CSJ - SL787-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL787-2024 Radicación n.° 91242 Acta 10 Bogotá, D.C., dos (2) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JAIRO FARFÁN TORRES contra la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES y COLFONDOS PENSIONES Y

CESANTÍAS S.A.

Se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de Colpensiones a la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda, identificada con la cédula de ciudadanía n.° 1.140.862.823 de Barranquilla, portadora de la tarjeta profesional 287.982 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder general que fue

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Radicación n.°91242 conferido a la sociedad Casación Laboral Estudio SAS, mediante escritura pública 0471 del 16 de marzo de 2023 y que reposa en el expediente digital de esta corporación.

I. ANTECEDENTES Jairo Farfán Torres llamó a juicio a las referidas administradoras, con el fin de que se declare la «nulidad» de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS, el cual se dio a través de Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. y, como consecuencia de ello, se

ordene su retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPM, administrado por Colpensiones, al cual perteneció hasta el año 2000; que se condene a la primera AFP a trasladarle a la segunda, la totalidad de cotizaciones, rendimientos y demás sumas entregadas como aporte pensional, así como cualquier diferencia económica que surja para asegurar la financiación de la prestación en el RPM; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 7 de septiembre de 1960; que cuando inició su vida laboral se afilió al ISS, hoy Colpensiones; que «el 1 de abril (sic) del 2000» se trasladó al RAIS a través de la AFP Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. donde ha permanecido hasta la fecha. Aseveró que la AFP omitió entregarle información completa y oportuna que le permitiera tomar una decisión

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Radicación n.°91242 adecuada frente a su derecho pensional, pues lo que los asesores aseguraban era que en ese régimen se tenía la posibilidad de heredar los aportes, que las finanzas del ISS eran débiles y su futuro era incierto, que en los fondos privados se podía pensionar a cualquier edad, siempre y cuando hubiese ahorrado el 110% del capital necesario para financiar la prestación. Afirmó que tal información no fue idónea en la medida que no guardó relación con su real situación, por lo que resultaba ineficaz con respecto a las consecuencias de ese traslado al RAIS. Agregó que, mediante derecho de petición

del 30 de octubre de 2017, solicitó a Colfondos S.A. el retorno al RPM, a lo que le respondió que no era viable conforme la normatividad legal vigente, artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo13 de la Ley 100 de 1993; y que en la misma fecha hizo igual petición ante Colpensiones. Al dar respuesta a la demanda, Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la data en que el actor se trasladó a esa AFP, la reclamación que presentó y el sentido de la respuesta; de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa arguyó que jamás existió omisión en la información, como tampoco indebida o equivocada asesoría, que el demandante era una persona mentalmente

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Radicación n.°91242 estructurada que contaba con la capacidad de sopesar los argumentos sobre los beneficios de traslado de régimen conforme a lo comunicado por el asesor y que, de manera consciente o voluntaria, diligenció y firmó el formulario de vinculación en señal de aceptación. Como medios exceptivos formuló los de falta de legitimación en la causa por pasiva; prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado; inexistencia de la prueba de la causal de nulidad; prescripción; buena fe; compensación; pago; ausencia de vicios en el consentimiento; y la innominada o genérica. Por su parte, Colpensiones también se opuso a las pretensiones. En cuanto a los supuestos fácticos, aceptó la

data de nacimiento del actor, al igual que la solitud de retorno que presentó a esa entidad; y de los demás dijo que no le constaban. Como argumentos de defensa expuso que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, porque «la señora Irma Constanza Lara (sic), a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993», el 1 de abril de 1994 contaba con 28 años, toda vez que nació el 7 de septiembre de 1960 y no alcanzaba a completar las 750 semanas o 15 años o más de servicios, por lo que no era beneficiaria del régimen de transición. Propuso las excepciones de fondo que denominó inexistencia del derecho para regresar al RPM; prescripción;

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Radicación n.°91242 caducidad; inexistencia de causal de nulidad; no procedencia al pago de costas en instituciones de seguridad social de origen público; y la innominada o genérica. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 11 de julio de 2019, resolvió: PRIMERO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, y a la AFP COLFONDOS S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda por el Señor JAIRO FARFÁN TORRES, de conformidad con lo expuesto a lo largo de la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de Inexistencia

de la obligación, relevándose el Despacho del estudio de los demás medios exceptivos, dado el resultado de la Litis.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, señálense como agencias en derecho la suma de $250.000, para cada una de las demandadas.

CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de apelación, en caso de que la sentencia no se impugne, remítase ante el Superior a efectos de que se surta el grado jurisdiccional de Consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2020, confirmó íntegramente el fallo de primer grado e impuso costas a cargo de la parte actora.

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Radicación n.°91242 La colegiatura consideró que el problema jurídico que debía resolver consistía en determinar si era procedente declarar la «nulidad» de la afiliación del accionante al RAIS y, en caso de prosperar, «si [...] resultan atendibles las solicitudes de volver al RPM administrado por COLPENSIONES S.A. y las demás condenas solicitadas, atendiendo los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso e indicando las razones que sustentan el distanciamiento de los mismos». El ad quem señaló que la selección de un régimen no tiene relación alguna con «la determinación del valor de la mesada pensional, ni puede pretenderse anticipar o especular valor alguno de la misma, pues lo que se determina con la escogencia de un régimen, es la forma como

se acumularan los recursos para la financiación de la prestación». Precisó que en la sentencia CC C1024-2004, que declaró la exequibilidad de la Ley 797 de 2003, se encuentran consignadas las razones por las cuales se estableció la prohibición de trasladarse a quien le falte diez años o menos para acceder a la pensión. Refirió el marco normativo y jurisprudencial fijado por la Corte Suprema de Justicia para sustentar la ineficacia del acto de afiliación al RAIS, destacando la sentencia CSJ SL1452-2019 en la que se interpretaron las normas sobre el deber de información de las AFP, definiendo que su incumplimiento imposibilitaba la libertad de elección de régimen pensional por parte del afiliado, determinando tres etapas en la regulación, «dejando en evidencia su evolución,

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Radicación n.°91242 pasando de uno menos concreto a uno con la puntualidad de comparar valores de la mesada pensional […]». Apuntó que, una cosa era suministrar información sobre expectativas pensionales durante los primeros 10 años de desarrollos legales y económicos que acompañaron la aplicación de la Ley 100 de 1993 y, otra muy diferente, entregarla después de varios años: […] cuando entre otras cosas el afiliado ya tiene cumplido el tiempo y las cotizaciones o el capital para acceder al goce de la pensión por vejez, porque en este momento las variables que no eran determinables en 1994 (o para el caso los años 1995 y 2000), se convierten en variables determinadas tanto por los

cambios introducidos en la Ley 797 de 2003, como por la verificación ya en concreto de las variables económicas que incidieron sobre los rendimientos financieros de los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, que determinan el monto de la pensión en forma concreta. Aseguró que las disposiciones sobre el deber de información en el caso del actor, correspondían a las señaladas para la primera etapa, por haberse realizado la afiliación al RAIS en el «año 1994 (sic)», esto es, los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993; 97 del Decreto 663 de 1993 y 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994. Explicó que el artículo 4 del Decreto 656 de 1994 era el que hacía responsable a las AFP en el grado de culpa levísima por los daños que se pudieran causar a los afiliados, en tanto que el literal j) del artículo 14 ibidem, imponía un deber de asesoría, cuando así lo requería el afiliado para la contratación de rentas vitalicias.

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Radicación n.°91242 Aseveró que la aplicación del Decreto 663 de 1993, como fuente del deber de información, era por lo menos forzada, porque no existían las AFP para ese entonces, por lo que no podía tener un contenido material sobre asuntos pensionales o, al menos, en la forma en que se describe en la jurisprudencia para esta primera fase, cuando señala «que se debía incluir referencias claras, precisas sobre las ventajas de cada régimen, el monto de la pensión, la pérdida del régimen de transición, porque no existían ni las

administradoras ni la Ley 100 de 1993». Planteó que el artículo 271 ibidem consagró una sanción para la persona que impida o atente contra la libertad de elección del régimen pensional, estableciendo la imposición de una multa por parte de una autoridad administrativa, Ministerio de Trabajo, y una penalidad accesoria, que deja sin efecto la afiliación para que el afectado pueda hacerla nuevamente, estando a cargo de la autoridad administrativa la competencia para imponer la «sanción correspondiente» y «surja la consecuencia accesoria de dejar sin efecto la afiliación para dar paso a una nueva, si el afectado así lo desea». Recordó que el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 720 de 1994: […] establecen la responsabilidad por los perjuicios que se causen a los afiliados, con ocasión de cualquier infracción, error u omisión de los promotores de las AFP, indicando que es responsabilidad de estas últimas; razón por la cual […] no se permite trasladar los perjuicios de las omisiones en el deber de información a un sujeto de derecho, que como Colpensiones, no intervino en la decisión del afiliado al momento de optar por el

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Radicación n.°91242 RAIS, ni es responsable del deber de información que impone la doble asesoría que solo se estableció a partir del 2014 con la expedición de la Ley 1748. Refirió que la construcción jurisprudencial de la ineficacia del acto de afiliación al régimen pensional se realiza a partir del fraccionamiento del artículo 271 de la

Ley 100 de 1993, puesto que, por un lado, se toma del artículo 897 del CCo. -la ineficacia de pleno derecho-, y por otro, del artículo 1746 del CC -el restablecimiento del estado en que se encontraba el afiliado-, lo que contraviene la jurisprudencia de esta Sala sobre la inescindibilidad de la norma. Puntualizó que la seguridad social es un derecho autónomo regulado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, donde las discusiones sobre la ineficacia encuentran solución en la citada normativa, «sin que haya vacío que permita acudir a estatutos diferentes para su solución», por lo que planteó su distanciamiento de la jurisprudencia de la Sala, entre otras de la sentencia CSJ SL4360-2019, donde se aplicaron normas de los códigos civil y de comercio. Adujo que cuando los efectos de la ineficacia previstos en el estatuto civil se aplican a asuntos mercantiles, es porque el mismo Código de Comercio así lo autoriza, lo que no ocurre con el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, al regular autónomamente el efecto de la ineficacia. Arguyó que, como el afiliado tiene la opción de escoger su régimen pensional, mientras no estuviera demostrado

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Radicación n.°91242 que Colpensiones invadió la órbita de su derecho a elegir, ninguna consecuencia de las establecidas en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 podía aplicársele, porque es un tercero que nada tuvo que ver en el acto de escogencia y

afiliación del RAIS, ni en la deficiente o suficiente ilustración que se le suministró, ya que no era la obligada a informar en el año 2000, cuando el afiliado tomó su decisión. Manifestó que el traslado de régimen se efectuó el 2 de febrero de 2000, pero que solo hasta el 2017 el demandante se interesó por su situación pensional, quedando demostrado que la solicitud de regresar al RPM no se realizó oportunamente, ello dentro de los plazos previstos, «y acceder a las súplicas de traslado al RPM, desfiguraría el sentido de la contribución, de la solidaridad y de la sostenibilidad financiera del Sistema». Sostuvo que las pruebas allegadas al plenario, tales como el formulario de afiliación (f.°151) y el interrogatorio de parte que absolvió el accionante, dan sustento a sus argumentaciones «en la medida en que demuestran la fecha de afiliación del demandante, la ausencia de demostración de perjuicios a cargo de COLFONDOS S.A., además de establecerse que Colpensiones no participó ni patrocinó el traslado ni intervino en el acto de afiliación al RAIS».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.°91242 Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, «revoque en su integridad la de segundo grado» y

se acceda a las pretensiones de la demanda inaugural, esto es, se declare la ineficacia del traslado del RPM al RAIS. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que obtienen réplica únicamente de Colpensiones, y por cuestión de método inicialmente se estudiará el segundo, luego de ser necesario, el primero.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria por la vía directa, por interpretación errónea de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 71 de la Ley 100 de 1993; 10 del Decreto 720 de 1994; 11, l5 y 16 del Decreto 692 de 1994, en relación con los artículos 1502, 1508, 1510, 1604, 1746 y 1757 del CC; 14, 19 y 340 del CST; 1, 2, 3, 11, 12, 36, 50, 76, 90, 97, 131, 114 y 272 de la Ley 100 de 1993 y 48 y 53 de la CP.

La censura asevera que el reproche que se hace a la sentencia impugnada en este ataque es estrictamente jurídico, en cuanto el ad quem consideró erróneamente

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Radicación n.°91242 suplido el deber legal de información contenido en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, con una leyenda preimpresa del formulario de afiliación al RAIS, argumentando que el demandante dejó constancia que su voluntad de trasladarse de régimen era de manera libre,

espontánea y sin presiones en un formato preestablecido. Afirma que también el Tribunal se equivocó en la interpretación referente a que, para obtener la declaratoria de ineficacia del traslado, era necesario que el accionante demuestre que sufrió un perjuicio, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, conclusiones que desconocieron las verdaderas obligaciones que le correspondía al fondo privado demandado. Explica que la interpretación dada por el juzgador de alzada a los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994 dista notablemente del verdadero sentir de esta normativa, en tanto que esta corporación desde hace varios años ha puntualizado que la información que se ha de proporcionar al afiliado debe efectuarse bajo la óptica de que quien la brinda sabe de su importancia y valor (CSJ SL17595-2017, CSJ SL19447-2017 y CSJ SL4964-2018), a fin de orientar al asegurado, en aquellos aspectos que pueden acarrear consecuencias mayúsculas como es el caso del cambio de régimen, evento en el que la administradora tiene el deber de dar ilustración suficientes sobre las diferentes alternativas, lo que en todo caso va más allá del simple diligenciamiento de un formulario de vinculación o traslado.

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Radicación n.°91242 Asegura que la interpretación que debió otorgársele a las obligaciones y deberes de las AFP por parte de la colegiatura, es a quien le correspondía suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias,

riesgos y consecuencias del cambio de régimen al momento de su vinculación, ya que si no se cumplía con tales requisitos, el consentimiento estaría viciado por la falta de ilustración, lo que conduce a la ineficacia del traslado, deberes que no se cumplen de manera automática con el solo diligenciamiento y firma del formulario preimpreso. Reitera que, en la exégesis jurídica del juez de la alzada, no se tuvo en cuenta que hubo ausencia en el suministro de información por parte de Colfondos S.A., omitiendo su deber de asesoría al momento de producirse el traslado de régimen pensional del convocante al proceso, a quien le debieron permitir dar su consentimiento bajo la convicción de conocer las incidencias de tan importante decisión, situación que no fue correctamente interpretada por el juez plural. Indica que, contrario a lo inferido por el juzgador de segunda instancia, el engaño o vicio del consentimiento no puede estar atado al hecho de que el asegurado esté próximo a pensionarse, tenga alguna expectativa legitima de acceder a un derecho prestacional, o haya cumplido uno de los requisitos para ello o que en general, sufra un perjuicio como erradamente lo sostuvo la alzada, sino que se deriva

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Radicación n.°91242 de la falta de información y asesoría sobre las consecuencias del cambio de régimen. Expone que, si el operador judicial de segunda instancia hubiere interpretado correctamente las obligaciones de Colfondos S.A., habría encontrado que en el presente caso era evidente la ineficacia de la afiliación,

como quiera que: i) la carencia de la información generó lesiones injustificadas en el derecho pensional del demandante, causándole perjuicios, por cuanto la proyección de su mesada se vio notablemente disminuida en este régimen, impidiéndole de manera indirecta su acceso al derecho; ii) no era suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1605 del CC corresponde a las AFP allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, en las que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. Esgrime que tal deber probatorio también obedece a lo que la doctrina ha denominado «la carga dinámica de la prueba», asignada a quien tiene mayor facilidad de acceder a los medios para acreditar el hecho extrañado, «dada su proximidad a la prueba y condiciones técnicas e institucionales», que en este caso no es otro que Colfondos S.A., entidad a quien le correspondía acreditar que el traslado de régimen del accionante se realizó de manera informada con el lleno de los requisitos legales, esto es, de forma libre, espontánea y sin presiones.

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VII. LA RÉPLICA La opositora Administradora Colombiana de Pensiones presentó réplica conjunta a los dos ataques. Arguye que el tipo de información que depreca el demandante y que reprocha no haber sido entendido por el sentenciador de segundo grado solo nació a la vida a partir de la expedición

de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2441 de 2010, a pesar de que la jurisprudencia de esta corporación lo ha situado desde el primer momento, por manera que, aunque no se acompasa con la actual tesis de la Corte, la providencia de segundo grado fue acertada y la interpretación de las disposiciones normativas aplicables al caso fue correcta.

VIII. CONSIDERACIONES De lo expresado en la sustentación del ataque, la Sala advierte que lo que la censura le reprocha al colegiado desde una perspectiva jurídica, es que hubiera dejado de lado el verdadero alcance que la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia, en torno a la ineficacia del cambio de modelo pensional, cuando la decisión del afiliado no ha sido suficientemente informada, además que la administradora de pensiones no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía de brindar al promotor del proceso la debida ilustración para su traslado al RAIS.

Así las cosas, a la Sala le corresponde elucidar si el juez plural incurrió en yerro jurídico al no declarar la

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Radicación n.°91242 ineficacia del cambió de régimen del demandante; y no advertir que la sanción impuesta por el ordenamiento legal a la afiliación desinformada es la «ineficacia» o exclusión de todo efecto del traslado al RAIS; al igual de que la carga de la prueba sobre el deber de información le corresponde a la AFP demandada y no al accionante. Dada la senda directa seleccionada para orientar el ataque, no son materia de debate los siguientes supuestos de

hecho: i) que el actor nació el 7 de septiembre de 1960; ii) que al inicio de su vida laboral realizó aportes al ISS, hoy Colpensiones; y iii) que a partir del 2 de febrero de 2000 se trasladó al RAIS a través de la AFP Colfondos S.A. Pues bien, en relación con el contenido de los literales b) y e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, esta corporación ya ha manifestado su posición, es así que en sentencia CSJ SL1442-2021, que memoró la decisión CSJ SL12136-2014, asentó que la información precisa es un elemento esencial para pregonar que hubo libertad en la toma de la decisión de cambio de régimen, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de cada modelo pensional. En efecto, en aquella oportunidad dijo: A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.

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Radicación n.°91242 […] Realizar dicha tarea debe partir de elementos objetivos, esto es que la libertad en la toma de una decisión de esa índole, solo puede justificarse cuando está acompañada de la información

precisa, en la que se delimiten los alcances positivos y negativos en su adopción. […] Es evidente que cualquier determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento informado; en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que, por la trascendencia de los derechos pensionales, la información, en este caso, del traslado de régimen, debe ser de transparencia máxima. En el sub judice el juez plural argumentó que las AFP para la época del traslado de la demandante no estaban obligadas a brindar la información con el nivel de exigencia que 20 años después de expedida la legislación se ha dispuesto, cuando ya son conocidas las variables económicas sobre la rentabilidad financiera del capital acumulado y, por tanto, es posible conocer el monto de la pensión. Al respecto, resulta pertinente recordar la evolución que el deber de información ha tenido en su devenir legislativo. En la sentencia CSJ SL1688-2019, la Corte efectuó una reseña histórico-normativa, enfatizando que desde el comienzo mismo del funcionamiento del Sistema General de Pensiones, las administradoras han tenido el deber de informar con transparencia a los afiliados y a quienes potencialmente puedan serlo, respecto de todos los aspectos técnicos inherentes a los regímenes existentes, como una expresión de responsabilidad en una actividad

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Radicación n.°91242 profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de la seguridad social, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según lo dispone el

artículo 48 de la CP, siendo las dos primeras actividades mencionadas, una, la manifestación típica de la política pública y, la otra, la materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especializado para el efecto. En la referida decisión, se presenta un cuadroresumen de la evolución que ha tenido el deber de información por parte de las administradoras de pensiones, que resulta útil para comprender, se itera, que desde el comienzo del funcionamiento del Sistema tal obligación existe y que se ha ido refinando, detallando y acrecentando, con el paso del tiempo, según la sucesión normativa que se muestra: Etapa Normas que obligan a las Contenido mínimo y alcance acumulativa administradoras de del deber de información pensiones a dar información Deber de Arts. 13 literal b), 271 y Ilustración de las información. 272 de la Ley 100 de 1993 características, condiciones, Art. 97, numeral 1.° del acceso, efectos y riesgos de Decreto 663 de 1993, cada uno de los regímenes modificado por el artículo pensionales, lo que incluye dar 23 de la Ley 797 de 2003 a conocer la existencia de un Disposiciones régimen de transición y la constitucionales relativas eventual pérdida de beneficios al derecho a la pensionales. información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal. Deber de Artículo 3.°, literal c) de la Implica el análisis previo, información, Ley 1328 de 2009 calificado y global de los asesoría y buen Decreto 2241 de 2010. antecedentes del afiliado y los

consejo. pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el

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Radicación n.°91242 asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle. Deber de Ley 1748 de 2014 Junto con lo anterior, lleva información, Artículo 3.° del Decreto inmerso el derecho a obtener asesoría, buen 2071 de 2015. asesoría de los representantes consejo y doble Circular Externa n.° 016 de ambos regímenes asesoría. de 2016. pensionales. Así las cosas, no es atinada la afirmación del juez plural respecto del momento desde el cual se predica la mentada obligación, pues el núcleo del deber de información a cargo de las AFP se encuentra establecido desde su misma creación, comprendido en el marco regulatorio que la Sala distingue como la primera etapa, tal cual aparece en el cuadro que precede, pues la normativa posterior es expedida con atención a las reformas paramétricas que le sobrevienen, como la limitación de los traslados en el tiempo (Ley 797 de 2003) y la creación de los multifondos (Ley 1328 de 2009), las cuales determinaron el deber de asesoría y buen consejo, al igual que la doble asesoría (Ley 1748 de 2014). Es de señalar que las argumentaciones de la colegiatura relativas a que: i) resulta forzada la aplicación del Decreto 663 de 1993, por el hecho de que para entonces

no existían las administradoras de fondos de pensiones; ii) que el régimen sancionatorio previsto en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, dispuesto para cuando se atenta contra el derecho a la libre elección de régimen, solo puede ser aplicado por las autoridades administrativas; iii) que al ordenarse como efectos de la ineficacia de la afiliación, por

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Radicación n.°91242 incumplimiento al deber de información, el restablecimiento previsto en el artículo 1746 del CC, se produce un fraccionamiento de la disposición en contra del principio de inescindibilidad de la ley; y iv) que la consecuencia surgida de la violación al derecho a la libre elección del modelo pensional se encuentra contemplada en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, como que en tal caso se podrá hacer una nueva vinculación; son aspectos o alegaciones que ya fueron resueltos por la Corte en la sentencia CSJ SL14992022, por ende, no son de recibo, pronunciamiento en el que se adoctrinó: Tampoco tiene asidero legal ni jurisprudencial alguno, la consideración de que resulta forzada la aplicación del Decreto 663 de 1993, por el hecho de no existir las AFPs para entonces, sin que se pueda desprender se su contenido «el deber de información en asuntos pensionales, o al menos no como lo describe la jurisprudencia». En efecto, pasa por alto el colegiado que fue el mismo legislador quien en desarrollo del artículo 48 de la CP, donde se consagra que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y

control del Estado, quien estableció en el literal k) de la Ley 100 de 1993, desde su versión original, que las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del sistema general de pensiones estarán sujetas al control y vigilancia de la superintendencia bancaria, hoy financiera, quedando por supuesto las AFPs sometidas de manera au