el ente acusador la puntuación otorgada no correspondió a la realidad pues presentó una serie de inconsistencias que permiten inferir que la evaluación como requisito esencial del contrato fue conculcada. Página 11 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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En cuanto a la evaluación técnica la carta de presentación de la propuesta no indicó el número total de folios de esta, exigencia indispensable en los términos del anexo 2 del pliego de condiciones y su incumplimiento se tradujo en vulneración

de los principios de responsabilidad y transparencia. Se obvió la presentación de los certificados de antecedentes disciplinarios de la Fundación Kabala, de la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y de Ivis del Carmen Rosado. No obstante, se allegó un certificado de una entidad jurídica denominada “Fundación Pa’ Todo el Mundo” ajena al contrato, por lo que se desconocieron los principios de legalidad y transparencia. La importancia del cumplimiento del requisito de los antecedentes disciplinarios radica en que a partir de estos se revelan posibles inhabilidades o incompatibilidades de los contratistas. Otra anomalía en relación con la evaluación consistió en el incumplimiento del cronograma de actividades plasmado en el pliego de condiciones en donde se indicó como fecha de publicación del informe de evaluación el 10 de agosto de 2015 en el portal web de contratación del SECOP, sin embargo, solamente se hizo hasta el día siguiente, con lo que se desconocieron los principios de economía y publicidad. En cuanto a la bodega, irregularidad sexta, el consorcio favorecido presentó un certificado de intención de arrendamiento de bodega con la firma Global Entregas SAS, de Página 12 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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LEY 906 DE 2004 la cual el comité evaluador omitió verificar que su representante legal Juan David Dangond Rosado, sobrino de Ivis del Carmen Rosado, presentó un documento que certificaba el valor total de los lotes en $2.240.639.000 cuando la firma arrendadora contaba con un capital pagado de apenas $4.000.000, suma muy inferior al valor de los inmuebles que pretendía arrendar. La séptima irregularidad está referida a la suscripción del contrato 2015-02-1178 de 21 de agosto de 2015, firmado por Jaime Luis Fuentes Pumarejo en calidad de secretario general de la gobernación y delegado para suscribir contratos y convenios mediante Decreto 987 de 13 de julio de 2010 modificado por el Decreto 571 del 10 de agosto de 2011, y por María Angélica Araújo Noguera en condición de representante legal del Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015. Tiene que ver con la cláusula sexta del contrato en relación con las raciones, en la que se le impuso al operador el cumplimiento de los lineamientos técnico-administrativos del PAE de julio de 2014 cuando los vigentes eran los de abril de 2015 que finalmente fueron los que publicaron en el SECOP, con lo que se desconocieron los principios de legalidad y transparencia. Otra irregularidad adicional relacionada con la suscripción del contrato es el hecho de que las garantías exigidas fueron presentadas por fuera del término previsto en Página 13 de 404

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CUI 11001600010220180032301 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO LEY 906 DE 2004 el pliego de condiciones cuando debieron allegarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato, lo que deviene en un incumplimiento del principio de responsabilidad. La octava irregularidad tiene que ver con la liquidación del contrato y, en particular con la constancia dejada en el acta de liquidación de haberse efectuado ésta con fundamento en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el operador entre los días 27 de agosto y 24 de noviembre de 2015 y que su valor ejecutado fue de $15.388.164.580, no obstante, a juicio del ente fiscal existe una “confusión monumental” en el contenido del documento en cuanto a los porcentajes de ejecución del contrato los cuales no fueron debidamente verificados como corresponde y por tanto no se tuvo absolutamente claro el cumplimiento del objeto contratado. En opinión de la fiscalía el acusado permitió la liquidación bilateral del contrato a pesar de que no se cumplió la totalidad del objeto contratado y cuyas cuentas y soportes de gastos no fueron claras, pues mientras el consorcio contratista justificó suministros por $12.636.685.229 la gobernación reconoció $13.492.089.354, es decir, una cantidad superior.

De otro lado, la gobernación no verificó que el 89% de las facturas de compras de los suministros fueron realizadas a empresas como Suministros y Suministros Sion, que revendían los productos, una empresa del sobrino de la representante de Página 14 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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CUI 11001600010220180032301 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO LEY 906 DE 2004 la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Ivis del Carmen Rosado Robles. Posteriormente, el 22 de octubre de 2021, la fiscalía adicionó el escrito de acusación4 agregando a las irregularidades halladas en la liquidación del contrato una más, consistente en el hallazgo de una diferencia de 311 beneficiarios entre lo registrado en el SIMAT y lo reportado por el operador en el mes de septiembre de 2015, es decir, al parecer éste entregó alimentación a ese número de estudiantes que no aparecen listados en las bases de datos de la secretaría de educación. También reveló en esta oportunidad inconsistencias de nombres y documentos de identidad de al menos 652 beneficiarios que no aparecen como matriculados en las bases de datos de la secretaría de educación con nombres y/o documentos de identidad registrados por el contratista en las

planillas de cumplimiento. Del mismo modo, en las planillas del SIMAT del mes en referencia, aplicadas por la secretaría de educación, aparecen 807 niños matriculados que no fueron atendidos por el consorcio operador ya que no figuran registrados en las planillas de suministro. 4 Folio 385 c. o. 2 de la Corte. Página 15 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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También durante el mes de noviembre se halló una diferencia de 212 beneficiarios de más entre lo reportado por el operador y lo registrado por la secretaría de educación. Igual se identificaron 408 estudiantes supuestamente alimentados cuyos nombres y/o documentos de identificación no corresponden a los registrados. En conclusión, por las razones señaladas, en el proceso contractual cuestionado se incumplieron los principios de economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva. Respecto del delito de peculado por apropiación, comenzó por señalar que como producto de la irregular contratación el acusado LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO se apropió en favor de terceros de recursos públicos. En primer lugar, mediante análisis técnico financiero la fiscalía pudo determinar una diferencia en beneficio del

contratista de $3.172.808.072 (sic)5, que surge del ajuste de algunos de los valores determinados para el contrato a los costos reales: (i) del presupuesto con los precios correctos registrados en el boletín SIPSA 123 de 2014 empleado para determinar el valor de los alimentos6; (ii) del IPC de 20147; (iii) 5 Al parecer existe un error en este ítem pues se sumó el valor de la póliza y no su diferencia. De ser así, el valor de lo presuntamente apropiado ascendería a $3.189.329.822. 6 Según la Fiscalía los precios de los alimentos fijados en el Boletín SIPSA 123 fueron artificialmente elevados. Diferencia: $1.565.140.142 7 En el contrato se fijó un IPC de 4.4% correspondiente al año 2014 cuando de acuerdo con la certificación del DANE el IPC de 2014 fue de 3.66%. Diferencia: $105.226.014. Página 16 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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CUI 11001600010220180032301 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO LEY 906 DE 2004 de las estampillas decretado en la Ordenanza 0668; (iv) de los manipuladores de alimentos9; y, (v) del AIU10 (administración,

imprevistos y utilidades). La tipicidad objetiva del delito de peculado fue materia de adición posteriormente por la fiscalía en su escrito de 22 de octubre de 2021, especialmente en lo relativo al monto de lo apropiado, al incrementarle la cantidad de $1.843.510 producto de una diferencia que corresponde al pago que hizo la gobernación al operador pero que determinó que se trató de situaciones irregulares que debieron ser aclaradas al tiempo de la liquidación, pero no se hizo, permitiendo que el consorcio se apropiara de ese dinero. La diferencia entre los valores reales de los ítems descritos y lo presupuestado en el contrato ascendió entonces a la suma de $3.174.651.582 (sic) que, de acuerdo con la acusación es el sobrecosto pagado que constituye la cuantía del peculado. Ya en punto de la tipicidad subjetiva de las conductas punibles enrostradas, aseguró la fiscalía que MONSALVO GNECCO tenía conocimiento de sus funciones como gobernador del departamento de Cesar, por tanto sabía que era 8 El valor de porcentaje a reconocer por este concepto, según la Ordenanza 066, era de 4.5% y no del 5.5% como se hizo. Es decir, se reconoció un punto adicional. Diferencia: $148.453.998. 9 En el caso de las manipuladoras de alimentos se presupuestó para su capacitación la suma de $12.236.000 y solamente se gastaron $900.000. Diferencia: $11.336.000. En salarios de estas se presupuestaron $3.580.227.300 y solamente se invirtieron $2.261.814.507. Diferencia: $1.318.412.793.

10 La póliza de cumplimiento se presupuestó en $65.000.000 y finalmente su costo fue $24.239.125. Diferencia: $40.760.875 Página 17 de 404 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 20-03-2024 Código de verificación: 5BEE62410592742D7D8B386C0537FF9038F36869955A44602E3D540CE9311FA4

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