CSJ - SP3990-2022(58141)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente SP3990-2022 Radicación 58141 Acta 279 Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS: Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por los defensores de VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ibagué el 11 de diciembre de 2019, que confirmó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de El Espinal-Tolima como coautores del delito de homicidio agravado.

HECHOS: El Tribunal Superior de Ibagué dio por probado que el

Mayor VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y el Subintendente CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN, adscritos al grupo GAULA de la Policía Nacional, dieron muerte a José Henry Reyes Álvarez en zona rural del municipio de PurificaciónTolima, en la madrugada del 27 de agosto de 2002, simulando haber sido emboscados por integrantes del Frente 25 de las FARC que operaba en el área, en desarrollo de un operativo orientado a rescatar a Luis Felipe Ramos, quien había sido secuestrado el 11 de agosto de ese mismo año en El Espinal-Tolima. Reyes Álvarez había sido retenido en forma ilegal junto con René Barrero Sánchez y Luis Hernando Rodríguez Muñoz, bajo

sospechas de integrar la organización criminal que materializó el secuestro de Luis Felipe Ramos y lo entregó a las FARC.

ANTECEDENTES PROCESALES:

1. La Fiscalía delegada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió investigación por los presuntos delitos de homicidio agravado y tortura el 30 de abril de 2004, en contra de los integrantes del grupo GAULA de la Policía de Ibagué VÍCTOR HUGO DÍAZ

ORJUELA, LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN, Carlos

Fernando Avendaño Acosta, Fernando Giraldo Ochoa, Héctor Javier Marín Cabrera, Jorge Armando Moreno Chávez, Humberto Leal Rojas, Gabriel de Jesús Pérez Devia, Jaime Enrique Pérez Rivera y Marco Aurelio Ramírez Leyton.1

2. La Fiscalía vinculó al proceso a VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y a LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN 1 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 3, folios 126 a 128.

2 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN mediante indagatorias realizadas el 6 y 7 de mayo de 2004, respectivamente.2 El 22 de octubre de ese mismo año, la Fiscalía los acusó como coautores del delito de homicidio agravado, y dispuso la ruptura de la unidad procesal respecto de los demás sindicados.3

3. El 2 de marzo de 2005 el Juzgado Penal del Circuito de Purificación, al resolver la petición realizada por el defensor

de DÍAZ ORJUELA de remitir el proceso a la Jurisdicción Penal Militar, declaró no ser competente para conocer del presente caso por considerar que el delito por el que se hizo la acusación se materializó en desarrollo de un acto propio del servicio. Por consiguiente, ordenó enviar el proceso a la Jurisdicción Penal Militar proponiendo colisión negativa de competencia.4

4. El Juzgado de Primera Instancia Auditoría de Guerra 141 ante la Dirección General de la Policía Nacional asumió la competencia el 11 de marzo de 2005, y decretó la nulidad de lo actuado a partir del cierre de investigación ordenando la libertad de los acusados DÍAZ ORJUELA y SOTO GUILLÉN.5 Al ser apelada esta decisión por el representante del Ministerio Público6 y el apoderado de la Parte Civil7, fue confirmada por el Tribunal Superior Militar el 12 de octubre de 2005.8 2 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 3, folios 242 a 259 y 272 a 282. 3 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 6B, folios 118 a 140. 4 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 6B, folios 249 a 254. 5 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 7A, folios 1 al 20. 6 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 7A, folios 45 a 53. 7 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 7A, folios 62 a 64. 8 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 7A, folios 134 a 140.

3 CUI 7326831040012010100085

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Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN

5. El 17 de abril de 2007, la Fiscalía Penal Militar 141 solicitó a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario el envío del proceso que se adelantaba en contra de los demás integrantes del grupo GAULA que participaron en la operación9. La Fiscalía especializada no sólo se abstuvo de enviar el proceso, sino que, además, propuso colisión de competencia positiva.10 El 8 de noviembre de 2007, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió la colisión de competencias y la fijó en la jurisdicción ordinaria.11

6. La Fiscalía 77 Especializada acusó a VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y a LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN como coautores del delito de homicidio agravado (Artículos 103 y 104-7 del Código Penal) el 18 de enero de 201012, y precluyó la investigación en su contra por el delito de tortura agravada. También decidió precluir la investigación por los anteriores delitos a favor de Fernando Giraldo Ochoa, Jorge

Armando Moreno Chávez, Humberto Leal Rojas, Jesús Pérez Devia, Jaime Enrique Pérez Rivera, Marco Aurelio Ramírez Leyton, Carlos Fernando Avendaño Acosta y Héctor Javier Marín Cabrera.13Luego de declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por el defensor de SOTO GUILLÉN por falta de sustentación, la resolución de acusación quedó en

firme el 31 de marzo de 2010.14 9 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 7A, folios 200 a 206. 10 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 7A, folios 297 a 310. 11 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 8A, folios 41 a 47 y CUADERNO COLISION DE COMPETENCIA JUZGADO 3, folios 4 al 11. 12 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 8A, folios 92 al 112. 13 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 8B, folios 83 a 112. 14 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 8B, folios 194 y 195. 4 CUI 7326831040012010100085

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7. El 14 de mayo de 2010, el Juzgado Penal del Circuito de Purificación declaró falta de competencia derivada del factor territorial. Ordenó remitir el expediente a los Juzgados Penales del Circuito del Espinal y propuso colisión de competencia negativa.15 Por su parte, el 2 de junio de 2010 el Juzgado 1º Penal del Circuito del Espinal –despacho al que le correspondió por reparto—, no aceptó la colisión de competencia y ordenó enviar el proceso al Tribunal Superior de Ibagué.16 El Tribunal resolvió la colisión de competencia el 1 de julio siguiente, asignando la competencia al Juzgado 1º

Penal del Circuito del Espinal.17

8. La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 13 de

septiembre de 201018. La audiencia pública se inició el 28 de marzo de 201119 , continuó el 20 de junio20 y culminó el 5 de agosto de ese mismo año21. El 11 de junio de 2013, se dictó sentencia condenatoria en contra de VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y de LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN como coautores del delito de homicidio agravado, a quienes se les impuso como penal principal 30 años de prisión, y como accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años. No se les concedió subrogados penales y se ordenó su captura.22 Al ser apelada esta decisión por los defensores de los acusados, el 15 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 8B, folio 208. 16 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 8B, folios 212 a 214. 17 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 8B, folios 227 a 233. 18 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 8B, folios 283 y 284. 19 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 9, folios 62 y 63. 20 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 9, folios 84 y 85. 21 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 9, folios 93 al 96. 22 Archivo magnético primera instancia, CUADERNO 9, folios 191 a 261. 5 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN Tribunal Superior de Ibagué la modificó el 30 de noviembre de

2015 y tasó en 17 años la pena de prisión y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, luego de degradar el delito de homicidio agravado a homicidio simple.23

9. Contra la anterior decisión los apoderados de DÍAZ ORJUELA y SOTO GUILLÉN presentaron demanda de casación, las que fueron admitidas el 6 de febrero de 201724.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante SP4334 del 2 de octubre de 2019, decidió casar de oficio la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ibagué decretando la nulidad de todo lo actuado por motivación deficiente o incompleta, a partir de su expedición, inclusive, y ordenó rehacerla en las condiciones de adecuada motivación establecidas por la Corte.25

10. El 11 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Ibagué confirmó la sentencia dictada por el A quo, esto es, condenar a VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y a LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN como coautores del delito de homicidio agravado a la pena principal de 30 años de prisión, y a la pena accesoria interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años. 26 23 Archivo magnético segunda instancia, CUADERNO TRIBUNAL 01, folios 10 al 43. 24 Archivo magnético, CUADERNO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, folio 12. 25 Archivo magnético, CUADERNO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, folios 66 a 104. 26 Archivo magnético segunda instancia, CUADERNO TRIBUNAL 01, folios 267 a

284. 6 CUI 7326831040012010100085

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Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN

11. Contra esta decisión, los apoderados de los acusados interpusieron demanda de casación.27 El 12 de agosto de 2020 el Tribunal declaró desierto el recurso de casación interpuesto por el defensor de LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN por falta de sustentación, y concedió el presentado por el apoderado de VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA.28 El acusado SOTO GUILLÉN interpuso recurso de reposición en contra de la anterior decisión, argumentando que no tenía defensor técnico para el momento en que corrieron los términos de sustentación. El 14 de septiembre de 2020, el Tribunal negó la reposición.29

12. El 19 de octubre de 2021 la Corte admitió la demanda de casación de DÍAZ ORJUELA. Mientras se surtía el traslado para que el representante del Ministerio Público conceptuara sobre el recurso de casación, el nuevo defensor de SOTO GUILLÉN solicitó a la Corte declarar la nulidad del auto del 12 de agosto de 2020, mediante el cual el Tribunal declaró desierto el recurso de casación interpuesto por el anterior apoderado. La Corte declaró la nulidad solicitada a través del AP175 del 26 de enero de 2022, y ordenó reponer los términos de sustentación, al haber comprobado que el acusado SOTO GUILLÉN efectivamente no contó con defensor

técnico en dicho periodo. Restablecidos los términos, el defensor técnico de LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN 27 Archivo magnético segunda instancia, CUADERNO TRIBUNAL 01, folios 297 y 298. 28 Archivo magnético segunda instancia, CUADERNO TRIBUNAL 02, folios 353 a 356. 29 Archivo magnético segunda instancia, CUADERNO TRIBUNAL 01, folios 419 a 437. 7 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN sustentó la demanda de casación, la que fue admitida el 8 de junio de 2022.

LAS DEMANDAS: 1.- Demanda presentada por la apoderada de

VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA.

Presentó un único cargo con fundamento en la causal 3ª del artículo 207 de la Ley 600 de 2000. Acusó la sentencia por nulidad derivada de un error in procedendo en la modalidad de vicio de estructura que socavó el debido proceso por desconocimiento de las formas propias del juicio, y las garantías sustanciales de tutela judicial efectiva, non bis in idem y la prohibición de reforma en peor. Manifestó que al declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal el 30 de noviembre de 2015 por motivación incompleta o deficiente, la Corte garantizó el derecho de contradicción de los apelantes que fue vulnerado por el Ad quem. Sin embargo, la sentencia de reemplazo debió limitarse, en su opinión, a dar respuesta a las

inconformidades planteadas por los apoderados, pero respetando la imputación de la conducta que por homicidio simple había señalado el Ad quem, al dar por probado que la muerte de José Henry Reyes Álvarez ocurrió en desarrollo de la confrontación armada entre el grupo GAULA y el frente insurgente de las FARC que tenía en su poder al secuestrado 8 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN Luis Felipe Ramos, excluyendo la circunstancia de agravación a título de indefensión. Indicó, igualmente, que el Tribunal no acató lo dispuesto por la Corte y, en su lugar, dictó una sentencia de reemplazo sin limitación alguna, por lo que juzgó nuevamente a los acusados desconociendo las pautas que le había señalado la Corte en la sentencia SP4334 de 2019, y revivió íntegramente la sentencia de primera instancia en la que se condenó a los acusados a 30 años de prisión, y a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años. Con esta decisión, según dijo, el Tribunal desconoció la prohibición de reforma en peor establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Afirmó que la jurisprudencia de la Corte señala que cuando se declara la nulidad por motivación incompleta o deficiente, el Tribunal debe limitarse a dictar nuevamente la sentencia dentro de los parámetros indicados por la Corte, por lo que la sentencia de reemplazo está limitada a la

decisión casacional. Contrario resulta, según manifestó la apoderada, cuando la nulidad de la sentencia se decreta por ausencia absoluta de motivación, caso en el que el fallo de reemplazo no está sujeto a ninguna limitación. Como sustento a estas afirmaciones, transcribió apartes de las sentencias del 22 de mayo de 2003 dictada en el radicado 20.756, y del 27 de julio de 2006 proferida en el radicado 22.329. 9 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN Aseveró que el error en que incurrió el Tribunal, al no acatar lo dispuesto por la Corte, es insubsanable y trascendente, y generó un perjuicio injustificado a su defendido, pues la nueva situación creada por el Ad quem es más grave y desventajosa en comparación con el fallo casado por la Corte. Por consiguiente, solicitó a la Corte casar la sentencia de reemplazo y dictar una sustitutiva que: (i) garantice el derecho material a su defendido; (ii) esté acorde con la declaratoria de nulidad que por motivación incompleta o deficiente se hizo de la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2015, y (iii) se haga en virtud del mandato establecido en el numeral 1º del artículo 217 de la Ley 600 de 2000 que señala que cuando la nulidad afecte exclusivamente la sentencia demandada, la Corte casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo.

2. Demanda presentada por el apoderado de LUIS

FERNANDO SOTO GUILLÉN.

El recurrente formuló tres cargos, uno principal y dos subsidiarios. Cargo Principal. Con fundamento en la causal 3ª del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusó la sentencia por nulidad derivada de la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. 10 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN Señaló el demandante que la Corte al casar de oficio la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2015 por motivación incompleta o deficiente, incurrió en nulidad al haber ordenado enviar el proceso al Tribunal para emitir la sentencia de reemplazo, pues el numeral 1º del artículo 217 de la Ley 600 de 2000 establece que cuando la nulidad afecte exclusivamente la sentencia, la Corte casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo. Por ende, en su opinión, la Corte también aplicó indebidamente el numeral 2º del mencionado artículo, que determina que cuando la nulidad no se limita a la sentencia de segunda instancia impugnada, se declarará en qué estado queda el proceso y se dispondrá que se envié al funcionario competente para que proceda de acuerdo con lo resuelto por la Corte. En apoyo de su argumento, el defensor citó las sentencias dictadas por la Corte el 10 de mayo de 2003, radicado 22.082; el 25 de marzo de 1999, radicado 11.279;

el 28 de marzo de 2001, radicado 15.997; el 17 de marzo de 2004, radicado 18.743, y la SP14205 del 5 de octubre de 2016, radicado 42.039. De la primera y última sentencia, el apoderado, transcribió algunos apartes en los que se indica que cuando la sentencia adolece de motivación deficiente o incompleta, lo adecuado no es declarar la nulidad sino completar aquellos aspectos no abordados por los juzgadores de instancia. Igualmente, con apoyo en la sentencia del 27 de julio de 2006 dictada en el radicado 22.329, señaló que en el evento en que el motivo de nulidad sea la ausencia absoluta de motivación, debe reenviarse el expediente al 11 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN fallador de instancia para que dicte el fallo de reemplazo, pues en esta hipótesis objetivamente no existe decisión judicial para juzgar en sede de casación. Aseveró, igualmente, que mientras los fallos anteriormente citados tienen un referente fáctico análogo al del presente caso, no sucede lo mismo con los indicados por la Corte en la decisión SP4334 de octubre de 2019. Agregó que de la argumentación de la Corte se infiere, en su opinión, que sólo la motivación sofista, aparente o falsa del fallo impugnado es la que determina que la Corte dicte un fallo de reemplazo, cuando lo cierto es que, según dijo, el artículo 217

de la Ley 600 de 2000 establece que este debe realizarse cuando se declara la nulidad y “esta afecte exclusivamente la sentencia demandada”, como ocurrió en el presente caso. En su opinión, la argumentación de la Corte para declarar la nulidad por motivación incompleta o insuficiente y ordenar enviar el proceso al Tribunal para que dictara el fallo de reemplazo, constituye “un argumento de autoridad” que no es “un argumento legítimo, sino una forma proscrita de argumentar en la fuerza y no en la razón”.30 También manifestó, que el vicio denunciado constituye una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, en razón a que la sentencia de la Corte que viabilizó la sentencia de reemplazo vulneró la tutela judicial efectiva a su defendido, contemplada en el artículo 229 de la Constitución 30 Archivo magnético segunda instancia, CO2principal, 01demanda Casación Soto Guillen, folio 14. 12 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN Nacional, pues se dejó de considerar la demanda de casación interpuesta “con el pretexto” de ampararle la garantía de contradicción. Agregó, que los motivos en que se sustentó la apelación de la sentencia de primer grado pasaron a un segundo plano, cuando estos tenían la vocación de dejar sin efectos el fallo inicial, al sustentarse en razones objetivas consistentes en la degradación de la conducta punible de homicidio doloso a culposo, con fundamento en el principio

de determinación alternativa. Por ende, en su opinión, debió decretarse la cesación del procedimiento, por cuanto se materializó la prescripción de la acción penal para el delito de homicidio culposo antes de dictarse el fallo del 30 de noviembre de 2015. Para sustentar estas afirmaciones, transcribió apartes del concepto emitido en dicha oportunidad por la Procuradora 2ª delegada para la Casación Penal en el que apoyó dicho argumento, al manifestar que el delito por el que debía procederse era el de homicidio culposo, frente al cual la acción penal ya había prescrito. Señaló el apoderado que el fallo de reemplazo dictado el 11 de diciembre de 2019, constituye una irregularidad sustancial, en razón a que en la sentencia SP4234 de 2019 que lo viabilizó, la Corte no tomó en consideración que: (i) la demanda de casación interpuesta no se sustentó en los motivos de nulidad que la Corte declaró de forma oficiosa; (ii) los motivos invalidantes de la decisión fueron convalidados por el acusado conforme lo establece el artículo 310-4 de la Ley 600 de 2000 y, por consiguiente, no habilitaban la declaratoria de nulidad; (iii) la actuación estaba regida por el 13 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN principio de limitación y, pese a que la Corte está facultada formalmente para declarar nulidades en forma oficiosa, no puede hacerlo perjudicando la situación procesal del

apelante único, como, en su opinión, ocurrió en el presente caso, y (iv) se “soslayó la efectividad del derecho material” y la “garantía de primacía del derecho sustancial” instituida como deber de las autoridades y de los jueces. Luego de indicar que la solicitud de nulidad planteada satisface los principios que orientan este instituto, solicitó a la Corte casar la sentencia y dictar el fallo de reemplazo, en el que se lleve a cabo un pronunciamiento de fondo respecto del cargo único que se presentó en la demanda de casación promovida por su defendido en contra de la primera sentencia de segunda instancia. Primer cargo subsidiario. Al amparo de la misma causal 3ª del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el demandante acusó la sentencia por nulidad derivada de la falta de competencia del Tribunal al haber ocurrido, según dijo, la prescripción de la acción penal con anterioridad a la fecha en que esta fue expedida. Afirmó el apoderado que en la sentencia de segundo grado se dio por probado que José Henry Reyes Álvarez falleció como consecuencia del impacto de una onda explosiva, y que el fallecimiento se produjo cuando estaba bajo custodia de los acusados, quienes lo habían capturado 14 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN de forma ilegal, y lo habían llevado como guía al operativo de rescate del secuestrado Luis Felipe Ramos, en la madrugada del 26 de agosto de 2002. Agregó que, si bien existían dos hipótesis sobre lo

sucedido –la primera relacionada con el actuar doloso de los acusados al causarle la muerte a Reyes Álvarez simulando un ataque armado, y la segunda, que la muerte de éste ocurrió por imprudencia de los acusados al llevarlo a un operativo de rescate en el que se presentó una emboscada del Frente 25 de las FARC—, el Tribunal optó por la primera hipótesis, al concluir que: (i) no se demostró la ocurrencia del supuesto ataque armado, y (ii) para la fabricación de explosivos destinados a las Fuerzas Militares se utiliza nitrato de amonio, según lo indicó el gerente de INDUMIL, por lo que infirió que el material explosivo que causó la muerte de Reyes Álvarez provino de los policías que participaron en el operativo. Las anteriores conclusiones, en su opinión, son insostenibles porque fueron construidas a partir de un error de hecho en la modalidad falso raciocinio por desconocimiento del principio de razón suficiente. Luego de explicar en qué consiste el principio lógico de razón suficiente y citar jurisprudencia de la Corte sobre el mismo, afirmó que de la demostración de la captura ilegal de Reyes Álvarez por parte de los acusados no se sigue que el operativo de rescate hubiera sido un montaje, ni se excluye, según dijo, la ocurrencia del ataque intempestivo por parte del grupo 15 CUI 7326831040012010100085

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VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN armado ilegal. Mucho menos, que la muerte de Reyes Álvarez

haya sido materializada por los procesados o algún otro integrante de la patrulla policial. Dicho razonamiento, en su opinión, constituye violación a la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 9-1 y 12 del Código Penal, en los que se indica que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, y se proscribe toda forma de responsabilidad objetiva, respectivamente. Agregó que con este razonamiento el Tribunal revivió el viejo principio escolástico, hoy proscrito, relativo a que quien ha obrado reprochablemente, le son imputables todas las consecuencias que se deriven de su censurable actitud. Señaló el apoderado, de otra parte, que el Tribunal vulneró el principio de contradicción, pues inicialmente afirmó que Reyes Álvarez sí trato de huir mientras estaba en custodia de los acusados, lo que demostraba que fue al operativo de rescate en contra de su voluntad y, posteriormente, indicó que el procesado SOTO GUILLÉN tenía a su cargo la custodia de Reyes Álvarez, y fue descuidado en su deber de protección al momento del ataque armado. También indicó el defensor, que el Tribunal incurrió en la falacia de pista falsa al afirmar que los explosivos utilizados por la Fuerza Pública sí contenían nitrato de amonio, cuando lo afirmado por el defensor es que las municiones que utilizaron en sus fusiles no contenían dicha sustancia. 16 CUI 7326831040012010100085

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En su opinión, con los anteriores argumentos se demuestra que la conclusión del Tribunal es errónea, y no se trató de un homicidio doloso sino culposo, respecto del cual ocurrió, según reiteró, el fenómeno de la prescripción de la acción penal el 5 de abril de 2015, esto es, 4 años y ocho meses antes de que se dictara la sentencia de segunda instancia fechada el 11 de diciembre de 2019. En consecuencia, el defensor solicitó a la Corte, que se case la sentencia y se declare la cesación de procedimiento conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley 600 de 2000. Segundo cargo subsidiario. Igualmente, con fundamento en la misma causal 3ª del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusó la sentencia por nulidad derivada de la vulneración de la prohibición constitucional de la reforma en peor. Afirmó que en la sentencia de primera instancia se condenó a su defendido a 30 años de prisión y la interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años, penas que fueron reducidas en el fallo de segunda instancia a 17 años, luego de degradar la conducta punible de homicidio agravado a homicidio simple. Agregó que, como resultado de la declaratoria de nulidad de este último fallo, el Tribunal dictó una nueva sentencia el 11 de diciembre de 2019 en la que revivió la condena inicial, decisión que, en su opinión, es 17 CUI 7326831040012010100085

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inconstitucional por cuanto vulnera la prohibición de reforma en peor, establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Luego de citar jurisprudencia de la Corte relacionada con la reforma en peor, afirmó que al Tribunal le estaba vedado revivir la condena dictada por el A quo, en razón a que el propósito de la nulidad decretada por la Corte “era mejorar la situación procesal de LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN como único apelante”.31 Por lo anterior, solicitó a la Corte casar la sentencia y, en su lugar, declarar la vigencia de la sanción impuesta por el Tribunal el 30 de noviembre de 2015, esto es, 17 años de prisión, lapso en el que también tasó la pena accesoria. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Respecto de la demanda presentada por la apoderada de VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA El Procurador 1º delegado para la Casación Penal, afirmó que el único cargo formulado por la apoderada, y por el que solicitó la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de reemplazo dictada por el Tribunal el 11 de diciembre de 2019, está relacionado con la vulneración de garantías procesales 31Archivo magnético segunda instancia, CO2principal, 01demanda Casación Soto Guillen, folio 35. 18 CUI 7326831040012010100085

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CASACIÓN

VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN respecto de tres principios fundamentales, a saber: tutela

judicial efectiva, non bis in idem y reformatio in . Respecto del primer principio manifestó, con fundamento en la sentencia C279-2013 de la Corte Constitucional, que la tutela efectiva fue definida como la posibilidad que se le reconoce a todas las personas residentes en Colombia de acudir a los jueces, en condiciones de igualdad, “para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos”, acatando los procedimientos establecidos en las leyes, y respetando todas las garantías sustanciales y procedimentales. Afirmó que en el presente caso no se vulneró el principio de tutela efectiva, como lo manifestó la apoderada de DÍAZ ORJUELA al señalar que el Ad quem no acató los parámetros establecidos por la Corte cuando declaró la nulidad de la sentencia del 30 de noviembre de 2015, pues no sólo plasmó en el fallo de reemplazo la motivación exigida en los aspectos objetivo y subjetivo del hecho punible, sino que, fundamentalmente, brindó a los acusados la oportunidad de interponer las acciones judiciales que consideraron pertinentes en su defensa, logrando con ello el acceso a la administración de justicia. Agregó que la apoderada malinterpretó la sentencia del 2 de octubre de 2019, al entender que el fallo de reemplazo debía favorecer las pretensiones de la defensa, en especial la de absolver a los acusados, cuando la finalidad de la nulidad decretada por la 19 CUI 7326831040012010100085

NUMERO INTERNO 58141

CASACIÓN

VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA Y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN Corte no se encaminó “a favorecer o perjudicar la situación jurídica” de los procesados, sino a salvaguardar y garantizar sus derechos fundamentales, en tanto el principio de motivación es un pilar del derecho al debido proceso. De igual manera, señaló que tampoco se presentó vulneración al principio de non bis in idem, sobre el qu