CSJ - SL1112-2024

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1112-2024 Radicación n.° 94816 Acta 16 Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por MARCO TULIO GUAYACÁN GÓMEZ y NAVARRO ROBAYO S.A.S., contra la sentencia proferida el 28 de enero de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso que el primero le sigue a la segunda.

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra la sociedad Navarro Robayo S.A.S., para que lo reintegrara al cargo que venía ocupando, a partir del 27 de septiembre de 2016 y, le pagara los salarios, prestaciones sociales y vacaciones causados desde el despido hasta su reinstalación, así como los aportes a seguridad social, la indemnización plena de perjuicios y la consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de

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Radicación n.° 94816 1997, más los intereses moratorios. También reclamó las cesantías del período comprendido entre el 9 de agosto de 1990 y el 30 de septiembre de 2006. Subsidiariamente al reintegro, pidió que le cancelaran la indemnización por despido injusto. En sustento de sus pretensiones, manifestó que laboró al servicio de Luis Humberto Navarro Torres, propietario de Servi-camperos, desde el 9 de agosto de 1990; que el 15 de

junio de 2013, quien le vendió a la demandada el referido establecimiento de comercio, razón por la cual aquella asumió todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo; que ocupó los siguientes cargos: latonero, desde agosto de 1990 hasta junio de 2014, armador, hasta enero de 2015 y almacenista hasta el momento de la desvinculación y; que el último salario mensual devengado fue de $1.400.000. Sostuvo que desde comienzos de 2014 empezó a presentar dolor progresivo y permanente en miembros superiores, que conllevó a que iniciara un tratamiento por fisiatría, terapias físicas y toma de medicamentos; que durante su actividad laboral estuvo expuesto a factores de riesgo ergonómico que le causaron varias patologías, tales como epicondilitis media, síndrome cervicobraquial, síndrome del túnel carpiano y lesión del nervio cubital; que el 11 de junio de 2014, la ARL Axa Colpatria calificó los mencionados diagnósticos como de origen laboral, y la demandada, a partir de ese mes, lo reubicó en el área de armado y, el 31 de julio de 2014, expidió unas recomendaciones de carácter permanente; que el 19 de

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Radicación n.° 94816 noviembre del mismo año, solicitó que lo reubicaran nuevamente, ya que en dicha área seguía expuesto a movimientos repetitivos, lo que incrementó su dolor en los miembros superiores; que mediante dictamen n.° 1092 del 8 de abril de 2015 y; que fue calificado con un 20.39% de

pérdida de capacidad laboral, estructurada el 5 de enero de ese año.

Refirió que: nunca recibió capacitación del área de salud ocupacional ni seguridad industrial; el empleador no adoptó medidas para evitar accidentes o prevenir enfermedades relacionadas con sus funciones; fue víctima de acoso laboral por la empresa debido a su reubicación y ante la imposibilidad física de desarrollar con normalidad sus funciones y; que el programa de SG-SST solo fue implementado a partir del 2015, es decir, con posterioridad a la calificación de la PCL.

Indicó que después de ese dictamen, la accionada inició un proceso disciplinario por una presunta falta en el cumplimiento de sus obligaciones como trabajador, y el 6 de julio de 2015 solicitó permiso al Ministerio del Trabajo para finiquitar la relación, el cual fue concedido mediante la Resolución n.° 001376 del 19 de septiembre de 2016, razón por la cual fue despedido el 27 de septiembre de ese mismo año. Afirmó que no fue afiliado al sistema de seguridad social integral ni le pagaron las prestaciones sociales y vacaciones en el periodo comprendido entre el 9 de agosto de 1990 y el 30 de septiembre de 2006; que en la

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Radicación n.° 94816 certificación expedida por Luis Humberto Navarro Torres, este dejó constancia de que llevaba más de quince años de labor, y que el salario devengado en el 2012 era de $2.600.000, pero que, con posterioridad al despido, en un documento firmado por Blanca Robayo de Navarro, la compañía demandada señaló que la relación estuvo vigente

del 1° de octubre de 2006 al 27 de septiembre de 2016. Navarro Robayo S.A.S. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la sustitución patronal, aclarando sobre este punto que ello se hizo de conformidad con el contrato de trabajo que tenía suscrito el actor con Servi-camperos, desde 1° de octubre de 2006; el último salario devengado; los dolores que padeció el accionante en sus miembros superiores, su reubicación al área de armado, las recomendaciones por parte de la ARL, el porcentaje de PCL, la solicitud de autorización de despido ante el Ministerio del Trabajo y su otorgamiento; el finiquito de la relación y la certificación emitida por Blanca Robayo de Navarro. Argumentó que el contrato de trabajo que recibió fue el que suscribió el demandante con el empleador anterior, en la data mencionada. Propuso las excepciones de prescripción, cosa juzgada, inexistencia de la obligación, compensación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020,

resolvió:

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PRIMERO: Declarar que entre el señor Marco Tulio Guayacán Gómez y el señor Luis Humberto Navarro Torres (QEPD) existió una relación laboral desde el 31 de diciembre de 1990 hasta el 15 de junio de 2013, asumiendo a partir de esa fecha las obligaciones del empleado la sociedad Navarro Robayo cuando operó la sustitución patronal hasta el 27 de septiembre de 2016

cuando la pasiva terminó con justa causa el contrato de trabajo. Entonces los extremos se tienen del 31 de diciembre de 1990 al 27 de septiembre de 2016.

SEGUNDO: Declarar que existió culpa suficientemente comprobada de la sociedad Navarro Robayo SAS en el diagnóstico de las enfermedades de origen laboral que aquejan al demandante por las cuales el señor Marco Tulio Guayacán Gómez le fue determinada pérdida de la capacidad laboral equivalente al 20.39%, en los términos del artículo 216 del CST.

TERCERO: Condenar a la sociedad Navarro Robayo SAS a pagar en favor del demandante Marco Tulio Guayacán Gómez los siguientes conceptos por culpa patronal: Lucro cesante consolidado la suma de $15.978.201

Lucro cesante futuro la suma de $50.959.450 Perjuicios morales la suma de 10 SMLMV que a la fecha asciende a la suma de $8.778.030

CUARTO: Condenar a la sociedad Navarro Robayo SAS a pagar a favor del señor Marco Tulio Guayacán Gómez la suma de $7.180.779, por concepto de auxilio de cesantías adeudados.

QUINTO: Condenar a la sociedad Navarro Robayo SAS a pagar los aportes a pensión a nombre de Marco Tulio Guayacán Gómez por el periodo comprendido del 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre de 2006, con un IBC igual al SMLMV para todos los periodos, excepto para el año 2001, donde se tendrá como IBC la suma de $2.487.875 y para los meses de noviembre y diciembre del año 2002 en la suma de $2.600.000, de

conformidad con lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, que establece en cabeza del contratante la obligación de efectuar los aportes correspondientes.

SEXTO: Absolver a la sociedad Navarro Robayo SAS de las demás pretensiones formuladas en su contra por el demandante.

SÉPTIMO: Condenar en costas a la sociedad Navarro Robayo SAS y fijar como agencias en derecho a su cargo y en favor del demandante Marco Tulio Guayacán Gómez la suma de

$5.000.000.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a través de fallo del 28 de enero de 2022, decidió: PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO, TERCERO PARCIALMENTE, CUARTO y QUINTO de la sentencia proferida el 27 de mayo de 2020 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga en el proceso adelantado por MARCO TULIO GUAYACÁN GÓMEZ contra NAVARRO ROBAYO SAS, los cuales quedarán así: SEGUNDO: DECLARAR que entre MARCO TULIO GUAYACÁN GÓMEZ y el (sic) LUIS HUMBERTO NAVARRO TORRES, existió una relación laboral desde el 31 de diciembre de 1996 hasta el 15 de junio de 2013, fecha en que operó una sustitución patronal con NAVARRO ROBAYO SAS hasta el 27 de septiembre

de 2016, fecha en que la pasiva terminó con justa causa el contrato de trabajo.

TERCERO: CONDENAR a la sociedad NAVARRO ROBAYO SAS a pagar a favor del demandante MARCO TULIO GUAYACÁN GÓMEZ, los siguientes conceptos por culpa patronal: Lucro cesante consolidado, suma que para el 27 de mayo de 2020 ascendió a QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA

Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

($15’879.876). Lucro cesante futuro, suma que para el 27 de mayo de 2020 ascendió a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

Y CUATRO PESOS ($46’864.144).

CUARTO: CONDENAR a la sociedad NAVARRO ROBAYO SAS a pagar a favor de MARCO TULIO GUAYACÁN GÓMEZ la suma de

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($14’264.875) por concepto de Auxilio de cesantías adeudados.

QUINTO: CONDENAR a la sociedad NAVARRO ROBAYO SAS a trasladar el cálculo actuarial correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2006 a favor del demandante ante la Administradora de Pensiones a que se encuentre afiliado o la que escoja para su afiliación, sobre un ingreso base de cotización (IBC) así: Aportes al Sistema de Salario base de Seguridad Social en Pensiones liquidación para aportes

01/01/1997 – 31/12/1997 $2’600.000 01/01/1998 – 31/12/1998 $2’600.000 01/01/1999 – 31/12/1999 $2’600.000

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Radicación n.° 94816 01/01/2001 – 31/12/2001 $2’487.875 01/01/2002 – 31/12/2002 $2’600.000 01/01/2003 – 31/12/2003 $332.000 01/01/2004 – 31/12/2004 $358.000 01/01/2005 – 31/12/2005 $381.500 01/01/2006 – 30/09/2006 $408.000

SEGUNDO: CONFIRMAR EN LO DEMÁS.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, se ocupó de: (i) los extremos temporales de la relación laboral, (ii) los salarios a tener en cuenta y, (iii) la culpa patronal. En cuanto a lo primero, estimó que no incurrió en error el juez primario al determinar que la relación inició antes del 1° de octubre de 2006, pues con las certificaciones del 28 de noviembre y 7 de diciembre de 2002 se acreditó la prestación personal del servicio a Servicamperos, lo que fue aceptado en la contestación de la demanda. De esta manera, se activó la presunción del contrato de trabajo, la cual no fue desvirtuada por la pasiva. Para arribar a esa deducción, observó que los testigos Helio Enrique Mantilla Gómez y Juana Serpa Fuentes

declararon que las partes no estuvieron atadas por un vínculo laboral sino por varios contratos independientes por cada vehículo reparado, que era el actor quien fijaba el valor de la obra realizada, así como el tiempo de elaboración, y que ante la ausencia de tareas no había paga. Sin embargo, consideró que sus declaraciones no eran consistentes para derruir la presunción, ya que el primero adujo que asistió «una dos (sic) veces por semana

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Radicación n.° 94816 únicamente al taller en que se prestaba el servicio, por espacio de dos horas, una mañana, todo un día», lo que impedía establecer si el operario estuvo sujeto o no a órdenes de Luis Humberto Navarro Torres, al cumplimiento de horarios, y mucho menos cómo se pactaban las directrices y la utilización de los equipos o herramientas de trabajo. Por su parte, dijo que la segunda deponente aseguró que el actor, entre 1996 y 2006, disfrutaba de descansos de 15 minutos, recibía capacitaciones, y los clientes que atendían eran de Servi-camperos, aspectos que el colegiado consideró que eran propios de una verdadera relación laboral. Además, la testigo agregó que, aunque solo lo llamaban para «ciertos trabajos», también dijo que «siempre se le llamó». Refirió que, de acuerdo con el dicho de Mauricio Millán, las órdenes provenían de Luis Humberto Navarro, el servicio se realizaba para los clientes de este y el demandante no tenía la potestad para fijar la duración de su labor, pues de no cumplir, debía trabajar hasta horas

extras. Por su parte, William Carreño dijo que los elementos para ejecutar el trabajo eran proporcionados por el taller, quien les ofrecía la dotación y los capacitaba. Afirmó que en lo que sí se equivocó el juzgado fue al ubicar el extremo temporal inicial en 1990, ya que los deponentes no coincidieron en que la prestación del servicio hubiera iniciado en ese año, sino que concurrieron en que para el año 1996 el señor Guayacán Gómez ya prestaba su

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Radicación n.° 94816 fuerza de trabajo en favor de Luis Humberto Navarro Torres, «[…] si se tiene en cuenta que Helio Enrique Mantilla dijo que fue entre 1990 y 1991; Juana Serpa aseguró que el inicio de la labor se dio en 1996, Mauricio Millán informó que para 1993 cuando él ingresó ya se encontraba allí y William Carreño adujo conocer que desde 1995 el demandante ejecutaba la labor de latonero; aunado a que las certificaciones expedidas por SERVICAMPEROS remontan a 1998». En tal sentido y con base en la sentencia de esta Sala, que identificó como «Rad. 63082. MP: DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ», concluyó que se debía fijar como fecha inaugural el 31 de diciembre de 1996. En cuanto al salario, expresó que tampoco estuvo descarriado el juicio del a quo al considerar que la remuneración pactada obedecía a la modalidad de destajo, puesto que los testigos relataron que las partes convenían el valor de la reparación de cada vehículo, y una vez

culminaba, se cancelaba, concordando con el pago por tareas o por unidades realizadas. Revisó la certificación emitida por Servi-camperos y concluyó: […] la gerencia de SERVICAMPEROS certificó que el actor venía percibiendo hasta la fecha la suma de $2’600.000 como ingresos promedio mensuales y en ese sentido, por lo menos desde el 1° de enero de 1997 atendiendo la modificación del extremo temporal que con esta sentencia se realiza, hasta el mes de diciembre de 2002, fecha de la última certificación y exceptuando el año 2001 puesto que la disposición del A-quo (sic) al respecto no fue objeto de apelación, deberá liquidarse el auxilio de cesantías sobre $2’600.000 y entre el 1° de enero de

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Radicación n.° 94816 2003 y el 30 de septiembre de 2006 en un salario mínimo legal mensual vigente […]. En cuanto a la culpa patronal, destacó que conforme al artículo 54 del CST, radica en el empleador la obligación de suministrar protección y seguridad a sus subordinados en la ejecución de la labor contratada, de lo contrario, en el evento de generarse un acto negligente y descuidado que provoque daños en su humanidad, se verá incurso en la hipótesis del precepto 216 ibidem ante el acaecimiento de un accidente laboral, o la aparición de una enfermedad del mismo origen, responsabilidad subjetiva que surge por la culpa del empleador. Luego, con base en la jurisprudencia de esta Corte, precisó que, en este tipo de casos, la carga probatoria inicial

recae en el trabajador, a quien se le exige demostrar los hechos en que soporta su tesis, y por excepción, en los eventos en que se le enrostra al empleador la omisión de sus deberes, le bastará a aquel enunciarlo, para que la carga se traslade a este, quien deberá entonces demostrar que actuó con diligencia y cuidado. De allí, precisó que no había duda del origen laboral de las patologías del demandante, las cuales se estructuraron en vigencia de la relación contractual, siendo calificado con un 20.39% de PCL. Explicó que, cuando se trata de enfermedades laborales, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 56 y 57 del CST, 21 del Decreto 1295 de 1994 modificado por el 26 de la Ley 1562 de 2012 y la sentencia que identificó como «rad. 68001310500320160021900. RT. 2016 – 173.

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Radicación n.° 94816 16 de junio de 2017», al empleador le asiste una obligación de resultado cuyo objeto es vigilar la indemnidad del trabajador en el tiempo de exposición al riesgo determinado con ocasión de la actividad desarrollada o, lo que es lo mismo, garantizar que las condiciones de aquel se conserven intactas respecto de aquellas en que se encontraba para el momento en que inició la prestación del servicio en su favor. Recordó que la indemnización de perjuicios por culpa grave o leve del empleador no se subsume en las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales, porque nadie puede beneficiarse de su propia culpa. Recalcó que no recaía en el demandante la carga de

demostrar que el empleador no programó pausas activas, o que no implementó o adecuó el SGSST, o que no tomó medidas relacionadas con el volumen o carga laboral, o que no le dio descansos, sino que, por el contrario, era la sociedad empleadora quien soportaba el deber de acreditar que sí lo hizo, que identificó el riesgo al que estuvo expuesto su trabajador, y que tomó las medidas necesarias para mitigarlo y evitarlo, es decir, que actuó con diligencia en los términos del artículo 1604 del Código Civil, y que, en tal sentido, cumplió con sus obligaciones de protección. Auscultó las pruebas allegadas, y concluyó que el fallador de primer nivel no se equivocó al declarar la culpa patronal, pues sí le eran exigibles las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluso antes de que se verificara la sucesión empresarial, la cual no fue objeto de

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Radicación n.° 94816 discusión. De ahí dedujo que el nuevo empleador respondía solidariamente, habida cuenta de que la enfermedad laboral se estructuró el 5 de enero de 2015, y la sustitución se produjo el 15 de junio de 2013. Sobre los testigos, indicó que estos se limitaron a resaltar supuestas capacitaciones sin que aportaran elementos idóneos que permitieran inferir que efectivamente se llevaron a cabo. Observó que la enjuiciada no demostró haber cumplido las previsiones establecidas en las resoluciones n.° 2400 de 1979, 1016 de 1989, 2013 de 1986, 2346 de

2007, 2646 de 2008, 2844 de 2007, en la Ley 9 de 1979, y en los decretos 614 de 1984 y 1295 de 1994, «entre otras reglas de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento, conforme con el artículo 1º inciso segundo, y parágrafo del art. 21 del decreto 1295 de 1994 hoy concordante con el 26 de la ley 1562 de 2012». Luego explicó que el programa de salud ocupacional allegado no estaba firmado por un profesional del área, exigencia que consideró indispensable y no una formalidad, además de que no se conocía la fecha de su elaboración ni implementación. Se percató de la falta de exámenes médicos, clínicos y paraclínicos de admisión, y resaltó que aunque la relación inició con un empleador distinto, tampoco se acreditó la realización de los ocupacionales que verificaran su estado de salud al iniciar labores con la accionada.

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Radicación n.° 94816 Puntualizó que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aportado por la pasiva, el cual databa de diciembre de 2014, también carecía de firma, razón por la cual no satisfacía los requisitos exigidos. Pero, en todo caso, expresó que de ese documento no podía inferirse que aquel hubiere implementado las medidas para evitar o mitigar el riesgo a que estuvo expuesto el demandante antes de la estructuración de su enfermedad, pues si bien el dictamen de la ARL registró que se estructuró el 5 de enero de 2015, el mismo consignó como

fecha del siniestro el 11 de junio de 2014. Aunado a lo anterior, observó que la historia clínica ocupacional muestra que el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo bilateral y epicondilitis medial bilateral como enfermedades laborales, data del 1° de febrero de 2014, y que para el 15 de julio siguiente la EPS también las calificó de la misma manera, lo que fue corroborado «con la asistencia por dichas patologías a cargo de la ARL evidenciada a folios 42 y 43 del archivo 01». Extrañó también la implementación de las Guías de Atención Integral Basada en la Evidencia, particularmente el GATI – DME, relacionado con las enfermedades padecidas por el demandante. Aceptó que se efectuaron capacitaciones, pero a renglón seguido resaltó que las mismas no constituían prueba suficiente para acreditar la implementación del SGSST, en la medida en que no se demostró su implementación, aunado a que datan de los años 2014, 2015 y 2016, referidas a «estilos de vida saludable»,

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Radicación n.° 94816 «conformación de brigadas de emergencia», «ergonomía del puesto de trabajo», «divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo». Agregó que las concernientes a higiene postural de 2010 y 2011 consistían en un simple listado de nombres que no demostraba las medidas implementadas y la instrucción realizada al trabajador para el cargo específico desempeñado de latonero, o en los que fue reubicado con ocasión de la patología que padece.

Expresó que la empresa no acreditó que contara con un programa de higiene y seguridad industrial, lo que demostraba su desconocimiento de las normas de protección laboral, y más exactamente para el caso, del numeral 2 del artículo 10, y de los numerales 1 y 2 del precepto 11 de la Resolución n.° 1016 de 1986. Concluyó que, pese al cúmulo documental aportado por la accionada, no acreditó que hubiere materializado los controles de prevención e intervención sobre los factores de riesgo a que expuso a su subordinado durante el periodo laborado, pues las pruebas no demostraron medidas de evaluación, prevención y control sobre los riesgos ocupacionales a que estuvo expuesto el trabajador y que culminaron en el detrimento de su salud, de donde, de acuerdo con la sentencia CSJ SL, 22 ene. 2020, rad. 75588, no bastaba con que el empleador contara con un programa de salud ocupacional, hoy SG-SST, plasmado en manuales y folletos, sino que en verdad importaba su implementación y puesta en práctica.

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Radicación n.° 94816 Insistió en que, conforme a los lineamientos del artículo 24 del Decreto 614 de 1984, es deber del empleador informar a su subordinado sobre los riesgos a los que se expone según la labor desempeñada, y capacitarlo. Por último, destacó que la enjuiciada aceptó que no satisfizo sus obligaciones patronales, en tanto dijo que, aun de haberse implementado el PSO hoy SGSST, el mismo

hubiera sido inane, dado el desgaste natural del trabajador en la ejecución de su trabajo.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por ambas partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos.

Navarro Robayo S.A.S.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su lugar la absuelva de todas las pretensiones.

Subsidiariamente, pide que «en el evento en que se mantenga la declaratoria del contrato de trabajo desde diciembre de 1996, condenar al pago de conceptos laborales tomando como salario el SMLM». Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, replicados por el demandante. Los dos primeros se examinan de forma conjunta, por perseguir el mismo fin, y porque se fundan en una argumentación complementaria.

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VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de los artículos 216 del CST y 2347 del CC.

Le enrostra al Tribunal los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por probado, sin estarlo, que existe culpa suficientemente probada de mi mandante en la estructuración de las enfermedades del demandante.

2. Dar por probado, no estándolo, que mi mandante no implementó un programa de seguridad y salud en el trabajo y no mitigó riesgos ocupacionales en el caso del demandante.

3. Dar por acreditado, cuando no lo estaba, que Navarro Robayo tiene responsabilidad en el acaecimiento de las

enfermedades del demandante y le causó perjuicios materiales y morales.

4. No dar por probado, cuando lo estaba, que mi mandante capacitó al accionante para el adecuado desempeño de sus funciones.

5. No dar por probado, cuando lo estaba, que mi representada cumplió con sus obligaciones de cuidado y seguridad respecto del demandante.

6. No dar por probado, cuando lo estaba, que la recurrente cumplió con todas las recomendaciones y restricciones laborales del demandante y lo reubicó.

7. No dar por probado, cuando lo estaba, que mi mandante cuenta con un programa eficiente de seguridad y salud en el trabajo tendiente a mitigar riesgos laborales y que lo implementó.

Manifiesta que la violación normativa se dio por la apreciación errónea de las siguientes pruebas: - Contestación de demanda.

• Capacitaciones brindadas al demandante:

1. Capacitación en ergonomía aplicada al puesto de trabajo y gimnasia laboral y pausas activas.

2. Capacitación en conformación de brigadas y plan de emergencias a los trabajadores según resolución 1016 de 1989.

3. Capacitación en evacuación y rescate.

4. Capacitación de estilo de vida saludable.

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5. Inducción al SG-SST.

6. Divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial.

7. Divulgación de la política de seguridad y salud en el trabajo Recordando las políticas, normas y reglamento de trabajo.

8. Capacitación en protección de manos.

9. Taller prácticas de ergonomía en cada puesto de trabajo.

10. Capacitación en elementos de protección.

11. Ambiente de ruido.

12. Higiene postural.

13. Capacitación en accidentes e incidentes de trabajoResolución 1401 de 2007.

14. Capacitación del Sistema General de riesgos profesionales.

15. Socialización política, misión, organigrama, caracterización, perfil y funciones.

16. Establecer los parámetros para iniciar y retomar el programa de salud ocupacional.

17. Política de no alcohol, no drogas ni fumadores.

18. Capacitación en procedimiento de latonería.

19. Sensibilización del S.G.C.

20. Capacitación de riesgos profesionales.

21. Talleres sobre prácticas ergonómicas en cada puesto de trabajo y ergonomía en oficinas.

22. Movimientos repetitivos en extremidades superiores, prevención de riesgo en general Pausas (sic) activas. - Acta de constitución del comité paritario de salud ocupacional en cargado de vigilar el cumplimiento del Sistema de Salud Ocupacional. - Reglamento de higiene y seguridad industrial de mi mandante. - Política de seguridad y salud en el trabajo. - Listados de asistencia al demandante a la divulgación del reglamento de higiene, política de seguridad y salud en el trabajo, política de no alcohol y drogas, capacitaciones en protección de manos. - Comunicación del Ministerio del Trabajo del 11 de marzo de 2008 en la que certifica la inscripción del COPASO de mi mandante. - Comunicación del 3 de marzo de 2008 mediante la cual mi mandate registra el reglamento de higiene y seguridad industrial ante el Ministerio de Protección Social. - Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de

Navarro Robayo.

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Radicación n.° 94816 También reprocha la falta de valoración de los siguientes medios de prueba:

1. Interrogatorio de parte al representante legal de mi mandante.

2. Análisis de Puesto de Trabajo realizado por la ARL Colpatria, en el que se deja constancia de lo siguiente: - Tiene periodos de descanso de 15 minutos durante cada hora, descansa durante 1 hora en el almuerzo y tiene descansos de 17 segundos por cada movimiento continuo. - Las condiciones locativas son adecuadas para el desempeño de sus funciones. - Los elementos de protección personal tales como protección auditiva, respiratoria, guantes de carnaza, monogafas, botas de seguridad con puntera y overol estaban en buen estado y eran ergonómicos. - Las herramientas de trabajo tales como taladro, destornillador, llave eran adecuadas, confortables y no superaban los 5 Kg. - Sus procesos eran mixtos, variados y los realizaba en equipo. - El demandante tenía supervisión continua. - El demandante cuenta con ayuda de 2 compañeros de trabajo para el traslado y manipulación del vehículo. - El puesto de trabajo permite la realización de pausas activas, alternar posturas y tomar los descansos requeridos. - No estaba expuesto a vibraciones.

3. Comunicación del 30 de diciembre de 2014 mediante la cual se le notifica al accionante de su reubicación en el cargo de oficios varios, tomando en cuenta las recomendaciones laborales emitidas por la EPS Salud Total y APT realizado

por la ARL Axa Colpatria.

4. Perfil y funciones del cargo de oficios varios.

5. Comunicación del 6 de abril de 2016 enviada al accionante con la reinducción de su cargo en virtud de últimas recomendaciones efectuadas por su EPS.

6. Acta de reinducción del 6 de abril de 2016.

7. Acta de reintegro y perfil de funciones de oficios varios de fecha 26 de mayo de 2016.

8. Programa de ejercicios y recomendaciones en la rehabilitación del síndrome del túnel carpiano y epicondilitis emitida por la ARL Sura.

9. Registro de seguimiento individual de pausas activas.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 94816 10.Cronograma de actividades en materia de Salud Ocupacional – hoy día SG-SST - expedido por las Administradoras de Riesgos Laborales, concretamente el cronograma de actividades expedido por la ARL Liberty Seguros de Vida para el año 2012. 11.Actas de prevención y servicio de fechas 3 y 28 de mayo de 2014, 11 de junio de 2014, 29 de julio de 2014, 2 de octubre de 2014, 20 de octubre de 2015, emitidas por la ARL Axa Colpatria, con el seguimiento a las recomendaciones del demandante. 12.Acta de reintegro laboral emitida por Axa Colpatria. 13.Comunicación del 9 de julio de 2014 emitida por Servi Camperos a la EPS Salud Total en la que se deja constancias de las medidas tomadas por mi mandante en cuanto al cu