CSJ - SP3796-2022(61872)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente SP3796-2022 Radicación n.º 61872

CUI: 27001600110020170117602

Acta n°. 255 Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensora de ZULIMA VALENCIA MENA contra la sentencia del 31 de mayo de 2022 proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, mediante la cual la condenó como autora del delito de revelación de secreto.

CUI: 27001600110020170117602

Segunda instancia. Radicado 61872

ZULIMA VALENCIA MENA

II. HECHOS

1. En audiencia reservada del 21 de febrero de 2016, la entonces Juez Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó ZULIMA VALENCIA MENA libró órdenes de captura en contra de Dida Marlly Delgado Rivera y el exgerente interventor del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Farid Alonso Vieira González, dentro del proceso 27001600110020150009600 que se adelanta por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contrato, entre otros.

2. Con el fin materializar la orden de captura de Farid Alonso Vieira González, el 24 y 25 de febrero de 2016 funcionarios del CTI se desplazaron a un apartamento situado en el conjunto residencial Torres de San José,

ubicado en la calle 75b # 41-87 de Barranquilla. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al sitio descubrieron que Vieira González había huido del lugar.

3. En el inmueble se recolectó un celular, el cual contenía comunicaciones entre Farid Alonso Vieira González, Julieth Contreras y otras personas. La información extraída del celular indicó que Julieth Contreras alertó a Vieira González de la orden de captura que había sido librada en su contra. Esta información la obtuvo Julieth Contreras de parte de Lucelly Ledezma Copete, quien a su vez la había recibido de su amiga

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA ZULIMA VALENCIA MENA, juez que dictó la orden de captura.

III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

4. El 25 de junio de 2018 el Juzgado Primero Penal Municipal de Quibdó con Función de Control de Garantías declaró legalmente formulada la imputación hecha por la Fiscalía Once Delegada ante el Tribunal Superior de Quibdó en contra de ZULIMA VALENCIA MENA por el delito de revelación de secreto conforme al artículo 418-2 del Código Penal. La procesada no aceptó los cargos1.

5. Ante el Tribunal Superior de Quibdó se celebró la audiencia de formulación de acusación el 24 de octubre de 20182 y la audiencia preparatoria los días 12 de febrero, 6 de marzo y 10 abril de 20193. La defensa apeló la providencia dictada en audiencia del 6 de marzo de 2019,

mediante la cual el Tribunal decretó las pruebas que se practicarían en el juicio. Esta decisión fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través del auto AP2263 del 29 de mayo de 2019.

6. La audiencia de juicio oral se desarrolló en varias sesiones los días 26 de octubre de 20204, 22 de febrero5, 1 Folio 10 del documento “CONTROL DE GARANTÍAS.pdf”. Expediente digital. 2 Folios 52 a 56 del documento “27001600110020170117600”. Ibídem. 3 Folios 66 a 74 y 83 a 85. Ibídem. 4 Documento “08ACTA AUDIENCIA JUICIO ORALOctubre 26 Zulima”. Ibídem. 5 Documento “22.ActaJuicioZulima22feb”. Ibídem.

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA 106, 117, 168 y 25 de mayo de 2022, en esta última sesión se anunció el sentido del fallo condenatorio9.

7. El 31 de mayo de 2022 la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó profirió sentencia condenatoria en contra de ZULIMA VALENCIA MENA como autora del delito de revelación de secreto conforme al artículo 418-2 del Código Penal y le impuso la pena de 20 meses de prisión, multa de 27.35 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 60 meses. Además, el Tribunal negó a la sentenciada la

suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria10.

8. Contra esta decisión la defensora de ZULIMA VALENCIA MENA interpuso el recurso de apelación11, del cual se corrió traslado a los no recurrentes, quienes decidieron guardar silencio12.

IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA

9. La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó determinó que ZULIMA VALENCIA MENA es autora responsable de la comisión de la conducta 6 Documento “34.ActaAudJuicioZulima10mayo.pdf”. Ibídem. 7 Documento “35.ActaJuicioZulimaMayo11.pdf. Ibídem. 8 Documento “38.ActaJuicioZulima16mayo.pdf. Ibídem. 9 Documento “45.ActaASentidoFalloZVM.pdf”. Ibídem. 10 Documento “46.2017-01176SPFinalRS.pdf”. Ibídem. 11 Documento “48.Recursodeapelación.pdf”. Ibídem. 12 Documento “45.ActaASentidoFalloZVM.pdf”. Ibídem.

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA de revelación de secreto contemplada en el artículo 418-2 de la Ley 599 de 2000.

10. En primer lugar, en su alegato final la defensora manifestó que la conducta de revelación de secreto se encontraba prescrita. Al respecto el Tribunal aclaró que no se había cumplido el término prescriptivo del delito por el cual VALENCIA MENA fue acusada, en razón al incremento del tiempo de prescripción que se debe aplicar por su

condición de servidora pública al momento de cometer el delito.

11. Así, señaló que el delito de revelación de secreto

(artículo 418-2 del Código Penal) contempla una pena máxima de 54 meses de prisión. El término de prescripción se interrumpió con la formulación de imputación el 25 de junio de 2018, por lo que el nuevo lapso de prescripción corresponde a la mitad del máximo de la pena (27 meses), sin que sea inferior a 36 meses (3 años). Afirmó que a este monto de 36 meses se le debe incrementar la mitad del máximo de la pena del delito, correspondiente a 18 meses en virtud del artículo 14 de la Ley 1474 de 2011, pues la conducta investigada fue cometida por la acusada en calidad de servidora pública, lo cual arroja un total de 54 meses, tiempo de prescripción que aún no se ha cumplido desde la audiencia de formulación de imputación.

12. En segundo lugar, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó estableció que la conducta de revelación de secreto descrita en el artículo 418 del Código Penal, por

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA la cual es procesada ZULIMA VALENCIA MENA se materializó. Puesto que, se comprobaron los elementos típicos objetivos de este delito en el caso concreto: el sujeto activo calificado, el documento o datos reservados y la custodia o cuidado del secreto de la información que fue revelada.

13. En efecto, el a quo encontró probado que, para el

mes de febrero de 2016 ZULIMA VALENCIA MENA se desempeñaba como Juez Primera Penal Municipal de Control de Garantías de Quibdó y con ocasión de sus labores como juez, en audiencia reservada realizada el 21 de febrero de 2016, expidió una orden de captura en contra del entonces interventor del Hospital San Francisco de Asís, Farid Alonso Vieira González. Igualmente, evidenció que la procesada incumplió el deber legal de mantener en secreto o reserva lo concerniente a la orden de captura que decretó en audiencia, cuyos fines fueron desvirtuados al conocerse su contenido.

14. En tercer lugar, el Tribunal consideró que las pruebas practicadas en el juicio oral también demostraron la existencia de la tipicidad subjetiva de ZULIMA VALENCIA MENA en la comisión de la conducta de revelación de secreto. Así, con el testimonio de Lucelly Ledezma Copete se expuso que la procesada incumplió su deber de reserva y dio a conocer sin justificación jurídicamente atendible la orden de captura que acababa de emitir contra Farid Alonso Vieira González. En este sentido, Ledezma Copete manifestó que el día 21 de febrero de 2016, la entonces juez le envió

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA un mensaje de WhatsApp, en el que le mencionó que existía un mandato de aprehensión en contra de Vieira González y al día siguiente le llevó a su oficina el CD que contenía el registro del desarrollo de la audiencia de solicitud de orden

de captura.

15. La Sala señaló que, si bien el mensaje de WhatsApp y el mencionado CD no fueron allegados al juicio, esta omisión no le resta credibilidad a lo testificado por Lucelly Ledezma Copete como sujeto receptor directo de la información reservada, pues de forma categórica manifestó que la procesada le dio a conocer la existencia de la orden de captura expedida contra Vieira González.

16. Además, el juzgador de primera instancia afirmó que el testimonio de Lucelly Ledezma Copete guarda relación y coincidencia con lo manifestado por Martha Lucy Mosquera Arboleda, quien expuso que, al llegar a la oficina de Ledezma Copete, encontró que ella estaba escuchando un audio de una audiencia de un proceso en el que se investigaba al antiguo interventor del Hospital San

Francisco de Asís de Quibdó, Farid Alonso Vieira González.

17. En cuarto lugar, frente al inciso segundo del artículo 418 del Código Penal que establece: “Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión (…)”, el Tribunal indicó que, la norma no distingue la clase de afectación, ni la naturaleza del lesionado, por tanto, el perjuicio

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA resultante puede ser material o moral y el afectado puede ser el Estado o un particular.

18. El a quo concluyó que el actuar de la procesada lesionó de manera efectiva el bien jurídico de la administración pública, y con ello la administración de justicia, con el simple hecho de divulgar la información

reservada, lo cual, a su juicio, le envió un mensaje equivocado a la sociedad que espera justicia, consistente en que los funcionarios judiciales estarían actuando contrariando los deberes que les asiste como administradores de justicia.

19. Sumado a lo anterior, a partir de las declaraciones del investigador del CTI Ermes Yovany Murillo Rodríguez y el Fiscal Yackson Eustaquio Chaverra Mena, el juzgador de primera instancia consideró acreditada la materialización de un perjuicio con la huida de Vieira González como consecuencia de la revelación que hiciera VALENCIA MENA a Ledezma Copete sobre la orden de captura que se había expedido en contra de él.

20. Por otro lado, la Sala afirmó que no es de recibo lo sugerido por la defensora, según la cual, la escribiente del Juzgado Primero Penal con Función de Control de Garantías de Quibdó, Aura Luz Ceballos, por error hizo pública la información de la orden de captura al cargarla al sistema Siglo XXI, lo cual facilitó la fuga del procesado. Lo anterior, porque dentro del juicio se reveló que la información del mandato de aprehensión expedido contra

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA Vieira González fue registrada en el sistema de información de la Rama Judicial Siglo XXI, pero días después de la celebración de la audiencia, al final de la primera o segunda semana de su realización, según lo afirmó el entonces secretario del Juzgado Andrés Felipe Caicedo.

21. Adicionalmente, luego de que ZULIMA VALENCIA

MENA dio a conocer la información sobre la orden de captura a Lucelly Ledezma Copete, esta última aceptó que trasmitió la información a Julieth Contreras, con quien había trabajado anteriormente en el hospital y había pactado que se comunicarían lo que aconteciera en sus investigaciones penales. Para la Sala, Julieth Contreras al recibir la noticia alertó a Farid Alonso Vieira González, puesto que ellos dos sostenían una comunicación permanente, conforme se evidenció de la información extraída del celular encontrado en la residencia de Vieira González el día en que los funcionarios del CTI fueron a buscarlo.

22. En quinto lugar, para el a quo, el testimonio de Lucelly Ledezma Copete tuvo total credibilidad, pues ella renunciando a su derecho de no autoincriminación y dispuesta a asumir toda la responsabilidad penal que su declaración pudiera acarrear, decidió dar su versión de los hechos ocurridos el 21 y 22 de febrero del año 2016. Así, a juicio del Tribunal, no se desconoce que Ledezma Copete afirmó en juicio que, ante la Fiscalía, durante la recepción de un testimonio al indiciado dijo “la verdad a medias”. Sin

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA embargo, la declarante durante la audiencia de juicio oral decidió contar toda la verdad para rectificar su proceder.

23. Esta situación, al contrario de lo considerado por la defensa, no mengua la capacidad persuasiva de su dicho, en razón a que la testigo dio una explicación clara y razonada de por qué su versión ante el ente acusador fue

diferente a la expuesta en este proceso y expresó su voluntad de decir la verdad sobre lo ocurrido.

24. Finalmente, el juzgador de primera instancia aseguró que el comportamiento de la acusada fue antijurídico, puesto que vulneró el bien jurídico de la administración pública, sin que se observaran causales de ausencia de responsabilidad penal. Además, la exjuez actuó con culpabilidad, por cuanto al momento de los hechos ella estaba en capacidad de comprender la ilicitud de su obrar y de determinarse conforme a esa comprensión.

25. Por todo lo anterior, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó concluyó que se demostró más allá de toda duda, la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad de ZULIMA VALENCIA MENA como autora del delito de revelación de secreto tipificado en el artículo 418-2 del Código Penal. En consecuencia, la condenó a las penas principales de 20 meses de prisión, multa de 27.35 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de sesenta (60) meses. Asimismo, negó a la procesada la

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA suspensión condicional de la ejecución de la sentencia y la prisión domiciliaria, en virtud a la prohibición expresa de su concesión contenida en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014.13

V. EL RECURSO DE APELACIÓN

26. La apoderada de ZULIMA VALENCIA MENA apeló la sentencia condenatoria, con fundamento en los siguientes argumentos: i) la conducta de revelación de secreto se encuentra prescrita; ii) las pruebas practicadas en el juicio no permiten determinar más allá de toda duda la responsabilidad de la procesada; y iii) el a quo le dio un alcance equivocado a la declaración de Lucelly Ledezma

Copete.

27. En su primera censura a la sentencia condenatoria, la recurrente señaló que el a quo aplicó indebidamente el instituto de la prescripción establecido en el artículo 83 del Código Penal. Indicó que el delito de revelación de secreto trae aparejada una pena máxima de 54 meses de prisión, la cual para contar la prescripción no puede ser inferior a 5 años (60 meses). Monto que debe ser aumentado en la mitad (30 meses) en virtud del inciso 6 del artículo 83, porque está involucrada una servidora pública en la presunta comisión de la conducta punible, lo cual, arrojaría un total de 90 meses. 13 La pena de la pérdida del empleo o cargo público del artículo 418 del Código Penal no se impuso, por cuanto la sentenciada dejó de desempeñar el cargo de Juez Primera Penal Municipal de Control de Garantías de Quibdó el 3 de mayo de 2016.

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28. Aseguró que el término prescriptivo de 90 meses se suspendió con la audiencia de formulación de imputación celebrada el 25 de junio de 2018, el cual conforme al

artículo 86 del Código Penal comenzó a correr de nuevo por un período igual a la mitad del señalado en el precepto 83, es decir por un término de 45 meses, tiempo que se habría cumplido el 25 de marzo de 2022. En consecuencia, manifestó que la acción penal en contra de la procesada ya prescribió y debe decretarse su extinción.

29. Como segundo reparo, la defensora afirmó que, el Tribunal dedujo equivocadamente de los testimonios de cargo la existencia del delito y la responsabilidad de su prohijada, puesto que sus declaraciones contenían incoherencias y carecieron de corroboración.

30. Así, a juicio de la recurrente, Martha Lucy Mosquera Arboleda no corroboró lo dicho por la testigo de cargo Lucelly Ledezma Copete, puesto que no supo de dónde se obtuvo el CD, no habló con Ledezma Copete del tema y escuchó simplemente algunos apartes de “algo en lo que se hablaba de Farid”.

31. Respecto al testimonio del investigador del CTI Ermes Yovany Murillo Rodríguez, con el cual se introdujo el informe pericial del 18 de marzo de 2016 y un CD, sobre la extracción de registro de llamadas entrantes y salientes del celular que fue incautado en el domicilio de Farid Alonso Vieira González, la recurrente aseguró que este perito no ofreció información de portabilidad de los interlocutores y

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA demostró que ZULIMA VALENCIA MENA no tuvo

comunicación alguna con el presunto titular de ese equipo celular.

32. El Fiscal de apoyo Yackson Eustaquio Chaverra Mena relató que advirtió la publicación de la orden de captura en la plataforma Siglo XXI, lo cual, a juicio de la recurrente generó la duda acerca de si la captura del ex interventor del hospital se frustró gracias a la publicación de la información en la plataforma de consulta judicial o a la intervención de la procesada.

33. Frente al testimonio de Lucelly Ledezma Copete, señaló que ella sigue un patrón de mendacidad, pues reconoció haber mentido a la Fiscalía, además la información que recibió de ZULIMA VALENCIA MENA tuvo como propósito invitarla a que ella se presentara ante el ente acusador y no se corroboró su versión con otros medios de prueba.

34. Según la defensora los razonamientos anteriores demostrarían que el a quo no contó con las pruebas requeridas para proferir una decisión condenatoria que desvirtuara la presunción de inocencia de la enjuiciada.

35. Finalmente, indicó que el juzgador de primera instancia encontró demostrado con el testimonio de Lucelly Ledezma Copete que la procesada el día 21 de febrero de 2016 le envió un mensaje de WhatsApp diciéndole que había orden de captura contra Farid Vieira y al día

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA siguiente le llevó hasta su oficina el CD que contenía el desarrollo de la audiencia de solicitud de orden de captura contra el precitado señor. Sin embargo, dichos elementos no

fueron aducidos al juicio y el Tribunal asumió equivocadamente que Lucelly Ledezma fue la receptora directa de la información reservada y que su dicho fue corroborado por Martha Lucy Mosquera Arboleda.

36. Por todo lo anterior, la recurrente solicitó que se revoque el fallo de condena y se proceda a decretar la extinción de la acción penal por prescripción y de manera subsidiaria pidió que se absuelva a su defendida.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

6.1. Competencia

37. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensora de ZULIMA VALENCIA MENA en contra de la sentencia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó el 31 de mayo de 2022, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004. 6.2. Planteamiento de los problemas jurídicos y estructura de la decisión

38. Corresponde a la Sala definir: i) si la conducta de revelación de secreto se encuentra prescrita; y ii) si de

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA acuerdo con las pruebas allegadas al plenario concurren los presupuestos para declarar la responsabilidad penal de ZULIMA VALENCIA MENA como autora del delito de revelación de secreto.

39. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala dividirá la parte considerativa de esta decisión en los siguientes apartados: i) la prescripción de la conducta

punible de revelación de secreto (6.3); ii) la estructura típica del delito de revelación de secreto (6.4.); y iii) el análisis del caso concreto desde el punto de vista de la materialidad de la conducta de revelación de secreto y la responsabilidad penal de ZULIMA VALENCIA MENA (6.5.1.); y la agravación de la conducta descrita en el inciso segundo del artículo 418 del Código Penal (6.5.2). 6.3. La prescripción de la conducta punible de revelación de secreto

40. La prescripción de la acción penal es una causal de extinción de la pretensión punitiva del Estado, la cual tiene una doble connotación: es una garantía constitucional en favor del procesado, consistente en que su situación jurídica será definida oportunamente, y constituye una sanción para el Estado por la inactividad de sus agentes14.

41. El artículo 83 del Código Penal establece que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la 14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia SP2230-2022 del 29 de junio de 2022.

Radicado 57221; y Corte Constitucional, Sentencia SU 433-2020 del 1º de octubre de 2020. 15

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA pena privativa de la libertad fijada en la ley, pero en ningún caso puede ser inferior a cinco (5) años, ni exceder veinte (20).

42. Adicionalmente, el inciso 4º del artículo 83 dispone que para las conductas punibles que tengan señalada pena

no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

43. Por su parte, el precepto 86 de la misma norma dispone que el término de la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación, el cual comenzará a transcurrir nuevamente por un tiempo igual a la mitad del señalado inicialmente en el artículo 83, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10).

44. Sin embargo, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 precisa que, una vez interrumpida la prescripción con la formulación de imputación, el término comenzará a correr de nuevo por un período igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres (3) años.

45. La aparente contradicción de estas normas procesales en relación con el término mínimo de prescripción, fue resuelta por esta Corporación cuando precisó que el tiempo mínimo de cinco (5) años, a los que alude el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal solamente es aplicable para los asuntos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, mientras que el término de tres (3) años dispuesto en

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 es relevante únicamente para los procesos adelantados conforme a dicho estatuto procesal15.

46. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011 que modificó el inciso sexto del artículo 83 del Código Penal

estableció que el término de prescripción se aumentará en la mitad al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas cometa la conducta punible.

47. Respecto a la interpretación de esta norma en los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, esta Sala ha establecido lo siguiente: “De manera que, bajo la línea de interpretación trazada por la Corte en los procesos tramitados bajo el rito procesal de la Ley 906 de 2004, la prescripción de la acción penal en los delitos cometidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, opera después de formulada la imputación en mínimo cuatro años

(esto es, tres años más el incremento de la tercera parte, si se trata de hechos acaecidos antes de la reforma introducida por el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011) o, en cuatro años y medio (esto es, tres años más el incremento de la mitad, si la conducta se ejecutó en vigor de la reforma introducida por el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011).”16 (Negrillas fuera del texto) 15 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de agosto de 2012. Radicado 38467 reiterada en la sentencia SP1372-2022 del 27 de abril de 2022. Radicado 51288. 16 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia SP977-2020 del 27 de mayo de 2020. Radicado 54509. 17

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ZULIMA VALENCIA MENA

48. En el presente asunto, el inciso primero del artículo 418 del Código Penal no contempla una sanción privativa de la libertad, pues prevé una pena de multa y pérdida del empleo o cargo público, por lo tanto, el término de prescripción mínimo de la acción penal para esta conducta punible antes de la formulación de imputación es de 5 años, en virtud de lo contemplado en el inciso 4º del precepto 83 de la Ley 599 de 2000.

49. De la misma forma, como el inciso segundo del artículo 418 del Código Penal prevé una modalidad agravada del delito de revelación de secreto y dispone una pena de prisión de 16 a 54 meses (menor a 60 meses), el término de prescripción mínimo de la acción penal para este delito agravado también es de 5 años conforme a lo establecido en el artículo 83 del Código Penal.

50. El término de prescripción para la modalidad básica y la versión agravada de la conducta punible se interrumpió con la formulación de imputación realizada el 25 de junio de 2018, tiempo que comenzó a correr nuevamente por 3 años (36 meses) conforme al artículo 292 de la Ley 906 de 2004.

51. Ahora, como ZULIMA VALENCIA MENA ostentó la calidad de servidora pública y ejecutó la conducta punible prevalida de ese rol funcional, el término prescriptivo mínimo de 3 años (36 meses) se incrementa en la mitad (18 meses) para ambas modalidades del delito, conforme al artículo 14 de la Ley 1474 de 2011 y la jurisprudencia

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Segunda instancia. Radicado 61872 ZULIMA VALENCIA MENA anteriormente reseñada, lo cual arroja un resultado de 54 meses o 4 años y medio como lapso en que operaría el fenómeno extintivo, tiempo que se cumpliría el 25 de diciembre del 2022.

52. En conclusión, tal como fue señalado por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, la conducta de revelación de secreto, tanto en su modalidad básica como en su forma agravada aún no se encuentra prescrita. 6.4. La estructura típica del delito de revelación de secreto y su agravación

53. El delito de revelación de secreto se encuentra consagrado de la siguiente manera en el artículo 418 del

Código Penal: ARTÍCULO 418. REVELACIÓN DE SECRETO. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión, multa de veinte (20) a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.

54. Para describir la estructura típica de este delito, es necesario establecer su tipicidad objetiva y subjetiva.

Dentro del primer componente, se evalúan los siguientes 19

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ZULIMA VALENCIA MENA elementos: i) el sujeto activo calificado; ii) el objeto material del acto; iii) la acción típica; iv) el resultado; y v) la relación de causalidad17. Por su parte, en el segundo componente se encuentra el dolo necesario para la comisión de la conducta.

55. Dentro de la tipicidad objetiva, en primer lugar, se encuentra que el sujeto activo calificado corresponde a un servidor público que en virtud de una norma tenga a su cargo la custodia de la información secreta o reservada18.

56. En segundo lugar, el objeto material del delito hace referencia al elemento del mundo exterior en relación con el cual se realiza la acción típica19. En este caso, el objeto material del delito es el documento o noticia sometida a secreto o reserva.

57. El secreto o reserva enunciado en el objeto material pertenece a los denominados “elementos normativos del tipo”, los cuales han sido definidos por la doctrina como “premisas que sólo pueden ser imaginadas y pensadas bajo los presupuestos lógicos de una norma”20 y que están contenidos en algunos tipos penales. Como ejemplos se encuentran: “la víctima”, “la autoridad competente” o “el deber legal”. 17 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de mayo de 2007. Radicado 27014. 18 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 3 de diciembre de 2009. Radicado 31240 y auto del 21 de abril de 2004. Radicado 20355. 19 Jescheck, Hans y Wigend, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Granada, España:

Comares, 2014, pág. 294. 20 Ibídem pág. 289. 20

CUI: 27001600110020170117602

Segunda instancia. Radicado 61872

ZULIMA VALENCIA MENA

58. Esta Sala ha establecido que los elementos normativos del tipo son expresiones contenidas en cualquier tipo penal que buscan cualificar a los sujetos activo o pasivo o al objeto material, o pretenden precisar el alcance y contenido de la propia conducta o de una circunstancia derivada de la misma, y en consecuencia le corresponde al juez penal en cada caso particular examinar su ocurrencia, con el fin de valorar la conducta como delictiva21.

59. Por lo tanto, frente al delito de revelación de secreto, el juzgador debe evaluar si el documento o la información efectivamente están sometidos a reserva o secreto conforme a las normas que regulen la materia.

60. En este punto, vale la pena mencionar que el artículo 74 de la Constitución Política