CSJ - SP1248-2024(58208)

y República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP1248-2024 Radicación 58208 Aprobado en acta No. 120 Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

1. Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el procesado GERARDO TARAZONA MENDOZA, quien tiene la calidad de abogado, contra la sentencia de diciembre 13 de 2019, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena proferida en su contra, por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento, como autor del delito de infidelidad a los deberes profesionales.

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ANTECEDENTES

Fácticos

2. Roberto Espinosa Buitrago, sufrió un accidente laboral el 11 de marzo de 2002 cuando trabajaba como auxiliar de construcción con el contratista Carlos Ávila Rincón; al ser despedido, en el año 2003 contrató los servicios del abogado GERARDO TARAZONA MENDOZA para que adelantara, proceso laboral y, luego el ejecutivo, para obtener el pago de sus acreencias laborales.

3. En el ano 2009, TARAZONA MENDOZA informó a Roberto Espinosa Buitrago que el proceso estaba cursando con éxito, luego le informó que habían ganado el proceso ordinario, que debían iniciar la acción ejecutiva, pero después el contacto se redujo, las comunicaciones se volvieron evasivas hasta que se perdieron por completo, por

lo que el 25 de abril de 2011 se formuló queja ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Bogotá.

4. En el curso del proceso disciplinario, Espinosa Buitrago constató que el proceso laboral ordinario se falló a su favor, se enteró que en el trámite ejecutivo se obtuvo un pago de diecisiete millones de pesos ($17.000.000), por transacción con el demandado, dinero que recibió GERARDO TARAZONA MENDOZA, luego éste solicitó la terminación del trámite, lo que finalmente se materializó mediante providencia del 10 de mayo de 2010 con la que se declaró CUI 11001600005020130278801

Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 finalizada la ejecución por pago total de la obligación, resultado procesal y económico del que el profesional del derecho no informó al cliente. Procesales

5. E17 de marzo de 2017, ante el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Control Garantías de Bogotá, GERARDO TARAZONA MENDOZA fue declarado en contumacia, y la Fiscalía le formuló imputación como autor del delito de hurto agravado por la confianza, tipificado en los artículos 239 inciso 1 y 241 N° 2 del Código Penal!.

6. El 20 de abril de 2017 fue presentado el escrito de acusación, cuya formulación en audiencia, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, tuvo lugar el 5 de junio de ese año, en esa oportunidad la Fiscalía concretó lo anunciado desde el

escrito, es decir, varió la calificación jurídica por infidelidad a los deberes profesionales.

7. El 23 de octubre de 2017, por solicitud de la defensa se varió el sentido de la audiencia programada para preparatoria, deprecó preclusión de la acción con base en el numeral 1 del artículo 332 del CPP, argumentó la caducidad de la querella y prescripción, postulación que se negó el 8 de noviembre siguiente, proveído apelado por la defensa y, 1 Fl 70 cuaderno primera instancia CUI 11001600005020130278801

Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 confirmado el 11 de enero de 2018 por el Juzgado 19 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

8. La audiencia preparatoria se celebró el 23 de julio de 2018 y, el juicio oral se adelantó en sesiones del 18 de febrero, 27 de marzo y 22 de abril de 2019, fecha última en la que se anunció sentido de fallo condenatorio por el delito objeto de acusación.

9. El 5 de junio de 2019, se procedió a dar lectura de la sentencia, en la que se condenó a GERARDO TARAZONA MENDOZA, a la pena principal de 16 meses de prisión como autor del delito de infidelidad a los deberes profesionales, interdicción de derechos y funciones públicas (sic) y, las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado por el mismo término de la pena principal y, se le concedió la suspensión de la ejecución de la pena, providencia recurrida en apelación por la defensa.

10. El 13 de diciembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al resolver la impugnación, confirmó el fallo de primera instancia.

11. Lo anterior, fundamentalmente, por cuanto no se estructuró la caducidad de la querella, la acción no había prescrito antes de la imputación; además, se demostró por la Fiscalía la materialidad del delito de infidelidad a los deberes profesionales y la responsabilidad del acusado TARAZONA MENDOZA, pues éste como abogado de Espinosa Buitrago desplegó “la maniobra fraudulenta compleja”, de mantener CUI 11001600005020130278801

Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 desinformado al cliente y abusó de las facultades otorgadas al realizar una negociación en la que transó las acreencias laborales de aquel, sumado a que aceptó una suma de dinero inferior a la esperada, sin que ello lo informara y entregara al mandante.

12. Contra tal determinación el procesado, de profesión abogado, interpuso recurso de casación y allegó la respectiva demanda, la que, en atención a las particularidades del caso, se admitió con auto del 10 de febrero de 2021, razón por la cual, con ocasión de los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, en aplicación del Acuerdo N 20 de 2020 los alegatos de sustentación se presentaron por escrito.

LA DEMANDA

13. Enla demanda presentada, por el acusado, solicitó casar el fallo de condena, formuló tres (3) cargos; uno circunscrito a la causal 1 y dos amparados en la 2%, del

artículo 181 de la Ley 906 de 2004.

14. El primer cargo, al amparo de la causal segunda del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, reprochó que se desconoció el debido proceso y la estructura legal del trámite, ya que no se agotó el requisito de procesabilidad de la conciliación.

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15. Para el segundo cargo, que rotuló en la causal primera de la citada disposición, adveró que se incurrió en interpretación errónea del artículo 73 de la Ley 906 de 2004, que impone que la querella “debe presentarse dentro de 6 meses luego de la comisión de la conducta punible y aquí es lo más importante, porque amplia el término cuando existan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito”, pero que no se puede sobrepasar 12 meses.

16. Cuestionó las manifestaciones de la víctima respecto del desconocimiento del proceso laboral, ya que, al verificar ese derrotero, se advierte que “estuvo presente en las diligencias judiciales se identificó y actuó en al menos una de ellas”, por tanto, conoció del proceso para el año 2011, no para el 2013 como lo afirmó.

17. Considera que, aunque se aplique la misma interpretación de los juzgadores, si la víctima conoció la situación en el 2011 y sólo denunció en el 2013, ya había caducado la oportunidad para promover la querella.

18. Se interpretó en forma errada la ley, porque se indicó que la contabilización se debe realizar desde que el afectado se enteró de la acción delincuencial, por lo que se

varió el sentido de la norma, que señala que es desde el último acto de consumación, sin más ampliaciones, por ello los fallos de condena se equivocaron e interpretaron mal los artículos 73 y 77 del Código de Procedimiento Penal, entonces se debió declarar la extinción de la acción penal. CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208

19. Enel mismo cargo, planteó una segunda hipótesis en la que afirmó que el último acto ocurrió el 10 de mayo de 2010, (cuando se recibió el último pago por el demandado en el proceso laboral, lo que generó que se presentara memorial de terminación del proceso), los 5 años que la Fiscalía tenía para imputar vencieron el “9 de mayo de 2015”, pero esa audiencia se surtió en el año 2017, entonces no se interrumpió la prescripción, es decir, en los fallos se interpretó en forma errónea los artículos 83 y 84 del código penal.

20. A ello, agregó, que se desconoció la aplicación adecuada del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, ya que la Fiscalía tenía dos años para imputar desde la recepción de la noticia criminal, pero transcurrieron aproximadamente 4 años, se debió archivar la indagación, pero tampoco se cumplió.

21. La preclusión de la acción fue solicitada en forma idónea, pero se negó por los juzgadores al interpretar erróneamente la mencionada normatividad.

22. En el tercer cargo, invocó la causal 2 del artículo 181 del C. P. P., expuso que la judicatura desconoció la aplicación del principio de non bis in idem, porque fue

sancionado por la jurisdicción disciplinaria, pero el juzgado le impuso la pena accesoria de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado, lo que confirmó el fallo del Tribunal, lo que, en su criterio, conduce a que fue sancionado dos veces por el mismo hecho. CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208

23. En consecuencia, solicitó casar la sentencia por ilegal, y “se declare la nulidad de toda la actuación desde el mismo auto de imputación de cargo, para que se sanee el proceso de ser posible retrotrayendo el proceso a la etapa procesal correcta esto es antes de la iniciación de la acción penal, es decir desde el momento de la interposición de la querella el archivo de la presente actuación a favor” (sic).

Como resultado de lo ocurrido, se debe declarar la caducidad de la querella, la prescripción de la acción o, si no prosperan los dos primeros cargos, se modifiquen los fallos, sin imponer la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

SUSTENTACIÓN ESCRITA

24. El recurrente ratificó los planteamientos formulados en la demanda.

25. El representante de la Fiscalía destacó que lo que pretende el demandante es “retrotraer las etapas procesales para reiniciar el proceso y alegar los fenómenos ya anotados, obviamente amoblando el derecho penal a sus particulares intereses” (sic).

26. La postulación de nulidad, adolece del desarrollo de los principios que la gobiernan, instituto que como remedio extremo impone identificar el yerro y explicar cada

uno de esos postulados, pero no se hizo, no se reveló por qué 2 Fl 6 alegato de casación. CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 se vulneró el derecho de defensa, si se tiene en cuenta que los hechos jurídicamente relevantes no se variaron, pudo solicitar pruebas, contrainterrogar en el juicio, también podía poner fin al proceso por el delito querellable “pagando el dinero del cual se apropió”.

27. En la demanda se incurrió en una imprecisión “voluntaria”, al señalar que al procesado se le imputó, acusó y condenó por el delito de infidelidad a los deberes profesionales, lo que se realizó para alegar la caducidad de la querella; pero como se le explicó en las sentencias, en la imputación se le atribuyó el delito de hurto agravado por la confianza, investigable de oficio, que no imponía la conciliación y querella como requisito de procesabilidad, por ello lo que se pretende es retrotraer la actuación, sin atender el principio de preclusión o progresividad de las etapas procesales desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Penal.

28. La prescripción no operó, porque el término comenzó a trascurrir desde el 11 de febrero de 2013, cuando la víctima se enteró; en el proceso disciplinario, que su apoderado aquí procesado, cobró el dinero del trámite laboral y no se lo entregó; si se tiene en cuenta que se le imputó hurto agravado por la confianza, se tenía 126 meses y esa

audiencia se celebró en 2017 antes de superar ese plazo, ahora si se considera con ese mismo propósito el delito de infidelidad a los deberes profesionales, la pena máxima es de 72 meses y prescribía el 11 de febrero de 2019, es decir, posterior a surtirse el acto de comunicación. CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208

29. El término de prescripción posterior a la imputación tampoco se superó porque vencía el 3 de marzo de 2020 y la sentencia de segunda instancia se emitió el 13 de diciembre de 2019, sumado a que el fijado en el artículo 189 de la Ley 906 de 2004, vence el 13 de diciembre de 2024.

30. Respecto a la segunda hipótesis planteada en la demanda, la falta de aplicación de unas disposiciones del código de procedimiento penal, por caducidad de la querella, afirmó no tener necesidad de reiterar sus planteamientos porque los argumentos del demandante se repiten.

31. En cuanto a la aplicación del artículo 175 de la Ley 906 de 2004, no constituye un término prescriptivo.

32. Tampoco resulta procedente aceptar el reproche, bajo el amparo del principio del non bis in idem, por la aplicación de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado por el mismo tiempo de la pena de prisión, pues se trata de condenas diferentes impuestas por jurisdicciones distintas.

33. El Agente del Ministerio Público indicó que el denunciante se enteró del pago realizado al abogado hasta el

25 de abril de 2011, cuando fue al Juzgado Laboral y fue informado que esa actuación finalizó favorable a sus intereses y la obligación fue cancelada a TARAZONA MENDOZA, no obstante, la denuncia se promovió el 11 de febrero de 2013 ante la Fiscalía, entidad que los citó a 10 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 conciliación pre procesal el 19 de diciembre de ese año, la que no fue celebrada.

34. Verificada la actuación, no se cumplió con los parámetros del artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, puesto que no se agotó con la conciliación pre procesal, se hace necesario anular el derrotero para surtir esa diligencia.

35. Al segundo cargo, luego de citar disposiciones normativas y jurisprudencia sobre el tema, afirmó que cuando se formuló la denuncia ya se había superado el año conferido por la ley, es decir, que había caducado la oportunidad y se debe disponer el archivo de las diligencias.

36. Asimismo, frente a la prescripción, el delito atribuido tiene una pena máxima de 72 meses, los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2010, por lo que la Fiscalía podía imputar hasta el 8 de marzo de 2016, pero la audiencia se surtió el 7 de marzo de 2017, cuando ya se había estructurado la causal extintiva de la acción, entonces el cargo debe prosperar, revocar el fallo y emitirse uno de reemplazo favorable al acusado.

37. Adicionalmente, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado, al derivarse del mismo

conflicto, los mismos hechos y con identidad de partes, sí constituye una doble sanción que afecta el non bis in idem, lo que hace necesaria la protección del debido proceso con un nuevo fallo que corrija ese yerro. 11 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208

38. Por lo anterior, solicitó casar el fallo y se emita uno de reemplazo en el que “se privilegien los principios rectores del derecho penal, la estructura y el debido proceso”.

39. El señor Roberto Espinosa Buitrago, víctima reconocida, luego de hacer un recuento procesal, afirmó que el medio fraudulento por parte del abogado GERARDO TARAZONA MENDOZA, lo constituyó el silencio durante la gestión que le encomendó, le ocultó la suerte del proceso que se adelantó en el Juzgado 7° Laboral en la que se le pagó la suma de diecisiete millones de pesos, así se lesionó el bien jurídico, sin que se presentara la caducidad de la querella o la prescripción de la acción.

40. Sus derechos fueron vulnerados al habérsele ocultado el proceso, invoca se tenga en cuenta su situación económica, edad y estado de salud, pues por el accidente de trabajo quedó con lesiones para toda su vida, sin contraprestación, entre tanto el abogado se ampara en una prescripción.

41. Aunque el pliego de cargos no fue notificado, esa irregularidad no puede invalidar lo actuado, porque no se acreditó la trascendencia, ya que la resolución de acusación no se puede recurrir, por tanto, esa nulidad no puede

prosperar.

42. Aunque se alega la invalidez de lo actuado, en realidad se discute la indemnización de perjuicios, lo que torna improcedente la casación excepcional, ya que se debe atender lo fijado en el artículo 208 de la Ley 600 de 2000 (sic),

12 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 respecto a la cuantía, si no se alcanza a constituir se debe negar; aunado a que el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil modificado por la Ley 592 de 2000 artículo 1°, establece que para el recurso extraordinario la cuantía es de 425 SMLMV. Solicitó se le cancelen los diecisiete millones más intereses a la tasa legal y sea sancionado como está en primera y segunda instancia.

CONSIDERACIONES

43. El demandante no expuso inconformidad respecto a la acreditación material del delito por el que fue condenado, infidelidad a los deberes profesionales, tampoco de su responsabilidad; ya que los cargos formulados se dirigen a cuestionar la estructura del proceso, por falta de la conciliación pre procesal y por haber operado la caducidad de la querella, requisitos de procesabilidad; también propone la prescripción de la acción antes de la imputación y la vulneración del principio del non bis in idem, circunstancias que releva a la Sala de verificar la condición de abogado del procesado GERARDO TARAZONA MENDOZA y el poder bajo el cual estaba legitimado para representar al señor Roberto Espinosa Buitrago en el proceso laboral.

44. Varios han sido los temas propuestos por el

impugnante del fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, por esa razón y, en aras de brindar un orden a la presente decisión, la Sala abordará el estudio del caso en el siguiente derrotero: la naturaleza del delito endilgado y su momento consumativo, luego se analizará si la decisión 13 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 cuestionada se dictó, o no, con observancia del principio de legalidad del trámite, por lo que, se estudiará si el hecho de haber variado la calificación jurídica de un delito no querellable (hurto agravado por la confianza) a uno querellable (infidelidad a los deberes profesionales), implicaba la anulación de la presente actuación, ello con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad propios de estas actuaciones y, de esa manera, asegurar el debido proceso del encartado.

45. En caso de no proceder el acto anulatorio demandado por el recurrente, se pasará a realizar el correspondiente estudio de cara a los cuestionamientos de prescripción de la acción antes de la imputación y finalmente, la presunta afrenta al principio de non bis in idem.

DEL DELITO DE INFIDELIDAD A LOS DEBERES

PROFESIONALES.

46. El artículo 445 del Código Penal señala: ARTÍCULO 445. INFIDELIDAD A LOS DEBERES PROFESIONALES. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1°. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El apoderado o

mandatario que en asunto judicial o administrativo, por cualquier medio fraudulento, perjudique la gestión que se le hubiere confiado, o que en un mismo o diferentes asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles surgidos de unos mismos supuestos de hecho, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses. 14 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte.

47. Se trata de un delito de infracción al deber, una de las conductas especiales, que solo pueden ser cometidas por algunas personas que tienen un rol específico en la comunidad (abogado), por ello cuando defraudan esa condición, son objeto de sanción, también se considera como la ejecución de un comportamiento desleal respecto de la función que se le ha encomendado.

48. El status especial de los abogados y su función social en el estado social de derecho, se explicó por la Corte Constitucional en sentencia C-819 de 2011, así: 4.5. La función social, que resulta ser consustancial a la actividad del abogado, se concreta, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1°y 2° del decreto 196 de 1971, en los siguientes deberes: (i) colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia; (ii defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares; y (iii)

asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Los citados deberes, se ven complementados con otros establecidos en los artículos 1% 2°, 13 y 16 de la Ley 1123 de 2007, como son los de: (iv) observar la Constitución y la ley, (v) defender y promocionar los derechos humanos, (vi) prevenir litigios “innecesarios, innocuos o fraudulentos”, (vii) facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos, y (viii) abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias. 4.6. Cabe destacar, como ya lo ha hecho la Corte en anteriores pronunciamientos, que el abogado lleva a cabo su actividad profesional, principalmente, en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, prestando asesoría y consulta a quienes así lo soliciten, y (ii) dentro del proceso o juicio, representando legalmente a las personas -naturales o 15 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 jurídicasque deban concurrir a la administración de justicia en procura de resolver sus controversias.3 4.7. Conforme con ello, también ha destacado la jurisprudencia que, en el desarrollo de sus actividades profesionales, y en razón a los importantes fines constitucionales que persiguen, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas, “que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico”, y cuyo incumplimiento implica riesgos sociales.

En esa dirección, sostuvo la Corte “que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena Tes. 4.8. Al respecto, en la Sentencia C-190 de 1996, esta Corporación tuvo oportunidad de aclarar, que el hecho de que la profesión de abogado se regule por normas éticas, no conlleva “una indebida intromisión en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal”, pues, ha de tenerse en cuenta que el ejercicio de la profesión se soporta asimismo en “la conducta individual, la cual a su vez se vincula a la protección del interés comunitario.” Se precisó igualmente en el citado fallo, que los fines que se busca cumplir con el ejercicio del derecho, a diferencia de lo que sucede con otras profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en lo que hace al comportamiento ético de los abogados, precisamente, teniendo en cuenta la misión que ellos desarrollan “como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia, lo cual conlleva que, ante el incumplimiento de estos deberes, sea necesaria la consagración de sanciones, ya sean de carácter penal, civil o disciplinario.” 4.9. En punto a este último aspecto, ha reiterado este Tribunal que “la tarea que cumplen los abogados no es

3 Sentencia C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Diaz). 4 Sentencia C-393 de 2006. 5 Sentencia C-290 de 2008. Sobre la función social y los riesgos de la profesión de abogado, también se puede consultar la Sentencia C-540 de 1993. 16 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 eminentemente técnica, sino que suele desarrollarse en el campo de la moral y de la ética, siendo ese su escenario natural y, por ende, donde radica su poca estimación y su honra o nobleza”. Por ello, la imposición de ciertos comportamientos éticos no puede implicar, por sí mismo, una intromisión indebida en el ejercicio de los derechos del abogado, sino una limitación razonable y proporcional, fundada en la función social que está llamado a cumplir.

49. Dada la importancia del ejercicio ético y profesional de los abogados, es imperioso que se ejecute con probidad y honradez, lo que no solo garantiza los derechos de los usuarios que deben acudir a sus servicios, como el de acceso a la administración de justicia y debido proceso; también, el lograr la: “la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”; condiciones que permiten ratificar que la naturaleza del delito es de infracción al deber, y no se puede confundir, con un reato contra el patrimonio económico.

50. De la redacción legal, deviene sin discusión que requiere de sujeto activo calificado, apoderado o mandatario,

quien actúa en nombre de un tercero, por ello se debe contar con el poder debidamente concedido o el mandato con las formalidades fijadas en el Código Civil artículo 2142. Asimismo, se advierten dos posibilidades de ejecución, (i) por un medio fraudulento perjudicar la gestión que se le confió Y, (ii) defender en uno o varios asuntos intereses contrarios o incompatibles, en el caso de estudio se atribuye la primera opción. 6 Sentencia C-393 de 2006. 17 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208

51. Ahora, imperioso surge traer a colación los deberes profesionales del abogado cuando asume tan importante labor de representar a una persona que le ha confiado la defensa de sus intereses, el artículo 28 de la Ley 1123 de

2007 dispone:

ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL

ABOGADO. Son deberes del abogado:

1. Observar la Constitución Política y la ley.

2. Defender y promocionar los Derechos Humanos, entendidos como la unidad integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y de derechos colectivos, conforme a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia.

3. Conocer, promover y respetar las normas consagradas en este código.

4. Actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión.

5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión.

6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado.

7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión.

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago. 18 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208

9. Guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de sus servicios.

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.

11. Proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas.

12. Mantener en todo momento su independencia profesional, de tal forma que las opiniones políticas propias o ajenas, así como las filosóficas o religiosas no interfieran en ningún momento en el ejercicio de la profesión, en la cual

sólo deberá atender a la Constitución, la ley y los principios que la orientan.

13. Prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos.

14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.

15. Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional.

16. Abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley.

17. Exhortar a los testigos a declarar con veracidad los hechos de su conocimiento.

18. Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes situaciones: a) Las posibilidades de la gestión, sin crear falsas expectativas, magnificar las dificultades ni asegurar un resultado favorable; b) Las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquier situación que pueda afectar su independencia o configurar un motivo determinante para la interrupción de la relación profesional;

19 CUI 11001600005020130278801 Gerardo Tarazona Mendoza Casación 58208 c) La constante evolución del asunto encomendado y las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos.

19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte

incompatible con el ejercicio de la profesión.

20. Abstenerse de aceptar poder en un asunto hasta tanto no se