CSJ - SP558-2024(61684)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente SP558-2024 Radicado nº 61684

CUI: 11001310405020160054601

Aprobado acta n° 064 Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve los recursos de impugnación especial interpuestos por los defensores de los coroneles del Ejército

Nacional en retiro, PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ, en contra de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que los condenó por primera vez por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y

HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ

II. HECHOS 1.- El 4 de junio de 2004 el entonces Director de Sanidad del Ejército Nacional, Coronel PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, suscribió en la modalidad de contratación directa el contrato interadministrativo n.° INV-006 de 2004 con el Fondo Rotatorio de dicha institución, cuya Directora era la Coronel MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO. Su objeto fue «contratar la obra e interventoría» de la enfermería del Batallón de Infantería n.° 26 «Cacique Pigoanza», ubicado en el

municipio de Garzón – Huila. Cuando celebraron el contrato no contaban con los estudios, planos y diseños de la obra, sino que estipularon que la Dirección de Sanidad los remitiría al Fondo Rotatorio el 30 de junio siguiente. 2.- El valor de este contrato fue de $1.036’370.000, del cual se destinó para el Fondo Rotatorio del Ejército el 2% de gastos de administración y 1.5% para «gastos administrativos referentes al objeto del contrato», y el excedente de $1.000’097.050 para la obra y su interventoría. Se pactó el pago por anticipo del 45% del valor total del contrato y el saldo de 55% a 90 días después de recibida la obra a entera satisfacción, lo que debía ocurrir «no más allá del 20 de septiembre de 2004». 3.- El 18 y 30 de junio de 2004 el entonces Subdirector de Sanidad del Ejército, Coronel HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ, suscribió los contratos de consultoría n.° 110 y 1111, también bajo la modalidad de contratación directa, para 1 El n.° 110 fue suscrito el 30 de junio de 2004, mientras que el n.° 111 el 18 de junio de ese año. 2 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ cumplir con la obligación de remitir los estudios, planos y

diseños de la obra al Fondo Rotatorio. Estos contratos fueron liquidados el 5 y 6 de julio de ese año. 4.- El objeto del contrato n.° 110 fue «el diseño arquitectónico, especificaciones técnicas, cálculo de cantidades de obra, presupuesto estimado, lista de insumos de obra, términos de referencia para el estudio ambiental, aprobación del Ministerio de la Protección Social, del establecimiento de salud militar del Batallón de Infantería n.° 26…», por $27’840.000, mientras que el objeto del contrato n.° 111 fue los «estudios de suelos, levantamiento topográfico, diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, gases medicinales, ventilación mecánica y aire acondicionado» para la enfermería del Batallón de Infantería n.° 26 «Cacique Pigoanza», por $34’500.000. 5.- El 16 de julio de 2004 el Fondo Rotatorio del Ejército dio apertura a la licitación pública n.° 016 de 2004 con el objeto de contratar la referida obra, trámite que dio como ganador al «Consorcio Resplandor». Luego de la adjudicación de este proceso licitatorio, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO, en su condición de Directora del Fondo Rotatorio, suscribió el contrato de obra n.° 077 del 28 de septiembre de 2004 con ÁLVARO EDUARDO GAITÁN CÁRDENAS, representante legal de dicho consorcio, cuyo valor fue de $925’529.813. 6.- Cuando se abrió la licitación pública y se suscribió el contrato, tampoco estaban los estudios y diseños, o no

estaban completos, en concreto, los de adecuación del terreno –descapote y nivelación–. Esta labor se tuvo que 3 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ realizar generando mayores cantidades de obra no previstas desde un inicio, así que, para mantener el presupuesto asignado, se autorizó mediante modificaciones al contrato inicial la incorporación tanto de mayores como de menores cantidades de obra, esto último, suprimiendo algunos ítems que inicialmente habían sido contratados. 7.- Pese a que en el contrato interadministrativo n.° INV006 de 2004 se afirmó que la enfermería de Garzón – Huila tenía como plazo máximo de ejecución el 20 de septiembre de 2004, para el 4 de noviembre de 2005 no se había terminado, además, su construcción inició con los planos correspondientes al dispensario ubicado en Facatativá – Cundinamarca. Aun así, la Directora MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO no hizo efectivas las pólizas de cumplimiento y el valor del contrato fue pagado, e incluso, se hicieron adiciones al plazo y al valor inicial. 8.- También se firmaron actas de recibo y liquidación por parte del contratista, interventor y contratante, sin que se hubiera terminado la obra y con la necesidad de realizar más inversión para adecuarla y poder darle el uso para el que estaba destinada. Además, se allegó información, según la cual, «los movimientos de tierra no corresponden a las

excavaciones que debieron realizarse para el tamaño de la obra del dispensario…»2. 9.- El comandante del Batallón de Infantería n.° 26 «Cacique Pigoanza», quien no recibió la enfermería a 2 Resolución de acusación del 18 de septiembre de 2015, fls. 1 a 3. 4 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ satisfacción, reportó a la Dirección de Sanidad y al Fondo Rotatorio del Ejército «inconsistencias, demora, mala calidad de la obra, así como su indignación por el mal estado de la misma» y que la construcción «no estaba proyectada para que cumpliera los fines de un dispensario»3.

III. ANTECEDENTES PROCESALES 10.- El 25 de junio de 2009 la Fiscalía 12 Seccional de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública declaró la apertura de la instrucción en contra del Director de Sanidad del Ejército, PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, de la Directora General del Fondo Rotatorio del

Ejército, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO, y del Subdirector de Sanidad del Ejército, HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ. Los investigados fueron vinculados al proceso mediante indagatorias que tuvieron lugar los días 6 de septiembre de 2011, 28 de abril y 30 de noviembre de 2011, respectivamente. 11.- El 15 de agosto de 2014 clausuró la instrucción y

el 18 de septiembre de 2015 calificó el sumario con resolución de acusación en contra de PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, como autor; MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO por los delitos de falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, como autora; y HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ por los delitos de falsedad 3 Ibidem. 5 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, como autor. 12.- El 25 de septiembre de 2015 la fiscalía adicionó la resolución de acusación en respuesta a una solicitud de nulidad que presentó la defensa de HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ, radicada cuando el expediente se encontraba en el despacho para calificar el sumario, en la que argumentó que la jurisdicción ordinaria no era competente para conocer del proceso y que le correspondía a la justicia penal militar. La calificación del sumario fue adicionada en el sentido de «no decretar la nulidad invocada»4. 13.- En contra de la resolución de acusación la defensa de PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, la defensa de MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO interpuso recurso de apelación, el

cual fue declarado desierto por extemporáneo5, y la defensa de HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ interpuso recurso de apelación únicamente en contra de la decisión que adicionó la resolución de acusación. El 27 de noviembre de 2015 la fiscalía no repuso la calificación y concedió el recurso de apelación. 14.- El 30 de junio de 2016 la Fiscalía 61 de la Unidad de Fiscalías delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación en contra de la calificación del sumario, confirmó la acusación 4 Expediente digital, cuaderno No. 3 de la instrucción, fls. 210 a 214. 5 Contra esta decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto el 4 de enero de 2016 en el sentido de no reponer la decisión de declarar desierto el recurso de apelación contra la calificación del sumario. 6 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ a PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA por el delito contrato sin cumplimiento de requisitos legales y precluyó a su favor el delito de peculado por apropiación. También confirmó la acusación a HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ por los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y le precluyó el delito de peculado por apropiación. 15.- La actuación fue asignada al Juzgado 50 Penal del

Circuito de Bogotá de Ley 600 de 2000, autoridad que, en audiencia preparatoria del 22 de noviembre de 2016, negó la nulidad solicitada por los apoderados de MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ, quienes alegaron que la justicia penal militar era la competente para conocer de este proceso. De otro lado, declaró la extinción de la acción penal por prescripción del delito de falsedad ideológica en documento público que les fue acusado. 16.- El 13 de octubre de 2020 el juzgado de primera instancia profirió sentencia absolutoria. En favor de PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA y HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y también absolvió a MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La fiscalía y la parte civil –apoderada del Ejército Nacional– interpusieron recurso de apelación. 17.- El 28 de febrero de 2022 la Sala Penal del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y, 7 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ en su lugar, condenó por primera vez a PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ por el delito de contrato sin cumplimiento de

requisitos legales con ocasión de los contratos: (i) interadministrativo INV-006 de 2004, (ii) de consultoría n.° 110 y (ii) de obra n.° 077. Estableció la responsabilidad individual respecto de cada contrato y detalló si la misma se presentó en la etapa de trámite, celebración o liquidación. 18.- A los dos primeros les impuso 55 meses de prisión, multa de 57 s.m.m.l.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 67 meses, y al último de ellos le impuso 48 meses de prisión, 50 s.m.m.l.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses. 19.- Los defensores de cada procesado interpusieron oportunamente el recurso de impugnación especial.

IV. LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA 4.1 Sentencia de primera instancia 20.- El Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá de Ley 600 de 2000 absolvió a los procesados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Consideró lo siguiente: 21.- Si bien la defensa de MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO asegura que los procesados tienen fuero militar, y que,

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ por ende, la actuación está viciada de nulidad por falta de competencia, no existe tal irregularidad pues los contratos por los que cursa este proceso, denominados

interadministrativo INV-006 de 2004 del 4 de junio de 2004, de consultoría n.° 110 y 111 del 30 y 18 de junio de 2004, respectivamente, y de obra n.° 077 del 28 de septiembre de 2004, para la construcción de la enfermería del Batallón de Infantería n.° 26 «Cacique Pigoanza», son actuaciones administrativas que no guardan ninguna relación con la función de las fuerzas militares de monopolio del ejercicio coactivo del Estado. 22.- En lo que respecta a los elementos que componen el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de las normas aplicables para la fecha de los hechos se desprende que no eran indispensables los estudios previos para tramitar y celebrar en la modalidad de contratación directa el contrato interadministrativo INV-006 de 2004, como lo reclama la fiscalía en la acusación, de ahí que PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA y MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO lo suscribieron contando solo con la partida presupuestal y el estudio de conveniencia y oportunidad, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 25 la Ley 80 de 1993 y 8º del Decreto 2170 de 2002. 23.- Por su parte, a HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ, quien suscribió los contratos de consultoría n.° 110 y 111 en cumplimiento de la cláusula 11° del contrato interadministrativo INV-006 de 2004, se le reprocha haberlos liquidado el 5 de julio de 2004 sin que se hubiera cumplido 9 Impugnación especial

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ su objeto y sin contar con la aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Protección Social, pero este último «aval se produjo en cuestión de muy corto tiempo», antes del 19 de julio de 2004, cuando el Fondo Rotatorio del Ejército dio apertura a la licitación pública para seleccionar al contratista de la obra. 24.- Distinto sería si la liquidación del contrato se hubiera hecho sin contar con los requisitos esenciales para su ejecución, como el diseño arquitectónico, las especificaciones técnicas, el cálculo de cantidades de obra o los términos de referencia para el estudio ambiental, los cuales sí se cumplieron en este caso. Es decir que el aval del Ministerio de Protección Social relacionado en el contrato n.° 110, no era esencial y, en todo caso, fue expedido al poco tiempo de la liquidación del contrato. 25.- A este procesado también se le cuestiona porque en el acta de liquidación del contrato de consultoría n.° 111 se consignó que fueron recibidos a satisfacción, entre otros, los planos hidrosanitarios y de cubierta, pero en enero de 2005, antes de vencer el plazo del contrato de obra n.° 077 del 28 de septiembre de 2004, el contratista le solicitó al Fondo Rotatorio del Ejército la entrega de los mencionados planos, lo cual evidenciaría que al momento de liquidar el contrato no se contaba con estos documentos. 26.- Sin embargo, esto último se explica porque en la

ejecución del contrato se presentaron imprevistos que generaron mayores cantidades de obra, producto de 10 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ excavaciones y muros de contención que tuvieron que realizarse para nivelar el terreno donde se ejecutó la edificación. Dichos trabajos «redundaron en los planos originales de las instalaciones hidrosanitarias y de cubierta», por lo que fueron modificados o rediseñados, por ende, se hizo la solicitud de los planos, no de los iniciales sino de los rediseñados. 27.- Respecto del contrato de obra n.° 077 del 28 de septiembre de 2004, suscrito por MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO con el «Consorcio Resplandor», se cuestiona que la licitación pública se abrió sin estudios previos, sin registro presupuestal, que la obra inició con planos equivocados y que se liquidó el contrato sin haberse terminado la obra, pero en el proceso quedó acreditado que los estudios previos sí estaban disponibles pues con base en ellos los proponentes presentaron sus ofertas, además, el registro presupuestal es una formalidad de la etapa de ejecución sin efecto en el trámite o celebración del contrato, y respecto de los planos, lo que ocurrió fue una confusión entre los de la obra de Garzón – Huila con los de la obra de Facatativá – Cundinamarca, que se corrigió tan pronto fue advertido.

28.- De otro lado, tampoco es cierto que el 18 de marzo de 2005 haya liquidado el contrato de obra sin que esta se hubiera concluido, pues si bien el acta de liquidación contiene un sello del 1º de septiembre de 2005, no quiere decir que solo hasta ese momento finalizó la construcción, pues dicha fecha corresponde a cuando se liquidó el contrato de interventoría. En el documento de liquidación se consignó 11 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ que la obra terminó en «marzo 15 de 2005», lo cual no evidencia irregularidad alguna. 29.- MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO tampoco incurrió en el tipo penal de peculado por apropiación en favor de terceros, cuya acusación tuvo soporte en la prueba pericial en la que se concluyó que el valor pagado por el contrato de obra n.° 077 fueron $964’027.723, pero del cual solo se ejecutó, según las mediciones de obra hecha por investigadores del DAS, la suma de $741’762.041, lo que reflejaría la existencia de un detrimento al patrimonio público por valor de $222’265.682. 30.- Lo cierto es que las referidas mediciones no incluyeron la ejecución de mayores cantidades de obra y que la entrega que se hizo de la enfermería del Batallón de Infantería n.° 26 «Cacique Pigoanza» correspondió a lo contratado. No se culminó en su totalidad porque dicha

entrega incluyó las modificaciones hechas por cuenta de las mayores y menores cantidades de obra, lo cual se justifica en la modalidad en que se suscribió este contrato, denominada de precios unitarios, según la cual, las obras complementarias no previstas en el contrato se realizan y pagan «de los precios unitarios previamente determinados». 31.- Al contrato también se le hicieron dos (2) adiciones. La primera, por obras complementarias «necesarias para ejecutar y dar cumplimiento al objeto contractual», que condujo a adicionar la cláusula segunda del contrato n.° 077 de 2004, en $31’323.818, suma que fue 12 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ incluida en el registro presupuestal n.° 7223 del 6 de octubre de 2004. Y la segunda, por la variación de las cantidades de obra de la cubierta debido a la modificación del plano sanitario de tratamiento de aguas lluvias, por lo que se adicionó la cláusula segunda del contrato n.° 077 de 2004, en $7’174.092, que fue incluida en el registro presupuestal n.° 1232 del 17 de marzo de 2005. 32.- Estas adiciones se hicieron con base en las recomendaciones hechas por el comité técnico del Fondo Rotatorio del Ejército, las cuales fueron avaladas por la interventoría del contrato y remitidas a MARÍA STELLA

CALDERÓN CORZO, en su condición de directora del Fondo Rotatorio del Ejército, así como al contratista representante legal del «Consorcio Resplandor», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 33.- En definitiva, lo que se ejecutó y liquidó en este contrato tuvo sustento en los precios unitarios de las mayores cantidades de obra, por valor de $964’027.723, monto que incluye el valor inicial del contrato y las dos (2) adiciones, como se advierte del acta n.° 812 del 11 de noviembre de 2005 suscrita entre MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y el representante legal del «Consorcio Resplandor», a quien se le canceló el valor de la obra efectivamente ejecutada. 34.- Dicho precio de mayores cantidades de obra y obras adicionales se compensaron «con los precios unitarios de otros ítems, lo que de ninguna manera modificó el objeto del 13 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ contrato, diferente es que producto de tales compensaciones el objeto del contrato se agotó, lo que generó que algunos ítems no se pudieran ejecutar, verbi gratia, los cielos rasos, andenes y el aire acondicionado, para cuyos trabajos, el Ejército Nacional facilitó o entregó los dineros correspondientes», por valor de $100’000.000 como lo alegó la parte civil. 4.2 Sentencia de segunda instancia

35.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó por primera vez a los procesados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El análisis de los temas objeto de acusación lo dividió en (i) el contrato interadministrativo INV-006, (ii) los contratos de consultoría n.° 110 y 111, y (iii) el contrato de obra n.° 077.

Consideró lo siguiente: 36.- PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA y MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO al suscribir el 4 de junio de 2004 el contrato interadministrativo INV-006 de 2004 en la modalidad de contratación directa, vulneraron los principios de planeación y economía que rigen la contratación estatal, así como los artículos 25 de la Ley 80 de 1993 y 8º del Decreto 2170 de 2002, según los cuales, antes de la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato debe contarse con los estudios, diseños, proyectos, pliegos de condiciones, términos de referencia, análisis de conveniencia, autorizaciones y aprobaciones.

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ 37.- Si bien en el trámite contractual fue aportado un análisis de conveniencia y oportunidad para la construcción de la enfermería del Batallón de Infantería n.° 26 «Cacique

Pigoanza», se omitió determinar de manera precisa por qué era necesario celebrar este tipo de contrato o la razón para suscribirlo con el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional. En el acápite de condiciones técnicas del contrato interadministrativo INV-006 se consignó que estos requisitos se iban a definir, pero solo hasta el pliego de condiciones. 38.- La referida irregularidad tuvo como consecuencia que el proyecto se desarrollara de manera deficiente, pues la ausencia de estudios técnicos, para el 4 de junio de 2004, fecha en que se suscribió el referido contrato interadministrativo, finalmente condujo a que se ampliara el plazo de entrega de la obra, que se entregara sin terminar y que fuera necesario invertir más presupuesto para ponerla en funcionamiento. 39.- HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ suscribió el 30 y 18 de junio de 2004, respectivamente, los contratos de consultoría n.° 110 y 111, para cumplir con los requisitos que faltaban al momento de suscribir el contrato interadministrativo INV006 de 2004 y que debían entregarse como producto de estos contratos de consultoría, como el levantamiento topográfico, el estudio de suelos, los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, junto con los respectivos planos, cantidades, presupuesto de obra y especificaciones. 15 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ 40.- El contrato n.° 110, por $27’840.000, lo liquidó

mediante acta n.° 553 del 5 de julio de 2004, pese a que allí mismo se relacionó una serie de temas pendientes por cumplir, como «la respuesta de las entidades que aprobarán en su debido momento el proyecto», y que, en caso de modificaciones, «se procederá a corregirlas hasta su aprobación», que se debía «contemplar la obtención de la aprobación del proyecto» y que para la obtención de la licencia de construcción también se debía «contemplar la asesoría y correcciones necesarias». 41.- Este contrato se liquidó sin la aprobación del proyecto por parte del Ministerio de la Protección Social, requisito indispensable pactado por las partes en la celebración del contrato. Dicha exigencia se encuentra contemplada en la Ley 9º de 1979 y en las resoluciones ministeriales 4445 de 1996 y 238 de 1999, que refieren a la existencia de una cartera ministerial encargada de verificar que las edificaciones para establecimientos hospitalarios y similares cumplan con determinadas condiciones sanitarias. 42.- De otro lado, el procesado no incurrió en la conducta de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la liquidación del contrato de consultoría n.° 111, por valor de $34’500.000, mediante acta n.° 560. Se reprocha que el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional entregó al contratista ejecutor de la obra unos planos que correspondían a una enfermería ubicada en Facatativá - Cundinamarca, lo que originó demoras en el cronograma, pero dicha irregularidad, que en su momento fue corregida, 16 Impugnación especial

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ se presentó en la fase de ejecución del contrato, lo que descartaría la tipicidad de la conducta acusada. 43.- Tampoco incurrió en este delito en razón a que el contrato se liquidó sin contar con los planos de las instalaciones hidrosanitarias y de cubierta, pues si bien en el expediente consta que el contratista solicitó unos planos que no tenía, se refería era a los rediseños de los planos existentes. Estos últimos fueron el producto de la inclusión de los imprevistos de mayores cantidades de obra «producto de los ajustes que debieron efectuarse para nivelar el terreno en el que se construyó el dispensario de sanidad, situación que afectó dichos planos». 44.- MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO dio apertura y publicó la licitación pública n.° 016 de 2004, el 19 de julio de 2004, cuyo objeto fue contratar la obra para la enfermería del Batallón de Infantería n.° 26 «Cacique Pigoanza», pero para ese momento no contaba con todos los estudios y diseños necesarios para contratar la obra, pues fueron remitidos por la Dirección de Sanidad al Fondo Rotatorio del Ejército Nacional tiempo después, el 9 de noviembre de 2004. 45.- Luego de trámite de adjudicación se suscribió el contrato de obra n.° 077, del 28 de septiembre de 2004, por $925’529.813, entre la procesada y el «Consorcio Resplandor»,

momento en el cual tampoco se tenían los estudios previos completos. Estas falencias en la apertura de la licitación y en la celebración del contrato evidencian la transgresión de los 17 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ principios de planeación y economía que rigen la contratación pública. 46.- La obra no se ejecutó en su totalidad, sino que quedó inconclusa debido a que buena parte de los recursos se destinaron a la nivelación del suelo, lo cual no estaba previsto desde un inicio. Aun así, la directora del Fondo Rotatorio procedió a liquidar el contrato n.° 077 mediante acta n.° 812 del 11 de noviembre de 2005, sin que hiciera observación alguna sobre el cumplimiento a cabalidad de la obra contratada, pese a las observaciones hechas por el jefe de Planeación de la Dirección de Sanidad que indicaban que la obra no se había terminado. Esto tuvo como consecuencia que tiempo después se tuviera que contratar aquellas obras que quedaron pendientes por ejecutar. 47.- En conclusión, para el tribunal la responsabilidad penal de PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA y MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO es por la celebración del contrato interadministrativo INV-006 de 2004, adicionalmente, esta última también es responsable penalmente por cuenta del trámite, celebración y liquidación del contrato n.° 077. Y en lo que concierne a HAROLD GÓMEZ RAMÍREZ, por la liquidación

del contrato n.° 110. 18 Impugnación especial Radicado n° 61684

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PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y

HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ

V. LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL 5.1 La defensa de PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA 48.- Como pretensión principal solicitó revocar la primera condena y confirmar el fallo absolutorio, en aplicación de los principios de efectividad, prevalencia del derecho sustancial y libre acceso a la administración de justicia. En subsidiariedad, solicitó declarar la nulidad de lo actuado por violación al debido proceso.

a. Argumento de la solicitud de nulidad: 49.- En el trámite del recurso de apelación que interpuso la fiscalía y la parte civil en contra de la sentencia absolutoria de primera instancia, la autoridad judicial no corrió el traslado respectivo a los no recurrentes para que se pronunciaran sobre los argumentos de revocar la absolución. Dicho traslado está establecido en el código de procedimiento penal, pero fue desconocido, lo que tuvo como consecuencia que se vulnerara de manera sustancial el derecho fundamental al debido proceso y el derecho a la defensa, de modo que debe declararse la nulidad del proceso. b. Argumentos de la solicitud de absolución: 50.- Cuando ocurrieron los hechos objeto de esta actuación la Ley 80 de 1993 no exigía que para la suscripción de contratos interadministrativos entre entidades públicas debía contarse con estudios previos, planos o diseños de la 19 Impugnación especial

Radicado n° 61684

C.U.I: 11001310405020160054601

PEDRO ANTONIO MONTAÑA MESA, MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO y HÁROLD GÓMEZ RAMÍREZ obra. Tan solo requería, como ocurrió en este caso, adicional al acuerdo de voluntades entre las partes, la disponi