CSJ - SL2136-2024

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL2136-2024 Radicación n.° 100101 Acta 21 Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024). La Sala resuelve el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la sociedad CRISTAR S. A. S. contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el interior del proceso ordinario laboral promovido en su contra por el señor JOHAN PAWER

OSORIO MORALES.

I. ANTECEDENTES El citado accionante solicitó que se declarara que había sido despedido por la empresa demandada de manera unilateral y sin que mediara justa causa, y que, como consecuencia, le fuera concedida la indemnización por

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Radicación n.° 100101 despido consagrada en el Pacto Colectivo de Trabajo 20132019, con la correspondiente indexación. En subsidio, suplicó que se ordenara el pago a su favor de la indemnización por despido de carácter legal, con la respectiva indexación. En apoyo de sus pretensiones, narró los siguientes hechos: (i) Estuvo vinculado con la sociedad demandada por medio de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 24 de febrero de 2001 y el 20 de enero de 2016, fecha esta última en la que fue despedido a través de una misiva en la que le endilgaban varias faltas. (ii) Los hechos que le fueron imputados no revestían la

condición de faltas graves, que justificaran la terminación de una vinculación que había perdurado durante más de 14 años. (iii) Tales supuestos estaban representados en un deficiente rendimiento; su presunto mal desempeño en la atención de una máquina de formación de cristalería que presentó fallas ajenas a su responsabilidad, el día 2 de enero de 2016, pese a que oportunamente fueron adoptados los correctivos necesarios, junto con otros mecánicos de la compañía; y a que presentaba un «olor a licor» o estado de alicoramiento, que no estaba respaldado en una prueba técnica.

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Radicación n.° 100101 (iv) En el momento de su despido estaba vigente el Pacto Colectivo de Trabajo 2013-2019, que preveía una indemnización por despido injusto superior a la establecida legalmente. La sociedad convocada al proceso se opuso a las súplicas de la demanda. Admitió como ciertos los hechos alusivos a la existencia de la relación laboral y sus extremos temporales; el despido del trabajador con fundamento en el incumplimiento grave de sus obligaciones; la inexistencia de una prueba técnica del estado de alicoramiento, solo que, aclaró, esa no había sido la razón de la terminación del vínculo; y la existencia de un pacto colectivo con una indemnización por despido superior a la legal. Precisó que los demás hechos no eran ciertos y arguyó que el demandante sí había incurrido en serias irregularidades en el desempeño de sus funciones, que

dieron lugar a la terminación justificada de su contrato de trabajo. En su defensa, propuso las excepciones de falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de sentencia emitida en audiencia del 20 de junio de 2018, el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado condenó a la sociedad demandada al pago de la suma de $98.180.164.oo, debidamente indexada en el momento de

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Radicación n.° 100101 su pago, por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de sentencia proferida el 30 de agosto de 2022, confirmó en su totalidad la providencia impugnada.

Para justificar su decisión, en la parte que interesa al recurso de casación, el Tribunal precisó que en este tipo de controversias el trabajador tenía la carga de demostrar el hecho del despido, que en este caso no estaba en discusión, mientras que al empleador le competía acreditar que esa determinación había estado amparada en una justa causa, de las establecidas legalmente. Asimismo, advirtió que el numeral 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo autorizaba la terminación del contrato de trabajo con justa causa, por cualquier violación de las obligaciones y prohibiciones a cargo del trabajador, contempladas en los artículos 58 y 60 de la misma

codificación, o por una falta grave, calificada en esos términos en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, reglamentos o contrato de trabajo. De otro lado, destacó que, al tenor de la misma normatividad y de las sentencias de la Corte Constitucional

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Radicación n.° 100101 CC C-594-97 y de esta Corporación CSJ SL3276-2021, resultaba indispensable indicarle al trabajador los hechos y razones de la decisión del despido, pues el empleador no podía con posterioridad alegar otros supuestos diferentes. Aclaró también que en los casos en los que las partes no habían calificado previamente la falta como grave, le correspondía al juez analizar la conducta y su gravedad, pues de lo contrario, le estaba vedada esa posibilidad. Resaltó, en ese sentido, que la violación de las obligaciones y prohibiciones de los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo constituía «[…] por sí misma una falta, pero esa violación ha de ser grave para que resulte justa causa de terminación del contrato». En este caso concreto, verificó que la demandada le había reprochado al trabajador varias conductas descritas en una carta de fecha 20 de enero de 2016, que, en sus términos, constituían un incumplimiento grave de las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias propias del contrato de trabajo, básicamente por el incidente ocurrido con una máquina a su cargo, en la madrugada del 2 de enero de 2016. En tales términos, transcribió la citada comunicación y advirtió que, si bien en la contestación de la demanda se

afirmaba que «el nivel de embriaguez y pernoctar en el turno» no habían sido las causas del despido, lo cierto es que en esa misiva sí se había recriminado al trabajador por estas

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Radicación n.° 100101 conductas, sumadas al eje central de discusión, «el incumplimiento grave de funciones». Adicionalmente, subrayó que en el expediente no obraba documento alguno en el que las partes hubieran calificado esas conductas imputadas al trabajador como falta grave, pues el reglamento allegado correspondía a otra empresa, de manera que, por regla, era al operador judicial al que le correspondía esa evaluación. Así las cosas, procedió a analizar la gravedad de las incorrecciones atribuidas al actor, efecto para el cual se remitió a los testimonios de Juan Carlos Amador Andrade y Harold Bejarano Sánchez – mecánicos que atendieron el incidente con la máquina A6 -, Alberto Eusaquen González – operario en la planta – y Fernando Gordillo Díaz – ingeniero y superior jerárquico del demandante -. De los relatos de las citadas personas, que consideró coincidentes, destacó que conocían al actor y les constaba que, en desarrollo de su labor, le correspondía velar por los índices de producción, resolver los problemas que se presentaran y conservar la eficiencia de las máquinas, que se medían por índices de rendimiento identificados con los colores verde – óptimo, naranja – aceptable y rojo – malo. Igualmente, que los referidos dispositivos eran de tres tipos, pero su funcionamiento era similar, aparte de que los trabajadores eran formados para su manejo inicial, no

obstante que el conocimiento puntual de su operación se

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Radicación n.° 100101 obtenía a partir de la experiencia, de manera que podía aceptarse que el actor sí tenía las capacidades necesarias para atender el inconveniente acaecido en la máquina A6. De las mismas narraciones extrajo que era usual que se presentaran problemas con las máquinas, algunos graves y otros más sencillos, y que, por ello, los trabajadores eran sumamente necesarios para la operatividad de la compañía. Respecto del incidente de la madrugada del 2 de enero del 2016, explicó que estaba representado en una pérdida de producción de la máquina A6, por varios problemas técnicos que, según la versión de los mecánicos, fueron atendidos oportunamente, pese a lo cual generaron una afectación del rendimiento por varias horas. Recabó también en el hecho de que, de acuerdo con el relato de estas mismas personas, el actor no estaba presente en el momento del mencionado percance. A partir de allí, analizó la primera conducta endilgada al trabajador, esto es, haber devuelto la herramienta a su cargo con bajos niveles de funcionamiento, no haber efectuado las medidas correctivas sobre la misma y ausentarse de su puesto, como consecuencia de una ingesta de alcohol que lo llevó a quedarse dormido. Respecto de este último punto, resaltó que el empleador había intentado darle otro matiz, pero que de la lectura de la carta de despido sí podía inferirse la existencia de ese reproche, a

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Radicación n.° 100101 pesar de que no se practicó una prueba técnica para

corroborarlo. Dicho ello, explicó que, con el ánimo de dar soporte a sus aseveraciones, la empresa se había fundado exclusivamente en el informe rendido por un trabajador identificado como Ramiro, según el cual el actor estaba dormido y con olor a alcohol. No obstante, agregó, ese operario no había sido llamado al proceso y su declaración manuscrita no tenía el valor probatorio suficiente para dar cuenta de las causas del ausentismo de las que hablaba la demandada, pues, contrario a ello, los testimonios que sí habían sido traídos al proceso informaron que nunca habían visto al actor dormido o en estado de embriaguez. En ese contexto, a partir del relato de los testigos, el Tribunal concluyó que la empresa había acreditado que el trabajador no estaba en su puesto de trabajo en el momento del inconveniente que presentó la máquina, no había atendido el incidente y había faltado a la verdad en la diligencia de descargos, por lo que, ciertamente, había incumplido la obligación para la que fue contratado. Pese a lo anterior, estimó que la gravedad de esa falta debía ser valorada necesariamente en relación con las causas del ausentismo, pues una cosa era la alteración del estado del trabajador y otra simplemente no estar presente en el momento exacto en el que una herramienta presenta alguna falla, que, por otra parte, podía ser de común ocurrencia. En tal sentido, reflexionó que:

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Radicación n.° 100101 […] ningún testigo refiere […] que la operación de la máquina A6 dependiese de la presencia permanente y/o inmóvil del

técnico; ahora, lógico es que deba programarla y estar pendiente de su funcionamiento, pues para eso fue contratado el actor, pero NO se puede llegar al punto de quebrantar un vínculo que pervivió por algo más de 14 años, simplemente porque aquel NO ejerció las actividades propias de su cargo en un lapso determinado, aspecto en el que cobra relevancia una intachable hoja de vida, pues no se acreditó que este hubiese sido objeto de llamados de atención, o sanciones disciplinarias con antelación durante su larga permanencia en la empresa. Razón le asiste al a quo cuando adujo que seguramente sí medió una negligencia y/o descuido por parte del trabajador, NO de otra manera se explicaría su ausencia durante el arreglo que realizaron los mecánicos, lo que racionalmente implica que NO estuvo presto a solucionar la afectación de la A6, pero si NO se demuestra que su conducta omisiva lo fue por quedarse dormido con causa de una ingesta previa de alcohol, NO puede catalogarse de grave esa ausencia temporal del puesto del trabajo durante 30 o 45 minutos que duró la permanencia de los mecánicos en la A6. Esta particular circunstancia, aunada a los razonamientos que preceden, implican que NO encuentran eco en esta instancia los planteamientos de la recurrente. En virtud de lo anterior, infirió que la conducta demostrada del trabajador no había sido grave y, por tanto, no estaba acreditada la justa causa de despido, como lo había concluido el juzgador de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la

Corte, que procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 100101 Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal y que, en sede de instancia, revoque la decisión emitida por el juzgador de primer grado y absuelva a la demandada de las pretensiones de la demanda. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, que fue oportunamente replicado y que pasa a ser analizado por la Sala.

VI. CARGO ÚNICO Se formula en los siguientes términos: Se acusa la sentencia objeto de este recurso de ser violatoria por la vía directa y por aplicación indebida de las siguientes disposiciones procesales y sustanciales: como violación medio los artículos 60 y 61 del CPT y SS y, consecuencialmente, la violación de los artículos 58, 60, 64 (art. 28 de la Ley 789 de 2002), 467, 481 del CST; 7º del decreto 2351 de 1965.

En desarrollo de la acusación, el censor advierte que, por la naturaleza de la acusación que plantea, acepta todas las conclusiones fácticas a las que arribó el Tribunal, especialmente derivadas de los testigos practicados en el curso del proceso. Luego, señala que esas mismas reflexiones probatorias del juez colegiado permiten establecer que hizo un «mal uso del principio de la libre formación del convencimiento», y que aplicó en forma indebida el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

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Para tal fin, indica que el Tribunal admitió que el actor estuvo ausente en el momento en el que la máquina que estaba a su cargo presentó problemas, que no fue él quien llamó a los mecánicos, no participó en su reparación ni veló por su óptimo funcionamiento, lo que perduró durante un tiempo importante y afectó la producción, al punto que el sistema estaba en rojo. Todo lo anterior aunado a que mintió durante la diligencia de descargos. Dicho ello, arguye que ese solo conjunto de eventos, aceptado y constatado, «es gravísimo» pues: […] un tribunal no puede admitir que un trabajador ante su empleador y ante la justicia, mienta descaradamente, porque no se puede admitir que un tribunal de justicia promueva o patrocine la mentira como línea aceptable de conducta, ni en un trabajador ni en nadie. La mentira, el engaño, lo torticero, la ocultación de la verdad, no pueden ser prohijadas por los jueces. No hay mentira pequeña porque mentir es distorsionar la realidad y poco o mucho es una conducta inmoral y los jueces, que están llamados a impartir justicia, no pueden dejar pasar una conducta de estas. Insiste en que la mentira no estaba excusada por el hecho de que el trabajador no hubiera incurrido en la misma conducta con anterioridad, o por no tener sanciones en su contra, pues «[…] la repetición de un acto impropio es motivo de agravación pero la ausencia de un antecedente no significa que el acto indebido no hubiera existido». Agrega que el hecho de que el trabajador estuviera alicorado o dormido en el trabajo era intrascendente, pues

lo importante era que estaba ausente de su puesto de trabajo en un momento en el que era fundamental su presencia, para controlar el recto funcionamiento de la

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Radicación n.° 100101 máquina que estaba bajo su responsabilidad. Señala también que, a pesar de esa evidencia de que el trabajador faltó a la verdad y no cooperó en la reparación de la máquina, aparte de que afectó la producción, de manera inexplicable el Tribunal no tuvo por demostrada la justa causa de despido. Aclara nuevamente que sí acepta las conclusiones fácticas del Tribunal, pero que, partiendo de las mismas, es posible concluir que dicha Corporación «[…] hizo un uso errado de la formación de su convencimiento porque no acudió a la “persuasión racional” que es el postulado en materia de pruebas que rige el estudio probatorio del juez laboral». Subraya, en tal sentido, que el Tribunal incurrió en la infracción del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, porque «abusó de la libertad en la formación de su convencimiento» y no le dio efecto alguno al hecho demostrado de que el actor hubiera incumplido las obligaciones para las que fue contratado. Aduce que «la libertad en la formación del convencimiento no significa libertinaje» ni autoriza al fallador para juzgar con base en su propio arbitrio, sino que tiene que inspirarse en los «principios científicos que informan la crítica de la prueba», atendiendo las circunstancias relevantes del pleito, dentro de las cuales está «[…] que el demandante […] le mintió al empleador, lo cual es gravísimo,

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Radicación n.° 100101 pero también le mintió al juez, a la justicia y para el Tribunal esta conducta no tiene efecto alguno». Repite, una vez más, en que mentir es un irrespeto, una conducta inmoral, y que, además de la naturaleza de esa conducta en las relaciones laborales, faltar a la verdad en el juicio debía tener un peso significativo en la formación del convencimiento. Advierte que el Tribunal absolvió al trabajador de faltar a su lugar de trabajo, por no haberse establecido que estaba dormido o alicorado, pero no tuvo en cuenta que esa ausencia era incluso más grave, porque no tuvo justificación y fue por su propio capricho. Finalmente, reitera que su cargo está enfocado en demostrar un error jurídico del Tribunal en la aplicación del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que condujo a una vulneración de normas sustanciales, teniendo en cuenta además que no era posible plantear un cuestionamiento sobre las conclusiones fácticas, que estuvieron informadas a partir de pruebas inhábiles en casación. Remata diciendo que es inadmisible que el Tribunal hubiera permitido que el trabajador se burlara de la justicia, mintiéndole al empleador y al juez, sin que tal situación tuviera algún efecto, pues la justicia no puede ser el «rey de burlas».

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VII. RÉPLICA En esencia, indica que la sociedad demandada sí le reprochó al demandante el hecho de haberse quedado

dormido en el trabajo y estar en estado de alicoramiento, pero no logró acreditar tales supuestos. Agrega que el hecho que sí fue demostrado, esto es, ausentarse del puesto de trabajo, no constituyó una conducta grave, pues, entre otras cosas, la empresa tampoco acreditó que ese proceder estuviera previamente cualificado como grave en algún documento como el reglamento interno de trabajo, de manera que las reflexiones fundamentales de la sentencia recurrida no fueron desvirtuadas.

VIII. CONSIDERACIONES Con el ánimo de abordar de manera adecuada y suficiente los argumentos expuestos por la censura, la Corte considera preciso advertir que la decisión del Tribunal estuvo estructurada de la siguiente manera: Desde el punto de vista jurídico, dicha Corporación concluyó que, por las condiciones particulares del caso y teniendo en cuenta el numeral 6, parte A), del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el juez tenía toda la

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Radicación n.° 100101 competencia para valorar la gravedad de las faltas endilgadas al trabajador. Esa conclusión, pese a la orientación del cargo, no es materia de controversia y concuerda con la reciente orientación de la Sala vertida en la sentencia CSJ SL28572023, de acuerdo con la cual «[…] siempre la gravedad de la falta deberá estar precedida de un juicio valorativo por parte del juez, en el que se avale la entidad jurídica de la conducta allí prevista como justa causa de despido, o se descalifique la misma, atendiendo las circunstancias o características

particulares de cada caso». Ahora bien, con fundamento en ese marco jurídico, ya desde el punto de vista fáctico, el Tribunal coligió que, ii) una vez analizadas las pruebas, era posible concluir que el actor se había ausentado de su puesto y había mentido, pese a lo cual, tal comportamiento no podía ser tildado de grave y suficiente para dar cuenta de la justa causa de despido opuesta por la empresa. Frente a esta última premisa, a saber, la gravedad de la conducta, el juez colegiado recalcó que no se había logrado acreditar que el actor hubiera estado pernoctando en el trabajo o en estado de alicoramiento, de manera que el solo ausentismo, sin otros aditamentos, en el contexto de una relación laboral sostenida durante varios años, con buena conducta del trabajador, no podía ser catalogada de grave y constitutiva de justa causa.

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Radicación n.° 100101 Ahora bien, por su parte, el recurrente insiste una y otra vez en que la naturaleza de su acusación es jurídica, de manera que, aparentemente, admite todas las conclusiones fácticas del Tribunal y enfoca todo su cuestionamiento sobre un presunto abuso de la potestad de libre formación del convencimiento establecida en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y, en lo fundamental, para soportar argumentativamente esa acusación, afirma que, ante los hechos probados, sin discutirlos, el Tribunal debía colegir necesariamente la gravedad de la conducta del trabajador,

entre otras razones porque, en sus términos, los jueces no pueden «[…] admitir que un trabajador, ante su empleador y ante la justicia, mienta descaradamente […]» Planteada en esos términos la discusión, para la Corte es evidente que el recurrente, a pesar de todas sus advertencias relacionadas con la naturaleza jurídica del cargo, lo que intenta en últimas es rebatir la premisa fáctica fundamental de la decisión del Tribunal, relativa a que la conducta del trabajador, demostrada en el proceso, no era grave, pero a través de un discurso que solo es jurídico en apariencia y que, lógicamente, no podía ser encauzado por la vía directa. En efecto, nótese que lo que intenta demostrar incansablemente el censor es que el hecho de que el trabajador hubiera mentido y se hubiera ausentado del puesto de trabajo, en el contexto particular del incidente

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Radicación n.° 100101 con la máquina A6, sí era a todas luces grave, entre otras, teniendo en cuenta un conjunto de valoraciones sobre la trascendencia de faltar a la verdad. En tal sentido, indica repetidamente que mentir es grave, que el trabajador se ausentó de su trabajo por capricho, que su antigüedad no era trascendente, etc., supuestos que son todos encaminados en últimas a restarle solidez a la conclusión fáctica del Tribunal sobre la falta de acreditación de la justa causa. Así, a pesar de que el censor señala que acepta todas las inferencias fácticas del Tribunal, lo que termina haciendo es precisamente controvertir la más elemental y

trascendental de todas ellas, se repite, que la conducta del trabajador no fue grave y que, como consecuencia, la demandada no logró acreditar la justa causa que adujo para terminar el contrato de trabajo, solo que lo hace a través de una vía que no es la correcta para este tipo de acusaciones. Y es que para la Sala la definición de la gravedad de una conducta, para tener o no por demostrada la justa causa de despido del numeral 6, parte A), del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando ese atributo no ha sido definido por las partes previamente en algún instrumento válido, representa un ejercicio inherentemente fáctico, mediado por la valoración de las pruebas, de los hechos, del contexto particular de cada relación de trabajo y, en definitiva, de la ponderación de la carga negativa que

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Radicación n.° 100101 podría tener una falta del trabajador en el marco de sus funciones. Esta Corporación ha definido al respecto que «[…] la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de una decisión de despido deben ser examinadas en relación con las circunstancias particulares de cada caso y, de cualquier manera, atendiendo factores tales como, la labor que desarrolla el trabajador, el contexto y las demás condiciones medioambientales en las que se desarrolla la labor […]» (CSJ SL8002-2014). Y eso fue precisamente lo que hizo el Tribunal, pues tuvo en cuenta varios factores que consideró relevantes en el marco de la relación laboral, como, entre otros: i) que la demandada había sugerido como motivo de despido un estado de alicoramiento y que el trabajador estaba

pernoctando en horas de trabajo, sin acreditarlo si quiera mínimamente; ii) que el actor simplemente se había ausentado de su puesto de trabajo durante un determinado lapso; iii) que tenía una antigüedad de más de más de 14 años, con una conducta intachable; iv) y que los inconvenientes en el funcionamiento de la maquinaria eran de frecuente ocurrencia. Todos estos elementos, se insiste, fueron los que informaron la conclusión del Tribunal de que la conducta del trabajador no había sido grave, y, por su naturaleza, debían ser cuestionados por la vía indirecta, con la indicación de los errores de hecho que habrían afectado la

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Radicación n.° 100101 decisión y la justificación de su condición protuberante o manifiesta, a partir del examen de las pruebas calificadas en casación. Recuérdese en este punto que esta Corporación ha señalado con insistencia que «[…] las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos. De ahí que su tratamiento, desarrollo y análisis deba realizarse por separado» (CSJ SL1672-2018). Por lo dicho, para la Corte es claro que el censor lo que intenta es disfrazar un alegato esencialmente fáctico, para hacerlo parecer jurídico, sin éxito alguno y con la consecuencia natural de que su acusación no pueda ser evaluada técnicamente en casación. Resta decir que, situados en el plano jurídico, el

recurrente nada le dice a la Corte sobre las razones por las cuales el Tribunal habría hecho un uso desviado de la potestad de libre formación del convencimiento que le confiere el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, o por qué no acudió a la persuasión racional, como lo afirma tajantemente. Y, contrario a ello, la Corte puede evidenciar que el Tribunal desplegó sus poderes de valoración probatoria a partir de un análisis riguroso y detenido de los elementos de juicio que le fueron exhibidos; con indicación de lo que

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Radicación n.° 100101 evidenciaba objetivamente de cada uno de ellos; estableciendo el valor que les asignaba; sin imponer alguna tarifa legal o requerir una prueba solemne; especificando sus conclusiones; y, finalmente, indicando expresamente «[…] los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento […]», todo lo cual se acompasa plenamente con la facultad de libre formación del convencimiento prevista en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y es que ese principio de valoración probatoria adoptado por el legislador en los juicios de trabajo autoriza precisamente al juez para valorar y reflexionar en torno a los medios de prueba con un gran margen de libertad y discrecionalidad, eso sí conforme a estándares objetivos de lógica y razonabilidad, y aunque, como dice el censor, tal instituto no puede significar libertinaje o arbitrariedad, lo cierto es que cualquier desafuero en las valoraciones y conclusiones probatorias tiene un mecanismo de control al

alcance de las partes, representado en la vía indirecta de casación laboral, que supone la acreditación de errores de hecho protuberantes y manifiestos. Aparte de lo anterior, que resulta suficiente para rechazar el cargo, vale la pena mencionar que además de que el Tribunal tiene libertad para valorar las pruebas y formar autónomamente su convencimiento, en sede de casación sus conclusiones llegan arropadas por la doble presunción de legalidad y acierto, de manera que no cualquier alegación o desacuerdo es capaz de quebrantar la

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Radicación n.° 100101 legalidad de sus inferencias, sino solo la demostración de alguna equivocación notoria, grave y decisiva para la respectiva controversia, en ausencia de la cual todas sus apreciaciones razonadas deben ser respetadas. En virtud de todo lo expuesto, la Corte puede concluir que la sentencia del Tribunal no fue técnica y adecuadamente controvertida y que, por ello, debe conservar su legalidad. Se rechaza el cargo. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fija como agencias en derecho la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($11.800.000.oo) m/cte., que se incluirá en la liquidación que se practique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de agosto de 2022, por la

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el interior del proceso ordinario laboral promovido por JOHAN PAWER OSORIO MORALES contra la sociedad CRISTAR S. A. S.

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Radicación n.° 100101 Costas como se indicó en la parte motiva. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

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ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación: 100101

Recurrente: Cristar SAS

Opositor: Johan Pawer Osorio Morales Magistrada Ponente: Marjorie Zúñiga Romero Respetuosamente me permito aclarar el voto en torno a la cita que se hace de las consideraciones vertidas en la sentencia CSJ SL2857-2023, relativa a la facultad del juez laboral de calificar la gravedad de las faltas cometidas por el trabajador que dan lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa.

Concretamente, comparto plenamente las consideraciones de la decisión CS