CSJ - SP1119-2024(61501)

Republica de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casacion Penal

MYRIAM AVILA ROLDAN

Magistrada Ponente SP1119-2024 Radicación n. 61501

CUI: 68081600000020190015901

Aprobado acta n. 114 Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Corte dicta sentencia de casación, en respuesta a la demanda formulada por el representante de la víctima

(Ecopetrol S.A.) contra la sentencia del 13 de enero de 2022, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. Mediante esa decisión, se confirmó la condena impuesta a FERNANDO MAURICIO SALAMANCA PINZÓN, a quien el Juzgado Primero Penal Especializado del Casacion Radicado n. 61501

C.U.I: 68081600000020190015901

FERNANDO SALAMANCA PINZÓN Circuito de esa ciudad declaró responsable como autor de receptación -de hidrocarburos-.

II. HECHOS

1. Según la sentencia de segunda instancia, el 14 de marzo de 2019, a las 14:00 horas aproximadamente, en la Vía Panamericana, a la altura de La Lizama -lugar con coordenadas N° 07° 0741.2" WO073°34'18.5-, agentes de policía ejercían labores de control a vehículos que transportan hidrocarburos. En ese marco, requirieron al conductor del tractocamión de placa XMD-250!, quien se identificó como Daniel Arley Sánchez Rendón y, al ser interrogado por la

sustancia que transportaba, refirió “que era aceite residual’, lo cual soportó con un manifiesto de carga en ese sentido.

2. No obstante, los policías inspeccionaron la cisterna del automotor y, por su experiencia, sospecharon que podría ser crudo. Aplicada una prueba de identificación se corroboró que era crudo puro (11.000 galones), transportado sin la respectiva guía. Al lugar llegó FERNANDO MAURICIO SALAMANCA PINZÓN, quien se identificó como el único propietario de dicha sustancia, que fue incautada.

III. ACTUACIÓN PROCESAL PERTINENTE

3. Por los referidos hechos, el 22 de octubre de 2019, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja se formuló imputación al señor SALAMANCA PINZÓN como posible autor de receptación (art. 327 C del C.P.), cargo que aquél aceptó en esa audiencia. ! Color rojo oscuro, marca Freightliner, línea CL-120, modelo 2008, número de motor 79274072, serie y chasis número 3AKJA6BG68DZ55802, con remolque de placa R40467, marca auto chasis, modelo 2006.

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN

4. El 25 de noviembre de 2020, tras verificar los presupuestos legales para condenar, el Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito de Bucaramanga declaró responsable al acusado por el mencionado delito. En consecuencia, le impuso las penas de prisión e inhabilitación

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 36 meses, más la de multa en cuantía de 500 s.m.l.m. Por otra parte, concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 48 meses.

5. En respuesta al recurso de apelación interpuesto por representante de la víctima, mediante la sentencia ya referida el tribunal confirmó el fallo de primera instancia?.

6. Dentro del término legal, el prenombrado sujeto procesal interpuso el recurso extraordinario de casación y allegó la respectiva demanda, admitida para estudio de fondo. Cumplido el trámite de sustentación con pronunciamiento del censor, de la Fiscal 2 delegada ante la Corte y de la Procuradora 2 delegada para la Casación Penal, la Sala procede a dictar la respectiva sentencia.

IV. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DE SUSTENTACIÓN 4.1. Cargo propuesto por el censor.

7. El demandante denuncia la violación directa de la ley sustancial, con fundamento en dos reproches: ? De otro lado, ante la ausencia de investigación por la presentación de un manifiesto falso, compulsó copias de la actuación a fin de que se investigue la posible comisión de un delito contra la fe pública. 3 Según constancia secretarial del 28 de julio de 2022.

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN 7.1. En primer lugar, sostiene, el ad quem aplicó indebidamente los arts. 94 y 349 del C.P.P., producto de la errónea interpretación del art. 351 ídem. En suma, al

sentenciado le fue concedido el máximo descuento punitivo (50%) bajo una premisa errónea, a saber, que no existió incremento patrimonial, pero tal aserto es equivocado por sustentarse en la confusión entre el concepto de “incremento patrimonial” y el de “perjuicios”. Lo cierto es que, como lo reconoció el tribunal, el procesado no efectuó gestión alguna para reparar los perjuicios causados a Ecopetrol con su conducta típica. 7.1.1. En el traslado del art. 447 del C.P.P., prosigue, la víctima advirtió que el acusado no acreditó gestión o verificación alguna para conocer la existencia y, en caso dado, el pago de daños causados con el injusto. Tal aspecto, enfatiza, es necesario para cumplir uno de los diversos requisitos o criterios en procura de lograr el mayor descuento por el allanamiento a cargos, así como honrar una de las finalidades del art. 348 ídem, extensivo a los allanamientos. Empero, el a quo concedió el 50% de rebaja y así lo validó el ad quem, con fundamento en una premisa desatinada, pues debiendo evaluar gestiones indemnizatorias, aludió a la figura del incremento patrimonial. 7.1.2. Ese errado marco de análisis, subraya, desconoce las precisiones efectuadas por la jurisprudencia en punto de la naturaleza y los efectos que, en el debido proceso abreviado, tienen los institutos de los perjuicios y del incremento patrimonial. Según la CSJ SP 14496-2017, rad. 39.831, el reintegro de ese aumento ilícito de patrimonio

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN concierne a la procedibilidad del preacuerdo o allanamiento, mientras que la indemnización de los perjuicios incide en la determinación del porcentaje de rebaja de pena. 7.1.3. Incluso, puntualiza, prevalido de tal yerro interpretativo, el tribunal reprocha injustamente a la víctima la “ausencia de valoración concreta -no abstractade los perjuicios”, atribuyéndole equivocadamente una carga que no le correspondía en esa etapa procesal, siendo exclusivamente del interesado en el beneficio. Además, bajo ese reproche escinde el instituto de perjuicios con el del incremento patrimonial, para finalizar “desechándolo por ausencia de este último”. 7.1.4. La valoración del criterio modulador de la rebaja, prosigue, tiene lugar antes de la emisión de la sentencia. De ahí que, siendo anterior al incidente de reparación integral, no puede estar atado a exigencias a la víctima en demostración de estos, por tratarse de una carga del interesado en ganar el descuento. Por ello, la valoración debía concretarse en verificar si el procesado acreditaba alguna gestión efectiva sobre el particular, por ejemplo, elevar solicitudes a la víctima, realizar pagos o llegar a acuerdos, mas los juzgadores de instancia en modo alguno valoraron la actitud del procesado frente a la reparación de los perjuicios y, en todo caso, aquél no acreditó gestión alguna en ese sentido. Por consiguiente, el reconocimiento del 50% de rebaja deviene injustificado y es injusto.

7.2. Adicionalmente, denuncia la “interpretación errónea” del art. 68 A inc. 2° del C.P., yerro que devino en la 4 A punto tal que, enfatiza, su omisión comporta la improbación del preacuerdo o la negativa del allanamiento (CSJ AP2113-2020, rad. 56.903 y AP1906-2020, rad. 56.254). Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN indebida concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por “exclusión evidente” del delito de receptación, previsto en el art. 327 C ídem, del listado de conductas punibles en relación con las cuales está prohibida la concesión de subrogados. 7.2.1. El criterio de los juzgadores de instancia, al considerar que el art. 68 A inc. 2° del C.P. alude únicamente al delito de receptación tipificado en el art. 447 ídem, a su modo de ver es errado, comoquiera que proviene de un alcance equivocado que se les dio a autos inadmisorios de casación5 en los que esta Corte no se pronunció de fondo sobre la hermenéutica de dicha disposición prohibitiva, en referencia al art. 327 C ídem. 7.2.2. Tras reseñar diversas posturas desarrolladas al respecto en la práctica judicial colombiana, propone que la hermenéutica correcta conduce a sostener que el delito de receptación de hidrocarburos integra el listado prohibitivo

previsto en el art. 68 A del C.P. 7.2.3. En sustento de ello desarrolla una interpretación teleológica, destacando que, al margen de que la prohibición incluya por literalidad al art. 447 del C.P., la consulta de los antecedentes legislativos de los arts. 68 A y 327 C ídem permite entender que el querer del legislador también fue el de incluir al art. 327 C ídem en el listado de delitos excluidos de subrogados y beneficios. 7.2.4. El delito de receptación -de hidrocarburos-, incorporado al C.P. por la Ley 1028 de 2006, surgió debido a 5 CSI AP086-2018, rad. 51.709 y AP464-2020, rad. 56.148. Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN la insuficiencia de protección y precaria respuesta punitiva que brindaba el tipo básico de receptación (art. 447 C.P.). De manera similar al tratamiento que se le ha dado al delito de hurto de hidrocarburos, que muestra evolución del art. 24114 del C.P. al art. 44 de la Ley 782 de 2002, se reconoció la necesidad de sancionar con mayor contundencia al receptador de sustancias derivadas de la industria petrolera. 7.2.5. En ese sentido, enfatiza, la necesidad de una mayor protección a esa industria, gravemente afectada por criminalidad organizada -como se consignó el Proyecto de Ley 265 de 2005-, conllevó a la creación de nuevos tipos penales

en materia de hidrocarburos, bajo el título del apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan y otras disposiciones. 7.2.6. En punto de la receptación, puntualiza, los debates legislativos dan cuenta de las inquietudes legislativas sobre la posibilidad de “excarcelación” de los responsables, situación desproporcionada con la gravedad de los delitos que afectan la infraestructura petrolera del país, los cuales, además del patrimonio económico afectan el orden económico y social. 7.2.7. De ahí que teleológicamente haya de concluirse que, si el propósito de las reformas contenidas en la Ley 1028 de 2006 no sólo corresponde a una respuesta punitiva más alta sino a la concreción de mecanismos más severos en punto de la restricción efectiva de la libertad, el art. 327 C del C.P. deba entenderse incluido en el art. 68 A inc. 2° idem. 7.2.8. Tal interpretación, añade, tiene soporte sistemático en la medida en que, dentro de las proscripciones Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN de concesión de subrogados y beneficios, el delito de “receptacion” va antecedido precisamente del de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan”. Y junto a ello ha de tenerse en cuenta, acorde con la jurisprudencia (CSJ SP 11235-2015, rad. 45.927), que la finalidad esencial de la

prohibición del inc. 2° del art. 68 A del C.P. no concierne al mayor desvalor de acción que recae sobre quien tiene antecedentes, sino que atañe a garantizar el cumplimiento efectivo de las penas impuestas por punibles revestidos de especial trascendencia social. 7.3. A la luz de los anteriores reproches, solicita a la Corte casar parcialmente el fallo impugnado, por una parte, con la finalidad de redosificar las penas de prisión y multa, otorgando la rebaja de pena sin conceder el máximo descuento del 50%, conforme sus precedentes jurisprudenciales; por otra, con el propósito de revocar la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 7.4. Tales pretensiones fueron ratificadas por el censor en el traslado para sustentar el recurso extraordinario. 4.2. Posición de sujetos procesales no recurrentes”.

8. La fiscal delegada ante la Corte coadyuva las pretensiones del demandante. 8.1. En relación con el primer reproche, expone, la reparación integral de que tratan los arts. 102 y siguientes 6 Según informa secretarial, corrido el traslado de rigor, el defensor se abstuvo de pronunciarse.

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN del C.P.P., así como la obligación de reparación del daño derivada de lo dispuesto en el art. 94 ídem no tienen nada que ver con el incremento patrimonial producto de la comisión de la conducta punible, mencionado en el art. 349 de la misma codificación. Esta última figura constituye

presupuesto para la celebración de preacuerdos y negociaciones, limitándose a la devolución del valor equivalente al incremento percibido por el imputado o acusado por el comportamiento delictual, con exclusión del monto de los perjuicios causados a la víctima. 8.1.1. Para efectos de decidir si se aplica la rebaja contenida en el art. 351 inc. 1° del C.P.P. y establecer el porcentaje de reducción de pena, añade, además de la oportunidad procesal en que se dio el allanamiento a cargos y la magnitud del ahorro para el Estado en la labor investigativa, como consecuencia de la colaboración que el procesado haya brindado a la Fiscalía para la resolución del caso e individualización de otros posibles responsables, el juez debe valorar la “actitud asumida en el proceso con respecto a la manera como ofrece reparar los daños y perjuicios causados a las víctimas del injusto típico cuya responsabilidad penal libre y voluntariamente admite a cambio de obtener una sustancial rebaja en la pena que habrá de corresponderle si el juicio se lleva a cabo y finaliza con decisión de condena”. 8.1.2. Ello es así debido a que, en su criterio, una de las finalidades de las terminaciones anticipadas del proceso es la de propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el delito, exigencia que no se limita a los preacuerdos y cobija los allanamientos. Empero, en el Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN presente caso, para reconocer el máximo porcentaje de

rebaja, los juzgadores de instancia solo tomaron en consideración que el acusado aceptó los cargos en la primera oportunidad procesal y, aunque sostuvieron que supuestamente contribuyó con circunstancias postdelictuales para lograr los fines de la Justicia, en punto de la economía procesal, la celeridad y la oportunidad, esto último no fue así, pues la presentación al lugar de los hechos fue únicamente para identificarse como propietario de la sustancia incautada, que se quiso hacer pasar como aceite con un certificado falso. 8.1.3. Entonces, concluye, como en el presente caso no hubo reparación del daño ni pago de perjuicios; es más, ni siquiera se acreditó la intención del procesado de cumplir con tales factores integrantes de los derechos de las víctimas, independientemente de que Ecopetrol no los hubiera tasado de manera pormenorizada previo a la audiencia de aceptación del allanamiento a cargos, a los jueces de instancia les estaba vedado reconocer el 50% de rebaja punitiva, razón por la cual aplicaron de manera indebida la normatividad respectiva. 8.2. De cara al segundo reproche resalta que las decisiones de la Corte (AP3313-2016, rad. 46.928; AP63732017, rad. 50.879; AP086-2018, rad. 51.709; AP464-2020, rad. 56.148; rad. 57.154 del 6 de mayo de 2020 y AP23892021, rad. 53.433), citadas por el tribunal, se refieren al delito de receptación tipificado en el art. 447 del C.P., sin que

la jurisprudencia se haya pronunciado, en referencia a la aplicación del art. 68 A del C.P., al de receptación de hidrocarburos (art. 327 C ídem). 10 Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN 8.2.1. Por consiguiente, en atención a la falta de precisión de la norma prohibitiva y en aras de consolidar la postura jurisprudencial sobre la materia, pone de presente algunas razones por las cuales ha de acogerse la hermenéutica propuesta por el censor. 8.2.2. Si bien el art. 68A del C.P. solamente se refiere al término “receptación”, sin precisar el tipo penal, a pesar de que la parte especial del Código Penal contiene dos conductas con la misma denominación, pareciera que la interpretación más cercana a lo querido por el legislador es aquella conforme a la cual debería entenderse que la “receptación” de que trata esa disposición es la contenida en el art. 327 C ídem. 8.2.3. En ese sentido, la norma prohibitiva no contiene ningún tipo penal que afecte el bien jurídico de la recta y eficaz impartición de justicia y, si se admitiera como correcta la interpretación del ad quem, el único de ellos sería el de receptación del art. 447 ídem. Sin embargo, si el propósito del legislador hubiera sido el de incluir alguna prohibición respecto de los tipos penales que atentaran contra ese bien jurídico, habría enlistado algunos adicionales al de receptación o, inclusive, aquellos de mayor ocurrencia,

relevancia, gravedad o de mayor impacto. 8.2.4. En contraposición, la legislación incluye un buen número de tipos penales relacionados con otros bienes jurídicos como la seguridad pública, personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, la administración pública, el hurto calificado, el 11 Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN desplazamiento forzado y algunos delitos contra el orden económico y social, como el apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, al punto que la receptación se incluye precisamente después de relacionar un delito tipificado en el titulo X y continúa con una conducta del título XI. Por ello, resulta más armónico con el propósito del legislador, concluir que el tipo de “receptación” que fue incluido, seguido del de apoderamiento de hidrocarburos, se refiere al contenido en el art. 327 C del C.P. 8.2.5. Lo anterior, por cuanto habiendo delitos mas graves, quizás de mayor ocurrencia, representación e impacto social en el título de la recta y eficaz impartición de justicia, la postulación del tribunal llevaría a concluir que, de todos ellos, para el legislador el único con la suficiente relevancia para imponerle una exclusión de beneficios es el de receptación contenido en el artículo 447 del C.P., lo que no pareciera corresponder con la interpretación sistemática y teleológica de la ley, la cual buscaba excluir de beneficios a las personas que fueran condenadas por los delitos de mayor

impacto.

9. Por su parte, la procuradora delegada para la casación penal también conceptúa a favor de la prosperidad del segundo cargo. Contrario a lo colegido por el tribunal, expone, de la revisión de los asuntos en los cuales se emitieron las decisiones (AP086-2018 y AP6373-2017) con fundamento en las cuales se soportó la supuesta exclusión del art. 327 C del C.P. de los delitos enlistados en el art. 68

A ídem, se advierte que tales determinaciones no hacen referencia alguna a la concesión o denegación de la 12 Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN suspensión condicional de la ejecución de la pena para el punible de receptación tipificado en el art. 327 C del C.P. De ahí que, la expresión “...y menos exteriorizó cómo había lugar a recoger la jurisprudencia existente que prohíja la tesis contraria (CSJ AP086-2018, rad. 51.709 y CSJ AP6373-2017, rad. 50.8797, hace relación a la simple denegación de esos beneficios respecto del delito de receptación, pero sin especificar si se trata o no de la modalidad de receptación de hidrocarburos. 9.1. Por el contrario, es del criterio que el primer cargo no ha de prosperar, comoquiera que lo determinado por el legislador a efectos de la procedibilidad del allanamiento a cargos y la correlativa fijación de la pena derivable del delito, como producto de una de las formas de negociación con el imputado contenida en el art. 349 del C.P.P., es únicamente

la restitución del indebido incremento patrimonial irrogado a favor del sujeto activo del punible como producto del delito, no la indemnización de los perjuicios devenidos para la víctima. 9.1.1. Lo anterior, prosigue, en consideración “del punible”, pues tal elemento opera como una circunstancia de menor punibilidad, a voces del art. 55 num. 5 y 6 del C.P. Entre otros motivos por cuanto, en referencia al daño, “... no es per se la ocurrencia de un delito o la condenación que por la misma realice el juez penal la que genera la obligación de indemnizar, sino la plena demostración del daño ocasionado y cuantificable que cause.” De donde se sigue que, si bien el delito produce la obligación de reparar los perjuicios causados, por antonomasia los daños que sean susceptibles 13 Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN de cuantificación económica “... deben probarse en el proceso y su cuantía dependerá de lo acreditado...”. 9.1.2. Entonces, puntualiza, la indemnización de los perjuicios derivados de la conducta punible no es el elemento determinante de la aplicación de los “extremos sancionatorios” a los cuales refiere el art. 349 del C.P.P. Si bien dicha circunstancia ostenta trascendencia frente a la fijación en concreto de la sanción, opera como un elemento de menor punibilidad. En tanto que, por el contrario, su extremo negativo -la ausencia de indemnización previa de los

perjuiciosno tiene por alcance afectar esa ponderación, pues al efecto es requisito tanto la demostración objetiva del perjuicio como su cuantificación, conforme a lo acreditado procesalmente en la materia. 9.1.3. A ese respecto, enfatiza, el tribunal estableció que no se acreditó el detrimento patrimonial sufrido por la empresa ECOPETROL con la conducta desplegada por el procesado. El censor simplemente se refrió al transporte de la sustancia y un refinamiento, pero no existe evidencia de la cuantificación del daño. Además, las circunstancias posteriores a la comisión de la conducta delictiva a evaluar están orientadas únicamente a la verificación de la contribución del sujeto activo con relación a los fines de la justicia; una vez verificados éstos, destaca, FERNANDO SALAMANCA aceptó cargos en la audiencia de formulación de imputación, contribuyendo significativamente en la economía procesal de la administración de justicia, así como carecía de antecedentes penales al momento de ser capturado y procesado por la conducta delictiva. 14 Casacion Radicado n. 61501

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN 9.1.4. Igualmente, debe tenerse en cuenta, tal como lo verificó el ad quem, que fue el mismo procesado quien, una vez detenido el camión que transportaba la sustancia, aceptó ser su propietario y que era crudo, lo cual, en conjunción con lo anterior, demuestra el comportamiento del señor SALAMANCA en contribuir a la administración de justicia, de donde deviene justificado y soportado el descuento del 50%

en la sanción punitiva.

V. CONSIDERACIONES

10. Tras el análisis de los cargos formulados por el censor y la postura expuesta por los sujetos procesales no recurrentes, la Sala estima que, en efecto, el tribunal violó directamente la ley sustancial por interpretación errónea, tanto a la hora de comprender el rol que juega la intención resarcitoria del acusado que acepta responsabilidad -de cara a la determinación del porcentaje de rebaja de pena-, así como al momento de establecer si están proscritos los subrogados penales para personas sentenciadas por el tipo penal de receptación previsto en el art. 327 C del C.P.

11. A continuación, se expondrán los yerros hermenéuticos validados por la sentencia impugnada, así como el correcto entendimiento que corresponde a las normas concernidas. 5.1. La actitud del procesado respecto a la manera de reparar los perjuicios causados a la víctima, en tanto criterio para valorar la rebaja de pena por allanamiento.

12. La jurisprudencia tiene suficientemente clarificado que, en el ámbito de los allanamientos o la aceptación

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN preacordada de responsabilidad, la evitación de un menor desgaste de la administración de justicia, determinado a partir del momento procesal en que se presente la admisión de culpabilidad, no es el único criterio que el juez debe valorar, a la hora de determinar la respectiva rebaja de pena (cfr., entre otros, SP235-2019, rad. 52.852 y CSJ SP12092019, rad. 52.316).

13. En esta última decisión, ratificando los derroteros marcados en la SP14496-2017, rad. 39.831, la Sala puntualizó que, en la determinación del porcentaje de pena a rebajarle al acusado por la aceptación de su responsabilidad penal, el juzgador debe tomar en consideración no sólo la oportunidad procesal en que el allanamiento a cargos se presenta y la colaboración que el imputado hubiere brindado a la Fiscalía en la determinación de las circunstancias que rodearon la ejecución del crimen, así como su contribución para la individualización, investigación y juzgamiento de otros posibles responsables, sino la actitud asumida en el proceso con respecto a la manera de reparar los daños y perjuicios causados a las víctimas del injusto típico.

14. Ello es así, teniendo en cuenta que, a la luz del art. 348 inc. 1° del C.P.P., algunas de las finalidades de los preacuerdos son la de activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito -entre los cuales, desde luego, se encuentra la causación de daños y perjuicios a los afectados con la conducta punibley propiciar la reparación integral de aquéllos. A su vez, es concreción de la prerrogativa fundamental de las víctimas a una pronta e integral

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN reparación de los daños y perjuicios sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto (art. 11 lit. c ídem).

15. Sustancialmente hablando, la Corte también ha

clarificado (CSJ SP216-2023, rad. 56.584) que la reparación integral no surge ni se origina en normas adjetivas que atañen a la identificación, caracterización y cuantificación de los daños o perjuicios, así como a la determinación de las personas llamadas a ser indemnizadas y las formas de reparación.

16. La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con el delito, en verdad, es una forma de responsabilidad civil extracontractual consagrada en el art. 2341 del C.C., norma conforme a la cual, quien ha cometido un delito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por el delito cometido. En sintonía con ello, el art. 94 del C.P. preceptúa que la conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y morales, así como los perjuicios causados con ocasión de aquélla, los cuales, según el art. 96 ídem, deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la ley sustancial, estén obligados a responder.

17. De ahí que, si por disposición sustancial, el delito entraña daños y perjuicios llamados a ser indemnizados, a la vez que la aceptación de responsabilidad -cumplidos los presupuestos legales de rigorcomporta la declaratoria oficial de la existencia de un delito, quien se allana unilateral o negociadamente a cargos igualmente acepta que sobre sí recae la obligación civil de indemnizar.

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FERNANDO SALAMANCA PINZÓN

18. Trasladado ello a la lógica que rige la compensación que recibe el procesado por aceptar responsabilidad mediante una rebaja de pena, es inobjetable que su actitud favorable a cumplir con ese deber resarcitorio y las gestiones que realice en ese sentido son un factor trascendental con incidencia en la determinación del porcentaje de rebaja, según las particularidades del caso en concreto.

19. Incluso, es tan relevante el aspecto indemnizatorio que, en determinadas eventualidades -al margen de ser factor incidente en la concreción de la rebaja de pena por allanamiento y sin perjuicio de que subsistan otras facetas de la reparación, así como que éstas puedan ser reclamadas incidentalmente-, el legislador (art. 349 del C.P.P.) maximiza la protección del derecho de las víctimas a la reparación y anticipa su cautela, condicionando la procedencia de los acuerdos o negociaciones, incluido el allanamiento, al reintegro (al menos del 50% con aseguramiento del recaudo del remanente) del incremento patrimonial que hubiere podido obtener el sujeto activo de la conducta punible fruto de ésta (cfr. CSJ SP14496-2017, rad. 39.831).

20. Pues bien, conforme a las anteriores premisas, salta a la vista que los juzgadores de instancia, influenciados por una errónea comprensión y entremezcla indebida de los conceptos de indemnización y reintegro, a la hora de fijar el porcentaje de rebaja de pena al que tendría derecho el acusado por aceptar cargos, aplicaron una ponderación insuficiente de los factores pertinentes.

21. Para comenzar, la Corte encuentra que la determinación del 50% de rebaja punitiva concedida por el a

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C.U.I: 68081600000020190015901

FERNANDO SALAMANCA PINZÓN quo al sentenciado, en estricto sentido, fue inmotivada. Pese a que el juez fijó pertinentemente las premisas normativas en punto de los criterios a sopesar, pretermitió la subsunción de los hechos en ellas y, sin analizar las particularidades del caso, automáticamente otorgó un descuento de la mitad de la pena previamente individualizada.

22. Por saberse un criterio esencial en la concreción de ese ejercicio compensatorio que le corresponde aplicar al juez en la sentencia, la actitud asumida en la actuación por el procesado respecto a la manera de reparar los daños y perjuicios causados a la víctima debe ser ponderada junto a otros factores. Esa tarea ponderativa se concibe por la jurisprudencia (CSJ SP14496-2017, r