CSJ - SP248-2024(58249)

GERARDO BARBOSA CASTILLO

Magistrado Ponente SP248-2024 Segunda instancia No. 58249 Acta No. 018 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

I. VISTOS La Sala de Casación Penal resuelve los recursos de apelación interpuestos por la delegada de la Fiscalía General de la Nación y por la defensa material y técnica del Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO, contra la sentencia condenatoria proferida en su contra por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, por el concurso de los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

CUI: 50001600056720160036301

Segunda Instancia No. 58249

CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO

II. ANTECEDENTES 2.1. Fácticos. 2.2.1. El escrito de acusación refiere que el doctor CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO, cuando se desempeñó como Juez 3º Administrativo del Circuito de Villavicencio, profirió la Resolución No. 007 del 1º de febrero de 2010, mediante la cual nombró en provisionalidad como «Secretario nominado de su despacho» a ÉDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ, «persona a la que conocía de tiempo atrás, al menos desde el año 2004».

En dicho acto administrativo consignó que (i) la lista de elegibles del cargo de Secretario en propiedad se había agotado sin recibir postulaciones, y que, (ii) la hoja de vida

de ÉDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ evidenciaba que cumplía con los requisitos para posesionarse en dicho cargo, establecidos en el Acuerdo PSAA-3560 de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura. La posesión se llevó a cabo el mismo 1º de febrero de 2010, según acta suscrita por el nominador y el posesionado, documento que fue aclarado mediante acta del 19 de febrero siguiente, con el fin de precisar que la posesión había sido en provisionalidad y no en propiedad, como se indicó erróneamente en un inicio. Sin embargo, contrario a lo consignado en la Resolución No. 007, el posesionado para ese momento no 2

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO cumplía con los requisitos establecidos en el Acuerdo PSAA3560 de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura, pues carecía del título profesional de abogado, lo que también contrarió los artículos 129 y 132 de la Ley 270 de 1996 o estatutaria de la administración de justicia. 2.1.2. El 15 de junio de 2010, el entonces juez CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO profirió la Resolución No. 010, mediante la cual «nombró y posesionó» como auxiliar ad honorem de su despacho a FERNANDO ANDRÉS ROJAS SUPELANO, «con la finalidad de coadyuvar la obtención del título de abogado de manera fraudulenta». Mediante certificación del 15 de abril de 2011, acreditó

su desempeño en dicho cargo, con la descripción de funciones, tiempo de servicio, jornada laboral, entre otros datos. No obstante, dicho auxiliar ad honorem no desempeñó las funciones que le fueron certificadas, «ya sea en ese despacho judicial o en otro». 2.1.3. El 13 de junio de 2011, mediante Resolución No. 015 y Acta No. 003 de la misma fecha, «nombró y posesionó» como auxiliar ad honorem de su despacho a YENCY LORENA CHITIVA LEÓN, para que optara por el título de abogada. El 20 de abril de 2012, certificó que había cumplido con ese requisito, con el desempeño de sus labores de manera ininterrumpida, desde el 13 de junio de 2011 al 13 de abril de 2012, con horario de 8 horas diarias, en jornada 3

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO diurna, entre otros datos. A pesar de ello, durante el referido periodo la posesionada no desempeñó las funciones que certificó el juez, pues estaba vinculada laboralmente en el cargo de Supernumeraria de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, de manera presencial y en jornada diurna completa. 2.1.4. La certificación que expidió CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO a FERNANDO ANDRÉS ROJAS SUPELANO, fue radicada ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, en consecuencia, dicha entidad profirió la

Resolución No. 1756 del 11 de mayo de 2011, reconociéndole el «requisito alternativo» para que optara por el título de abogado, tanto así que «actualmente porta la tarjeta profesional 207618». 2.1.5. La certificación que le expidió a YENCY LORENA CHITIVA LEÓN también fue radicada ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, autoridad que expidió la Resolución No. 2223 del 17 de mayo de 2012, reconociendo «la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar el título de abogado», tanto que «actualmente porta la Tarjeta Profesional 223476». 2.2. Procesales. 2.2.1. El 16 de agosto de 2019, ante un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la Fiscal 12 Delegada ante la Corte Suprema de 4

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO Justicia le formuló imputación al doctor CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO, en su condición de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, como autor de los delitos prevaricato por acción (1 conducta), falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo (2 conductas), y fraude procesal, en concurso homogéneo (2 conductas), todos en concurso heterogéneo. 2.2.2. El 3 de octubre de 2019, la delegada del ente investigador presentó el escrito de acusación ante la Sala

Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por los mismos delitos imputados, así: - Uno (1) de prevaricato por acción, como autor, por haber proferido la Resolución No. 007 del 1º de febrero de 2010, mediante la cual nombró en provisionalidad como «Secretario nominado de su despacho» a ÉDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ. - Dos (2) de falsedad ideológica en documento público, como autor, por el contenido de las certificaciones que les expidió a FERNANDO ANDRÉS ROJAS SUPELANO y a YENCY LORENA CHITIVA LEÓN, de cumplimiento del requisito de la judicatura. - Dos (2) de fraude procesal, como coautor, debido a que las referidas certificaciones fueron radicadas ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que procedió a acreditarles el cumplimiento de los requisitos de 5

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO grado de abogados a FERNANDO ANDRÉS ROJAS SUPELANO y a YENCY LORENA CHITIVA LEÓN. 2.2.3. El 21 de octubre siguiente tuvo lugar la audiencia de formulación de acusación, en los mismos términos de la imputación. 2.2.4. La audiencia preparatoria se llevó a cabo en sesiones del 14 de noviembre de 2019, 9 de marzo, y 15 y 30 de abril de 2020. El juicio oral se adelantó los días 18 y 19 de mayo, 1, 2 y 25 de junio, y 8, 9, 15 y 30 de julio de

2020. Y el sentido del fallo, de carácter condenatorio, fue emitido el 18 de agosto de ese mismo año. 2.2.5. El 8 de septiembre de 2020, la Sala Especial de Primera Instancia profirió la sentencia SEP100-2020, rad. 00222, contra CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO, condenándolo, en los términos de la acusación, como autor de un (1) delito de prevaricato por acción (art. 413, L. 599/00), autor de dos (2) de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo (art. 286 ejusdem), y coautor de dos (2) de fraude procesal en concurso homogéneo (art. 453 ejus.), todos en concurso heterogeneo.

La sentencia de primera instancia fue apelada por la delegada de la fiscalía y por la defensa (material y técnica).

III. EL FALLO RECURRIDO

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO La primera instancia reseñó los supuestos fácticos de la acusación y el trámite adelantado en la etapa de juicio, así como los elementos que componen los tipos penales enrostrados. Concluyó que el servidor público debía responder penalmente por los delitos acusados, con los siguientes argumentos: 3.1. Prevaricato por acción. 3.1.1. La fiscalía demostró los elementos del tipo objetivo, en la conducta del doctor CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO, quien, en su condición de Juez Tercero

Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante Resolución No. 007 del 1º de febrero de 2010, nombró y posesionó en provisionalidad como Secretario de su despacho a EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ, pese a que no era abogado. Dicho «acto administrativo complejo es abiertamente ilegal», teniendo en cuenta que desconoce los artículos 1º y 2º del Acuerdo PSAA06-3560 de 10 de agosto de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura, y el artículo 129 de la Ley 270 de 1996 o estatutaria de la administración de justicia, que establecen ese requisito. 3.1.2. Si bien la Universidad Autónoma de Colombia certificó que esta persona cursó algunos créditos académicos, dichos estudios los adelantó en la carrera de relaciones económicas internacionales, no en derecho. Por su parte, la directora de la Unidad de Registro Nacional de 7

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura corroboró que a nombre de él no reportaba inscripción alguna con licencia temporal o como abogado. 3.1.3. En todo caso, el propio EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ reconoció en el juicio oral que no era abogado cuando se posesionó como Secretario del Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio, y que para lograr acceder a dicho cargo le entregó al juez titular del despacho un acta de grado falsa. 3.1.4. Respecto a la tipicidad subjetiva de la conducta,

el acusado «era consciente que estaba profiriendo un acto manifiestamente contrario a derecho, sin embargo, procedió a emitirlo libre y voluntariamente». El conocimiento y la voluntad de su comportamiento se deducen de la cercanía y grado de confianza que tenía con el posesionado, de no haber informado «a la carrera judicial» sobre la vacancia de ese cargo, así como de la motivación que consignó en la resolución de nombramiento. 3.1.5. La afirmación, según la cual, EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ presentó un acta de grado falsa con el fin de posesionarse, «se erige como una coartada para exonerar de responsabilidad al acusado», pues éste no adoptó decisión alguna cuando supo que el posesionado no era abogado, además, dicho documento no fue hallado «por el CTI en ninguna parte, ni la defensa la aportó pese a ser fundamental para sus intereses», siendo que, por lo general y como regla de la experiencia, el nominador verifica los 8

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO requisitos antes del nombramiento o inmediatamente después. 3.1.6. El servidor público conocía los requisitos que se requerían para nombrar Secretario de despacho, como se advierte de la motivación que consignó en el acto administrativo, en el que afirmó que la lista de elegibles del cargo se había agotado, información que para ese momento estaba «desactualizada», de modo que estaba obligado a comunicar la existencia de la vacante a la autoridad

competente «para el suministro de la lista de candidatos». 3.1.7. También se descarta que el acusado haya incurrido en un error de tipo, pues en la actuación se acreditó que obró con conocimiento y voluntad de infringir la ley, circunstancia que también se deduce de su alto grado de instrucción y conocimientos en temas administrativos, que le permitían conocer los requisitos para nombrar un empleado en un despacho judicial. 3.1.8. Con la conducta de prevaricato por acción, que se configuró tanto desde el plano objetivo como subjetivo, el servidor público lesionó efectivamente el bien jurídico de la administración pública. Igualmente, le resulta reprochable que actuó con plena conciencia e imputabilidad al momento de su comisión, «habiendo tenido la posibilidad de obrar de acuerdo a derecho». 3.2. Falsedad ideológica en documento público. 9

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO 3.2.1. En la actuación se acreditó que el servidor público nombró y posesionó como auxiliares ad honorem de su despacho a FERNANDO ANDRÉS ROJAS SUPELANO y a YENCY LORENA CHITIVA LEÓN. Asimismo, que expidió certificados en los cuales consignó que «realizaron las funciones inherentes a ese cargo, en los períodos comprendidos entre el 15 de junio de 2010 hasta el 15 de abril de 2011, y el 13 de junio de 2011 a 13 de abril de 2012». Sin embargo, de las pruebas practicadas en el juicio oral

se deduce que dichos documentos contrariaron la realidad, configurándose así los elementos de la tipicidad objetiva de la conducta, pues los posesionados no cumplieron con las funciones que certificó el acusado en su condición de titular del despacho judicial. 3.2.2. En cuanto a la tipicidad subjetiva, se probó que la vinculación ficticia de los auxiliares ad honorem fue acordada previamente con ellos y tuvo como propósito que acreditaran el cumplimiento de la judicatura ante el Consejo Superior de la Judicatura, y así estar habilitados para obtener los títulos de abogados. Dichas certificaciones fueron elaboradas directamente por el juez, quien se aseguró de detallar las funciones jurídicas y el horario laboral requeridos para el cumplimiento del requisito. 3.2.3. Adicionalmente, se probó que entre el funcionario judicial y los posesionados existía una relación cercana. En concreto, que FERNANDO ANDRÉS ROJAS SUPELANO era amigo personal y de toda confianza del procesado, tanto que lo vinculó al despacho «sin presentar los documentos 10

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO exigidos», lo cual condujo a «la falta de veracidad» en las afirmaciones contenidas en los documentos de nombramiento y posesión del 15 de junio de 2010, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos, pese a que el certificado de terminación de materias solo fue expedido hasta el 31 de agosto del mismo año. 3.2.4. En relación con YENCY LORENA CHITIVA LEÓN, se

acreditó que «nunca fungió como judicante sino que fue presentada en una visita personal como [la] novia» del juez. Y si bien realizó algunas visitas al juzgado y participó en eventos sociales con otros servidores judiciales, esto tuvo lugar sin que cumpliera con las funciones que le correspondían como auxiliar ad honorem. 3.2.5. Se configura entonces el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, en su componente objetivo y subjetivo. Y si bien cada nombramiento, posesión y certificado, contiene información mendaz, subsiste «un único delito de falsedad ideológica en documento público por cada grupo de documentos en concurso homogéneo [y] sucesivo», es decir, una sola conducta de falsedad respecto de cada uno de los posesionados. 3.2.6. Adicionalmente, se trata de conductas antijurídicas por cuanto lesionaron el bien jurídico de la fe pública y fueron cometidas con culpabilidad, debido al comprobado conocimiento que tenía el sujeto activo de su conducta, quien pese a ello lo ejecutó de manera libre, pudiendo «haber ajustado su proceder a derecho». 11

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO 3.3. Fraude procesal. 3.3.1. Las certificaciones de servicios falsas proferidas por el acusado fueron radicadas por FERNANDO ANDRÉS ROJAS SUPELANO y YENCY LORENA CHITIVA LEÓN, ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, junto con los demás formularios exigidos por esa entidad para el reconocimiento de la «práctica jurídica» exigida

para para graduarse de abogados. Es decir que con dichos documentos buscaron que los servidores públicos encargados del trámite incurrieran en error, lo que en efecto ocurrió, pues «el Director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados, expidió las Resoluciones Nº. 1756 de 11 de mayo de 2011 y 2223 de 17 de mayo de 2012», certificándoles el cumplimiento del requisito de la judicatura, lo que evidencia la configuración del tipo penal, en su componente objetivo. 3.3.2. En lo que respecta a la tipicidad subjetiva, se demostró que el acusado sabía que las certificaciones que expidió tenían como destino su presentación ante la autoridad competente, para «lograr mediante engaño, la expedición de los actos administrativos» mediante los cuales se les reconociera la práctica jurídica a FERNANDO ANDRÉS ROJAS SUPELANO y a YENCY LORENA CHITIVA, y así poder optar por el título de abogados. Esto último se deduce del contenido de los certificados elaborados por el juez, con apariencia de legalidad, e 12

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO igualmente de su aporte al designio criminal, lo que lo convierte en coautor de las conductas de fraude procesal en concurso homogéneo. 3.3.3. La conducta desplegada por el servidor público afectó el bien jurídico de la administración pública, pese a «la ponderación y la equidad que deben distinguir las decisiones emanadas de las diversas entidades públicas», además, la ejecutó con culpabilidad, lo que se refleja de su

formación académica y profesional, quien pese a conocer de la ilicitud de sus actos «libremente procedió a ejecutarlas pudiendo haberse auto determinado de acuerdo con esa comprensión». 3.3.4. En definitiva, la primera instancia condenó al servidor púbico a las penas de 83 meses de prisión, 541,63 salarios legales mensuales vigentes de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 70,6 meses. Igualmente, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

IV. LAS IMPUGNACIONES El fallo de primera instancia fue apelado por la delegada de la Fiscalía General de la Nación y por la defensa material y técnica del doctor CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO. 4.1. Fiscalía General de la Nación

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO Solicitó modificar la pena impuesta, con los siguientes argumentos: 4.1.1. En la sentencia se aludió a la gravedad del dolo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Penal, sumado al grado de afectación de los bienes jurídicos protegidos y a que el acusado, con su obrar, incurrió un acto de corrupción. Aun así, dice, «no es atendible» que «la respuesta punitiva del Estado» corresponda a un incremento de 1 mes por el concurso del delito de prevaricato por acción, 2 meses por la falsedad y 3 meses por el fraude

procesal. Lo que corresponde es una sanción mayor, pues la impuesta no responde a los fines de la pena, enfocados a prevenir que comportamientos de esta naturaleza «encuentren eco en otros funcionarios de la justicia» y a la protección de los bienes jurídicos que, en este caso, fueron efectivamente lesionados con el proceder el acusado, pese a su formación profesional y «rol en la administración de justicia». 4.1.2. El incremento de la pena se justifica en sujeción con las pruebas practicadas en el juicio oral que llevaron al convencimiento más allá de duda sobre la responsabilidad penal del acusado, aunado al daño social que ocasionó, todo lo cual deviene «coherente con un mayor quantum a la luz de las funciones de la pena». 14

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO 4.2. La defensa material 4.2.1. El doctor CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, proferir fallo absolutorio por los delitos acusados. Dividió sus razones en los siguientes ordinales: (i) Nombramiento del Secretario del juzgado, por el que se le acusa del delito de prevaricato por acción. - Si bien en su condición de Juez 3º Administrativo de Villavicencio nombró y posesionó como Secretario a EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ sin ser abogado, no tuvo «implicación» en ese hecho, pues asumió, siguiendo el principio de buena fe, que los documentos que le presentó el posesionado «eran

veraces en cuanto a su contenido». Dicho nombramiento no estuvo mediado por un vínculo de amistad, sino porque cuando ejerció como litigante, tuvo la oportunidad de ver trabajar a esta persona «como escribiente y [en] otros cargos» en el Juzgado 25 Civil Municipal de Bogotá, lo cual fue suficiente para considerar que podía desempeñarse como Secretario. Lo consideró entonces una persona de confianza, pero desde el plano estrictamente laboral, más aún porque el volumen de expedientes previstos para reparto en la ciudad de Villavicencio era menor que en Bogotá. 15

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• Cuando se posesionó en el cargo de juez en carrera tuvo que desplazarse a la ciudad de Villavicencio, donde arrendó un apartamento y le subarrendó una habitación al Secretario del despacho EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ. Dicha circunstancia no acredita la existencia de una amistad personal, pues se trata de una práctica común entre servidores judiciales que laboran fuera de su domicilio, además, esto también lo hizo con otros profesionales con la única motivación de «colaborar con los gastos y aliviar» la carga económica que tenía para ese momento. - La primera instancia confundió «el registro de elegibles» con la «lista de elegibles o de candidatos» para justificar la supuesta violación de la ley, pues el registro lo conforman todas las personas que han aprobado las distintas etapas del concurso de méritos, mientras que la

lista de elegibles es la que remite cada Consejo Seccional de la Judicatura a las sedes judiciales, según el interés que hayan manifestado los integrantes del registro. En el caso particular, la juez que lo antecedió informó oportunamente que se encontraba vacante el cargo de Secretario en el Juzgado 3º Administrativo de Villavicencio y, posteriormente, el Consejo Seccional – Sala Administrativa, mediante oficio No. 09-0631 del 29 de abril de 2009, comunicó que la lista de elegibles de ese cargo se encontraba agotada, por lo que la provisión del cargo se hizo en provisionalidad, al menos en tres (3) ocasiones. 16

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO - La misma fundamentación con la que se venía nombrando en ese despacho el cargo de Secretario en provisionalidad, la usó para nombrar a EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ, vacante que no se presentó en el curso de su gestión como juez sino días antes de su llegada al despacho. Por ende, de haber existido la obligación de informar, nuevamente, sobre la existencia de dicha vacante, quien debió hacerlo fue la funcionaria que lo antecedió en el cargo. - Respecto de la supuesta obligación de firmar el «formato» de hoja de vida judicial en el «mismo instante de la posesión», la experiencia indica que dicho formato no es indispensable, «no hay ley o norma que lo califique como documento necesario para la posesión». Por ende, lo suscribió cuatro días después, lo cual evidencia que para el momento de la posesión no conoció ni tuvo en sus manos

los documentos falsos referidos al título profesional de abogado. Pero lo cierto es que el acta de grado falsa sí obraba en la hoja de vida del posesionado y se encontraba en las instalaciones del juzgado, pero el propio EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ la sustrajo de allí, pues tenía acceso a esa documentación, según lo reconoció en el juicio oral. Por ende, una vez tuvo conocimiento de lo sucedido, en su calidad de juez director del despacho, ordenó que las hojas de vida fueran ubicadas en su oficina, para así evitar a futuro «posibles situaciones similares». 17

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO - Y si bien no denunció penalmente a EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ, fue porque el Consejo Seccional del Meta se encontraba investigando estos hechos en una actuación disciplinaria, en cuyo trámite ordenaron varias compulsas de copias, por lo que asumió que allí también se realizaría la compulsa de copias penales contra esta persona. Sin embargo, solo hasta el juicio oral de este proceso se enteró que no había sido así. - Finalmente, debe tenerse en cuenta que no se produjo un daño a la administración de justicia con «impacto negativo en la sociedad y en la comunidad jurídica», pues se demostró que el posesionado, sin ser abogado, cumplió todo el tiempo y a cabalidad con las funciones del cargo, ayudando sustancialmente a mejorar las estadísticas del despacho judicial, de manera responsable y eficaz, sin que se haya presentado en su contra queja alguna.

(ii) «Nombramiento y práctica» ad honorem de FERNANDO ROJAS SUPELANO, por el que se le acusa de los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. - En los años 2010 y 2011, cuando lo nombró como judicante del Juzgado 3º Administrativo de Villavicencio, no se exigía para estos cargos disponibilidad exclusiva ni jornada completa, como se corrobora del Acuerdo PSAA107543 de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura vigente para ese momento. De modo que, quien desempeñaba dicha 18

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO labor podía tener otro empleo o dedicarse a otra actividad, sin cumplir determinada jornada en el despacho. De hecho, en el marco de esta regulación, los estudiantes pueden realizar su práctica por fuera del despacho judicial, como en efecto ocurrió en este caso, habilitándose así los «convenios entre juez y judicante en cuanto dónde y en qué condiciones se presta la judicatura», según quedó expuesto en el curso del proceso, circunstancia favorable a sus intereses y que debe tenerse en cuenta en sede de la segunda instancia. - El acto de posesión no fue irregular, pues el estudiante para ese momento había culminado materias de derecho en la Universidad Cooperativa, según lo certificó dicha institución. Adicionalmente, a los testigos de cargo que declararon en juicio en nada les consta la forma en que desempeñó sus funciones como judicante, ya sea porque coincidieron en el mismo periodo de tiempo o porque son

contradictorios, parcializados y poco creíbles. Por el contrario, los testimonios de la defensa que declararon sobre este tema señalaron que dicho judicante estuvo vinculado al despacho «de manera presencial y no presencial», cuyas labores las realizaba por instrucciones directas del juez, quien coordinaba directamente su cumplimiento, como ocurrió con las tareas de clasificación de procesos y elaboración de antecedentes en los proyectos de sentencias. 19

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO - Lo anterior también desvirtúa la supuesta relación de amistad personal entre ellos, pues a dicho judicante lo vino a conocer solo hasta el año 2010 cuando se lo presentó un juez civil y profesor universitario, para que optara por dicho cargo. La supuesta amistad tampoco se acreditó con las testigos de la fiscalía, pues una de ellas ni siquiera trabajó en su despacho y con ninguna compartió escenarios sociales, ya que eran personas conflictivas y con «pobre desempeño laboral». (iii) «Nombramiento y práctica» ad honorem de YENCY LORENA CHITIVA LEÓN, por el que se le acusa de los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. - Contrario a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, ella sí realizó su judicatura en el Juzgado 3º Administrativo de Villavicencio, asistió «ininterrumpidamente» y cumplió con el trabajo asignado en «modalidad de teletrabajo parcial», con una intensidad equivalente a ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes,

durante nueve (9) meses. Así se acreditó en el proceso con las declaraciones de los testigos de la defensa. Su labor, así como la del otro judicante, fue de apoyo jurídico a las actividades del despacho, tanto que durante el tiempo de su vinculación se incrementó la producción del juzgado en «más del 100%». Dichas labores las podía desempeñar, junto con el cargo de supernumeraria de la Dirección de Impuestos de Bogotá, en cuya entidad 20

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO «requerían en promedio 5 minutos de disponibilidad y concentración» para cumplir con sus responsabilidades. - En el otro empleo tenía una carga laboral considerablemente baja, lo que le permitió cumplir con las labores de judicante en su lugar de residencia, así como «en la tarde-noche» y «en los días compensados y fines de semana». De hecho, obran declaraciones de empleados del juzgado y «funcionarios vecinos», quienes la vieron asistiendo presencialmente al despacho judicial y desempeñar las funciones por él asignadas. - Con YENCY LORENA CHITIVA LEÓN no tuvo ninguna relación sentimental, no era «su novia», como lo afirmaron algunos testigos, pues para finales de 2010 y mediados de 2012 tenía una relación sentimental con DIANA CAROLINA OCHOA. Así quiso probarlo con la solicitud de prueba sobreviniente que elevó su defensor, contenida en unas fotografías, sin embargo, la primera instancia negó la incorporación aduciendo que ese hecho ya había sido

probado. - Las testigos de cargo que declararon sobre su situación sentimental carecen de objetividad, son contradictorios, obraron con animadversión y no les consta este tipo de eventos, pues con ellas nunca compartió escenarios sociales. Tampoco pueden afirmar si la judicante cumplió o no con sus funciones, pues no permanecían en el despacho, ya sea por situaciones de incapacidades medicas o porque simplemente no trabajaban allí. 21

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Segunda Instancia No. 58249 CARLOS ANDRÉS VARGAS CASTRO 4.3. La defensa técnica. Como pretensión principal solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, proferir fallo absolutorio por los delitos acusados. En subsidio, requirió absolver a su apoderado únicamente por el delito de prevaricato por acción, por atipicidad subjetiva. Las razones las expuso en los siguientes ordinales: (i) Problemas con la identificación de los elementos probatorios En diez (10) notas al pie de página del fallo «no [se] indicó el récord» de la audiencia del juicio o