CSJ - SP1860-2024(62051)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente SP1860-2024 Radicado n.” 62051

CUI: 05001609915520180002601

Aprobado acta n.° 169 Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos, mil veinticuatro (2024) 7 o — ASUNTO ha Corte dicta sentencia en respuesta a la demanda de casáción formulada por el fiscal contra el fallo del 9 de mayo de 2022, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Mediante esa decisión, se confirmó mayoritariamente la absolución dictada a favor de SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

I. HECHOS

1. La hipótesis delictiva consiste en que, entre 2011 y el 14 de febrero de 2019, en Medellín, SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE incrementó su patrimonio, producto de los réditos Casacion Radicado n. 62051

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE derivados de acciones delictivas ejecutadas por sus hijos JUAN

ESTEBAN DAVID SÁNCHEZ y MATEO DAVID SÁNCHEZ.

Éstos se dedicaban, al menos desde 2010, al hurto de residencias como integrantes de una banda de apartamenteros conocida como Los Cerrajeros, actividad de la que obtuvieron recursos ilícitos con los que aquélla,

careciendo de capacidad económica, adquirió varios inmuebles y vehículos!. Además, según la acusación, la señora SÁNCHEZ ARROYAVE conservó, administró y transformó dinero y bienes derivados del concierto para delinquir con fines de hurto del que participaron sus hijos.

II. ACTUACIÓN PROCESAL PERTINENTE

2. Con fundamento en los referidos hechos, Je "16 de febrero de 2019 ante el Juzgado, 30, Penal Municipal de Medellín se formuló imputación a la señora SÁNCHEZ ARROYAVE como POSIBIC autora de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos (arts. 327 y 323 del C.P.), cargos no deeptados por ella y que, a su vez, le fueron atribuidos en la audiencia de formulación de acusación, llevada a cabo el 26 de julio de ese mismo año ante la Jueza 1 Penal Especializada del Circuito de esa ciudad.

3. La acusada optó por ejercer su derecho a ser juzgada públicamente. Concluido el debate y emitido sentido de fallo absolutorio, el 28 de mayo de 2021 la a quo dictó la respectiva sentencia, por cuyo medio exoneró a la procesada. ! De placas DHW-397, WCS-611, EKR-455, TSZ-650 y EQW-569, así como los inmuebles

ubicados en la calle 9 Sur N 79 C-151, con matrículas 001-1238360, sobre un cuarto útil y parqueadero y el apartamento 1503, piso 15, torre 1%, Urbanización Mirador de Arboleda, con matrícula 001-1238501. Casacion

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE

4. En respuesta al recurso de apelación interpuesto por el fiscal, mediante la sentencia ya referida el ad quem, en decisión mayoritaria, confirmó el fallo de primer grado?.

5. Dentro del término legal, el prenombrado sujeto procesal interpuso el recurso extraordinario de casación y allegó la respectiva demanda, admitida para pronunciamiento de fondo.

6. Cumplido el trámite de sustentación con intervención del fiscal delegado ante la Corte y de la defensora, la Sala procede a dictar el fallo de rigor.

II. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Y TRÁMITEDE | SUSTENTACIÓN, 2. — 3.1. Posición del demandante

7. El censor ataca la sentencia de segunda instancia por vía del art. 181-3 del C.P.P. Denuncia la violación indirecta de la ley sustancial. En su criterio, los juzgadores de instancia apreciaron tergiversadamente las pruebas de cargo y las valoraron inadecuadamente, infringiendo las reglas de la experiencia.

8. El tribunal, sostiene, “no se basó en la integralidad del núcleo fáctico esencia” planteado en la imputación, reiterado en la acusación y los alegatos de conclusión. Por ? El magistrado Gabriel Fernando Roldán Restrepo salvó su voto.

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE ello, las conclusiones a las que arribó en “sede de valoración

probatoria”, en torno a que no se probó ninguno de los delitos atribuidos a la procesada, son equivocadas. En ese sentido, contrario a lo consignado en el fallo de segundo grado, sí se diferenciaron las circunstancias fácticas tanto para el enriquecimiento ilícito como para el lavado de activos.

9. Al respecto, prosigue, a la señora SANCHÉZ ARROYAVE se le endilgó el delito de lavado de activos por haber adquirido, conservado, administrado y transformado bienes que provenían de las actividades ilícitas realizadas por la organización criminal Los Cerrajeros, de la que hacían parte sus hijos MATEO DAVID SÁNCHEZ y JUAN ESTABAN DAVID SÁNCHEZ. Estos, entre los años 2011 2019, estuvieron involucrados en hurtos.en lostue se utilizaron los vehículos de placas MMH=751 y EKR-455, de propiedad de la acusada.

710. Ese entorno y comportamientos delictivos, destaca, no solo se probaron con lo declarado por los testigos de acreditación que dieron cuenta del “análisis que hizo la Policía sobre su denominación criminal”, sino con los testimonios de las mismas víctimas de los hurtos -Juan

Guillermo Betancourt Álzate, María Elena Osorio Gaviria, Ana María Ruiz Osorno, Jairo Sepúlveda Vélez y Martha Lía Gaviria Sepúlveda-.

11. Por otra parte, puntualiza, el ad quem ignoró que el enriquecimiento ilícito “también era delito subyacente o base sobre la cual está también parapetado aquí el lavado de

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE activos”. Esto, conforme a los testimonios de los investigadores, las víctimas de los hurtos y la “opinión pericial contable”. Por ello, los juzgadores incurrieron en falso raciocinio al “omitir las reglas de la experiencia, ya que no puede entenderse que lo único que genera enriquecimiento ilícito de particulares son las actividades del narcotráfico”.

12. Asimismo, alega, el ad quem desconoció que, conforme al principio de libertad probatoria, no existe tarifa legal. Por lo tanto, “no le era dable exigir sentencia condenatoria” contra los hijos de la acusada por el delito de concierto para delinquir, “sino la mera declaración de su existencia a través de un sólido basamento inferencial”. ,

13. De otro lado, critica al tribunálpor estimar que la hipótesis delictiva compoñtayún Concurso aparente entre los tipos penales Gróvistos en los arts. 323 y 327 del C.P., cuando, “a ‘ su modo de ver, se acreditó un concurso heterogéneo que en manera alguna vulnera el principio non bis in ídem.

14. En ese sentido, enfatiza, el lavado de activos es “un delito de mera conducta, de peligro y pluriofensivo”; dependiendo del verbo rector imputado, puede ser de ejecución instantánea o permanente. Así, la conducta de la acusada cumple con ambos criterios, pues adquirió, administró y transformó bienes que tienen su origen mediato e inmediato en actividades ilícitas, esto es, en el concierto

para delinquir y en los hurtos. Casacion Radicado n. 62051

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15. Por su parte, añade, el enriquecimiento ilícito se materializó con la obtención de un incremento patrimonial no justificado por parte de la procesada. Ambas conductas delictivas “se dan más allá de que la fiscal de turno no haya imputado el enriquecimiento como delito subyacente, así solamente lo haya hecho como delito independiente en concurso”. De ahí que, en su criterio, los juzgadores debieron analizar ambas conductas punibles por separado, puesto que “se demostraron las circunstancias fácticas diferenciables para cada uno”.

16. Empero, puntualiza, el tribunal “se enfrascó solo en el análisis correspondiente a si hubo o no. concierto para delinquir por parte de los hijos de la progesuda”, omitiendo la valoración de pruebas doculmentales que evidenciaban la adquisición dé me les y automóviles a nombre de la señor SANCHÉZ ARROYAVE, para nada justificadas. Lo cierto ‘es que, según su entender, se demostró que, “en todo o en parte”, los bienes provenían de actividades ilícitas, pues fueron obtenidos durante el tiempo en que los hijos de aquélla infringían la ley penal.

17. Además, alega, el ad quem se equivoca al considerar que la comisión del lavado de activos “proveniente del concierto para delinquir no provenga de la voluntad asociativa, sino de los delitos que se cometen por la puesta en marcha de ese objetivo”, imponiendo equivocadamente el deber de

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE demostrar cuáles hurtos específicos son el origen de los bienes adquiridos por la acusada, sin que esto sea necesario.

18. Del mismo modo, sostiene, para configurarse el enriquecimiento ilícito no es necesario identificar que “del botín obtenido de tal o cual hurto, se obtuvo tal o cual rédito, como si se planteara una receptacion”. Tampoco se precisa “una auditoría al detalle para decantar lo bueno y lo mal habido”, puesto que “era la procesada quien tenía el deber de demostrar la procedencia lícita”.

19. Así, el mencionado delito, caracterizado en la acusación como conducta concurrente, no como subyacente, para nada debió descartarse “bajo la deducción, de que la adquisición de los inmuebles y la mayoría de los vehículos antecedió a los hurtos {que llegaron a probarse”.

Independientefis ite de si los hurtos se consumaron o no, subrayacios bienes se obtuvieron con recursos provenientes de actividades delictivas en las que estuvieron involucrados los familiares de la acusada.

20. Sin embargo, cuestiona, los falladores “dejaron de apreciar e integrar indicios” de los que se podía inferir la relación entre dicha actividad delictiva y el incremento injustificado del patrimonio de la señora SÁNCHEZ

ARROYAVE.

21. Aunado a lo anterior, resalta, SOR ELENA devolvió bienes hurtados por sus hijos a algunas víctimas, hecho del Casacion Radicado n. 62051

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE cual es dable inferir el conocimiento de aquélla sobre las actividades delincuenciales de las que ellos participaban.

22. Frente a este punto, cuestiona que la a quo no le otorgara credibilidad al testimonio de la víctima de ese hurto -ocurrido en el año 2011y lo considerara sospechoso porque, a pesar del tiempo transcurrido y de que la acusada llevaba puesto un tapabocas, la declarante pudo reconocerla en audiencia como la persona que devolvió algunos de los bienes hurtados por su hijo.

23. Asimismo, sostiene, los juzgadores de instancia les dieron credibilidad a los testigos de la defensa sin hacer un análisis sólido, pese a que sus versiones estabañ Jlénas de “malas justificaciones”.

24. De otía arte, alega, el a quo incurrió en un “falso juiciode identidad” al concluir que la pretensión punitiva se basaba en “meras suposiciones” o “deducciones” de los investigadores. No obstante, “todos y cada uno de sus dichos tuvieron soporte documental con pruebas de distinta naturaleza”.

25. A su juicio, si se hubiese otorgado crédito probatorio a los testimonios tanto de los investigadores de policía judicial como de las víctimas, advirtiendo las contradicciones de los testigos de cargo, se habría podido concluir más allá de duda razonable que los bienes de propiedad de la procesada provenían de las actividades delictivas de sus Casacion Radicado n. 62051

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE hijos. No obstante, el tribunal desconoció que “la lógica y la construcción indiciaria son rudimentos de la apreciación racional y de la sana crítica”.

26. Por otro lado, el ad quem erró al desestimar la configuración del enriquecimiento ilícito al entender que “las mujeres que llevan las riendas de los hogares suelen ser más juiciosas y metódicas”. Sin embargo, ello no ocurre “cuando las familias están compuestas por integrantes de grupos delincuenciales comunes, como en este caso”.

27. Adicionalmente, enfatiza, el tribunal acogió la hipótesis defensiva ignorando “el blanqueo de dineros y bienes obtenidos”, a pesar de “las evidentes-vafiáciohes que venían haciendo para ocultar y ~encubrir el origen del patrimonio”. Es más, en.el( fállo se reconoció que el núcleo familiar de la ácifsada parece tener la costumbre de “poner los bienés a su nombre, sin detentar su posesión”.

28. En suma, concluye, la ausencia de una adecuada valoración individual y conjunta de las pruebas llevó a que los falladores pasaran por alto la concordancia entre diversos indicios, así como la correspondencia entre éstos y los demás medios de conocimiento. De ahí que, en su sentir, la absolución de la procesada deviene errada.

29. Por consiguiente, pide a la Corte casar la sentencia impugnada para que, en su lugar, se dicte fallo condenatorio.

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30. Tal pretensión fue ratificada por el fiscal delegado ante la Corte en audiencia de sustentación, quien adicionó que las dos conductas punibles atribuidas a la acusada son autónomas, de manera que el tribunal no debió analizar solamente la configuración del lavado de activos, sino el enriquecimiento ilícito. 30.1. Asimismo, sostiene, se probaron varios indicios que, valorados en conjunto, permiten alcanzar el grado de conocimiento requerido para condenar a la señora SÁNCHEZ ARROYAVE, a saber: (i capacidad para delinquir; (ii) utilización de bienes de propiedad de la acusada para la comisión de los delitos de hurto y (iii) mentira y mala justificación. 30.2. El primero resalta, se fundamenta en la existencia de ríoticias riminales contra los hijos y el esposo de la Próbesada, en la sentencia condenatoria en su contra por el delito de extorsión y en los testimonios de las víctimas de los hurtos. En cuanto al segundo, destaca el uso de los vehículos de placas EKR-455 y MMH-751 en la comisión de los ilícitos. Respecto al indicio de mentira y mala justificación, la señora SÁNCHEZ ARROYAVE no explicó cómo obtuvo los ingresos para adquirir los bienes ni brindó información de las actividades de ganadería que supuestamente realizaba. 30.3. Sobre ese último particular, expone, se demostró que, durante el 22 de febrero de 2012 y el 29 de noviembre

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE de 2018, la acusada adquirió automóviles y bienes inmuebles. Respecto a éstos, Óscar Daniel Herrera Sarmiento -contador público y perito de la Fiscaliaadujo que representaban incremento patrimonial injustificado, debido a que no encontró evidencia de actividades de ganadería ni de alguna relación contractual o herencia que justificara la adquisición de esos bienes. 30.4. Conforme a los principios de libertad probatoria y sana crítica, así como a las leyes de la experiencia, añade, la distribución de funciones entre varios individuos que participan de manera permanente en múltiples hechos punibles, sean consumados o no, permite inferir la existencia de una asociación para delinquir fundada en uf) ácuérdo de voluntades. 30.5, Tales? indicios, en su criterio, acreditan la existénuia de una organización criminal compuesta por los hijos de la acusada y otras personas que fueron condenadas junto con ellos. Esa organización, cuyo propósito principal era la comisión de hurtos, operó desde 2011 hasta 2019, lo que evidencia su permanencia en el tiempo. Por lo tanto, el tribunal incurrió en falso raciocinio, ya que no realizó una valoración integral de los hechos indicadores y las demás pruebas practicadas en el proceso, a partir de las cuales se podía inferir la estructuración del concierto delinquir como delito subyacente al lavado de activos. 11 Casacion

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE 3.2. Posición de sujetos procesales no recurrentes

31. Por su parte, la defensora solicita a la Corte que no se case la sentencia impugnada.

32. En primer lugar, sostiene, el censor se equivocó en la causal de casación, pues “debió plantear” violación directa de la ley sustancial por alguna de las tres modalidades de error correspondientes.

33. Enseguida, puntualiza, el fiscal postuló las mismas circunstancias fácticas para fundar tanto el lavado de activos como el enriquecimiento ilícito de particulares, es decir, pretende derivar de un mismo comportamiento 19) Adecuación típica en ambos delitos, con violaciódnel principio non bis in ídem. (33 Ello, además, es censurable desde la óptica del principio de congruencia, conforme al cual la sentencia no puede dictarse con desconocimiento del núcleo fáctico de la imputación contenida en la acusación. Con todo, enfatiza, lo cierto es que no se probó la comisión de ninguno de esos delitos.

35. Por otra parte, subraya, si el demandante pretendió alegar que se desconocieron los postulados de la sana crítica en la construcción de la prueba indiciaria, debió acudir al falso raciocinio y no al falso juicio de identidad. Pero, más allá, no logró acreditar aquella modalidad de error, puesto

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que incumplió con la carga de identificar cuál regla de la experiencia fue vulnerada por el tribunal.

36. Asimismo, destaca, la valoración propuesta desconoce los presupuestos de producción de la prueba, pues en realidad no existe ninguna evidencia demostrativa de la existencia de una empresa delincuencial. Solamente hay pruebas “de orden referencial inadmisible”, consistentes en las versiones de dos investigadores que pretendieron dar cuenta de ello, basándose en reiteradas “noticias criminales”.

37. De otro lado, enfatiza, ninguna de las sentencias condenatorias contra los hijos de la procesada acredita la adquisición de recursos provenientes de (las cbriductas juzgadas”. Esto se debe a que, cncathbos casos, por la intervención oportuna des policía, ninguno de los hurtos llegó a consu e Por consiguiente, no se demostró el origex Riko de los bienes, el concierto para delinquir ni el hurto: Además, el fiscal desconoce que este último ilícito no puede ser subyacente al lavado de activos, lo que al tenor del art. 323 del C.P. deviene en la atipicidad de la conducta.

IV. CONSIDERACIONES

38. Al haber superado las deficiencias de planteamiento técnico de los reproches constitutivos del cargo formulado por vía de la violación indirecta de la ley sustancial, la Sala examinará de fondo la corrección de la estructura probatoria que sustenta la absolución, sin reparar en las imprecisiones

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evidenciadas en la sustentación, de cara a las concretas modalidades de infracción.

39. En esencia, la censura centra su refutación en errores de apreciación y valoración probatoria. Por ello, a fin de verificar si el tribunal incurrió en violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho en la fijación de los enunciados fácticos con fundamento en los cuales ratificó la absolución de la acusada, la Sala procederá así: inicialmente, traerá a colación los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Corte, en punto de las exigencias probatorias requeridas para la acreditación de la tipicidad objetiva por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos (num. 4.2.1.) En segundo orden, reconstrujra la argumentación que soporta la decisión exeneratoria (num.

4.2.2).

40. Fijados esos referentes, contrastara la reconstruida estructura probatoria con las críticas formuladas por el censor, a fin de determinar si el ad quem cometió alguna infracción que invalide el escrutinio probatorio aplicado (num. 4.2.3.); entonces, establecerá si las declaraciones de hechos que integran el fallo deben modificarse o si, en ausencia de yerros en su construcción, han de permanecer inmodificables. Y, con esa base, determinará si ha de decaer algún fundamento de la decisión que conlleve a casar la sentencia impugnada o si ésta ha de mantenerse incólume

(num. 4.3.). 14 Casacion Radicado n. 62051

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE 4.2.1. Exigencias probatorias para la acreditación de los delitos en cuestión 4.2.1.1. Enriquecimiento ilícito de particulares

41. A la luz del art. 327 del C.P., la configuración de dicho delito exige: i) obtención de un incremento del patrimonio propio o ajeno; ii) la no justificación del incremento patrimonial; iii) que éste tenga su causa en una actividad delictiva antecedente del sujeto activo o de otra persona y iv) cuando la actividad ilícita es cometida por un tercero, basta que el sujeto activo del enriquecimiento ilícito haya tenido conocimiento del origen ilícito de los recursos.

42. En esos términos, lo primero que, ha de enfatizarse es que se trata de una conducta penal autónoma e independiente, ya que procede de una actividad delictiva cualquiera, sin necesidad de que su realización esté declarada en una sentencia condenatoria (cfr. C. Const., sent.

C-319 de 1996). De ahí que el juez deba determinar, de acuerdo con el material probatorio, la ilicitud de la actividad en cuestión. Sólo es menester contar con pruebas que evidencien la presencia de una relación de causalidad entre el aumento patrimonial y cualquier actividad ilegal. En ese orden, todo tipo de comportamiento punible puede ser fuente del incremento patrimonial no justificado (cfr. CSJ AP25712023, rad. 60.627). 15 Casacion Radicado n. 62051

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43. De otro lado, la Sala ha sostenido que la incursión

en el delito no exige la determinación de un monto específico para deducir su comisión, toda vez que la conducta se consuma con la obtención para sí o para otro de un incremento patrimonial injustificado, derivado de actividades delictivas, lo cual demarca el problema de la imputación no en la cantidad del aumento patrimonial, sino en el hecho de percibirse un acrecimiento con recursos de origen ilegal (cfr., entre otros, CSJ AP443-2016, rad. 37.395 y SP011-2021, rad. 58.095).

44. Entonces, es la verificación del daño real o potencial ocasionado a la relación social fundamental penalmente tutelada la que determina la verdadera ocurrencia de la conducta punible, no la fijación de una suma específica, pues, también ha advertido la Corte (CSJ SP 30 jul. 2012, rad. 33.461), de suponer siempre como necesaria esa exigencia, quedarían por fuera del ámbito de cobertura de la prohibición aquellos eventos en los cuales, hallándose demostrado un aumento patrimonial producto de acciones delictivas, resulta imposible cuantificarlo, si se tiene en cuenta que el crecimiento de ese capital ocurre de modo encubierto y clandestino, evitando dejar registros o pistas capaces de delatar las furtivas operaciones.

45. De modo que la incursión en enriquecimiento ilícito de particulares no demanda prueba de la cuantía exacta del incremento patrimonial injustificado, sino la acreditación de que el agente se enriqueció con la recepción de dineros u otros bienes provenientes de la comisión de delitos. Además, la

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE acreditación de la comisión del ilícito no está sujeta a que el acrecentamiento se demuestre con prueba contable, sino con cualquiera de las acopiadas en el proceso, sin importar su naturaleza, siempre que evidencie el hecho básico; esto, en virtud del principio de libertad probatoria (CSJ AP 15 ago. 2008, rad. 29.088; SP9235-2014, rad. 41.800; AP443-2016, rad. 37.395 y AP 23 mar. 2017).

46. Ahora bien, en punto de las cargas probatorias, claramente corresponde al Estado acreditar la conducta típica y los ingredientes normativos de rigor, esto es, detectar el incremento del patrimonio del sujeto activo y deducir su carácter injustificado, valorando articuladamente la prueba de cargo y las explicaciones que pueda ofrecer el acusado, en ejercicio del derecho de defensa. Si bien, en virtud de la presunción de inocencia, la emisión de un juicio positivo de adecuación típica no ‘se habilita por la simple ausencia de justificación del particular sobre el incremento de su patrimonio, también es verdad que, habiendo fundamentos sólidos para afirmar la afectación del orden económico y social por enriquecimiento ilícito, el deber constitucional de colaboración reclama una cierta posición activa para explicar el origen lícito del pecunio personal.

47. Sobre el particular, de cara al rol que desempeñan las justificaciones dadas por quien es señalado de enriquecerse ilícitamente, la jurisprudencia constitucional

(sent. C-319 de 1996) ha advertido: 17 Casacion Radicado n. 62051

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE En relación con la expresión “no justificado”, su operancia no conduce en manera alguna a una inversión de la carga de la prueba, pues es al Estado a quien corresponde en última instancia probar el hecho típico, antijurídico y culpable, de conformidad con los medios de prueba existentes y los elementos de juicio aportados al proceso. La explicación que brinde el imputado en relación con el presunto incremento patrimonial injustificado corresponde a un acto propio del ejercicio del derecho de defensa, comoquiera que en las instancias procesales debe permitirsele al sindicado explicar su conducta. [...] En el caso de los particulares, éstos deben demostrar al Estado anualmente sus ingresos y la procedencia de los mismos mediante la declaración de renta, no sólo para que el Estado, de conformidad con leyes preestablecidas, grave en alguna medida su patrimonio, sino además para ejercer control sobre su licitud. Un desproporcionado e injustificado incremento es precisamente lo que da lugar al ejercicio de la acción penal por enriquecimiento ilícito, debiendo el Estado establecer plenamente” la responsabilidad del imputado o su inocencia. Al pasar-al terreno penal, no puede sostenerse que | abruptamente cese todo asomo de colaboración de¡la persona a la que se pide explicaciones (sobre sus movimientos patrimoniales (C,P.aft. 95 num. 7 y 9). El derecho a la no autoincrimirfación ciertamente autoriza al sindicado o

precesadd. a asumir ciertos comportamientos procesales, peró su silencio o sus aserciones carentes de sustento, pueden objetivamente demeritar su posición si en su contra se reúnen suficientes elementos probatorios allegados por el Estado y no refutados.

48. En consonancia con esa lectura constitucional, esta Corte (CSJ SP9235-2014, rad. 41.800) ha interpretado que, en el ámbito del enriquecimiento ilícito de particulares, tiene lugar una morigeración de la carga de la prueba del delito. Esto es, una vez el Estado logra establecer un incremento patrimonial desproporcionado, es al particular interesado a quien corresponde demostrar el justo título bajo el cual obtuvo el enriquecimiento.

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49. Ello, atendiendo a que, como lo consideró la Corte Constitucional en la precitada sentencia, demostrar el origen de un incremento patrimonial es una obligación general que el Estado puede hacer exigible en todo momento a cualquier persona natural o jurídica; es una consecuencia del principio constitucional de que toda persona debe vivir sometida a la Constitución y a la ley (arts. 4°, 6 y 95 de la Constitución).

50. Y esa sujeción al ordenamiento jurídico se concreta en el marco de una moral económica en la sociedad, que ha de preservarse como bien jurídico. Esa moral social no se entiende como una abstracción, sino vinculada al valor constitucional extraído de los arts. 34 y 58, conforme Af Cual,

en el Estado social de derecho, es perngitid ncrementar el patrimonio, pero con justo“tífulo, con sujeción a las leyes, siendo reprochable hácerlo al margen de ellas debido a los desajustes macroeconómicos que tales comportamientos producen (cfr. CSJ SP 27 nov. 2000, rad. 16.694; AP 9 sep. 2008, rad. 29.705).

51. Por eso, la prohibición y sanción del enriquecimiento ilícito se vincula con la garantía de un mínimo de eticidad en la adquisición de la propiedad y en su incremento, el cual se concreta en el concepto jurídico de justo título y persigue evitar los graves desajustes que en el sistema económico produce el ingreso y circulación de bienes con origen ilícito

(cfr. CSJ SP9235-2014, rad. 41.800 y C. Const., sent. C-319 de 1996). 19 Casacion Radicado n. 62051

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52. Entonces, la articulación de esos referentes conceptuales lleva a entender que la presunción de inocencia, entre otras cosas, implica que la carga de acreditar la responsabilidad penal está en cabeza de la Fiscalía. Es deber del Estado evidenciar que alguien ha infringido la ley penal en un grado de conocimiento más allá de toda duda.

53. Ese proceso y estándar cognoscitivo, aplicados al delito de enriquecimiento ilícito de particulares -estatuido para proteger la moral económica y preservarla de un flujo permeado por riqueza contaminada por la ilicitud-, ostentan, respectivamente,

un carácter complejo y una estructura escalonada, de las siguientes particularidades: 53.1. El punto de partida es el principio constitucional de buena fe (art. 83), acorde con el cual se presume que las actuaciones del particular (sujeto activo) en el ámbito económico están ajustadas a las leyes civiles. Esto, a su vez, comporta entender que el patrimonio de la persona, en línea de principio, tiene una causa y que ésta es lícita o justa. 53.2. Un incremento patrimonial desproporcionado y carente de una justificación plausible, es decir, que no tenga explicación de la causa de su procedencia, quiebra las bases de la presunción de su licitud o conformidad con el ordenamiento jurídico. Tanto la ausencia de causa (ilícito civil reconocido en el art. 831 del C.Co.), como el origen delictivo del enriquecimiento (art. 327 del C.P.) son expresiones de mala fe, la cual debe probarse (769 inc. 2° del C.C.). 20 Casacion Radicado n. 62051

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SOR ELENA SÁNCHEZ ARROYAVE 53.3. Si el acrecentamiento considerable del patrimonio de alguien se ofrece inexplicable, por una evidente falta de conexión entre sus ingresos y la entidad del increme