CSJ - SL915-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL915-2023 Radicación n.° 90423 Acta 5 Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de la COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VIASERVIN LIMITADA EN REORGANIZACIÓN – VIASERVIN contra el laudo arbitral de fecha 25 de mayo de 2021, adicionado y aclarado el 9 de junio del mismo año, proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo suscitado entre el SINDICATO ÚNICO DE VIGILANTES DE COLOMBIA – SINUVICOL y la empresa recurrente.

I. ANTECEDENTES La Organización Sindical Sinuvicol presentó un pliego de peticiones a la empresa Viaservin, el cual dio origen a un proceso de negociación colectiva. Una vez activada y agotada

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Radicación n.° 90423 la etapa de arreglo directo contemplada legalmente, entre los días 29 de octubre y 19 de diciembre de 2019, las partes no lograron acuerdos respecto de los puntos materia de concertación. En virtud de lo anterior, por decisión del Sindicato, el Ministerio de Trabajo, a través de la Resolución n.º 0588 del 16 de marzo de 2021, ordenó la convocatoria e integración de un tribunal de arbitramento, con el fin de que este le diera una solución definitiva al diferendo colectivo. Una vez nombrado, los miembros del Tribunal se reunieron el 30 de abril de 2021, se dispuso su instalación

formal, escuchó la posición de las partes y les pidió toda la documentación que consideraran pertinente. Finalmente, después de las respectivas deliberaciones, emitió el laudo arbitral el 25 de mayo de 2021. Por solicitud de las dos partes, el laudo arbitral fue adicionado y complementado mediante decisión del 9 de junio de 2021.

II. LAUDO ARBITRAL El Tribunal entendió que tenía competencia para pronunciarse frente a la mayoría de las cláusulas del pliego de peticiones, con «ciertas inhibiciones», y advirtió que no mediaba causal de nulidad alguna, además de que se había cumplido el término legal para fallar, teniendo en cuenta la prórroga que le había sido concedida.

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Radicación n.° 90423 Igualmente, señaló que sus valoraciones habían estado informadas por: […] las intervenciones de las partes, así como los documentos probatorios que se aportaron en la oportunidad señalada, la normatividad vigente y los antecedentes del conflicto laboral; igualmente los relacionados con la convocatoria e integración del tribunal, la jurisprudencia relativa a la materia y, de manera primordial, el principio de equidad que debe enmarcarse al dirimir un conflicto colectivo de naturaleza económica y de intereses asociados a temas sindicales. Subrayó, en ese sentido, que su decisión estaba guiada por los principios de equidad, igualdad, proporcionalidad, razonabilidad y «[…] justicia social, proveniente o enmarcado dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social […]». Dicho lo anterior, teniendo en cuenta los términos de la

aclaración del laudo, resolvió lo siguiente: PRIMERO: INHIBIRSE con respecto a las cláusulas tercera, quinta, parágrafo de la cláusula séptima, y décima quinta del pliego de peticiones de SINUVICOL.

SEGUNDO: No conceder por improcedente las cláusulas sexta sobre préstamos por calamidad doméstica y onceava por bonificación especial.

TERCERO: CONCEDER las siguientes cláusulas del pliego de peticiones así: Cláusula primera: Garantías para la negociación del pliego de peticiones, metodología y logística. a) Permisos remunerados para la negociación: la empresa concederá permiso remunerado, a los miembros de la comisión negociadora, durante el término legal de las negociaciones del pliego de peticiones. b) Días de negociación: durante la etapa de arreglo directo, los negociadores del pliego de peticiones efectuarán cuatro

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Radicación n.° 90423 (4) reuniones semanales, con una duración de cuatro (4) horas cada una. c) Levantamiento de actas: la empresa garantizará las condiciones logísticas que permitan levantar, en tiempo real las actas completas de cada una de las reuniones realizadas. Así mismo, la Empresa asumirá todo lo relacionado con el lugar apropiado que garantice las condiciones físicas y ambientales para las reuniones de negociación del pliego de peticiones. d) Objeto: la Convención Colectiva de Trabajo suscrita, obliga por una parte a la Compañía de Vigilancia VIASERVIN

Limitada en Reorganización, entidad que para los efectos de este acto jurídico se denomina LA EMPRESA y por la otra parte a la Organización Sindical Sindicato Único de Vigilantes de Colombia – SINUVICOL, Seccional Barranquilla, entidad sindical con personería jurídica No. 02634 del 28 de julio de 1977, quien actúa en nombre y representación de los trabajadores al servicio de la empresa y que en lo sucesivo se denominara (sic) EL

SINDICATO.

Cláusula segunda. Publicación y texto. La empresa asumirá los valores que demande la publicación del texto convencional que resulte de la negociación del pliego de peticiones y, hará entrega al sindicato en total cien (100) ejemplares de folletos que contengan, en la carátula principal, los logotipos de las entidades firmantes. Cláusula cuarta. Sanciones disciplinarias, escala de sanciones y término para definir la apelación y/o reposición. Adicionar a lo establecido en la cláusula 8º del Laudo Arbitral Vigente, lo siguiente: Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarias, como lo establece el artículo 52 del Reglamento Interno de la empresa, así: a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente. b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente. c) El incumplimiento de los reportes periódicos establecidos en el monitoreo del servicio. La ocurrencia de estas faltas por primera vez tendrá como

sanción un llamado de atención por escrito, por segunda vez la suspensión por 1 día, por tercera vez tres días de suspensión y por cuarta vez se considerará falta grave. PARÁGRAFO 1. El recurso de apelación y/o de reposición, cuando sean interpuestos por el trabajador sancionado o por el Sindicato, será resuelto por quien corresponda dentro del

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Radicación n.° 90423 término perentorio de tres (3) días hábiles siguientes a la presentación. PARÁGRAFO 2. Será nula, es decir, no producirá efecto alguno, la sanción disciplinaria o despido impuesto pretermitiendo total o parcialmente lo dispuesto en la presente cláusula. PARÁGRAFO 3. PRESCRIPCIÓN DE SANCIONES. Todo antecedente disciplinario prescribirá en el término de seis (6) meses y, en consecuencia, será retirada (sic) de la hoja de vida del trabajador. Para los demás efectos seguirá rigiendo lo consagrado en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa. Cláusula séptima. Auxilios. a) Auxilio de educación: La empresa pagará a los trabajadores un auxilio anual, equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente, para hijos que estén cursando estudios universitarios, técnicos o tecnológicos en edad no superior a 25 años. b) La empresa pagará a los trabajadores que tengan hijos estudiando en instituciones de carácter privado, guardería, jardín, kínder y primaria, una suma anual equivalente a medio salario mínimo legal vigente por cada hijo.

c) La empresa pagará a los trabajadores que tengan hijos realizando estudios de secundaria o normalista, una suma anual equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente por cada hijo. d) De igual forma reconocerá medio salario mínimo legal mensual vigente, a aquellos trabajadores que se encuentren en terminación de su formación secundaria o estudios universitarios, técnicos o tecnológicos. e) Auxilio de almuerzo. A los trabajadores sindicalizados que sean citados para laborar en turnos diurnos al mediodía, la empresa los auxiliará con el equivalente a la tercera parte de un salario mínimo legal mensual vigente, o les suministrará en especie el almuerzo por cada turno laborado. f) Auxilio de matrimonio. El trabajador sindicalizado que contraiga matrimonio de acuerdo con la ley, durante la vigencia de la convención, la Empresa le concederá cuatro (4) días de permiso remunerado y un auxilio equivalente a seis (6) días de salario que esté devengando el trabajador. Cláusula octava. Prima extralegal de navidad. La Empresa pagará a sus trabajadores en el mes de diciembre de cada año, una prima extralegal cuya cuantía será igual al valor de siete (7) días de salario mínimo legal, proporcional al tiempo de servicio prestado dentro del respectivo año. Este pago se hará efectivo en la primera quincena del mes de diciembre.

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Radicación n.° 90423 Cláusula novena. Bonificación por pensión de vejez o invalidez. La Empresa pagará diez (10) días de salario mínimo legal vigente de bonificación, a todos los trabajadores que obtengan su

pensión de jubilación, como también a quienes se les otorgue la pensión por invalidez. Cláusula décima. Salarios. A partir de la fecha de la expedición del Laudo, la empresa incrementará el salario básico de los trabajadores sindicalizados en un porcentaje igual al dos por ciento (2%) sobre el salario que vienen devengando. Cláusula duodécima. Auxilio sindical. La Empresa auxiliará a SINUVICOL, a la expedición del Laudo, con cuatro y medio (4.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales se pagarán dentro de los 30 días siguientes a la expedición del Laudo. Cláusula décima tercera. Permisos y auxilios sindicales. La Empresa concederá un (1) día mensual de permiso remunerado a los integrantes de la Junta Directiva del Sindicato y la Comisión de Reclamos, para hacer reunión de la Junta Directiva. La Empresa concederá ocho (8) horas semanales de permiso remunerado, a los miembros de la Junta Directiva para realizar diligencias inherentes al Sindicato. La Empresa concederá permiso sindical remunerado a dos (2) miembros del Sindicato, para asistir a Asambleas Nacionales convocadas por la Junta Directiva de éste y a congresos citados por la Central sindical a la cual esté afiliada la organización. La duración del permiso será igual a la duración de tales eventos, más dos (2) días si son fuera de Barranquilla y la Costa Caribe y, en este caso, suministrará por su cuenta dos (2) pasajes aéreos de ida y regreso, y pagará a

cada uno de los participantes en el citado evento un auxilio diario de setenta mil pesos ($70.000.oo). El Sindicato solicitará estos permisos con veinticuatro (24) horas de antelación y por escrito, quedando comprometido a entregar el ejemplar de la convocatoria y la certificación de la respectiva asistencia. PARÁGRAFO 1. Estos permisos, en las mismas condiciones, serán reconocidos en los lugares donde el Sindicato tenga seccionales con afiliados vinculados laboralmente con la Empresa. PARÁGRAFO 2. La empresa concederá un (1) permiso sindical dentro del semestre, remunerado, a los trabajadores que el sindicato designe para asistir a cursos de capacitación sindical en las mismas condiciones que los establecidos para las asambleas y congresos sindicales.

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Radicación n.° 90423 Cláusula décima cuarta. Vigencia de la convención. La vigencia de la convención colectiva de trabajo será de un (1) año, contado a partir del día de emisión del presente Laudo Arbitral. […]

III. RECURSO DE ANULACIÓN Fue interpuesto por el apoderado de la sociedad Viaservin y concedido por el Tribunal de Arbitramento. El recurrente pide, de manera principal, la anulación total del laudo arbitral, y, de manera subsidiaria, la anulación de las siguientes disposiciones, todas contenidas en el artículo tercero de la decisión: - La cláusula primera, relativa a garantías para la negociación, metodología y logística, o, en subsidio, los

literales a) y b) de la misma disposición. - La cláusula cuarta, referida a «sanciones disciplinarias, escala de sanciones y término para resolver la apelación y/o reposición, o, en subsidio, el inciso primero y el parágrafo tercero de la misma disposición. - Los literales a) y c) de la cláusula séptima, relativos a auxilios de educación y matrimonio. En este punto entiende la Corte que se refiere es a los literales a), b), c), d) y f), que son los que consagran esos beneficios, en la forma en que fue aclarada la decisión arbitral.

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Radicación n.° 90423 - La cláusula octava, concerniente a la prima extralegal de navidad. - La cláusula décima, referente a salarios. Para justificar su solicitud de anulación, en los términos expuestos, el recurrente acude a dos tipos de argumentos: (i) uno relativo a una presunta inequidad manifiesta de las disposiciones arbitrales, en relación con la pobre situación económica de la empresa; y (ii) otro que se asienta en una supuesta falta de competencia de los árbitros para resolver frente a ciertos tópicos, por corresponder a potestades exclusivas del empleador o que, cuando menos, correspondía resolverlas por autocomposición y no por imposición arbitral. Teniendo en cuenta lo anterior, el esquema de la decisión que emitirá la Corte será el siguiente: (i) En primer lugar, se analizará la petición de anulación total del laudo, en conjunto con la que se dirige

contra los literales a), b), c), d) y f) de la cláusula séptima, relativos a auxilios de educación y matrimonio; la cláusula octava, que regula la prima extralegal de navidad; y la cláusula décima, referente a salarios, en virtud de que toda la disertación de la censura se soporta sobre el mismo argumento transversal de una inequidad manifiesta. (ii) Luego de ello, en capítulos independientes, se analizarán las peticiones de anulación de la cláusula

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Radicación n.° 90423 primera, concerniente a garantías para la negociación, metodología y logística; y de la cláusula cuarta, referida a sanciones disciplinarias, escala de sanciones y término para resolver la apelación y/o reposición, cuya argumentación se soporta en una presunta falta de competencia del Tribunal de Arbitramento. Igualmente, en cada segmento, la Corte identificará los argumentos del recurrente y los del sindicato opositor para, a renglón seguido, expresar sus consideraciones. Procede entonces la Corte a resolver el recurso, en el orden expuesto.

IV. SOLICITUD DE ANULACIÓN POR INEQUIDAD MANIFIESTA  Argumentos del recurrente Como ya se mencionó, el recurrente pide la anulación total del laudo y, en subsidio, la anulación de ciertas disposiciones específicas, por resultar contrarias a la equidad.

En lo que tiene que ver con la solicitud de anulación total, indica básicamente que la decisión arbitral resulta desproporcionado e inequitativo, de cara a la situación

económica de la empresa, y que lo más conveniente era haber mantenido los beneficios del laudo emitido el 26 de marzo de 2014.

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Radicación n.° 90423 Precisa, en tal sentido, que durante el trámite arbitral se demostraron varias situaciones relevantes, como que la compañía se encuentra en proceso de reestructuración, en los términos de la Ley 1116 de 2016; que ha estado sometida a un descenso de utilidades y a un incremento de gastos, problemas de financiación bancaria y para el pago de obligaciones laborales; y que posee grandes pasivos sociales y ante la DIAN, déficit de cartera por la pandemia desatada por el COVID 19 y falta de acceso a subsidios del gobierno nacional, entre otras. Añade que las anteriores contingencias explicaban suficientemente la posición de la empresa, encaminada a que se mantuvieran los beneficios laborales ya existentes, sin aumentarlos, a la vez que justifican la petición de anulación de la decisión arbitral por poner en riesgo la estabilidad de la empresa y sus fuentes de empleo. Aclara también que las cifras que demuestran la inequidad manifiesta no son gaseosas o poco específicas, y que, contrario a ello, está debidamente acreditado el estado de deuda de la sociedad, su dificultad para cumplir obligaciones, incluyendo las laborales, y su casi inexistente margen de utilidad. Frente a las disposiciones relativas a los auxilios de educación y matrimonio, el recurrente insiste en que la decisión resulta inequitativa. Específicamente, en torno al auxilio de educación,

señala que la mayoría de los trabajadores tiene un número

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Radicación n.° 90423 de hijos igual o superior a dos, de manera que la empresa tendría que asumir un monto de doce (12) salarios mínimos por trabajador, y seis (6) más si cada servidor decide iniciar estudios, lo que no se compadece con la situación económica de la empresa, debidamente acreditada ante el Tribunal y acompasada con su estado de reestructuración. Igualmente que, de acuerdo con los artículos 44 y 67 de la Constitución Política, el acceso a la educación es gratuita; que la decisión arbitral es por completo desproporcionada, si se tiene en cuenta que no se limitó el beneficio en función del número de hijos de cada trabajador, y porque los costos aumentarían si más trabajadores se afilian a la Organización; y, finalmente, que el Tribunal no podía variar el sentido de la cláusula al resolver la petición de aclaración. Respecto del auxilio de matrimonio, estima que el aumento del beneficio en 1 día de descanso y 3 de auxilio es desproporcionado y contrario a un juicio de necesidad, más si se tiene en cuenta que, al estar estimado en salarios mínimos, debe sufrir aumentos anuales. Frente a la prima extralegal de navidad, reitera que la decisión arbitral no consultó realmente la situación financiera de la empresa, y que el incremento de la prestación ya existente desconoce el estado de reestructuración y los problemas económicos ya mencionados. Por último, en torno a la cláusula décima, referente a salarios, precisa que al tratarse de trabajadores con salario

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Radicación n.° 90423 mínimo legal, el incremento de dos puntos dispuesto en la decisión arbitral representa un doble aumento, teniendo en cuenta el dispuesto legalmente, lo que supone una carga excesiva para la empresa, que pone en riesgo su existencia y sus fuentes de empleo.  Argumentos del opositor Indica que, contrario a lo expuesto por la censura, el Tribunal sí tuvo en cuenta la situación financiera de la empresa, como lo dejó expresamente consignado en el marco de sus consideraciones, y que, en ese sentido, resolvió otorgar mínimos beneficios a los trabajadores, para lograr la estabilidad de la sociedad y proteger las fuentes de empleo. Sostiene también que los beneficios dispuestos por el Tribunal de Arbitramento fueron mínimos, proporcionales y razonables, de acuerdo con el criterio de equidad, y que mantener simplemente los derechos reconocidos en un laudo anterior, como lo pide el recurrente, resulta contrario a los fines de la negociación colectiva. Iguales consideraciones expone en torno a los auxilios de educación y matrimonio, prima extralegal de navidad y salarios, y reitera que los incrementos dispuestos en la decisión arbitral sobre estas acreencias fueron mínimos, además de razonables, proporcionales y apegados a la equidad.

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V. CONSIDERACIONES En función de los argumentos expuestos por el recurrente, debe la Corte determinar si el Tribunal de Arbitramento desconoció abiertamente la realidad económica de la empresa y le impuso obligaciones laborales que

desbordan su capacidad financiera, de forma tal que rompen de manera grave el equilibrio, resultan abiertamente inequitativas y, por ende, deben ser anuladas. Previo a ello, la Corte considera prudente reiterar su línea de pensamiento en virtud de la cual, en ejercicio de las competencias propias del recurso extraordinario de anulación, sí es posible disponer la anulación de cláusulas de laudos proferidos por tribunales de arbitramento en el contexto de conflictos económicos o de intereses porque resulten «manifiestamente inequitativas», como lo pide la censura, eso sí, con algunas condiciones y limitaciones estrictas. En efecto, esta Sala ha estimado que la obligación primaria y fundamental de los árbitros es pronunciar una decisión en equidad, que consulte las condiciones particulares del conflicto colectivo, la realidad económica de las partes, el estado de las relaciones laborales, entre muchos otros factores, de manera que tienda a lograr la paz laboral, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, en armonía con lo establecido en el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo (CSJ SL713-2021, CSJ SL2881SCLAJPT-10 V.00 13 Radicación n.° 90423 2022, CSJ SL3251-2022, CSJ SL3384-2022, CSJ SL3646-2022, CSJ SL3842-2022, CSJ SL3848-2022, entre muchas otras). Por lo mismo, dada la naturaleza especial de los conflictos colectivos de trabajo, esta Corporación ha concebido que cuando la decisión arbitral se aparta

groseramente de aquellos factores que informan social y económicamente el conflicto colectivo, de modo que antes que lograr la paz laboral promueve inestabilidad y mayor conflictividad, además de desequilibrios e injusticias notorias, pierde los atributos propios de una resolución en equidad e incumple esa obligación primaria y fundamental del tribunal de arbitramento, por lo que deja de estar amparada por el ordenamiento jurídico. Con todo, la Corte ha sido enfática en clarificar que la potestad de anulación por esta causa es excepcional y restringida, de manera que no la autoriza para hacer un simple juicio de conveniencia sobre las cláusulas arbitrales o una revisión integral de las mismas a partir de sus propias manifestaciones de la equidad del caso concreto, pues esa es una atribución exclusiva de los árbitros. Por ello, la Corte ha precisado que la aplicación de esta causal solo es factible: […] ante la demostración de una desavenencia extrema, grosera y evidente de las determinaciones adoptadas, con los más elementales parámetros de la equidad y la justicia, de manera tal que, más allá de impulsar la armonía, el equilibrio o la coordinación económica entre las partes, se propicien estados de

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Radicación n.° 90423 inestabilidad e injusticia extrema (CSJ SL2712-2019). En la sentencia CSJ SL2881-2022 la Corte explicó ampliamente al respecto: […] la Corte ha venido insistiendo en que el concepto de equidad no tiene un contenido eminentemente aritmético, sino que además comporta otra serie de factores que deben ser

ponderados por el Tribunal de Arbitramento al tomar su decisión y que la Corte no podría controvertir, por cuanto su actuación se surte en derecho, lo que dista de los parámetros utilizados por los arbitradores, amén de que no le es dable adoptar una decisión de reemplazo, como ya se ha indicado en esta providencia. Por ello, la Sala no accede a anular una cláusula concedida por un Tribunal de Arbitramento, porque simplemente y al mero juicio del impugnante luzca inequitativa; la exigencia es muchísimo mayor y la construcción jurisprudencial y para ello ha elaborado el concepto de inequidad manifiesta, es decir, protuberante, como aquella que se sale de cualquier parámetro de racionalidad y proporcionalidad. En este punto se dijo en la sentencia CSJ SL1944-2021, memorando la CSJ SL3349-2020: Considera la Sala que la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, como lo señala la impugnación, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas. Nótese que por mayor esfuerzo que haga un Tribunal de Arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que

siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el Colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se use para observar el resultado final. Es por ello que, con miras a una posible anulación, la exigencia que ha decantado la jurisprudencia en estos casos, no es que una decisión sea inequitativa o no, sino que debe ser de tal magnitud dicha inequidad, que no quede otro remedio que calificarla de

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Radicación n.° 90423 manifiesta, es decir, que tiene tal claridad, tal grado de evidencia, que no se requiere mayor elucubración para llegar a esa conclusión. Finalmente, la Corte ha destacado que, en ejercicio de esta causal de anulación: […] para el recurrente existe una carga argumentativa y demostrativa mínima, encaminada a acreditar esa grave contravención a la equidad, de manera que no puede referirse simplemente a una abstracta, incierta y genérica crisis de la economía, la condición económica de la empresa o el valor de las concesiones. Debe demostrar, contrario a ello, que las cláusulas ponen en grave riesgo la estabilidad de la empresa, de forma tal que, en el preciso contexto en el que deben ser aplicadas, resultan sumamente inequitativas. (CSJ SL2712-2019. Ver también CSJ SL282-2021 y CSJ SL713-2021). En definitiva, para la Sala sí es posible disponer la

anulación de determinadas disposiciones arbitrales cuando resulten manifiestamente inequitativas, aunque tal potestad es excepcional y restringida, además de que debe ser debidamente argumentada y soportada probatoriamente por el recurrente. En este caso concreto, lo primero que debe hacer notar la Corte es que, en el marco de sus deliberaciones, el Tribunal de Arbitramento le solicitó a cada una de las partes la información que documentara suficientemente la posibilidad y conveniencia de establecer los beneficios consignados en el pliego de peticiones, en contraste con el estado financiero de la empresa y la viabilidad real de asumir las cargas que de allí emanaban.

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Radicación n.° 90423 Igualmente, en el momento de proferir el laudo arbitral, el Tribunal ciertamente analizó y tuvo en cuenta la información relativa a la situación económica y financiera de la compañía, específicamente en cuanto a su estado de reestructuración, las dificultades de flujo de caja, el descenso de utilidades y las contingencias derivadas de la pandemia desatada por el COVID-19, fin para el cual mencionó documentos como los estados financieros de los años 2017 a 2020, los autos emitidos por la Superintendencia de Sociedades en el proceso de reestructuración, dictámenes de revisoría fiscal y algunos certificados sobre deudas e incrementos salariales, que son precisamente los que considera desconocidos el recurrente. Adicionalmente, el Tribunal le dio relevancia a ciertos factores, como la existencia de una convención colectiva de trabajo previa; la vigencia de un reglamento interno de

trabajo; un número de 12 trabajadores sindicalizados involucrados en el proceso de negociación, de un total de más de 600; y, específicamente, para las cláusulas de contenido económico, la variación anual del IPC certificada por el DANE y las reglas derivadas de la jurisprudencia de esta Corporación. Con base en todo ello, sustentó sus determinaciones económicas de la siguiente forma: […] desde un análisis basado en la razonabilidad, proporcionalidad y equidad, esta Corporación encuentra suficiente para el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, sin afectar la sostenibilidad de la empresa, más aún en el marco de la crisis actual por la difícil situación económica que se ha agudizado por la pandemia del COVID-19, por la que atraviesa y seguirá enfrentando el país en adelante,

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Radicación n.° 90423 que no ha sido ajena a la empresa, pues también se ha visto afectada y ha respondido ante esto, como se refleja en la situación financiera y laboral expuesta ante este Tribunal. Al respecto, se evidenció que durante este período la compañía sufrió una leve disminución de utilidades netas por la ejecución del objeto social y, a su vez, un incremento ligero de los pasivos totales y la deuda financiera. De lo expuesto, este Tribunal colige la necesidad de mantener en su mayoría los costos laborales actuales en la resolución del presente conflicto colectivo, como también por Justicia, otorgar mínimamente beneficios económicos en virtud del principio de progresividad y no regresividad, esto, buscando el equilibrio que genera estabilidad y subsistencia de la fuente de empleo a los

trabajadores sindicalizados de SINUVICOL, pues conceder un aumento desproporcionado de los mismos generaría afectaciones que difícilmente podría superar VIASERVIN en Reorganización […] (Subraya la Sala). Esto es que, en definitiva, el Tribunal sí tuvo en cuenta la situación financiera de la empresa, en el momento de proferir su decisión, y trató de reconocer algunas mejoras mínimas de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados, buscando siempre el equilibrio y la estabilidad. En contraste con ello, el recurrente le reclama a la Corte de manera genérica el desconocimiento de la realidad económica de la empresa, que, como ya se vio, sí fue tenida en cuenta por el Tribunal, sin explicar de manera clara y concreta en qué medida se podría afectar el equilibrio financiero en grados abiertamente desproporcionados y ajenos a los propósitos de la negociación colectiva. En esa medida, la censura incumple con las cargas argumentativas y demostrativas que ha construido la jurisprudencia para justificar la causal de anulación por inequidad manifiesta.

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Radicación n.° 90423 En efecto, a pesar de que los documentos allegados al trámite arbitral que resalta el recurrente, como los estados financieros de 2016 a 2020, los autos de la Superinte