CSJ - SL609-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL609-2024 Radicación n.° 98902 Acta 09 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S. A., hoy SCOTIABANK COLPATRIA S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró en su contra

JAIRO ENRIQUE AYALA CÁRDENAS.

I. ANTECEDENTES De la demanda inaugural, junto con su reforma, se establece que Jairo Enrique Ayala Cárdenas demandó al Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A., hoy Scotiabank Colpatria S. A., con el fin de que se declare que entre ellos existió una relación laboral, sin solución de continuidad,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 98902 desde el 15 de febrero de 1988 hasta el 20 de enero de 2017; que el tiempo transcurrido entre el 15 de febrero de 1988 y el 1 de agosto de 1998 no fue tenido en cuenta para efectos de liquidar los aportes a la seguridad social en pensiones y la indemnización por despido sin justa causa. En consecuencia, solicitó condenar a la demandada al pago de las anteriores acreencias, junto con la indexación de la indemnización por despido unilateral, los daños

materiales y morales, todo a lo que hubiere lugar en uso de las facultades ultra y extra petita y las costas procesales. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que el 15 de febrero de 1988 celebró verbalmente contrato de trabajo con el Banco Real de Colombia, en virtud del cual debía laborar en el área de servicios generales, cumpliendo una jornada de 8 a. m. a 7 p. m. de lunes a viernes; que para el año de 1996 devengaba la asignación mensual de $600.000, suma que anualmente era reajustada, quedando para el 1 de agosto de 1998 en $1.500.000; que el 3 de noviembre de 1992 la Dirección General informó a todos los gerentes administrativos que su jornada laboral dependía de las necesidades diarias de cada departamento. Afirmó que en el año de 1993, pasó a depender del gerente de sistemas del Banco, dependencia en la que estuvo a cargo del manejo de las telecomunicaciones de la entidad; y que la relación laboral solamente se vino a formalizar a través de la suscripción del contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de agosto de 1998 «para

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 98902 continuar en el mismo cargo y funciones»; que siempre desarrolló sus labores en las instalaciones del Banco y en las demás dependencias donde era enviado a cumplirlas (Cali, Medellín y Barranquilla), sin que le hubiese tocado asumir los gastos o viáticos por los desplazamientos; que nadie distinto a la entidad bancaria fue quien le suministró las herramientas, materiales y demás elementos necesarios

para que pudiera realizar su trabajo; que en vigencia del vínculo no prestó o ejecutó servicio alguno a favor de terceras personas naturales o jurídicas; y que jamás hubo suspensión o interrupción alguna desde que inició a trabajar. Manifestó que el Banco Real de Colombia cambió de nombre o razón social en diferentes oportunidades hasta asumir la de Scotiabank (Colombia) S. A., la que finalmente fue absorbida por el Banco Colpatria Multibanca Colpatria

S. A.; que previa sustitución patronal, la accionada lo despidió en forma unilateral y sin justa causa mediante comunicación del 20 de enero de 2017, momento en el que le pagó una indemnización, pero sin tener en cuenta todo el tiempo laborado, esto es, desde el 15 de febrero de 1988 hasta el 20 de enero de 2017; por tanto, la entidad accionada le adeuda la liquidación en debida forma, teniendo en cuenta que percibía un salario de $9.590.321.

Al dar respuesta a la demanda, la entidad bancaria se opuso a las pretensiones; y en cuanto los hechos, admitió que Scotiabank (Colombia) S. A. fue absorbido por el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A.; que la terminación del

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 98902 contrato se dio de forma unilateral y sin justa causa, en los términos del artículo 64 del CST, pagando la respectiva indemnización; y que el accionante devengaba un salario final de $9.590.321. Frente a los demás supuestos fácticos

dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa manifestó que la vinculación laboral con el demandante se dio a partir del 1 de agosto de 1998 con el Banco Real; que el «12» (sic) de junio de 2013 el actor suscribió un «acuerdo de sustitución patronal y transaccional laboral», a través del cual se formalizó la sustitución de las obligaciones laborales que venía asumiendo Scotiabank Colombia S. A. al Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A., en el que transaron las diferencias que pudieran existir entre las partes, convenio en el que, además, el accionante ratificó que la fecha inicial fue el 1 de agosto de 1998, quedando a paz y salvo la sociedad entonces empleadora. Argumentó que la transacción realizada surtió plenos efectos e hizo tránsito a cosa juzgada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2483 del Código Civil, máxime que fue suscrita de manera libre y voluntaria, sin que existiera algún vicio del consentimiento. También manifestó que conforme con la certificación expedida el 28 de octubre de 1997 por el Banco Real de Colombia, el demandante estuvo vinculado con esa entidad mediante un contrato de prestación de servicios desde el 18 de marzo de 1988, sin que supiera la fecha exacta de la

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 98902 terminación de esa vinculación. Agregó que teniendo en cuenta que habían transcurrido más de 20 años desde la data en que se suscribió el contrato de trabajo con el actor,

era claro que cualquier reclamación respecto de la naturaleza de la relación que existió con anterioridad estaba prescrita. Finalmente reseñó que como el contrato laboral inició el 1 de agosto de 1998, para la liquidación de la indemnización por despido sin justa causa no era viable tener en cuenta el tiempo durante el cual el demandante estuvo vinculado a través de contratos de prestación de servicios. Al efecto, propuso las excepciones de mérito que denominó: cosa juzgada, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe, compensación y validez del contrato de transacción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante proveído del 19 de agosto de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral celebrada entre el demandante señor JAIRO ENRIQUE AYALA CÁRDENAS identificado con la CC 79.512.530 y el banco demandado BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. con vigencia entre el 18 de marzo de 1988 hasta el día 20 de enero de 2017, conforme lo motivado.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de forma parcial de las acreencias laborales que sean objeto de la misma causadas con anterioridad al 16 de febrero de 2015 conforme la parte motiva de la presente providencia.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 98902

TERCERO: ORDENAR al banco demandado BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. reconocer al demandante señor JAIRO ENRIQUE AYALA CÁRDENAS

identificado con la CC 79.12.530, las siguientes sumas de dinero por los conceptos que se indican a continuación: • El pago de aportes en pensión según los porcentajes legales establecidos dejados de cotizar por el empleador durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 1988 al 31 de julio de 1998, a órdenes de la entidad de Seguridad Social que el actor elija, tomando como IBC. el salario realmente cotizado debiendo la parte demandada depositar la suma debida por este concepto que se hubieren generado durante el término que el empleador pagó de manera incompleta dichos aportes durante la vigencia del vínculo laboral. • La reliquidación de indemnización por terminación sin justa causa del contrato de trabajo tomando como fecha de ingreso el día 18 de marzo de 1 988 y hasta la terminación de la relación laboral, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia • Las anteriores sumas deberán ser indexadas al momento en el que se efectivice su pago.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de demanda, según lo expuesto.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Tásense por Secretaría

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 30 de septiembre de 2022, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, decidió: PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo del fallo apelado, para en su lugar, DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción, con arreglo a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO.- MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la sentencia censurada, para PRECISAR que el valor a pagar por Scotiabank Colpatria S. A. a Jairo Enrique Ayala Cárdenas como reliquidación de la indemnización por despido injusto

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 98902 asciende a $280'196.145.84, resarcimiento liquidado de 18 de marzo de 1988 a 20 de enero de 2017. TERCERO.- CONFIRMAR la decisión apelada en lo demás. Sin costas en esta instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, de manera preliminar, el Tribunal afirmó que, estaba fuera de discusión que entre Jairo Enrique Ayala Cárdenas y el Banco Real de Colombia, hoy Scotiabank Colpatria S. A., existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 22 de enero de 2017, que el último cargo desempeñado fue el de ingeniero de sistemas II comunicaciones Tl BCO BTA, con un salario integral final de $9.590.321, y que el vínculo que finalizó por decisión unilateral e injusta de la empleadora, con el pago de la indemnización por valor de $90.203.363.00, supuestos fácticos que se colegían de: [...] contrato de trabajo, su otrosí, la liquidación final, la carta de despido, los comprobantes de nómina de enero de 2012 a diciembre de 2017, los reportes de pagos de aportes a seguridad social de junio de 2013 a enero de 2017, la autorización de

retiro de cesantías, la constancia de pago de aportes a seguridad social integral de los últimos 03 meses, la certificación laboral expedida por el Gerente de Relaciones Laborales y los certificados de descuentos autorizados por el demandante. Afirmó que el 7 de junio de 2013, Scotiabank Colombia

S. A., el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. y Jairo Enrique Ayala Cárdenas habían suscrito un «acuerdo de sustitución patronal», en el que registraron que el actor estaba vinculado laboralmente con aquella sociedad desde el 1 de agosto de 1998, «cancelando la totalidad de las acreencias laborales y, a partir de 07 de junio de 2013 el

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 98902 Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. asumía las obligaciones del trabajador»; que también convinieron que desde la última calenda, «éste dejaba de recibir algunos beneficios extralegales, por ende, con el único fin de precaver cualquier reclamación futura por derechos que pudieran ser discutibles», y que el Banco Colpatria Multibanca Colpatria

S. A. le cancelaba la suma de $6.414.792, «para transar cualquier derecho incierto que a futuro fuera reclamado».

Bajo los anteriores supuestos fácticos entró a resolver el asunto sometido a su consideración, atendiendo lo expuesto en el recurso de apelación, según el cual la relación laboral con el Banco Real de Colombia inició «a partir del 1 de agosto de 1998», mas no como lo había establecido el juez, esto es, desde el 18 de marzo de 1988

«máxime que el actor suscribió un acuerdo de sustitución patronal y de transacción, en que transó las posibles diferencias que pudieran existir entre las partes». Después de aludir a los elementos esenciales del contrato de trabajo, así como a la presunción legal de este, conforme lo señalan los artículos 23 y 24 del CST, indicó que al proceso se allegaron las pruebas que se enuncian a continuación, respecto de las cuales hizo un análisis individual. i) certificados de existencia y representación legal de Scotiabank Colpatria S. A.; ii) comunicación sin fecha, con membrete del Banco Real de Colombia, en el que Gladys Parra de Chala informó a Federico de Castro que anexaba

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 98902 documentos para estudiar el caso de Ayala Cárdenas como hoja de vida y trabajos realizados desde 1992, a quien se le podía asignar la jornada de 02:00 p. m. a 10:00 p. m. ; iii) comunicación del 3 de noviembre de 1992, en la que el director general del Banco Real de Colombia informó a los jefes de departamento que se había celebrado contrato de servicios con Jairo Ayala, por lo que «a partir de esa calenda, los Gerentes Administrativos planearían las necesidades que atendería y su jornada dependería de las necesidades diarias»; iv) certificación del 15 de febrero de 1996, emitida por Soraya Ardila, gerente de informática del Banco Real, dando cuenta de que el demandante tenía un contrato de servicio técnico profesional en comunicaciones

por un año, que se renovaba automáticamente y que tenía una antigüedad de 8 años; v) seis cuentas de cobro suscritas por el actor por los servicios prestados al Banco Real de Colombia de octubre de 1997 a marzo de 1998. También aludió a los siguientes medios de convicción: vi) constancia del 28 de octubre de 1997, expedida por el vicepresidente de operaciones del Banco Real de Colombia, certificando que el demandante se desempeñaba como técnico profesional de telecomunicaciones, con un contrato de prestación de servicios desde el 18 de marzo de 1988; vii) ocho certificaciones emitidas por Recursos Humanos, los días 29 de octubre de 2001, 21 de febrero, 16 y 17 de mayo y 17 de octubre de 2002, 21 de septiembre de 2005, 17 de mayo y 17 de octubre de 2006, señalando que el demandante tenía un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de agosto de 1998; viii) acuerdo de

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 98902 sustitución patronal del 7 de junio de 2013, suscrito entre el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A., Scotiabank Colombia S. A. y el demandante, en el que se mencionó el 1 de agosto de 1998 como fecha inicial del contrato; ix) liquidación final de prestaciones sociales, en la que el convocante anotó que no estaba de acuerdo con el tiempo laborado registrado; x) interrogatorios de parte de la representante legal de la enjuiciada y del demandante; y xi)

testimonios de José Luis Tomazini Sentatore, Claudia Olano Arana, Jairo Enrique Velásquez Oviedo y Fernando Barreto. Después de haber hecho remembranza al contenido de cada una de las pruebas reseñadas, dijo: Los medios de convicción y piezas procesales reseñados en precedencia, valorados en conjunto, permiten colegir que Jairo Enrique Ayala Cárdenas laboró para el Banco Real de Colombia hoy Scotiabank Colpatria S. A. desde 18 de marzo de 1988, en el cargo de técnico de mantenimiento, electricista y sistemas, como dan cuenta las certificaciones de la Gerente de Informática y del Vicepresidente de Operaciones del Banco Real de Colombia, las cuentas de cobro suscritas por el actor por los servicios prestados, así como el dicho de los deponentes José Luis Tomazini Sentatore, Claudia Olano Arana, Jairo Enrique Velásquez Oviedo y, Fernando Barreto. En este orden, se demostró la prestación personal del servicio del accionante, obrando a su favor la presunción que dicha labor se encontraba regida por un contrato de trabajo, entonces, correspondía a la enjuiciada acreditar el hecho contrario al presumido, esto es, que la labor fue autónoma e independiente. En el examine, la entidad bancaria enjuiciada no desvirtuó la presunción contenida en el artículo 24 del CST, pues, la actividad personal desarrollada por la demandante de 18 de marzo de 1988 a 31 de julio de 1998 no fue autónoma sino completamente subordinada, ya que, no era él quien determinaba la tarea a realizar, recibiendo ordenes de sus jefes inmediatos y cumpliendo horario de trabajo, como se colige del

dicho de Claudia Olano Arana, quien manifestó que escuchó y presenció las órdenes que Soraya Ardila y Alejandro Chubb impartían al convocante, así como el asistente Jairo Velásquez, además, el actor cumplía horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.,

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 98902 pero, siempre se extendía hasta las 08:00 p.m. 0 09:00 p.m., por o su parte, Jairo Enrique Velásquez Oviedo depuso que como Gerente Administrativo daba ordenes e instrucciones a Ayala Cárdenas, pues, éste siempre fue un funcionario más del banco, recibía órdenes del Jefe de Departamento y le daban los implementos y elementos que necesitaba, asimismo, el demandante entraba a las 7:00 a.m., pero, no se sabía a qué horas salía y, el testigo Fernando Barreto manifestó que cuando fue jefe del Área de Servicios Generales dio instrucciones directas al accionante y, éste también recibió órdenes del Jefe de Informática. Siendo ello así, la actividad desarrollada por Jairo Enrique Ayala Cárdenas se ejecutó bajo una verdadera vinculación contractual laboral, vigente de 18 de marzo de 1988 a 22 de enero de 2017, en cuanto a la calenda final de terminación el a quo señaló el 20 de enero de 2017, data que no se modificará, pues, no fue objeto de reproche por el actor, además, se haría más gravosa la situación de la enjuiciada, única apelante, con arreglo al principio no reformatio in pejus. De lo expuesto se

sigue, confirmar la sentencia apelada en este tema. (Subrayado de la Sala). Frente a la validez de la transacción dijo que, conforme a lo preceptuado en los artículos 13, 14 y 15 del CST, el poder de disposición del trabajador sobre sus derechos laborales es relativo, pues la ley sólo le permite conciliar o transigir aquellos que no sean irrenunciables, al condicionar la validez de la transacción a aquellos asuntos que no comprometan «derechos ciertos e indiscutibles». Acto seguido, desde la óptica legal, aludió a los derechos ciertos e indiscutibles, para luego indicar que bajo este entendimiento, la existencia del acto jurídico con el que las partes resolvieron transar cualquier controversia futura, derivada de la prestación de servicios del trabajador, no marginaba al juez del asunto que ha sido puesto en su conocimiento, pues, «será la realidad expresada por los

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 98902 hechos objeto del litigio, el factor que determine si las materias transadas corresponden o no a aquellos derechos ciertos e indiscutibles, cuyo carácter irrenunciable proscribe cualquier acuerdo en tal sentido». Expuso que el referido acuerdo contiene el siguiente clausulado: [...] 1. El Señor JAIRO ENRIQUE AYALA CÁRDENAS está vinculado laboralmente a la Sociedad SCOTIABANK COLOMBIA S.A. desde el día 1 de Agosto de 1998, actualmente desempeña el cargo de Systems Administrator, devengando un salario integral de $7.663.500 mensuales... // 5. Como consecuencia de la sustitución patronal antes mencionada, el trabajador y EL

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. acuerdan que el contrato de trabajo, para todos los efectos legales, se entenderá celebrado a término indefinido desde la fecha a que se refiere la cláusula primera de este documento... // 6. Así mismo las partes acuerdan y así lo hacen constar que a partir de 7 de Junio de 2013 el trabajador dejará de recibir los beneficios de: el auxilio de medicina prepagada, y recibirá a partir de dicha fecha, en su lugar, los siguientes beneficios de su nuevo empleador: crédito de vivienda, crédito de calamidad doméstica, crédito de postgrado, auxilio medicina prepagada convenios corporativos... beneficios estos que se otorgaran con base a las políticas vigentes del Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., modificación contractual que se celebra con pleno conocimiento y entendimiento entre las partes mediando absoluta buena fe en el acuerdo.. .// 7. Sin embargo y con el único fin de precaver cualquier reclamación futura por derechos que puedan ser discutibles, la empresa BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. ofrece pagarle y JAIRO ENRIQUE AYALA CÁRDENAS, acepta, una suma de dinero a fin de transar cualquier derecho incierto que a futuro pueda ser reclamado, especialmente por concepto de los beneficios que reconocía SCOTIABANK COLOMBIA S.A. (anterior empleador) y que dejará de recibir a partir de 07 de junio de 2013 para proceder a recibir los beneficios de su nuevo empleador establecidos en este documento, así como cualquier otra reclamación derivada del desarrollo del contrato de trabajo. Así,

las partes de manera libre y voluntaria han decidido transar esas posibles diferencias, por todo derecho incierto y discutible, en la suma transaccional de $6.414.793 pesos... (Subrayado de la Sala)

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 98902 Con fundamento en lo anterior, indicó que la transacción «no recayó sobre derechos ciertos e indiscutibles, tampoco respecto de los que se debaten en este proceso», pues si bien se anotó como extremo temporal inicial el 1 de agosto de 1998, tal manifestación no podía «desconocer la realidad establecida en el asunto que la relación laboral inició el 18 de marzo de 1988» y, además, las «posibles diferencias que se transaron fueron las relacionadas con la modificación de los beneficios extralegales que el actor venía recibiendo de Scotiabank Colombia S. A.». Agregó que tampoco podía recaer sobre los aportes pensionales por tratarse de derechos irrenunciables, imprescriptibles e indiscutibles, tornando inválido cualquier acuerdo por dicho concepto. En consecuencia, el objeto de la transacción «fue distinto al del litigio, por ende, tampoco existió cosa juzgada, ni posibilidad de compensar la suma transada y recibida por el actor en esa oportunidad como lo pretende la censura». Finalmente, en cuanto a la prescripción manifestó que, atendiendo lo dispuesto en artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, la exigibilidad de las obligaciones laborales no necesariamente se presenta a la terminación del contrato de trabajo, en tanto existen créditos que se van haciendo exigibles durante la ejecución del vínculo, mientras que

otros surgen a su finalización.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 98902 Adujo que en el presente asunto se declaró la existencia de un único contrato de trabajo, vigente del 18 de marzo de 1988 al 20 de enero de 2017; que el accionante presentó la demanda inaugural el 16 de febrero de 2018 (f.° 22); por tanto, no se configuró el término trienal extintivo de la reliquidación de la indemnización por despido injusto. En lo atinente a los aportes para pensión dijo que frente a ellos no operaba la extinción trienal, atendiendo que el derecho estaba en formación, siendo imprescriptibles, como lo ha adoctrinado esta Corte, por lo que la excepción se debía declarar no probada y, en consecuencia, modificaba el numeral segundo de la sentencia; culminó liquidando la indemnización por despido injusto, cuyos cálculos arrojaron la suma señalada en la parte resolutiva.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la entidad financiera demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra y provea en costas como corresponda.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 98902 Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica.

La acusación se resolverá de manera conjunta por cuanto se acusan similares disposiciones, está orientada por la misma vía, la argumentación se complementa y se procura el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa por vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 1, 13, 14, 15, 23, 24, 57 y 64 del CST; y 53, 228 y 230 de la Constitución Política.

Se imputa al sentenciador el haber cometido los siguientes errores de hecho: a) Dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador demandante estaba vinculado mediante un contrato de trabajo desde el 13 de marzo de 1988. b) No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador demandante solo tuvo una relación laboral desde el 1 de agosto de 1998. c) Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación del servicio del demandante con anterioridad al 1 de agosto de 1998 se dio en el marco de un contrato de prestación de servicios independiente y autónomo. d) No dar por demostrado, estándolo, que las partes suscribieron una transacción y un acuerdo de sustitución patronal el 7 de junio de 2013 que reconoció el 1 de agosto de 1998 como extremo inicial de la relación laboral y zanjó las diferencias entre las partes. e) No dar por demostrado, estándolo, que las certificaciones y documentos de la época dan fe de un servicio autónomo

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 98902 claramente reconocido así por el actor. Acusa como pruebas indebidamente valoradas las siguientes:

5.1.2.1.1. Pruebas calificadas mal apreciadas a) Contrato de trabajo del demandante desde el 1º de agosto de 1998. b) Otrosí contractual c) Liquidación final de prestaciones sociales d) Carta de finalización del contrato de trabajo e) Sábana de aportes al Sistema de Seguridad Social entre 2013 y 2017. f) Comprobantes de pago de nómina de enero de 2012 a diciembre de 2017. g) Carta de autorización de retiro de cesantías h) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por los últimos 3 meses. i) Certificaciones laborales del Gerente de Relaciones Laborales j) Certificados de descuentos autorizados por el demandante. k) Acuerdo de sustitución patronal y transacción del 7 de junio de 2013. l) Comunicación del Banco Real de Colombia informando situación del demandante y sus labores desde 1992. m) Comunicación del 3 de noviembre de 1992 del director del Banco Real de Colombia. n) Certificación del 15 de febrero de 1996 que anuncia una antigüedad del demandante de 8 años. o) Cuentas de cobro del actor desde octubre de 1997 a marzo de 1998. p) Constancia del 28 de octubre de 1997 certificando el contrato del demandante como contratista desde el 18 de marzo de 1988. q) Certificaciones del 29 de octubre de 2001, 21 de febrero de 2022, 16 de mayo de 2002, 17 de mayo de 2022, 17 de octubre de 2002, 21 de septiembre de 2005, 17 de mayo de 2006 y 17

de octubre de 2006. r) Interrogatorio de parte con confesión del demandante. 5.1.2.1.2. Pruebas no calificadas mal apreciadas a) Testimonio de José Luis Tomazini Sentarore. b) Testimonio de Claudia Olano Arana. c) Testimonio de Jairo Enrique Velásquez Oviedo. d) Testimonio de Fernando Barreto. e) Interrogatorio de parte del representante legal de la empresa demandada por no contener confesión.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 98902 Manifiesta la sociedad recurrente que el Tribunal erró al considerar que se trataba de una relación subordinada y dependiente, cuando en realidad fue todo lo contrario, pues se trató de una prestación personal regida por un contrato de prestación de servicios que implicaba la «experticia» del demandante en tecnología y redes eléctricas, especialidad de conocimiento que le permitía proveer un servicio en condiciones en las que «él mismo controlaba lo que debía y no debía hacerse», con independencia de que fuera el contratante «quien coordinará la manera en que se requería el servicio». Indica que la «ausencia de permanencia en la necesidad» demuestra que el promotor del proceso realizaba sus labores puntuales respecto de las cuales era completamente autónomo, antes de contar con una vinculación diferente en 1998. Aduce que lo que muestran las pruebas documentales es que la prestación del servicio se prestó en el marco de su «especialidad y experticia», y que solo a partir del 1 de agosto de 1998 cambió la relación contractual para reconocer una de carácter dependiente, regida bajo un

contrato de trabajo, vínculo sobre el que no existe duda alguna. Recalca que con claridad se evidencia que para el año 1992, el demandante era reconocido como un contratista, de lo que da cuenta la comunicación del Banco Real de Colombia y, por tanto, contrario a lo concluido por el Tribunal, lo que se advierte «es una disponibilidad de un servicio técnico que autónomamente aquel tenía la

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 98902 disposición de prestar según la necesidad». Agrega que esto compagina con lo certificado por el Banco en 1996, en la que se reconoce la antigüedad del actor, pero no con un contrato de trabajo sino con uno de prestación de servicios; y así mismo, las cuentas de cobro de 1997 y 1998 evidencian que el accionante conocía su estatus y era remunerado con honorarios. Expone que el demandante, al absolver el interrogatorio de parte, confesó que estaba encargado de la red eléctrica y el mantenimiento del sistema, actividad que cumplió por su experticia y conocimiento con tareas que eran «periódicas y específicas y que solo a partir de agosto de 1998 fueron de carácter laboral», fecha en la que ratificó la transacción que admitió haber leído, entendido y firmado. Entonces, si el demandante admitió que inició la relación laboral solo en 1998, tal circunstancia permitía al sentenciador arribar a una conclusión diferente. Asevera que el juez de apelaciones fue ligero en la apreciación de los testimonios, en especial, el de Claudia Olano Arana, dado que no reparó que la declarante solo se

vinculó al Banco unos meses entre 1996 y 1997 y que con posterioridad compartió escenario con el demandante en 1998; por tanto, en modo alguno pudo haber presenciado la subordinación que se debate desde 1988. Añade que Luis Tomazini dijo que no le constaba la forma como el demandante ejecutaba su trabajo y si le daban órdenes; que Jairo Enrique Velázquez fue impreciso acerca de la forma como el actor pudo ser subordinado, pues únicamente le

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 98902 constaba que prestaba el servicio de mantenimiento de redes eléctricas; y que el testigo Barrero fue impreciso y demasiado genérico para abarcar un periodo de tiempo tan amplio, aseveraciones insuficient