CSJ - SP1667-2022(55932)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP1667-2022 Radicación No. 55932 (Aprobado Acta No. 108) Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022). ASUNTO Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por la apoderada de Roger Stiven Jiménez Flórez, contra la sentencia de 24 de mayo de 2019 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual revocó la proferida el 10 de mayo de 2016 por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bello para, en su lugar, condenarlo por el delito de homicidio agravado tentado.

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez HECHOS El 1º de junio de 2012, cerca de las 8:20 p.m., Edwin Alexis Monsalve, menor de edad para la época, se encontraba en la zona conocida como El Tapón, de Bello (Antioquia), cuando fue interceptado por Juan Esteban Toro Diaz, alias “Juanchito” y Roger Stiven Jiménez Flórez, alias “Don Roger”, junto con alias “Murrapo” y alias “Alpinito”- no identificados en el proceso-, miembros del grupo delincuencial «La Camila», quienes lo llevaron en taxi al sector de la carrilera del antiguo tren, cerca de la estación de Niquía, donde “Juanchito” y “Murrapo” lo apuñalaron repetidas veces, mientras Jiménez Flórez y “Alpinito” esperaban a las

afueras del sitio. Luego, creyéndolo muerto, lo arrojaron a un barranco, donde fue rescatado por agentes de la Policía Nacional y llevado a la Clínica del Norte. Pese a la gravedad de su estado de salud, sobrevivió gracias a la pronta atención médica.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 3 de marzo de 2014, en audiencia preliminar ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías Ambulante de Antioquia, la fiscalía formuló imputación a Roger Stiven Jiménez Flórez por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado tentado (arts. 340, in. 2 y 3, 103, 104, núm. 7 y 27 del C.P.), con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez numeral 10º del artículo 58 del C.P. -coparticipacióny la de menor punibilidad del numeral 1º del art. 55, carencia de antecedentes penales. Le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

2. El 4 de junio de 2014, la fiscalía radicó el escrito de acusación en similares términos que la imputación, salvo la circunstancia de menor punibilidad de carencia de antecedentes penales, que fue retirada1.

3. Correspondiendo la actuación al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, fue instalada la audiencia de formulación de acusación, anunciando la

Fiscalía que había celebrado un preacuerdo, entre otros, con el procesado, consistente en la aceptación del concierto para delinquir agravado a cambio de una rebaja de la pena del 40%. Luego de aprobado, se dispuso la ruptura de la unidad procesal.

4. A continuación, el ente acusador impugnó la competencia del juzgado especializado para conocer del delito remanente -homicidio agravado tentado-, por tanto, solicitó la remisión del proceso a los juzgados penales del circuito de Bello, por el factor territorial. El asunto fue repartido al Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello, ante quien verbalizó la acusación en audiencia del 13 de agosto de 2015. 1 Folios 1 a 5 ibídem.

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez

5. El 9 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia preparatoria y la de juicio oral, en sesiones del 19 de octubre y 10 de diciembre de 2015 y 23 de febrero de 2016, en esta última se anunció el sentido absolutorio del fallo y se realizó la respectiva lectura el 10 de mayo siguiente.

6. Apelado el fallo por la fiscalía, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en sentencia del 24 de mayo de 20192 lo revocó y condenó a Roger Stiven Jiménez Flórez a doscientos (200) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término como coautor responsable del delito de homicidio agravado tentado. Le negó la suspensión

condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Con fundamento en la decisión AP1263-2019, rad. 54215, el Tribunal precisó que el procesado y su defensor podían incoar la impugnación especial, mientras que, para las demás partes procedía el recurso de casación.

7. La defensa del condenado interpuso el recurso extraordinario de casación, dentro del término de ejecutoria.

8. Tras designar otra apoderada, el 19 de julio de 2019 la defensora interpuso y sustentó recurso de apelación especial, el cual fue declarado extemporáneo por el ad quem en auto del 23 de julio siguiente, con fundamento en que el 2 Folios 18 a 27 del cuaderno del Tribunal.

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez procesado y su entones representante judicial no manifestaron su intención de impugnar el fallo en la audiencia de lectura respectiva.

9. Comoquiera que la defensa presentó la demanda de casación el mismo 19 de julio de 2019, fue admitida en auto del 3 de octubre siguiente. El 18 de febrero de 2020 se realizó la audiencia pública de sustentación.

10. El 19 de octubre de 2020, la representante judicial del sentenciado interpuso recurso de apelación contra la primera condena proferida por el Tribunal, con fundamento en la decisión AP2118-2020 de esta Corporación. En auto del 7 de julio de 2021 su solicitud fue declarada improcedente, toda vez que no reunía los presupuestos señalados en la

providencia invocada. DE LA IMPUGNACIÓN La libelista formuló tres cargos: principal, subsidiario y de nulidad. Cargo primero - principal. Con sustento en la causal 3ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, la recurrente aduce la violación indirecta de la ley sustancial, por falso juicio de existencia y de omisión. 5

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez En sustento del cargo afirma que el fallador omitió apreciar las estipulaciones realizadas por las partes, pues su debida valoración le habría permitido advertir que, en un comienzo, la víctima narró ante los galenos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que sus atacantes eran menores de edad. Con ello, habría descartado la participación del procesado, pues para la época de los hechos, ya había alcanzado la mayoría de edad. También echó de menos la valoración de las llamadas telefónicas del 1º de junio de 2012, recibidas en tiempo real en la línea de emergencia 123. Tras reseñar su contenido, afirmó que esas pruebas daban cuenta de la presencia de 3 agresores, entre quienes no se encontraba el acusado. La adecuada apreciación de dichos elementos de convicción, acota la libelista, conlleva concluir que su defendido no participó en los hechos. Cargo segundo - subsidiario. Al amparo de la causal 3ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, la libelista invoca la violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de identidad, por cercenamiento,

del testimonio de John William Monsalve Ortiz, padre de la víctima, y del vigilante David Eloy Tumerquía. Con respecto a John William Monsalve Ortiz, reseñó que en las entrevistas iniciales y en la denuncia, había referido 6

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez las manifestaciones que su hijo le hizo el día de los hechos en el centro hospitalario, en las que no vinculó al procesado. Sin embargo, modificó su versión en juicio, para decir que “Roger lo metió a la fuerza en el taxi”, porque logró escuchar la voz del encartado mientras que hablaba por celular con su hijo en el momento mismo de la agresión. Por lo expuesto, insistió en que el fallador no apreció en su integridad las declaraciones del deponente y, en su lugar, “hizo decir a la prueba algo que no dice”, pues no tuvo en consideración que el testigo, por demás, de referencia, dudó al afirmar que la voz escuchada durante la conversación con su hijo era la del procesado. Para la demandante, de otra parte, el Tribunal concluyó que Roger Stiven Jiménez Flórez estuvo presente en el lugar de los hechos porque adicionó la declaración de David Eloy Tumerquía, vigilante del Polideportivo de Bello (Antioquia). Aunque el testigo relató que vio esa noche a un hombre de contextura gruesa en cercanías del lugar, el ad quem concluyó que se trataba del acusado. Agregó que, si el deponente reconoció en juicio a Jiménez Flórez, lo hizo únicamente porque “es la persona que está siendo

procesada” y es fácil de identificar. Cimentó su censura, además, en que el testigo David Eloy Tumerquía también llamó a la línea de emergencias 123, pero no reportó la presencia de una persona sospechosa que 7

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez se trasportaba en moto ni que hubiese estado en el lugar donde se lesionó a la víctima. Con fundamento en lo expuesto, aseveró la demandante que el Tribunal pretermitió la presunción de inocencia e in dubio pro reo, pues las denunciadas incorrecciones generaban una duda razonable sobre la comisión del delito y la responsabilidad del acusado en el mismo, que imponían su reconocimiento, como lo hizo la primera instancia.

3. Cargo de nulidad.

Al amparo de la causal 2ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, la libelista denuncia que la sentencia condenatoria es nula por falta de competencia funcional del Tribunal para resolver el recurso de apelación promovido por la fiscalía. En sustento de su pretensión invalidante relató que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello profirió decisión el 10 de mayo de 2016. Esta fue impugnada por la fiscalía en la audiencia de lectura, quien afirmó sustentaría la alzada en los cinco días hábiles siguientes, término que fenecía el 17 de mayo de 2016. Sin embargo, en el expediente se observa que el escrito de sustentación aportado por el ente acusador fue radicado el 20 de mayo siguiente, a la 1:30 p.m.

A partir de lo anterior, la censora concluyó que el recurso fue sustentado fuera del término, pues no existe certificación o constancia que habilitara la presentación 8

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez extemporánea del escrito. De manera que debió declararse desierta la apelación, dado que la sentencia absolutoria ya había cobrado ejecutoria el 18 de mayo de 2016. Situación que impedía al Tribunal dirimir la alzada. En punto a la trascendencia, resaltó que la incorrección conllevo que el ad quem revocara la absolución de Roger Stiven Jiménez Flórez para condenarlo a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado tentado, pese a que la providencia recurrida cobró firmeza a causa de la falta de sustentación oportuna del recurso por parte de la Fiscalía. Por lo expuesto, solicitó declarar desierta la alzada interpuesta por el ente acusador y conservar la decisión de primera instancia.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN

1. Recurrente. 1.1. Apoderada del procesado.

Conforme al principio de prioridad, se refiere al tercer cargo propuesto en el libelo con el que pretende la invalidación del trámite, pues insiste en que el Tribunal carecía de competencia para resolver el recurso de apelación propuesto por la Fiscalía contra el fallo absolutorio, dado que la sustentación de la alzada fue extemporánea. Considera 9

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez que el ad quem estaba impedido de plano para estudiar el escrito que fue presentado fuera de término, en atención a que la sentencia apelada ya había cobrado fuerza de cosa juzgada. Por ello, ratifica su solicitud consistente en que se declare la nulidad desde que el juzgado de primera instancia concedió el recurso. De no prosperar la reseñada pretensión, insiste en los cargos propuestos por violación indirecta de la ley sustancial, sin adicionar ningún argumento a la demanda inicial.

2. No recurrentes.

2.1. Fiscalía. El Fiscal Primero Delegado acompaña la solicitud de invalidación expuesta por la libelista. Considera que, en efecto, su colega omitió sustentar oportunamente la alzada, pues contando para ello hasta el 17 de mayo de 2016, radicó el escrito respectivo el 20 de mayo siguiente, de acuerdo con la firma y fecha de recibido que obra en el expediente. No obstante, de no declararse la nulidad, acota que ninguno de los cargos, principal o subsidiario, tiene vocación de éxito, pues la demandante omitió exponer cómo la valoración de las pruebas echadas de menos habría 10

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez modificado la decisión adoptada por el Tribunal, es decir, la trascendencia de los yerros. Explica que el registro de llamadas a la línea de emergencia 123 no desvirtúa que Roger Stiven Jiménez Flórez forzó a la víctima para que entrara en un taxi que lo

llevó al lugar de los hechos, mientras que aquél condujo su moto hacia ese destino, pues ese devenir fue ratificado por el testigo David Eloy Tumerquía. De otro lado, aclara que aun cuando la censora invocó el falso juicio de identidad por cercenamiento, en realidad aludió la tergiversación de las pruebas testimoniales. Reparos que tampoco tienen asidero, según el Fiscal, pues si el Tribunal admitió que el padre de la víctima adicionara en juicio supuestos no narrados en versiones previas, ello se debió a que solo con posterioridad a esas declaraciones tuvo oportunidad de hablar con su hijo, lo que no modificó, en lo esencial, su relato inicial. Agrega que el testimonio de David Eloy Tumerquía no fue falseado ni mutilado por el fallador. En su lugar, el ad quem realizó un detallado análisis de su versión en juicio con lo dicho por el deponente a la línea 123 de emergencias y, aunque hubo pormenores en los registros que no reseñó en la providencia, ello no mermó la credibilidad del testigo. 11

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez Por lo expuesto, solicitó no casar la sentencia recurrida, de no triunfar la pretensión de nulidad. 2.2. Ministerio Público. La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal comparte la solicitud de nulidad, en los términos como fue planteada. Sin embargo, no concuerda con los cargos principal y subsidiario, pues estima que el Tribunal valoró de manera integral los testimonios, gracias a lo cual concluyó que la

víctima fue apuñalada en varias ocasiones por los agresores, entre quienes se encontraba Roger Stiven Jiménez Flórez. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La recurrente formula dos cargos por violación indirecta de la ley sustancial y otro por violación del debido proceso, mediante el cual pretende la nulidad parcial del proceso. Por consiguiente, se abordará el último reparo ante su evidente procedencia, en especial, dado que los cargos expuestos como principales no tienen vocación de prosperidad.

1. Nulidad.

Aduce la libelista que la Fiscalía apeló el fallo de primera instancia en la audiencia de lectura, pero sustentó 12

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez extemporáneamente el recurso, razón por la que el Tribunal carecía de competencia para desatar la alzada y condenar por primera vez al procesado. Por consiguiente, ante la afectación del derecho al debido proceso, solicita se invalide lo actuado por la segunda instancia. Al respecto, surge pertinente realizar las siguientes precisiones: El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El inciso segundo de la disposición precisa que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. La expresión «formas propias de cada juicio», de acuerdo con la Corte Constitucional, se refiere a la previa definición

legal de los procedimientos por parte del legislador3, como garantía de la efectividad del debido proceso, en tanto permite a las partes conocer de antemano las pautas en los procesos judiciales o administrativos, a fin de que el ejercicio de la función jurisdiccional se ciña a la legalidad, no a la arbitrariedad o capricho del funcionario encargado de su conocimiento.

3 CC, SU-429/98.

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez En ese sentido, claro es que también la administración de justicia está sujeta a la ley, como mandato que vincula positiva o negativamente a los servidores judiciales, al punto que les está vedado realizar cualquier acción para la que no estén habilitados expresamente por la norma, siendo esta la que define y atribuye su competencia4. A partir de ese marco constitucional, cuando se pretende promover el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, debe el interesado aducir su intención en la audiencia de lectura de fallo, momento en el que podrá sustentarlo oralmente “o por escrito en los cinco (5) días siguientes” según el artículo 179 del C.P.P., siendo el primer escenario la oportunidad para interponer el recurso -en diligenciay, el segundo para sustentarlo, de manera oral o por escrito -5 días después de la audiencia-. Si el interesado omite apelar la decisión que considera contraria a sus intereses, sea porque esté conforme con lo adoptado o, estando en desacuerdo, pasó por alto el momento procesal para incoar la alzada, la providencia proferida en

audiencia adquiere ejecutoria una vez notificada, según el artículo 302 del C.G.P., es decir que, en línea de principio, no podrá controvertirla con posterioridad. Es más, si propone la alzada en el momento correcto, pero omite sustentarla, el artículo 179A siguiente dispone que “se declarará desierto”.

4 CC, ST-001/1993.

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez Por el contrario, si la parte afectada apeló el fallo en la audiencia de lectura y sustentó oportuna y adecuadamente el recurso, bien oral en la misma diligencia, ora por escrito 5 días después, se admitirá el recurso, pues ha reunido los presupuestos de existencia y validez exigidos en las normas procesales para surtir sus efectos. Su concesión reviste particular importancia si en cuenta se tiene que activa la competencia del superior para conocer la alzada -por ser un recurso ordinario verticaly da lugar a otro estadio procesal que se rige por sus propias reglas y principios –segunda instancia-. Vale precisar que, en este supuesto, la competencia es atribuida por la ley a la autoridad judicial, en razón de una determinada función o labor que solo ella puede desempeñar. Así, cuando el artículo 35 del C.P.P. señala que las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen de “los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito”, es claro que está asignando al cuerpo

colegiado la función de dirimir esos asuntos, sin que esa competencia pueda ser asumida por otra autoridad judicial. Hablamos de la competencia funcional. En ese orden, es claro que, al definir la ley, no sólo qué requisitos debe reunir el recurso de apelación para ser admitido, sino también quién es el encargado de resolverlo, lo hace a partir de una visión concatenada de las figuras procesales –recurso y competencia-, donde la primera es 15

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez necesaria para la segunda, porque si no se propuso la alzada o fue invocada por fuera de la oportunidad procesal o no fue sustentada en los términos legales o de manera adecuada, para enunciar algunos ejemplos, el debate no llegará al conocimiento del superior. Por ello, aun cuando corresponde al juez de primera instancia constatar el cumplimiento de los presupuestos del recurso de apelación, en manera alguna ello significa que pueda sustraerse de las disposiciones legales que regulan el tema para concederlo ante el superior o negarlo. Ahora, comoquiera que uno de los presupuestos para presentar el recurso de apelación es la oportunidad procesal y por versar en ese aspecto el problema jurídico propuesto por la libelista para la invalidación del trámite, es del caso resaltar lo siguiente: Parte indispensable del proceso son los términos, entendidos como aquellas delimitaciones temporales que indican el comienzo o fin de un plazo o interregno en el que los sujetos procesales, partes e intervinientes, deben realizar

una específica actividad, concatenada con un acto jurídico previo que, a su vez, da lugar a otro posterior, de manera secuencial y engranada, con el fin de mantener en constante movimiento el aparato judicial hasta la culminación definitiva del proceso. 16

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez Los términos, en su distinción más común, pueden ser legales, es decir, los que están fijados en las normas y, por regla general, son perentorios e improrrogables (art. 158 C.P.P.), y los judiciales, que son establecidos por el juez de manera subsidiaria, solo cuando no hay disposición expresa al respecto (art. 159 C.P.P.). Entre los primeros, encontramos que, interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia en la audiencia de lectura de fallo, el recurrente tiene cinco (5) días para sustentarlo por escrito. La Corte Constitucional en sentencia C-416/94, precisó: "El proceso es una institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud, el proceso se proyecta y desenvuelve en el tiempo, a través de la sucesión de una serie de actos o de etapas dirigidas a una finalidad, cual es la constatación de una situación jurídica en un caso concreto mediante una sentencia. El proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre su

finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia. El impulso de la actuación procesal está diseñado en relación con el tiempo, que es factor esencial para su celeridad y eficacia, entendida esta última en función del logro del objetivo del proceso. En función del tiempo no sólo se crean y modifican los derechos procesales concretos, sino que también se los extingue, por lo cual se hace necesario que la ley procesal establezca unos plazos o términos, con el fin de que el 17

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez proceso se realice dentro de una secuencia lógica ordenada (…)". Al respecto, señala el artículo 228 de la Constitución Política que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. A su vez, el artículo 4° de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justiciaconsagra que los términos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Ello, por cuanto la consagración legal y el cumplimiento de los términos efectivizan los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso, no solo del sindicado o de quienes concurren al trámite con cierta pretensión, también de los funcionarios judiciales que desempeñan un rol trascendental en la dispensación de justicia, en atención a que la indeterminación de los plazos generara incertidumbre procesal y afecta marcadamente el principio de preclusión de los actos procesales, al paso que

su incumplimiento podría conllevar dilación injustificada del proceso, afectando la garantía constitucional de obtener una pronta resolución judicial. Por ello, la continuidad ordenada del proceso implica que la actividad procesal deba adelantarse en momentos definidos -previamente por el legisladory preclusivos, toda vez que culminada una determinada etapa le sigue otra posterior, 18

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez de manera ordenada y concatenada, como actos previos y necesarios para la emisión de la sentencia. Además, esta configuración de los procesos judiciales desarrolla en plenitud el principio de seguridad jurídica, toda vez que fenecida la etapa respectiva, por regla general, no podrá prolongarse o reanudarse, salvo excepciones que podrá sopesar el juez, previa petición de parte, por causa grave y justificada que le haya impedido actuar, a partir de criterios de legitimidad, oportunidad y procedencia5. Conforme lo expuesto, definidas las cargas procesales de los actores en controversia, así como el marco temporal en el que deben ejercerlas, se genera estabilidad y neutralidad en los procesos y actuaciones judiciales, gracias a las reglas claras de juego que conminan a todos los involucrados. Con el cometido, además, de garantizar una eficaz y célere administración de justicia, los jueces están obligados a cumplir de manera diligente los plazos previstos en la ley, así como a velar por el acatamiento de los términos procesales por las partes e intervinientes, mientras que a estas se impone

el estar atentas del proceso y procurar su continuidad, realizando las actividades que de ellas dependan, con sujeción estricta del plazo que para cada una prevé la ley. 5 CSJ AP, 6 feb. 2013, rad. 40032. 19

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez Sin que lo expuesto implique el culto ciego a las normas procesales, pues las disposiciones relativas a los términos contienen un trasfondo sustancial que redunda en la protección del derecho al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, de quienes concurren al proceso, siendo, además un elemento que integra la “plenitud de las formas propias de cada juicio”, de que trata el artículo 29 de la Constitución Política, necesario para la concreción del derecho material. Quiere decir lo anterior que el ejercicio de un acto procesal por fuera del término legal, genera una consecuencia adversa para quien ha infringido las reglas de juego. Estas secuelas suelen estar señaladas en las disposiciones normativas de cada proceso, como medidas encaminadas a restablecer el equilibrio entre las partes e intervinientes, así como para garantizar la normal continuidad del trámite. En esa línea, corresponde al fallador judicial ejercer los controles respectivos cuando una de las partes o intervinientes pretende ejercer un acto procesal, pese a que el término previsto para ello ha fenecido. Así, también a quienes participan en el proceso, dado que la pretensión cuya prosperidad persiguen, les impone estar atentos al trámite y

poner en conocimiento del juez el incumplimiento de las normas procesales. Con el fin de que, bajo uno u otro evento, se adopten los correctivos de manera oportuna. 20

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez Mandato previsto en el inciso 5º del artículo 10º del C.P.P. según el cual, “el juez de control de garantías y el de conocimiento están en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando los derechos y garantías de los intervinientes”. Con todo, suele ocurrir en la práctica judicial que los sujetos procesales no advierten la omisión de los plazos y, con ello, se concretan situaciones que, bajo el respeto estricto de las normas no se habrían consolidado. Escenario en el que podrían verse afectados los derechos de defensa y debido proceso de alguna de las partes e, incluso, la estructura del proceso, no porque se predique el cumplimiento irrestricto de la forma, sino en atención a que estas permiten materializar el derecho sustancial. En ese orden, la mera pretermisión del plazo es insuficiente para invalidar la actuación, toda vez que es necesario dilucidar su trascendencia, esto es, si el yerro en el procedimiento constituye un vicio que atente gravemente contra las garantías, constitucionales o legales de los sujetos procesales e intervinientes o desconozca los principios que gobiernan el proceso judicial. De lo contrario, aun cuando se haya vulnerado una forma procesal, el acto podrá ser saneado para ser

considerado válido, de cumplirse, además, con los siguientes requisitos: exista convalidación por parte de los sujetos procesales, la trasgresión no revista una importante 21

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Casación Roger Stiven Jiménez Flórez afectación o trascendencia -ni para el derecho de defensa o debido proceso de las partes ni para la estructura del proceso-, se insiste, y el acto haya cumplido la finalidad para la cual fue dispuesto. En ese sentido, prevé el inciso 1º del artículo 457 del C.P.P. que “es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales”. Sobre la nulidad, como remedio para restablecer el derecho afectado con la anormalidad procesal o la garantía conculcada, esta Corte ha precisado: Solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley – principio de taxatividad –; no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidante, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, – principio de protección –; aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales –principio de convalidación –; quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación o el juzgamiento – principio de trascendencia –; no se anulará un acto cuando

cumpla la finalidad a que estaba destinado, pues lo importante no es que se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción,