CSJ - SL080-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL080-2024 Radicación n.° 96040 Acta 01 Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

LIBARDO ANTONIO AGUDELO, ALEXANDER COBO

TORRES, JOSÉ EDUARDO RIASCOS RIASCOS, HUMBERTO TORO LÓPEZ, MARCELINO VÁSQUEZ FLÓREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauraron al INGENIO PICHICHÍ S. A. Téngase al Dr. Rigoberto Echeverri Bueno con T. P n.° 36.240 del C. S. de la Judicatura como apoderado de Pichichí S. A. en los términos y para los efectos del poder que reposa en el cuaderno de la Corte del expediente digital.

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Radicación n.° 96040

I. ANTECEDENTES Los demandantes llamaron a juicio al Ingenio Pichichí

S. A. (en adelante el Ingenio) para que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido; que fueron enviados en misión a Nuevo Horizonte CTA a fin de que prestaran sus servicios como corteros de caña a favor de la convocada al proceso.

Como consecuencia, pretendieron que la demandada fuera condenada al reconocimiento y pago de las

prestaciones sociales, el auxilio de transporte, las vacaciones, los aportes al sistema de seguridad social integral causados entre el 22 de noviembre de 2005 y el 29 de febrero de 2012. Igualmente solicitaron la indemnización por despido sin justa causa, las sanciones moratorias, los perjuicios morales generados en una suma equivalente a 500 SMLMV, todo debidamente indexado; también reclamaron que se acreditara lo ultra y extra petita, así como que se impusieran las costas procesales. Para sustentar sus peticiones afirmaron que prestaron sus servicios a favor de la accionada como trabajadores enviados en misión para ejecutar la labor de corteros de caña bajo su continua subordinación y dependencia; que esta no les reconoció ningún derecho laboral; que el salario que se les canceló fue inferior al que devengaban sus empleados de planta; que se les realizaron deducciones

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Radicación n.° 96040 para el pago de compensación anual y semestral, sus intereses, así como para el descanso. Agregaron que, desplegaron la misma actividad en los predios del Ingenio ubicados en los municipios de Guacarí y Buga; que su jornada laboral era de 6:00 am a 3:00 pm de lunes a domingo sin interrupción; que como salario promedio en los últimos 12 meses percibieron: Nombre Salario Alexander Cobo Torres $ 918.250,00 José Eduardo Riazcos Riascos $ 755.000,00 Humberto Toro López $ 1.243.083,33 Marcelino Vásquez Flórez $ 988.760,33

Libardo Antonio Agudelo $ 588.000,00 Afirmaron que siempre recibían órdenes de la llamada a juicio a través de Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo y Lizman Bejarano quienes eran supervisores, cabos o monitores de corte encargados de vigilar el cumplimiento del horario y la ejecución de las labores; que la demandada «elaboró la información de cada trabajador […]», que era remitida a las supuestas empleadoras para que realizaran las respectivas planillas de pago semanal. Expresaron que la accionada condicionó su relación contractual a que se afiliaran a la cooperativa; que aunque mostraron su inconformidad por no ser vinculados directamente por la compañía, nunca se accedió a ello y, como respuesta, se les insinuaba que renunciaran.

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Radicación n.° 96040 Anotaron que la contratista no tenía autonomía técnica, pues no era propietaria de las herramientas de trabajo necesarias para prestar los servicios; que la labor consistía en el corte de caña, que era recogida por una máquina alzadora de la accionada luego se transportada hacía sus instalaciones, con el fin de realizar el pesaje y al día siguiente un cabo, apuntador o supervisor adscrito a aquella entregaba el dato del peso de la caña cortada por cada trabajador. Adujeron que fue la convocada al proceso la que ordenó la disolución y liquidación de la compañía a través de la cual adelantaron sus labores y que dicha sociedad fue la que pagó los costos y los honorarios que ello causó;

además que, nunca les reintegraron sus aportes como cooperados. Subrayaron que, la finalización de su atadura fue producto de un despido indirecto y no de una renuncia voluntaria, pues de no proceder en ese sentido no hubiesen sido vinculados posteriormente a Pichichí Corte S. A. (f.°1454 Primera Instancia_CuadernoPrincipalTomo1_Expediente Primera Instancia_2022074535552). El Ingenio se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Precisó que la relaciones que sostuvo con la CTA «fue[ron] netamente de carácter comercial […]» y que siempre obró con apego a la ley.

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Radicación n.° 96040 En su defensa, propuso las excepciones de mérito que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago y compensación, buena fe y la innominada (f.º 196-214 ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, por decisión del 8 de abril de 2021, absolvió al Ingenio de lo pretendido e impuso las costas a los demandantes (f.°120 121 acta, f.°122 audiencia Primera

Instancia_CuadernoPrincipalTomo6_Expediente Primera Instancia_2022081602745)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al resolver el recurso de apelación propuesto por los accionantes, mediante fallo del 13 de julio de 2022 confirmó el de primer grado (f.°39 y ss Segunda Instancia_Apelacion Sentencia_ Expediente Segunda Instancia_2022081849488). En lo que interesa al recurso extraordinario, advirtió que su decisión se sujetaría a los previsto en el artículo 66 A del CPTSS, motivo por el cual analizaría:

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Radicación n.° 96040 […] la existencia de un verdadero contrato de trabajo, entre los demandantes e INGENIO PICHICHÍ S. A., en razón a que entre ésta y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CTA llamada a juicio, existió tercerización laboral, con la que se burlaron los derechos laborales de los accionantes. Para adelantar ese estudio acudió al material probatorio obrante en el proceso, así: […] respecto a la seguridad social en pensiones, se exhiben periodos y cotizaciones a su favor, por cuenta de empleadores diferentes a INGENIO PICHICHÍ S.A.; así se evidencia de folios 42 y siguientes del cuaderno 1 digital. El expediente digital, también da cuenta de varias actas de verificación de acuerdos entre el gremio de corteros de caña y las empresas de la región. La demandada allegó copias de diferentes ofertas mercantiles y aceptaciones a las mismas, realizadas con la CTA NUEVO HORIZONTE; así como otros documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre el INGENIO PICHICHÍ S. A. y

varias empresas por los años 2006 a 2011; todos ellos, con el fin de realizar corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S. A., o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que el último dispusiera. En los cuadernos de pruebas se exhibe documentación correspondiente a los actores y su vínculo con la CTA convocada a juicio; se observan copias de estatutos de la cooperativa y acuerdos de trabajo asociado, así como liquidación de compensaciones y de prestaciones sociales, nóminas semanales y renuncias; ninguno de ellos relacionado

con INGENIO PICHICHÍ S. A.

También figuran en los mencionados expedientes, copias de facturas presentadas por la mencionada CTA al INGENIO PICHICHÍ S. A., por concepto de corte de caña; recibos de pago de facturación; contrato con abogada; todos ellos en el cuaderno No. 1 digital. Se recibió interrogatorio de parte a la representante legal de la empresa demandada, quien en conocimiento del manejo administrativo de INGENIO PICHICHI S. A., dio cuenta de la relación comercial que éste sostuvo con varias cooperativas de trabajo asociado y sociedades por acciones simplificadas de la región; afirmando que no hubo relación alguna de trabajo con los demandantes.

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Radicación n.° 96040 Por su parte, los demandantes que rindieron interrogatorio de parte, básicamente pretendieron en sus dichos, ratificar la afirmación hecha en la demanda en el sentido que estuvieron vinculados laboralmente con INGENIO PICHICHÍ S. A.,

entendiendo que esto fue así porque era la empresa en mención la que pagaba por su trabajo a las cooperativas de trabajado asociado a las que se encontraban afiliados; narraron que la oficina de la CTA quedaba en la ciudad de Guacarí y contaba con todos los elementos de oficina y un gerente y secretaria; la CTA tenía una oferta mercantil con INGENIO PICHICHÍ S. A y a través de ellas se cortaba caña, una vez el trabajo se realizaba, se les entregaba un volante o tiquete en el que se señalaba "lo que uno se cortaba diario”, con el cual la CTA verificaba el valor a pagar a cada cortero del dinero enviado a COOTRAIPÍ; que al llegar al campo, habían supervisores y cabos, siendo los cabos los que indicaban qué se debía cortar, siendo los supervisores del INGENIO PICHICHÍ S. A. y quienes revisaban el trabajo de los corteros; como se trabajaba al destajo, no había consistencia de horario, se entraba a las 6 a.m. y se salía dependiendo de la labor a realizar a eso de las 4 p.m.; también se extrae de estas versiones, que la CTA contaba con estatutos y tenía un consejo de administración. En lo que atañe a la prueba testimonial, se recibió declaración a JOSÉ LUBÍN COBO SAAVEDRA, quien dijo que como trabajador de INGENIO PICHICHÍ S. A. en el área de personal desde 1980, sabe del proceso de corte manual de caña, desconociendo que los demandantes fueran trabajadores del INGENIO; afirmó que para la época se prestaba el servicio de corte manual a través de terceros; que los trabajadores de

planta del INGENIO PICHICHÍ S. A. no tenían injerencia sobre dichos corteros; no se realizaba pago directo a los asociados de las CTA’S ni realizaba procedimientos disciplinarios frente a los asociados de dichas cooperativas; a la par, refirió que el INGENIO tiene tierras propias y tierras de terceros, siendo la empresa la que cultiva la caña y por tanto programa el corte del producto, siendo las CTA’S las que cortaban y dejaban la caña en el piso y salían del terreno, sin tener relación alguna con el personal del INGENIO; que eran las cooperativas de trabajo asociado y sociedades por acciones simplificadas, las que a través de ofertas mercantiles realizaban el corte de caña que usaba el INGENIO para su producción, todo acorde con los mandatos legales pertinentes. WILLIAM DE JESÚS CALVO ACEVEDO; quien tras laborar por varias décadas para la demandada PICHICHÍ CORTE S. A.; dio cuenta puntual del manejo de corte de caña, pues su labor se desempeñó básicamente en el departamento de cosecha de la mentada empresa, indicando que fue el encargado de ejercer interventoría a los contratos civiles que el INGENIO suscribió con las CTA’S y SAS de la región, previa presentación de ofertas mercantiles que dichas empresas realizaban, por lo que era él el

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Radicación n.° 96040 encargado de coordinar lo necesario con los directivos de dichas empresas para la labor de corte manual de caña, sin entenderse con los corteros, a quienes no reconoce como trabajadores de

PICHICHÍ, dado que pertenecían a las Cooperativas y SAS, contando tales organizaciones con autonomía frente a sus asociados y socios, respectivamente; informó que eran alrededor de ocho empresas que se encargaban del corte; reuniendo entre todas un número aproximado de 1000 personas; por lo que era imposible dar instrucciones en el campo a tal número de personas, con lo que se cae por su peso la versión señalada en la demanda en el sentido que era él (testigo) quien impartía órdenes en el campo de cultivo; asimismo, que las personas citadas en la demanda, eran trabajadores del INGENIO para el alce y transporte de la caña, por lo que no podían estar al tiempo que los corteros de caña en el cultivo, como LIZMAN BEJARANO que era jefe del testigo y que no tuvo ninguna relación con los demandantes, pues sus labores eran en el área administrativa y gerencial con un estatus ejecutivo.

De lo anterior coligió que: i) No surgía que las actividades como corteros de caña desplegadas por los actores hubiese sido ejecutadas como «dependientes y en favor directo del Ingenio Pihichí S. A» pues lo que se observaba era que se desarrollaron a favor de otras sociedades las que «según la documental, contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma» a las que se vincularon de forma voluntaria los petentes mediante convenios asociativos. ii) Fueron presentadas diferentes ofertas mercantiles a la encartada para «cumplir la labor atinente al objeto social de las [CTAs]» sin que se hubiera arrimado algún medio de

convicción que comprobara que se obró por fuera de lo permitido en la ley o que existiese «objeto o causa ilícita» que sirvieran de soporte sobre lo afirmado en el escrito inicial en

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Radicación n.° 96040 cuanto a que se incurrió en una tercerización indebida en la medida en que: […] las cooperativas de trabajo asociado contaban con su personal directivo, así como sedes propias dónde ejercer su actividad, designando cabos de corte que se entendían en el campo con sus afiliados; la toma de decisiones y el pago de las obligaciones que el régimen de compensaciones y laboral respectivamente les imponía. iii) No relucía que el Ingenio hubiese ejercido subordinación respecto de los reclamantes, elemento que resultaba esencial para declarar la existencia de los contratos de trabajo reclamados; puesto que, lo afirmado en la demanda en cuanto a las órdenes que recibían de trabajadores de dicha empresa «se derrumbó con la versión clara y detallada del señor WILLIAM CALVO y con lo dicho por el testigo JOSÉ LUBÍN COBO, quienes dieron cuenta, de manera coherente, del cargo desempeñado y las funciones del mismo, desmintiendo con suficiente claridad, el dicho de los actores en tal sentido». iv) No se probó que los actores hubiesen prestado sus servicios personales como corteros de caña en los extremos temporales por ellos afirmados, ni que lo hubieran realizado de forma continua ya que: […] todos los demandantes fueron trabajadores de cosecha, actividad o tarea que no requiere trabajo continuo o durante todo el tiempo; además, si bien quedó demostrado que la

empresa encausada tenía contratos civiles o comerciales con las cooperativas en las que prestaban servicios los demandantes; no hay prueba que permita afirmar que cada uno de los actores en este juicio sí trabajó o prestó servicios en virtud a dicho contrato entre PICHICHÍ S. A y la CTA, así como tampoco se demostró que las cooperativas no tuvieran otros contratos por cumplir con ingenios de la región, por lo que su actividad

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Radicación n.° 96040 comercial era exclusiva frente a PICHICHÍ S. A.; además, en las certificaciones emanadas de las diferentes cooperativas que se aportaron al plenario, no se consigna el lugar en el que sus asociados prestaron los servicios de corte manual de caña que se sabe realizaron; no se probó si la prestación de servicios, supuestamente a favor de la demandada, se efectuó de manera continua, pues recuérdese que la labor desarrollada fue la propia del corte de caña, lo que supone periodos o estaciones temporales según la cosecha Acudió a una sentencia de esta Sala para afirmar que, el ordenamiento jurídico avalaba la tercerización y que acorde a todas las probanzas analizadas se tenía que «la empresa demandada hizo uso de una facultad legal, sin incurrir en tercerización (sic), al no ejercer poder subordinante de cara a la actividad de corte que desarrollaron los accionantes».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los accionantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case la providencia recurrida, para

que, en sede de instancia, se acceda a los pedimentos. Con tal propósito formulan cinco cargos, por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica y se estudia a continuación el primero y, de ser necesario, se procederá al análisis de los restantes (f.°11 Recursos

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Radicación n.° 96040 Extraordinarios Cuaderno Corte Memorial_2023114001180).

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia del colegiado de transgredir los preceptos sustantivos por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de «los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988, 1°, 5°, y 6°, del Decreto 468 de 1990, 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CN, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 65, 249, 253, 254 y 306 del CST, 1°, 2°, y 99 de la Ley 50 de 1990».

Explican que, lo anterior se debió a que, el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios como corteros de caña de azúcar fueron para entidad diferente a la convocada a juicio esto es para la CTA. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la CTA según la documental contó en su momento con constitución legal propia

del régimen cooperativo; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los demandantes. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que quedó probado con la abundante prueba documental, que frente al Ingenio demandado se presentaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de la CTA que no se evidencia objeto o causa ilícita, no observando la sala un solo indicio de intermediación. 4.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes recibieron órdenes impartidas en el campo por los cabos o capataces del INGENIO PICHICHÍ S. A.

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Radicación n.° 96040 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que en cuanto a la prestación del servicio personal como cortero de caña, el mismo no se encuentra propiamente determinado en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor siempre se hubiera prestado en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, por lo que no existe certeza que permita determinar, que en efecto los demandantes sirvieron como cortero en los términos y bajo las condiciones que expresaron en el escrito genitor. 6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes fueron trabajadores asociados voluntariamente a la CTA. 7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no existió subordinación o dependencia de los demandantes con la

sociedad INGENIO PICHICHÍ S. A. 8.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes prestaron personalmente sus servicios a favor de la demandada INGENIO PICHICHÍ S. A. 9.- No dar por demostrado, estándolo, que la CTA no adelantó labores de cooperativa de trabajo asociado con plena autonomía administrativa y financiera. 10.- No dar por demostrado, estándolo, que la CTA nunca organizó las actividades a desarrollar por parte de los demandantes asociados. 11.- No dar por demostrado, estándolo, que la CTA realizó sus actividades con las herramientas de la contratante INGENIO

PICHICHI S. A.

12No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad INGENIO PICHICHI S. A. fue quien suministró las dotaciones a los asociados en la CTA, realizó el pago de incapacidades, compensaciones, pagó la seguridad social y dio donaciones para vivienda, además de ordenar la disolución y liquidación de la misma. 13.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación de servicios personales como corteros de caña de los demandantes; que la misma no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en la demanda. Refieren que los yerros denunciados fueron consecuencia de que el juez de segundo grado valoró equivocadamente:

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Radicación n.° 96040 1.- La contestación de la demanda, el Tribunal no señaló los folios pero se encuentra en los 107 al 125 del cuaderno 1. INGENIO PICHICHÍ S. A. niega en su totalidad la responsabilidad frente a las pretensiones del extremo plural

activo, pues ningún vínculo existió entre ellos. En su defensa, dijo la encausada que los accionantes, como corteros de caña, prestaron el servicio en virtud de un contrato civil o comercial que suscribieron con la CTA referida, para el corte manual de caña de azúcar. 2.- La demanda genitora, el Tribunal no señaló los folios pero se encuentra en legajos 6 al 26. En efecto, se dice en la demanda que los servicios de los actores beneficiaron a INGENIO PICHICHÍ S. A., de donde se concluye que el vínculo fue laboral y, por ende, la enjuiciada debe responder por sus acreencias laborales. 3.- Las de folios 42 y siguientes del cuaderno 1, dijo el Tribunal que, respecto a la seguridad social en pensiones, se exhiben periodos y cotizaciones a su favor, por cuenta de empleadores diferentes a INGENIO PICHICHÍ S. A.; así se evidencia de folios 42 y siguientes del cuaderno 1 digital, pero en realidad se hallan de folios 33 al 57. 4.- Dijo el Tribunal. El expediente digital, también da cuenta de varias actas de verificación de acuerdos entre el gremio de corteros de caña y las empresas de la región. El Tribunal no indicó los folios, pero se hallan de 61 al 70 del cuaderno 1 y del 1 al 113 de cuaderno de pruebas 7. 5.- Las diferentes ofertas mercantiles y aceptaciones a las mismas, realizadas con la CTA NUEVO HORIZONTE; así como otros documentos. que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre el INGENIO PICHICHÍ S. A. y varias empresas

por los años 2006 a 2011; todos ellos, con el fin de realizar corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S. A., o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que el último dispusiera. El Tribunal no indicó los folios donde se hallan tales documentales, pero están en legajos 127, 129, 141, 150, 152, 153, 160, 161, 162, 167 al 188 del cuaderno 1 6.- Las de los cuadernos de pruebas se exhibe documentación correspondiente a los actores y su vínculo con la CTA convocada a juicio; se observan copias de estatutos de la cooperativa y acuerdos de trabajo asociado, así como liquidación de compensaciones y de prestaciones sociales, nóminas semanales y renuncias; ninguno de ellos relacionado con INGENIO PICHICHÍ S. A. El Tribunal no señaló los folios pero entre ellas están las del cuaderno 3 a folios 688, cuaderno 4 folios 845 y otros.

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Radicación n.° 96040 7.- También figuran en los mencionados expedientes, copias de facturas presentadas por la mencionada CTA al INGENIO PICHICHÍ S. A., por concepto de corte de caña; recibos de pago de facturación; contrato con abogada; todos ellos en el cuaderno No. 1 digital. 8.- El interrogatorio de parte a la representante legal de la empresa demandada, quien en conocimiento del manejo administrativo de INGENIO PICHICHÍ S. A., dio cuenta de la

relación comercial que éste sostuvo con varias cooperativas de trabajo asociado y sociedades por acciones simplificadas de la región; afirmando que no hubo relación alguna de trabajo con los demandantes. 9.- La prueba testimonial de JOSÉ LUBÍN COBO SAAVEDRA, quien dijo que como trabajador de INGENIO PICHICHÍ S. A. en el área de personal desde 1980, sabe del proceso de corte manual de caña, desconociendo que los demandantes fueran trabajadores del INGENIO; afirmó que para la época se prestaba el servicio de corte manual a través de terceros; que el INGENIO tiene tierras propias y tierras de terceros, siendo la empresa la que cultiva la caña y por tanto programa el corte del producto, siendo las CTA’S las que cortaban. 10.- La testimonial de WILLIAM DE JESÚS CALVO ACEVEDO; quien tras laboral por varias décadas para la demandada PICHICHÍ CORTE S. A; dio cuenta puntual del manejo de corte de caña, pues su labor se desempeñó básicamente en el departamento de cosecha de la mentada empresa, indicando que fue el encargado de ejercer interventoría a los contratos civiles que el INGENIO suscribió con las CTA’S y SAS. Y, por la falta de apreciación de «La de folios 27-31 correspondiente al certificado de existencia y representación legal del INGENIO PICHICHÍ S. A». Para sustentar el ataque señalan que, el Tribunal se equivocó cuando coligió que la CTA fue autogestionaria, debido a la errada apreciación de las ofertas mercantiles (f.°

127, 129, 141, 150, 152, 153, 160, 161, 162, 167 cuaderno 1), pues de ellas se infiere que los servicios prestados en favor del Ingenio fueron de « corte de caña, riego, siembra, limpieza, arreglo de prados, arreglo de árboles, fumigación

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Radicación n.° 96040 de malezas, guardavías etc», coincidiendo con el objeto . social de la llamada a juicio como puede corroborase con el certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad que no fue analizado por el colegiado y que reposa a folios 27 a 31 del cuaderno 1, que lo condujo a no advertir que en el proceso estaba probado el periodo de las labores y su permanencia en el tiempo. Alegan que, el Ingenio no podía tercerizar el corte de caña al ser propia de su objeto social; que además en la contestación de la demanda, que tampoco fue examinada por el ad quem, aquel aceptó en el hecho séptimo que «durante todo el tiempo o extremo temporal de los demandantes ejecutó las labores propias con la CTA por medio de OFERTAS MERCANTILES, de esta forma esas documentales dejan intuir que el INGENIO fue el verdadero empleador». Resaltan que, de las aludidas ofertas mercantiles surge que era la accionada quien suministraba a las CTA la dotación y las herramientas de trabajo de sus asociados, se obligó a pagar a terceros los créditos que la contratista no pudiera cubrir, a cancelar el salario del cabo, a ofrecerles otras labores diferentes al corte de caña, a apoyar a sus

familias; se guardó la facultad de prohibir el ingreso de aquellos, así como sus antecedentes judiciales y disciplinarios, así mismo, afirma que de dicha probanza emana que, el Ingenio realizó donaciones con destino al fondo de solidaridad cuyo propósito era el pago de la seguridad social, entregó bonos de productividad, permitió

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Radicación n.° 96040 el uso del transporte que le suministraba a sus servidores directos. Indican igualmente que, de esos elementos de convicción emana que los cabos de campo eran los encargados de asignar las tareas y de hacer cumplir los horarios, además que en ellas se estableció que el servicio contratado se prestaría en los terrenos del Ingenio y que como si fuera poco fue dicha sociedad la que ordenó la disolución y liquidación de la CTA acorde al contrato de prestación de servicios que suscribió con Amparo López Espejo y Licenia Galindo (f.°189-193 cuaderno 1) de todo lo cual surge que contrario a lo concluido por el sentenciador la CTA no era autónoma e independiente ni mucho menos autogestionaria. Aluden a las «actas de acuerdos» (f.°61-70 cuaderno 1), respecto de las que señala que el Ingenio se comprometió a «reubicar a los asociados en otras labores por incapacidad médica, a pagar incapacidades, compensaciones, seguridad social, a dar capacitación en cooperativismo, se obligó a entregar $317.000.000 millones de pesos a las CTAs y SAS para que desarrollaran los programas de vivienda y educación».

Dicen que además de las ofertas mercantiles y del contrato CC-099/2011 (sin folio) se colige que la CTA realmente obró como una empresa de servicios temporales, pues su labor se limitaba a suministrar trabajadores para

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Radicación n.° 96040 la ejecución de tareas propias de la actividad misional de la compañía enjuiciada. En cuanto a los extremos temporales afirmados en la demanda y frente a los cuales el fallador dijo no estar acreditados, aseveran que la accionada al contestarla no controvirtió ese hecho y se concretó a señalar que « contrató con la CTA siendo los demandantes asociados a ella», en otras palabras al aceptar la existencia de la relación comercial en el tiempo afirmado por los actores es posible inferir que los reclamantes ejecutaron su labor en ese periodo, que puede corroborarse con las historias laborales que reposan a folios 33 a 57 (sin cuaderno), constatándose además que se hizo en forma continua (f.°11-24 Recursos Extraordinarios Cuaderno Corte Memorial_2023114001180).

VII. CARGO SEGUNDO Lo plantean, así: Se acusa a la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por infracción del 17 del Decreto 4588 y 35 del CST en relación con el 24 (subrogado por el Art. 2° de la Ley 50 de 1990) y 35 del CST. en relación con los Arts. 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18

del Decreto 4588 de 2006; el Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con el artículo 53 de la CP; 22, 34, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990. Para demostrar la acusación transcriben fragmentos del fallo cuestionado y, luego el precepto 17 del Decreto

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Radicación n.° 96040 4588 de 2006 con el propósito de resaltar la prohibición de intermediación laboral que él contiene. En igual sentido, aducen que la Ley 50 de 1990 solo permite acudir a la contratación con temporales para el envío de personal en misión, bajo ciertas circunstancias, además por un periodo máximo de un año, previsiones que afirman no se cumplieron en el examine puesto que las CTAs no tenían dentro de su objeto social el suministro de personal como lo resaltó el fallador, motivo por el