CSJ - SP570-2022(58549)

C.U.I. 17001600003020170157401

IMPUGNACIÓN ESPECIAL 58549

HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado Ponente SP570-2022 Radicación Nº 58549 Acta 43 Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022).

I. VISTOS: Decide la Corte la impugnación interpuesta por el defensor de HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS, contra la sentencia proferida el 27 de julio de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales que lo condenó por primera vez como autor del delito de homicidio.

II. HECHOS: En la madrugada del 19 de noviembre de 2017, al interior del bar «Casa Show» ubicado en la Avenida

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS Centenario No. 31-23 de la ciudad de Manizales, el abogado Juan Carlos Martínez Botero, quien se encontraba ingiriendo licor y departiendo con su acompañante Silvia Johanna Loaiza Castro, fue atacado con un arma corto punzante. Las tres heridas que recibió fueron de tal gravedad que le ocasionaron su inmediato deceso. Como resultado de las labores investigativas, la fiscalía responsabilizó del homicidio al empleado del bar HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS, porque esa madrugada fue visto cerca de la víctima y, luego de ocurrido el ataque, abandonó el lugar de los hechos.

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

1. El 25 de julio de 2018, a petición de la fiscalía, el Juzgado 7º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales libró orden de captura contra

HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS.

El 1 y 2 de agosto del mismo año, el Juzgado 8º homólogo de esa ciudad legalizó la captura y realizó audiencia en la que se le imputó a POVEDA ARIAS la presunta comisión del delito de homicidio agravado a título autor (Arts. 103, 104-7 del Código Penal). Se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión.

2. El 16 de noviembre siguiente se realizó la audiencia de acusación en donde la fiscalía llamó a juicio a HOOVER

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS ANDRÉS POVEDA ARIAS como presunto autor del delito por el que le formuló imputación. El juicio oral se llevó a cabo entre el 1º y el 26 de marzo de 2019. En esta última sesión se anunció que el fallo sería de carácter absolutorio. En consecuencia, se ordenó la libertad inmediata del acusado.

3. Mediante sentencia de 25 de julio del mismo año, el Juzgado 6º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Manizales absolvió a HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS de los cargos por los que fue acusado.

4. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la

fiscalía y el apoderado de las víctimas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, en fallo de 27 de julio de 2020, revocó la decisión y, en su lugar, condenó por primera vez a HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS como autor del delito de homicidio simple (le suprimió la agravante), a la pena principal de 208 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Debido al monto de la pena, le negó al procesado cualquier subrogado o sustituto de la ejecución de la pena, motivo por el cual dispuso librar de inmediato la respectiva orden de captura .1

5. El defensor del acusado impugnó la sentencia y sustentó el recurso oportunamente, escrito del que se les corrió traslado a los no recurrentes, quienes sobre el particular también se pronunciaron. 1 Fl. 203 cuaderno del Tribunal.

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IV. SENTENCIA DEL TRIBUNAL Contrario a lo que concluyó la primera instancia, el Tribunal encontró suficientemente probado, más allá de toda duda, la responsabilidad penal de HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS en el homicidio de Juan Carlos Martínez

Botero. Para llegar a esa conclusión, se apoyó en una serie de hechos indicadores a partir de los cuales pudo elaborar un indicio de responsabilidad con la contundencia suficiente para derruir la presunción de inocencia que cobijaba al procesado. En concreto, aseguró que HOOVER ANDRÉS

POVEDA ARIAS: (i) tenía un motivo para agredir a Juan Carlos Martínez Botero, pues éste previamente había herido con un arma blanca a su compañero de trabajo Jorge Argemiro Osorio Rivera, alias «Zapatón»; (ii) tenía fácil acceso al «cuchillo con que cortaba los limones» que estaba ubicado en la barra del bar; y (iii) fue «el único empleado» del establecimiento que huyó del lugar, hecho que quiso justificar en el deseo de no incriminar a su amigo Jorge Argemiro Osorio Rivera, alias «Zapatón» quien, según él, es el verdadero autor del homicidio.

Reconoció que si bien existieron múltiples incongruencias entre los relatos de los testigos, no por ello dejan de ser relevantes los hechos indicadores que apuntaron hacia el compromiso penal del acusado a quien, eso sí, resulta difícil creerle el señalamiento directo que le 4 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS hizo a Jorge Argemiro Osorio Rivera, si se tiene en cuenta que éste, además de estar herido, es un hombre que sobrepasa los 60 años y, por ende, no tenía la habilidad física para saltarse el mostrador de la barra, coger el cuchillo con el que se partían los limones y devolverse con él a atacar al abogado. Con todo, decidió suprimir la agravante atribuida en la acusación (art. 104-7 del Código Penal), luego de considerar que para el momento en el que fue agredido, Juan Carlos Martínez Botero ya no se encontraba en estado de

indefensión, pues a pesar de que en su sangre se detectó la presencia de benzoilecnonina, su metabolito estaba inactivo, lo que significa que para el momento del análisis de la muestra ya el efecto de la cocaína había terminado y no era posible determinar si cuando se produjo el ataque mortal, aquél se encontraba en estado de indefensión.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN Tras efectuar un pormenorizado recuento de todo cuanto aconteció en el proceso, incluyendo la audiencia de juicio oral de la que resumió cada una de las pruebas que allí se practicaron, pidió el apoderado de HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS que se revoque la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, se deje vigente la absolución que a su favor profirió el juez de primer grado.

Para sustentar su petición, afirmó el recurrente que «es un hecho cierto e insalvable que la fiscalía incurrió en una 5 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS flagrante vulneración sustancial al principio de congruencia», lo que, a su vez, incidió de forma negativa en el derecho de defensa del procesado. Agregó que, además, no se encuentra satisfecho el segundo requisito que exige el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, en tanto si bien se demostró la materialidad de la conducta, esto es, que el abogado Juan Carlos Martínez Botero falleció de forma violenta tras haber recibido tres heridas ocasionadas con arma corto punzante,

nunca se demostró la responsabilidad penal de HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS en esa acción criminal. En oposición al grado de conocimiento que precisa la norma, la duda fue el común denominador que arrojaron todas las pruebas que aportó la fiscalía, las cuales no demostraron nada distinto a una «débil cadena de sucesos» con los que se pretendió estructurar una serie de indicios para conjurar la inexistencia de pruebas directas que incriminaran al acusado. Explicó que la afrenta al principio de congruencia se produjo desde la formulación de la imputación cuando la fiscalía, desatendiendo su deber legal y jurisprudencial de realizar una «reseña fáctica clara y concisa» de los hechos, se conformó con relatar las circunstancias temporales y espaciales sin hacer claridad sobre el modo en que se produjo el homicidio de Juan Carlos Martínez Botero y, más importante aún, la intervención de HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS, a quien, en últimas, se le acusó por haber estado cerca del hoy occiso en los momentos previos y 6 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS concomitantes a su deceso y por haber abandonado inmediatamente el lugar del acontecimiento. Esta indeterminación en el planteamiento de los hechos jurídicamente relevantes implicó que el procesado no hubiera tenido la posibilidad de conocer con certeza los hechos por los cuales estaba siendo juzgado, ni cuál fue la hipótesis delictiva de la fiscalía, la cual se fue indebidamente

construyendo y acomodando a la información que iban arrojando las pruebas durante su práctica en la audiencia de juicio oral. De otro lado, en cuanto a la valoración de la prueba, afirmó el recurrente que, exceptuando el «de presencia», ninguno de los demás indicios que construyó el Tribunal para colmar el estándar de conocimiento exigido para poder condenar (móvil, oportunidad, huida y mala justificación) contó con respaldo probatorio. Es decir, aparte de haberse demostrado que, en efecto, HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS estaba presente en el lugar y al momento de los hechos, ningún otro elemento de juicio demostró el supuesto ánimo vindicativo del procesado, su fácil acceso al «cuchillo de los limones» que, según el Tribunal, fue el arma homicida, o que la decisión de irse del lugar obedeció a la necesidad de huir luego de perpetrar el crimen, en oposición a la explicación que sobre el particular ofreció el mismo procesado cuando afirmó que ese impulso obedeció a que no quería incriminar a su amigo «Zapatón», a quien señaló como el verdadero autor del homicidio y sobre quien, agregó el recurrente, también confluían los indicios de presencia, 7 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS móvil y oportunidad, pues él igualmente estaba cerca del hoy occiso, fue herido por éste con un arma cortopunzante y tenía acceso al cuchillo que mantenían en la barra del bar y que tanto él como HOOVER ANDRÉS utilizaban para cortar

los limones con los que servían las bebidas a los clientes. En su percepción, de lo narrado por los testigos Silvia Johanna Loaiza Castro y Jorge Argemiro Osorio Rivera lo único que se puede concluir es que HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS sí estaba cerca de Juan Carlos Martínez Botero, pero ese solo hecho no conduce inexorablemente a la deducción que sobre la autoría del homicidio construyó la fiscalía y prohijó el Tribunal. En concreto, sobre lo que se demostró en el juicio, decantó el recurrente que: i) Jorge Argemiro Osorio Rivera, al haber sido herido con un arma corto punzante por Juan Carlos Martínez Botero, tenía un fuerte motivo para agredirlo, así como la misma disponibilidad que tenía HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS para acceder al cuchillo con el que supuestamente se perpetró el crimen. ii) La vinculación de HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS a la investigación por el homicidio del abogado Juan Carlos Martínez tuvo su origen en que fue la única persona que abandonó el lugar de los hechos, lo que, a juicio del impugnante, no es un indicador indubitable sobre su autoría. 8 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS iii) Del testimonio de Silvia Johanna Loaiza Castro se puede rescatar que, según ella, cuando salió del baño luego de cambiarse «las chanclas» vio que estaban sacando del establecimiento a Jorge Argemiro Osorio Rivera, alias «Zapatón», momento en el cual Juan Carlos Martínez Botero

ya se encontraba herido y tendido en el piso, lo que conduce a inferir que éste fue atacado antes de que «Zapatón» se retirara del lugar y, a su vez, impide descartar la hipótesis de que fue él y no HOOVER ANDRÉS quien cometió el homicidio. Sobre el particular agregó que se equivocó el Tribunal en desechar, por poco creíble, el testimonio de Silvia Johanna Loaiza Castro, pues nada de inverosímil tiene su afirmación de no lograr recordar con detalles la secuencia cronológica de cuanto aconteció esa noche debido a su alto estado de embriaguez, como tampoco resulta extraño que para el momento del ataque mortal ella se encontrara en el baño cambiándose los zapatos que, según ella, se le habían dañado. iv) No se probó, como erróneamente lo aseguró el Tribunal, que Jorge Argemiro Osorio Rivera, alias «Zapatón», hubiera estado físicamente imposibilitado para atacar a Juan Carlos Martínez Botero debido a su «avanzada edad» -tenía 60 años para la épocay a que se encontraba herido de gravedad. Para el impugnante, esa afirmación no pasa de ser una simple suposición del ad quem que no cuenta con ningún respaldo probatorio. 9 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS v) Por el contrario, sí se demostró que pese a que HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS, por las razones ya conocidas, abandonó el lugar de los hechos, nunca se evadió

de su domicilio ni buscó esconderse de las autoridades. Luego de ocurrido el homicidio, él continuó viviendo en su casa habitual y haciendo su vida normal, lo que es indicativo de que no tenía ningún motivo para huir, como sí lo hubiera tenido de haber sido el homicida. No obstante, el fallador de segundo grado le restó toda importancia a ese hecho, al punto que ni siquiera lo hizo objeto de consideración en su sentencia. vi) Las declaraciones del agente de policía Gustavo Adolfo Gutiérrez Bermúdez acerca de la alteración del escenario de los hechos en manera alguna vinculan a HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS con la muerte del abogado. Tampoco lo señala siquiera como probable autor del homicidio, el hecho de que «los empleados y unas mujeres» que esa noche se encontraban en el bar hubieran guardado un «inmediato y extraño silencio» cuando fueron preliminarmente interrogados por los agentes de policía. Como acotación final, dijo echar de menos una investigación seria y formal sobre la eventual tipificación del delito consagrado en el artículo 454 B del Código de Penal que se denomina «ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio», pues de haberse demostrado esa conducta, «se habría determinado con certeza que sí existió un ánimo doloso de alterar la escena de los hechos a favor del presunto autor del homicidio de Juan Carlos Martínez 10 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS Botero». En todo caso y frente a la supuesta alteración de la escena del crimen, asumió como normal o propio de la

costumbre que «en establecimientos nocturnos como bares, tabernas, y discotecas, que cuando se presentan riñas entre sus clientes, que de inmediato y como un acto reflejo de higiene y salubridad, y hasta de estrategia comercial, que sus empleados sin previa orden de sus dueños o administradores procedan de inmediato a la limpieza del lugar, máxime si hay exposición por manchas de sangre, pues es natural que la misma produzca en todas las personas una desagradable y repugnante sensación, presidida de temor y angustia, que conlleva al retiro de los clientes del lugar, y precisamente para evitar que eso suceda, es por eso que limpian de inmediato para que la rumba continúe y no se generen pérdidas económicas con la ida y no ingreso más de clientes (…)». También extrañó que en el acta de inspección a lugares fechada el 19 de noviembre de 2017 a las 5:40 horas no se hubiera consignado ninguna información sobre la supuesta riña que ocurrió entre el hoy occiso Juan Carlos Martínez Botero y Jorge Argemiro Osorio Rivera, ni del traslado de este último al Hospital Santa Sofía para ser atendido por las heridas que aquél le propinó con un arma blanca. En suma, la falta de una adecuada investigación impidió que se conocieran detalles importantes para el esclarecimiento de los hechos, como, por ejemplo, si al momento de llegar la policía los heridos todavía se encontraban allí y de ser así, en qué condiciones fueron hallados, quién y en qué medio los trasladó, o qué personas estaban en el lugar y pudieron

haber presenciado lo ocurrido. 11 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS En el mismo sentido, criticó el contenido del Informe de Investigador de Campo de 19 de noviembre de 2017 que contiene la fijación fotográfica de la diligencia de inspección al lugar de los hechos y, concretamente, la fotografía rotulada con el número 18 en la que se puede observar «una botella quebrada». Al respecto, destacó el impugnante que ese elemento material probatorio «no fue debidamente recolectado, embalado, rotulado, incautado y sometido a cadena de custodia por la policía judicial (…)», así como tampoco fueron recolectadas las prendas de vestir del occiso, lo que pone una vez mas de presente la falta de rigor en la investigación y la poca confiabilidad que brinda la información que ella arrojó. Otras omisiones en las que incurrió la fiscalía durante la investigación las enlistó el recurrente así: i) La policía judicial no indagó ni estableció con precisión cómo fue que se produjo el traslado de Juan Carlos Martínez Botero al Hospital Santa Sofía. Según la «hoja de evolución por médico» de fecha 18 de noviembre de 2017, este hombre fue llevado en un vehículo taxi, cuyo conductor informó haberlo encontrado tendido sobre la vía pública. Para el impugnante es un absoluto desacierto que las autoridades no hayan indagado más sobre el particular, en especial, cuando al confrontar el contenido de ese documento con lo que declaró el primer respondiente se advierten serias inconsistencias respecto a quién fue la persona que

finalmente llevó al herido al centro hospitalario. 12 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS ii) De haber sido cierto que un taxista fue quien llevó al abogado al hospital, debió la policía haber recaudado la información necesaria para poder identificar y ubicar a este testigo. Sin embargo, sumado a la cadena de errores en los que incurrió la fiscalía, está la absoluta falta de atención sobre este hecho en particular. iii) No se estableció a través de prueba técnica el grado de embriaguez con el que llegó Jorge Argemiro Osorio Rivera al Hospital Santa Sofía y cuál era su estado de salud en general para ese momento. Para el impugnante, este dato era importante porque a través de él se hubiera podido establecer si es verdad, como así lo aseguró el Tribunal, que aquél no estaba en condiciones físicas y mentales de agredir a nadie, lo que descartaría su participación en el homicidio del abogado. iv) No se recolectaron, embalaron, rotularon y sometieron a cadena de custodia las prendas que la noche de los hechos vestía Jorge Argemiro Osorio Rivera, alias «Zapatón». Esta prueba era importante, dijo el impugnante, porque con ella se hubiera podido establecer «con total grado de certeza» si había huellas de sangre y, de ser así, a quién pertenecían. v) No se estableció cuál era la capacidad auditiva de alias «Zapatón», lo que hubiera sido altamente efectivo para determinar si son ciertas sus afirmaciones sobre la discusión que ocurrió entre Juan Carlos Martínez Botero y su

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS acompañante Silvia Johanna Loaiza Castro, alias «Cándida», que él supuestamente pudo escuchar y que fue el detonante de la agresión que aquél le propinó. Afirmó el recurrente, a modo de conclusión, que resulta evidente la ausencia de demostración del compromiso penal que la fiscalía forzadamente y sin ningún respaldo probatorio hizo recaer sobre HOOVER ANDRES POVEDA ARIAS por el homicidio de Juan Carlos Martínez Botero y de la cual hizo eco la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales cuando, a partir de meras suposiciones a las que les quiso dar la apariencia de «indicios», decidió revocar la sentencia absolutoria y proferir una decisión de condena, con el alto costo que implica el sacrificio de la justicia en beneficio de quien fue señalado como el verdadero autor del crimen y en perjuicio de un inocente. Amparado en las consideraciones expuestas, pidió a la Corte revocar la sentencia de segundo grado y, en su lugar, absolver a HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS del delito de homicidio por el que fue acusado.

VI. INTERVENCIONES DE LOS NO RECURRENTES

1. La Fiscal 8ª Seccional de Manizales pidió la confirmación de la sentencia de segunda instancia que condenó a HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS como el autor del homicidio de Juan Carlos Martínez Botero.

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS Para sustentar su petición, empezó por reconocer que en la formulación de la imputación no se hizo alusión a los hechos jurídicamente relevantes en los términos técnicos que se empezaron a exigir a partir de la sentencia SP4792-2018 proferida por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo y como así lo concluyó el Tribunal, en dicho acto de comunicación sí se le precisaron al procesado los hechos, sus modalidades y su panorama jurídico. A partir de allí, no es aceptable afirmar que el procesado y su defensor no conocieron o no entendieron el delito que se le estaba imputando, la forma de participación que se le atribuyó y las demás circunstancias que rodearon el caso, exposición frente a la cual la unidad defensiva mostró conformidad y no dio noticia sobre la existencia de duda alguna sobre el particular. En respuesta a esa primera crítica del impugnante, esto es, la trasgresión del principio de congruencia y del derecho de defensa por la supuesta deficiencia informativa en la comunicación de los cargos y en la precisión de los hechos jurídicamente relevantes, expresó la delegada, a manera de justificación, que antes de la citada sentencia de 2018 «todos los operadores judiciales (jueces, fiscales, abogados) estábamos dejando de lado esa narración técnica y sucinta de los [hechos jurídicamente relevantes] y fue solo hasta que, a finales de 2018 cuando la C.S.J. RECABÓ en torno a esa obligatoriedad, que se retomó la forma de comunicar cargos sin que se dieran esas audiencias de imputación extensas y

farragosas, pero he de señalar que esa desatención no fue solo en el orden LOCAL sino a nivel NACIONAL. Y en algunos operadores se sigue presentando (…)». No obstante, explicó 15 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS que no hubo quebranto alguno de los aludidos principios como así lo declaró el Tribunal en la sentencia de segundo grado y, en todo caso, la defensa en su escrito de impugnación no argumentó de qué manera particular y concreta se afectaron los derechos del procesado y cómo la forma en la que se le comunicaron los cargos impidió que pudiera diseñar y ejecutar su estrategia defensiva. En otras palabras, advirtió que el recurrente no informó cuál fue la trascendencia de la supuesta falla. En oposición a las apreciaciones que sobre la valoración de la prueba expuso el impugnante, para la fiscalía no es cierto que no se hubiera demostrado, a través de las pruebas que ingresaron legalmente al juicio, que hubo alteración de la escena del crimen. Agregó que si bien es cierto no se contó con prueba directa para demostrar la autoría del homicidio, no menos lo es que sí se acopió un conjunto considerable de elementos materiales probatorios a partir de los cuales se pudieron construir varios indicios que apuntaron hacia HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS como el responsable de la muerte violenta de Juan Carlos Martínez Botero. Con el mismo propósito, se opuso a que se le de credibilidad «a ciegas» a la versión del procesado y al

señalamiento directo que éste hizo de Jorge Argemiro Osorio Rivera, alias «Zapatón», como el verdadero homicida del abogado. Para la fiscalía, es obvio que alias «Zapatón» no pudo ser el autor del crimen porque cuando este insuceso ocurrió, ya aquél se encontraba herido «de muerte» y había sido sacado del bar para ser llevado al hospital, como así 16 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS quedó demostrado a través de la prueba testimonial y de la diligencia de «inspección a lugares», a partir de la cual también se supo que cuando se llevaron a «Zapatón» para ser auxiliado, Juan Carlos Martínez Botero quedó vivo y junto a él solo estaba HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS. Afirmó que del testimonio del procesado solo es posible rescatar que el arma homicida «pudo» ser el cuchillo para partir limones que permanecía sobre la barra del bar, el cual no fue encontrado en el lugar de los hechos, «pudiendo colegirse que [el acusado] se la llevó consigo (…)». Por lo demás, esta narración no le amerita ninguna credibilidad y sí, por el contrario, «le insultan (…) su inteligencia». Pidió a la Corte confirmar la decisión condenatoria proferida por el Tribunal.

2. El apoderado de las víctimas se opuso a la prosperidad de la pretensión absolutoria planteada por la defensa del procesado. En tal virtud, aseguró que:

1. No hay lugar a predicar la falta de congruencia, ya que en ninguno de los estadios procesales se modificaron los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron a concluir que HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS fue el homicida de Juan Carlos Martínez Botero. Siempre hubo un análisis lógico entre los hechos y las pruebas que se aportaron al juicio. ii) A pesar de las «confusiones» que se evidenciaron en los testigos y de que no existe claridad sobre el momento en

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS el que se produjo el ataque mortal a la víctima a manos del acusado, lo que sí resulta irrefutable es que éste estuvo presente en el lugar de los hechos y fue quien tuvo mayor oportunidad de cometer el delito, a lo que se suman los comportamientos posteriores que asumió y que lo delatan como su verdadero responsable. iii) HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS sí tuvo un móvil para atacar al abogado, tuvo acceso a un cuchillo y, además, huyó sin justificación del lugar de los hechos. Todos estos indicios, sumados al comprobado intento de los empleados del bar de alterar la escena y de la llamada que le hizo «Mariela» -la dueña del bar-, a «Zapatón» advirtiéndole que no hablara mucho del tema, conducen a demostrar el compromiso del acusado en los hechos investigados. Por tales motivos consideró que la decisión impugnada es acertada y por ende, debe ser confirmada para satisfacer,

además de los derechos a la verdad y a la justicia, el derecho a la reparación integral que les asiste a las víctimas.

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Cuestión preliminar. Competencia De acuerdo con el numeral 3 del Acto Legislativo número 01 de 2018, que reformó el numeral 7 del artículo 235 de la Constitución Política, la Corte es competente para resolver la impugnación especial interpuesta por la defensa

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS contra la primera sentencia condenatoria proferida por el Tribunal en segunda instancia. Con el propósito de desarrollar los fines integradores de la jurisprudencia y así cumplir con el mandato constitucional, la Sala, mediante decisión CSJ AP1263-2019 adoptó medidas provisionales para garantizar el derecho a impugnar la primera condena emitida en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. El caso en estudio cumplió con los lineamientos allí establecidos. Proferida la decisión de condena por parte del Tribunal Superior de Manizales, la Secretaría de esa Corporación corrió los traslados de la impugnación especial y la casación respectivamente. El trámite adelantado correctamente habilita a la Corte para revisar la legalidad de la sentencia cuestionada y pronunciarse de fondo sobre los motivos de la impugnación, respetando, en todo caso, el principio de limitación.

2. Delimitación de los problemas jurídicos Con el propósito de trazar una ruta temática, conviene precisar que la impugnación especial promovida por el

defensor de HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS contra la sentencia de segunda instancia que lo condenó por primera vez como autor del delito de homicidio, descansa sobre dos ejes centrales: por un lado, está la alegada violación al principio de congruencia y al derecho de defensa derivada de una supuesta omisión de la fiscalía en establecer con 19 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS claridad desde la formulación de imputación los hechos jurídicamente relevantes, y por el otro, los errores de raciocinio en los que incurrió el Tribunal cuando valoró la prueba que le sirvió de insumo para elaborar los indicios a partir de los cuales justificó la decisión de condena. En ese orden se desarrollarán, a manera de marco conceptual y con apoyo en la jurisprudencia, los temas procesales relacionados con: (i) la obligatoriedad para la fiscalía de establecer, desde el acto mismo de la imputación, los hechos jurídicamente relevantes que tipifican el delito como presupuesto inescindible del principio de congruencia y garantía, a su vez, del derecho de defensa; (ii) el estándar de conocimiento que exige la ley para poder sustentar una decisión condenatoria y la suficiencia de la prueba indiciaria para colmar ese baremo cuando hay ausencia de prueba directa; y (iii) la aplicación de estos criterios para resolver el caso concreto.

3. Del error en la postulación de los hechos jurídicamente relevantes y violación del principio de congruencia En atención al principio de prioridad, se deberá

establecer si es cierto, como lo alegó el demandante, que la fiscalía no fijó, en los términos que exige la ley, los hechos jurídicamente relevantes y que, además, se vulneró la congruencia que debía existir entre los hechos por los cuales se acusó a HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS y aquéllos por los que se profirió la condena, pues de ser así y de 20 C.U.I. 17001600003020170157401

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HOOVER ANDRÉS POVEDA ARIAS comprobarse una eventual vulneración de derechos fundamentales, especialmente el de defensa, imperaría la declaratoria de nulidad de lo actuado para conjurar cualquier agravio antijurídico ocasionado dentro del proceso. 3.1. La postulación de los hechos jurídicamente relevantes y el principio