CSJ - SP086-2024(59622)

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado Ponente SP086-2024 Radicación No. 59622 (Acta No.008) Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024). ASUNTO Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el Procurador 87 Judicial Penal II de Villavicencio contra la sentencia de segunda instancia proferida el 2 de diciembre de 2020 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, por medio de la cual confirmó, con modificaciones, el fallo emitido el 9 de octubre de 2018 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado, también de esa capital departamental, que declaró penalmente responsable a JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN del delito de concierto para delinquir agravado. HECHOS Entre los años 1999 y 2006 la agrupación armada ilegal Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante, AUC) tuvo CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN influencia en los departamentos del Meta, Casanare y Guaviare, a través de sus bloques Héroes del Llano y Héroes del Guaviare. En el último año en cita, y en virtud de negociaciones adelantadas con el Gobierno Nacional, tal agrupación convino su desmovilización colectiva, reconociendo a Manuel Jesús Pirabán1 y a Pedro Oliverio Guerrero Castillo2 como sus miembros representantes, quienes, para tal efecto, suministraron una lista de sus integrantes, dentro de la cual figura JORGE ANDRÉS

MONTOYA DURÁN3.

ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 1.- Con ocasión de lo anterior, la fiscalía dispuso, el 3 de abril de 2006 y bajo el rito de la Ley 600 de 2000, la apertura de investigación previa. En la misma resolución ordenó escuchar en diligencia de versión libre a JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN. 2.- El 7 de los mismos mes y año, ante la Fiscalía Quinta Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se suscribió “acta de entrega voluntaria”, en la que MONTOYA DURÁN expresó su deseo de reincorporarse voluntariamente a la vida 1 Mediante Resolución 076 de marzo 31 de 2006 de la Presidencia de la República, fols. 2 y 3 del c.o. 1. 2 Mediante Resolución 077 de marzo 31 de 2006 de la Presidencia de la República, fols. 4 y 5 ibidem. 3 Fols. 7 y ss. ibidem. 2 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN civil por su pertenencia al bloque Héroes del Llano de las AUC. Así mismo, se recibió su diligencia de versión libre4. 3.- El 2 de diciembre de 2014, la Fiscalía 107 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio decretó la apertura de instrucción y, al mismo tiempo, escuchar en indagatoria a MONTOYA DURÁN5. 4.- Como no fue posible ubicar al mencionado para tal

efecto, otra fiscalía, a la que se le reasignó el asunto, lo declaró persona ausente mediante resolución de enero 15 de 20186. 5.- El 30 de enero de igual anualidad, el ente acusador resolvió la situación jurídica del vinculado con medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado (artículo 340-2 del C.P.). En la misma determinación, decretó la prescripción de la acción penal por los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores7. 6.- El 8 de marzo de 2018, tras hacerse efectiva la orden de captura que pesaba en su contra, se recibió en indagatoria a JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN. En su desarrollo, expresó su deseo de acogerse a la figura de 4 Fol. 12 y 13 ibidem. 5 Fol. 67 y ss. ibidem. 6 Fols. 159 y ss. ibidem. 7 Fols. 170 y ss. ibidem. 3 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN sentencia anticipada8. Ese mismo día, el ente acusador accedió a la solicitud elevada por el defensor del procesado de revocar la medida de aseguramiento en su contra9, a la vez que se suscribió el acta de formulación de cargos con fines de sentencia anticipada en la que MONTOYA DURÁN aceptó el cargo atribuido por el delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340-2 del C.P.,

modificado por el 8° de la Ley 733 de 200210. 7.- El 9 de octubre ulterior, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, en correspondencia con lo aceptado por el procesado, profirió sentencia anticipada por medio de la cual lo condenó a las penas principales de 52 meses de prisión y multa de 1.333,33 SMLMV y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena aflictiva de la libertad y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el término de 1 año. No lo condenó al pago de perjuicios y le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria11. 8.- Contra esta determinación, la defensa del procesado y el agente del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, que resolvió el Tribunal Superior de Villavicencio el 2 de diciembre de 2020, modificándolo “en el sentido de imponerle cuarenta y ocho (48) meses de prisión, multa de mil 8 Fols. 190 y ss. ibidem. 9 Fols. 204 y ss. ibidem. 10 Se dejó consignado en el acta que se aplicaba esta última norma en virtud del principio de favorabilidad de la ley penal. 11 Fols. 15 y ss. del c.o. 2. 4 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de

derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad”. 9.- Inconforme con la última decisión, el representante de la sociedad promovió recurso extraordinario de casación. Admitido el libelo presentado con el objeto de sustentarlo, se surtió traslado legal al Procurador Delegado para la Casación Penal para la emisión del respectivo concepto. LA DEMANDA Contiene tres cargos. En el primero, con carácter principal, denuncia la violación directa de los artículos 29 de la Constitución Política y 6° de la Ley 600 de 2000, por falta de aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004. En sustento, afirma que en este caso se desconoció el principio de favorabilidad de la ley penal, aplicable aun cuando se trate de ordenamientos procesales coexistentes, como la Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, y constituyan sistemas de enjuiciamiento disímiles, en cuanto tengan institutos asimilables, como sucede con “las causales de libertad provisional por vencimiento de términos o la aceptación unilateral de cargos, que es llamada por la Ley 600 5 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN como sentencia anticipada o allanamiento a cargos en la Ley 906”. Y es precisamente a estas dos últimas figuras a las que hace alusión, pues, de acuerdo con el artículo 40 del primer estatuto, se concede un descuento de hasta una tercera parte de la pena para quien en la fase instructiva acepte unilateralmente los cargos, mientras que el 351 del segundo

ordenamiento ofrece, por esa misma situación, un descuento punitivo que puede ser de hasta la mitad, por lo que al rompe se vislumbra la aplicación favorable del segundo, máxime cuando son figuras equiparables, pues guardan rasgos esenciales comunes que se traducen en la voluntad del procesado de terminar tempranamente el proceso penal que se sigue en su contra, amén de que “no se trata del producto de una negociación con su contraparte sino la decisión natural y libre del sujeto pasivo de la acción penal por resolverse la controversia que lo tiene judicializado”. Tal línea de pensamiento, además, fue la que acogió la Corte Constitucional, como así lo plasmó, por ejemplo, en la sentencia T-091 de 2006, en la que realizó un amplio análisis de dichos institutos para concluir que son análogos y, por ende, aplicable por favorabilidad el artículo 351 de la Ley 906, luego de advertir que uno y otro no solo tienen una misma naturaleza y características, sino que también responden a un mismo objetivo político criminal “al punto que su verificación por la autoridad judicial es la misma, verbigracia, establecer si existe un mínimo probatorio sobre la 6 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN comisión de la conducta punible ora determinar que fue libre, consciente y voluntaria su manifestación de voluntad unilateral de cargos y, finalmente, establecer si se produjo o no vulneración de derechos fundamentales”. La contundencia de la anterior argumentación, además, fue determinante para que la Sala de Casación Penal decidiera replantear su tesis en decisión de abril 8 de 2008,

rad. 25306, conviniendo en que las dos figuras en cuestión son equiparables, dado que entre el justiciable y el cuerpo persecutor del Estado no media ningún consenso de cara a la aceptación de su responsabilidad penal y la imposición de la sanción depende del juez, quien la fijará dentro de los marcos de movilidad que la ley establece. Por otro lado, el hecho de que los institutos aparezcan en dos esquemas jurídicos con bases filosóficas opuestas no desnaturaliza su esencia, puesto que no se exige su identidad absoluta sino que resulten compatibles. Así, en la sentencia anticipada es el fiscal quien propicia la imputación fáctica y jurídica, la cual puede ser aceptada por el sindicado durante la indagatoria y hasta antes de la ejecutoria del cierre de investigación, similar a lo que ocurre en la audiencia de formulación de imputación del sistema acusatorio, donde previa atribución fáctica y jurídica del fiscal, el juez de control de garantías interroga al implicado sobre si acepta o no los cargos. 7 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN Reitera así que, independientemente del régimen procesal, la decisión de aceptar los cargos no es producto de acuerdo o negociación, sino que está cimentada en la autonomía exclusiva del sindicado o imputado, lo cual implica, de no seleccionarse la disposición más benigna, la vulneración del principio de favorabilidad por inaplicación del artículo 351 de la Ley 906, debiéndose para este caso tener en consideración la oportunidad procesal en que

MONTOYA DURÁN aceptó la responsabilidad por el reato atribuido, esto es, en la diligencia de indagatoria. La escogencia de la disposición más benigna, a su turno, también procede como consecuencia de una interpretación pro homine, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a partir de la cual, para el caso concreto, es preciso acudir a la norma que entró en vigencia en el distrito judicial con posterioridad a los hechos jurídicamente relevantes materia de este asunto, como quiera que el sistema penal acusatorio empezó a regir allí hasta el 1° de enero de 2007. Rememora, así mismo, que para el presente evento la inaplicación del incremento general punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 no se produjo en virtud del principio de favorabilidad, sino en cumplimiento del principio de legalidad estricta, ya que, como antes lo indicó, para la fecha de los hechos no había entrado a regir el sistema penal acusatorio en el distrito judicial de Villavicencio, según quedó evidenciado en la diligencia de formulación de cargos 8 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN para sentencia anticipada, de modo que “no se está generando una inequidad para quienes han sido juzgados con ocasión al régimen procesal de la Ley 906 de 2004, ya que se centra en episodios temporales distintos”. En esa medida, el censor encuentra que las sentencias de instancia incurrieron en error al no escoger la disposición que representaba mayor descuento punitivo para el procesado ante su aceptación unilateral de cargos, situación

que debe corregirse a través del presente recurso, ciñéndose a lo también establecido en la sentencia T-1056 de 2007, pues con ello no solo se impuso una pena mucho mayor a la que el implicado debería ser condenado, sino que tampoco tuvo opción de aspirar a la suspensión de la ejecución de la pena. Por lo expuesto, advierte que se configuró una afrenta al debido proceso, por desconocimiento del principio de favorabilidad, más aún cuando para este caso ello también trajo como consecuencia que el procesado no fuera sometido a tratamiento penitenciario, porque lo que aparece demostrado en la actuación es que luego de desmovilizarse ha estado al margen del crimen, dedicado, según su propio dicho, a actividades agrícolas, sin que obre prueba en contrario, aunado a que ha evidenciado su colaboración con la justicia desde el comienzo del trámite admitiendo su responsabilidad. 9 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN En los términos expuestos, solicita casar parcialmente el fallo y, en su lugar, sea aplicada la rebaja de pena del artículo 351 de la Ley 906 y, de otra parte, revisar lo relacionado con la concesión del subrogado penal previsto en el artículo 63 del estatuto sustantivo vigente para la época de los hechos. En el segundo cargo (primero subsidiario), a su vez, denuncia la violación directa de las mismas normas sustanciales (artículos 29 de la Constitución Política y 6° de la Ley 600 de 2000) pero, a diferencia del reparo anterior, por

interpretación errónea del artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Al respecto, empieza por recordar que los juzgadores de instancia denegaron la aplicación de esta última norma basándose en el cambio jurisprudencial que sobre el punto adoptó la Sala de Casación Penal. En efecto, mientras el a-quo adujo el acatamiento del proveído SP436-2018 (rad. 51833), donde se impide la aplicación del principio de favorabilidad en razón a que la sentencia anticipada y el allanamiento a cargos son institutos jurídicos procesales de diferente naturaleza filosófica, recuperándose la postura adoptada en las decisiones del 23 de agosto y 14 de diciembre de 2005, dentro de los radicados 21954 y 21347, respectivamente, la segunda instancia sustenta su decisión acorde con la fundamentación de la sentencia SP379-2018 (rad. 50472), resaltando que es admisible el descuento punitivo previsto por el artículo 351 exclusivamente para episodios donde la aceptación de cargos 10 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN para sentencia anticipada se haya producido con posterioridad al 21 de febrero de 2018, máxime cuando no se le dedujo el aumento punitivo contemplado en la Ley 890 de 2004, por lo que no hay ninguna situación de desigualdad. En ese orden, para el demandante el punto de interés estriba en si la interpretación que hicieron los juzgadores resultó acertada o, por el contrario, es equivocada, dado que no tuvieron en cuenta otras circunstancias incidentes dentro

de la actuación que conducen a la improcedencia de la subregla jurisprudencial pretextada. Lo anterior, aclara, al margen de la postura actual de esta Corte decantada en la sentencia SP379-2018, referente a que debe aplicarse el incremento punitivo que trae el artículo 14 de la Ley 906 de 2004 (sic)12 no solamente para los aforados juzgados por la Ley 600 de 2000, sino también para los no aforados cuya situación se rija bajo ese mismo sistema normativo, con la finalidad de evitar un trato diferenciado para quienes son destinatarios del sistema penal acusatorio, luego de haber admitido, para eventos cobijados por la segunda normatividad, la aplicación de beneficios por colaboración de la Ley 906, porque ello generaría una situación de desigualdad injustificada al mantenerse ese aumento de penas para los primeros. A partir de lo anterior, aduce que la subregla creada por la Corte en la decisión SP436-2018 no gravita en si el 12 En realidad refiere a la Ley 890 de 2004. 11 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN allanamiento a cargos es un acuerdo o una negociación y, por esa razón, ninguna discusión emerge sobre su semejanza con el instituto de la sentencia anticipada, pues su ratio decidendi apunta a preservar la equidad entre los destinatarios de los dos coexistentes modelos procedimentales penales, inferencia que se obtiene cuando admite la aplicación de los mecanismos que trae el sistema penal acusatorio y que obviamente son más beneficiosos

para los procesados por la Ley 600. En consecuencia, dicha sentencia no derrumba la contundente argumentación que abordaron la Corte Constitucional y esta Corte en su momento acerca de que son dos institutos análogos. Si la ratio decidendi de esa determinación va dirigida a la aplicación de la Ley 890 de 2004 para todas las personas que delincan con posterioridad a la entrada a su vigencia, ninguna injerencia o repercusión puede ello tener en la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 para quienes han sido juzgados por la Ley 600 de 2000, máxime cuando la misma sentencia así lo habilita y, porque su aplicación está fundamentada en una variable del derecho fundamental del debido proceso, como lo es el principio de favorabilidad. De esta manera, cuando el Tribunal refiere a esta sentencia como fundamento de su proveído, se circunscribe a un aspecto que no la gobierna. De ahí que aun cuando dicha determinación sí hizo la precisión de que el cambio de precedente operaba con posterioridad al 21 de febrero de 2018, e inclusive dio cuenta 12 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN sobre la oportunidad procesal en que debía tomarse para tal efecto, no otro que el momento de la aceptación de cargos para sentencia anticipada, ese límite no hacía referencia a la improcedencia respecto a la aplicación por favorabilidad del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, sino para el incremento de la pena previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Tampoco considera el libelista que sea posible aplicar la

solución que ofrece la sentencia SP095-2020 (rad. 51795) al caso concreto, pues esta decisión es posterior a la fecha en que el procesado se sometió a sentencia anticipada, es decir, al precedente jurisprudencial que estaba vigente, o sea, SP379-2018. De cualquier forma, aduce que la línea jurisprudencial no está del todo consolidada y, en ese sentido, la interpretación que debió haberse efectuado sobre la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 debe estar dirigida a beneficiar al procesado acorde con el principio de favorabilidad y no a perjudicarlo como en efecto sucedió, ignorándose el principio pro homine acogido por la Corte Constitucional, en coherencia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, conforme se indicó en la sentencia C-042 de 2017. De esta manera, estima palmar la violación del principio de favorabilidad a partir de una interpretación equivocada y descontextualizada que efectuó la corporación de segunda instancia sobre la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 13 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN de 2004, toda vez que su fundamentación se distanció de la subregla que estaba vigente para el momento en que el procesado se acogió a la sentencia anticipada. Por lo anterior, reitera la solicitud del primer cargo, pues MONTOYA DURÁN fue condenado a una pena muy superior a la que le correspondía, dado que la definición del tipo penal (concierto para delinquir agravado) sin el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004,

fue obra de la Fiscalía General de la Nación cuando definió su situación jurídica en providencia del 30 de enero de 2018, es decir, cuando era absolutamente procedente la rebaja de pena por allanamiento a cargos para quienes estaban siendo juzgados por la Ley 600 de 2000 y se acogieron a sentencia anticipada, sin que fuera procedente, por ende, el incremento de pena del artículo 14 de la Ley 890 a que se ha hecho mención. En el tercer cargo (segundo subsidiario), para finalizar, plantea la violación indirecta de los artículos 29 constitucional y 6° de la Ley 600 de 2000 por error de hecho derivado de falso juicio de existencia. Lo anterior, sostiene, por haberse omitido valorar las pruebas que acreditaron la posición unívoca que asumió el acusado, desde su misma génesis, de obtener la terminación anticipada del proceso, así como las pruebas que demostraban las vicisitudes que impidieron su oportuna tramitación y que son atribuibles en gran medida a la Fiscalía 14 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN General de la Nación, con lo que se inaplicó la subregla prevista en la sentencia SP379-2018 relativa al término que se otorgaba para emplear dicho precedente y, por contera, hubiera permitido la utilización de la línea jurisprudencial anterior que posibilitaba la aplicación del principio de favorabilidad de la mejor rebaja de pena consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 para los procesos de Ley 600 cuando obraba sentencia anticipada. Tras evocar los alcances de la sentencia SP379 de 2018,

afirma que el juzgador de segundo grado solamente se valió de la fecha en que se celebró la diligencia de aceptación de cargos para sentencia anticipada con el fin de llegar a la conclusión de que no podía aplicarse la línea jurisprudencial anterior, pero, con ello, desechó el argumento que el libelista propuso como apelante en aras de obtener la aplicación del artículo 351 de la Ley 906, dado que nunca valoró los medios probatorios con los que se acreditaba que el procesado había aceptado la comisión del ilícito desde que rindió versión libre una vez producida su desmovilización de las AUC, es decir, desde el 7 de abril de 2006, así como distintas circunstancias temporales, modales y espaciales que soportaban su narración fáctica, tales como el remoquete con el que era llamado dentro de la estructura, su posición o rango, el nombre de sus comandantes y el uso de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, al igual que los lugares donde permaneció y el tiempo que estuvo en la organización. 15 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN Desde esa misma fecha, entonces, la Fiscalía contaba con un abundante caudal probatorio para disponer la apertura de la investigación e, inclusive, para calificar el mérito sumarial, en cuanto ya estaba debidamente identificado el imputado, y si para esa época hubiera estado habilitada la sentencia anticipada, la actuación habría concluido imponiéndole al procesado una pena sin el incremento de la Ley 890 de 2004 e, igualmente,

beneficiándole del máximo descuento punitivo que ofrecía el ordenamiento jurídico por aceptación unilateral de cargos, que era hasta de un 50%, en aplicación del principio de favorabilidad, cuya línea ya era aceptada por la Corte Constitucional y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. En ese orden, se pretermitió valorar la versión libre rendida por el procesado, que advertía muestras de compromiso sincero por parte del procesado encaminadas a la terminación anticipada de la actuación judicial, así como la existencia de obstáculos que impidieron la buena marcha de la actuación, los cuales fueron ajenos a su voluntad, al punto que solo hasta el 2 diciembre de 2014 (más de 8 años después) se inició formalmente la instrucción, pero más allá de las demoras en que pudo encontrarse la Fiscalía General de la Nación con la problemática derivada de la tipificación de ese comportamiento como sedición y su implicación procesal, no podía activarse antes el mecanismo porque no se había surtido la diligencia de indagatoria, cuya valoración también fue omitida por el ad quem. 16 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN Durante ese interregno, insiste, la Fiscalía se limitó a la recopilación de algunos medios probatorios, entre ellos verificaciones de antecedentes judiciales y seguimiento a la hoja de ruta ante la Agencia Colombiana para la Reintegración, así como a la búsqueda del justiciable, actuar que aparece documentado en los informes de policía judicial No. 50-4240 de 11 de junio de 2013, 50-91119 de 10 de

diciembre de 2014 y 1141649 de 3 de julio de 2015, “que tampoco fueron examinados por la segunda instancia pero que ofrecen un valor suasorio importante de cara a la formulación del cargo, pues simplemente emergen la práctica de pesquisas desde la oficina y que están reducidas a las respuestas que le otorgaban las empresas de comunicaciones ora llamadas telefónicas intranscendentes”. El mismo ente acusador, por su lado, tampoco fue lo suficientemente diligente en pro de ubicar al implicado, pues lo obrante en la actuación es que en decisión del 19 de diciembre de 2017 (3 años después) insistió en escucharlo en indagatoria, para lo cual libró orden de captura, pero que, al no cristalizarse, dispuso su vinculación mediante declaratoria de persona ausente, tras lo cual resolvió situación jurídica el 30 de enero de 2018 con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la que se hizo efectiva con su captura producida el día 8 de marzo de 2018, e inmediatamente se le recibió indagatoria, en la que MONTOYA DURÁN sostuvo su propósito de colaboración, brindando mayor información de la estructura criminal a la cual perteneció, pero principalmente manteniendo firme el propósito expresado 11 17 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN años atrás de terminar tempranamente la actuación, y para ello se acogió en el acto a sentencia anticipada, diligencia que se realizó ese mismo día, sin que aparezca precisado en dicha

acta que le hubiera sido informado el alcance de la subregla de la jurisprudencia de 21 de febrero de 2018. De lo expuesto emerge que, si hubiera existido mayor diligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación, no se estaría ante el actual escenario, ya que se habría proferido sentencia anticipada por acogimiento a este instituto con anterioridad al 21 de febrero de 2018, verbigracia, cuando estaba vigente la línea jurisprudencial aludida, porque para el caso también se debe tener en consideración que no puede ser de igual ponderación la situación de un procesado que es reticente a la investigación y en las postrimerías de su cierre busca la sentencia anticipada, de quien como MONTOYA DURÁN siempre estuvo presto a cooperar con la administración de justicia, mas todo ello no fue objeto de reflexión por el sentenciador, en detrimento del principio de favorabilidad para acceder a un mejor descuento punitivo. En consideración a lo anterior, depreca corregir el yerro del ad quem y se examinen las circunstancias señaladas “que permiten significar que no podía aplicarse los efectos de la sentencia SP379-2018 sino de la línea jurisprudencial anterior que obviamente le resulta más benigna acorde a las razones ya expuestas”, por lo cual solicita que se case parcialmente la sentencia impugnada y, en su lugar, sea aplicada la rebaja de pena que contempla el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Así mismo, como también lo pidió en los cargos anteriores, 18 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622

JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN se otorgue a JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN la suspensión condicional de la ejecución de la pena. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTE ESTA SALA: Dentro del traslado legal respectivo, el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal conceptuó que la sentencia impugnada debe ser casada. En tal sentido, estimó necesario referir, inicialmente, a la determinación del régimen procesal aplicable al caso concreto. Al respecto, evocó que, según lo que manifestó el procesado en su versión libre y luego en la indagatoria, hizo parte de las AUC por un término de 15 meses aproximadamente hasta cuando se produjo la desmovilización colectiva en diciembre de 2006. De acuerdo con ello y en tanto esa afirmación no ha sido desvirtuada, se tiene que integró esa agrupación desde el mes de septiembre de 2005 hasta el mes de diciembre de 2006. Significa lo anterior que, a su juicio, el artículo 351 de la Ley 906 era plenamente aplicable al caso, puesto que se produjo una aceptación de cargos respecto de hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, como así lo prevé el artículo 5 de la Ley 1224 de 2010. Sin embargo, encuentra que la fiscalía soslayó esta situación e impulsó la acción penal por el régimen de la Ley 600 de 2000, el cual resulta mucho más gravoso para el procesado “pues pasaría 19 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN de un beneficio ante la deposición de armas, y retorno a la

vida civil de hasta la mitad (1/2) de la pena imponible, hasta máximo una tercera (1/3) parte de la misma”. Desde ese punto de vista, encuentra que la discusión no versa sobre el principio de favorabilidad, porque es claro que “debía ser procesado por la ley vigente al momento de los hechos (septiembre de 2005), es decir con la Ley 906 de 2004”, acorde con el principio de irretroactividad de las normas. Pese a lo dicho, afirma que aún si se aceptara que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 600 de 2000 “tampoco le sería aplicable el descuento que se predica en el artículo 40 ibidem”. En tal dirección, considera que los cargos primero principal y primero subsidiario de la demanda deben prosperar, por lo que asume su estudio coetáneo habida cuenta que son análogos. Desde esa perspectiva, afirma que la interpretación del ad quem evidencia una transgresión tanto del debido proceso como del principio de favorabilidad, porque si bien los estatutos procesales de la Ley 600 y de la Ley 906 “obedecen a un filosofía diametralmente diferente”, también lo es que en determinadas situaciones se podrá dar uso a las figuras de la retroactividad o ultraactividad, en caso de que la norma en 20 CUI 50001310700420180009201 Casación 59622 JORGE ANDRÉS MONTOYA DURÁN concreto, diferente a la vigente al momento de los hechos, sea más favorable al procesado. En este caso encuentra que el procesado siempre expresó su intención de aceptar cargos, desde el mismo momento en que rindió versión libre el 7 de abril de 2006, lo

cual apareja una rebaja de pena que depende del momento en que se realice. Acto seguido, pregona que tanto la sentencia anticipada como l