CSJ - SP968-2024(65559)

yN República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal GERARDO BARBOSA CASTILLO Magistrado ponente SP968-2024 Radicación n. 65559 Acta No. 093 Bogotá D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

I. VISTOS Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del exgobernador de La Guajira ÁLVARO CUELLO BLANCHAR, en contra de la sentencia CSJ SEP133-2023 —rad. 49262-— proferida el 14 de noviembre de 2023 por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, que lo condenó por la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559

ÁLVARO CUELLO BLANCHAR

II. ANTECEDENTES 2.1 Fácticos En el marco de la política de «alianzas estratégicas» para la adquisición de vivienda implementada mediante Resolución n. 0115 del 11 de mayo de 2000 por el Fondo Nacional del Ahorro [en adelante FNA|, el entonces Gobernador de La Guajira ÁLVARO CUELLO BLANCHAR presentó al FNA el proyecto de vivienda de interés social denominado Villa Sharín II Etapa localizado en la ciudad de Riohacha, para ser ofertado a sus afiliados que quisiesen adquirir vivienda, el cual fue aprobado por la Junta Directiva del FNA en sesión de 28 de julio de 2000.

En noviembre! del mismo año ÁLVARO CUELLO BLANCHAR, en su condición de Gobernador de La Guajira, tramitó y celebró un «Convenio de Cooperación» con la CONSTRUCTORA LIMOS LTDA. [en adelante la constructora], cuyo objeto consistió en la ejecución por parte de esta del anunciado proyecto conformado por 150 soluciones de vivienda, a razón de $26’500.000,00 cada una. La constructora aportaría el lote y la construcción de los inmuebles y el ente territorial oferente, la administración del proyecto. 1 El documento no tiene una fecha específica de suscripción. Cfr. Folios 286 a 289, C.0. n. 1 Fiscalía y folios 69 a 72, C.O. n. 8 Fiscalía. CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR El Departamento de La Guajira recibió en una cuenta de destinación específica los recursos girados por el FNA, provenientes de las cesantías de sus afiliados y de los créditos a ellos otorgados, dineros que habrían de desembolsarse en tres instalamentos?. Una vez consignados los recursos por el FNA, el Departamento debía girarlos a la constructora dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante cheque con sello restrictivo para consignar a la cuenta del primer beneficiario. Además, el pago se efectuaría previa verificación de un porcentaje de avance de obra física ajustada al 10% para el primer desembolso, 50% para el segundo y la entrega a satisfacción de las viviendas para cancelar el tercer rubro.

La hipótesis delictiva consignada en la acusación y validada en la primera instancia consiste en que, a pesar de la denominación que recibió de «Convenio de Cooperación», el acuerdo celebrado entre el Departamento de La Guajira y la constructora, en realidad correspondió a un contrato de obra pública que debía regirse por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública previsto en la Ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios vigentes para la época, normativa que imponía en la tramitación y celebración la selección del contratista por licitación y la 2 Los recursos habrían de desembolsarse, así: (i) un primer desembolso correspondiente al 100% de las cesantías de los beneficiarios y al 35% del crédito para compra de vivienda aprobado para cada afiliado; (ii) un segundo desembolso equivalente al 35% del crédito para compra de vivienda aprobado para cada afiliado; y, (iii) un tercer desembolso correspondiente al 30% del crédito para compra de vivienda aprobado para cada afiliado. CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR observancia de los requisitos legales esenciales que informan la función administrativa tales como transparencia y selección objetiva. No obstante, en la escogencia de la constructora, ÁLVARO CUELLO BLANCHAR no garantizó la selección, evaluación y aprobación económica, administrativa, financiera, jurídica y técnica del proyecto y de la contratista

que lo ejecutaría. Además, pretermitió el principio de planeación, al punto que el 24 de octubre de 2002 fue suspendida la ejecución del proyecto de vivienda debido al vencimiento de la licencia de construcción, cuya renovación fue denegada por el municipio de Riohacha ante la imposibilidad de conectar las unidades residenciales a las redes de alcantarillado de la ciudad. En la presente noticia criminal también se investigó al exgobernador de La Guajira HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE quien, entre los meses de febrero de 2001 y mayo de 2002, autorizó el pago de $1.326’353.559,00 a la constructora, cuantía correspondiente al primer y segundo instalamento, al verificar a través del interventor el avance de obra en un 31,1% y 53,1%, respectivamente, desembolso efectuado mediante cheques. Se reprochó que la constructora consignó el último título valor por cuantía de $263’668.000,00 en una cuenta bancaria distinta a la establecida para tal fin. 2.2 Procesales CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR 2.2.1 El anterior sustrato fáctico sirvió de fundamento para que el 20 de febrero de 2012, bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abriera investigación previas en contra de ÁLVARO CUELLO BLANCHAR, originada en la expedición de copias ordenadas el 19 de mayo de 2010 al interior del radicado n. 1860 que por el delito de estafa

agravada se adelantaba en contra de MÓNICA PATRICIA ROSALES DE MENDOZA, representante legal de la constructora. 2.2.2 El 10 de marzo de 2015 el ente persecutor declaró abierta la instrucción, entre otros5, en contra de ÁLVARO CUELLO BLANCHAR y HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE y los vinculó mediante indagatorias recepcionadas, respectivamente, los días 12° y 147 de mayo siguiente. El 9 de diciembre? del mismo año resolvió su situación jurídica absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y el 2 de mayo de 2016 ordenó el cierre de la instrucción”. 2.2.3 El 9 de septiembre de 2016, la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia calificó el sumario! con resolución de acusación en contra de ALVARO CUELLO BLANCHAR como «coautor» del punible de contrato sin 3 Cfr. Folios 14 a 17, C.O. n. 7 Fiscalía. 4 Cfr. Folios 45 a 52, C.O. n. 8 Fiscalía. 5 Del paginario emerge que también fueron vinculados los exgobernadores de La Guajira JORGE ELIÉCER BALLESTEROS BERNIER y JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CRESPO. No obstante, a su favor se precluyó la investigación. Cfr. Folios 1 a 61, C.O. n. 11 Fiscalía. 6 Cfr. Folios 186 y 187, C.O. n. 8 Fiscalia. 7 Cfr. Folio 192, ib. 8 Cfr. Folios 255 a 313, ib.

9 Cfr. Folios 65 y 66, C.O. n. 10 Fiscalía. 10 Cfr. Folios 1 a 61, C.O. n. 11 Fiscalía. CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR cumplimiento de requisitos legales previsto en el artículo 146 del Decreto — Ley 100 de 1980, con la circunstancia genérica de agravación punitiva del numeral 11 del artículo 66 ejusdem. También acusó a HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE como coautor del delito de peculado por apropiación agravado, contemplado en el inciso segundo del artículo 397 de la Ley 599 de 2000, con la circunstancia de mayor punibilidad señalada en el numeral 9 del artículo 58 ibidem. Recurrida en reposición la anterior providencia por la defensa técnica de ambos sindicados, el ente instructor la confirmó en su integridad a través de auto fechado 7 de octubre de 201611. El 20 de octubre siguiente, en ejercicio de sus defensas materiales, CUELLO BLANCHAR solicitó la nulidad de las resoluciones de 9 de septiembre y 7 de octubre??, al tiempo que DELUQUE FREYLE interpuso recurso de reposición en contra de la segunda decisión!3. Aunado a ello, el 3 de noviembre de igual anualidad, la defensa técnica de ÁLVARO CUELLO BLANCHAR reclamó la prescripción de la acción penal!. 11 Cfr. Folios 283 a 311, ib. 12 Cfr. Folios 61 a 67, C.O. n. 12 Fiscalía.

13 Cfr. Folios 68 a 71, ib. 14 Cfr. Folios 74 a 77, ib. CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR El 28 de noviembre de 2016, el ente persecutor desestimó por improcedentes todas y cada una de las anteriores peticiones'>. 2.2.4 El expediente fue recibido en la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre de 2016 y el mismo día se dispuso el traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 200015, Ante la implementación!7 del Acto Legislativo n. 01 de 201815, mediante decisión del 19 de julio de 201815, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia envió por competencia la actuación a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corporación. Asumido el conocimiento de la causa por la aludida Sala Especial, la audiencia preparatoria se agotó el 19 de marzo de 20192, en la cual, a través de auto CSJ AEP00043201921: (i) negó las nulidades invocadas por los defensores de los acusados y por ÁLVARO CUELLO BLANCHAR; (ii) negó la solicitud de prescripción de la acción penal elevada por la defensa técnica de CUELLO BLANCHAR; y, (iii) se pronunció 15 Cfr. Folios 112 a 115, ib. 16 Cfr. Folios 23, 24 y 31, C.O. n. 1 Sala Especial de Primera Instancia. 17 Cfr. Acuerdo PCSJA18-11037, expedido el 5 de julio de 2018 por el Consejo

Superior de la Judicatura «Por el cual se implementa el Acto Legislativo 01 de 2018, se define la estructura de las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y se dictan otras disposiciones». El mencionado acto administrativo definió la estructura de las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 18 Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. 19 Cfr. Folios 119 y 120, ib. 20 Cfr. Folios 213 a 217, ib. 21 Cfr. Folios 158 a 212, ib. CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR acerca de las pretensiones probatorias. Contra el anterior proveído, la bancada de la defensa interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación. La Sala Especial de Primera Instancia mantuvo incólume su decisión (Cfr. CSJ AEP00049-2019, 8 abr. 2019, rad. 4926222), al paso que la Sala de Casación Penal, por auto CSJ AP2217-2020, 9 sep. 2020, rad. 5522423, la confirmó en lo que fue materia de impugnación. El juzgamiento se adelantó en sesiones de 16% y 1725 de septiembre de 2019; 27 de septiembre? y 2 de diciembre?7

de 2021; y, 19 de enero?s, 10 de febrero?” y 15 de marzo de 2022. El 14 de noviembre de 2023, la Sala Especial de Primera Instancia profirió la sentencia CSJ SEP133-202331, por la cual: (i) absolvió a HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE; (ii) condenó a ÁLVARO CUELLO BLANCHAR como autor del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; (iii) le impuso las penas de setenta y dos (72) meses y un (1) día de prisión, multa equivalente a veinte punto un (20,1) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de veinticuatro 22 Cfr. Folios 234 a 257, ib. 23 Cfr. Folios 53 a 81, C.O. n. 1, Segunda Instancia Sala de Casación Penal. 24 Cfr. Folios 102 a 107, C.O. n. 2 Sala Especial de Primera Instancia. 25 Cfr. Folios 111 a 116, ib. 26 Cfr. Folios 17 a 19, C.O. n. 3 Sala Especial de Primera Instancia. 27 Cfr. Folios 147 a 151, ib. 28 Cfr. Folios 17 a 20, C.O. n. 4 Sala Especial de Primera Instancia. 29 Cfr. Folios 47 a 50, ib. 30 Cfr. Folios 62 a 64, ib. 31 Cfr. Folios 21 a 150, C.O. n. 5 Sala Especial de Primera Instancia. CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03

Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR (24) meses y un (1) día; (iv) negó la suspensión de la ejecución de pena, pero le concedió la prisión domiciliaria; y, (v) declaró que, al haberse emitido una sentencia por hechos que involucraron al FNA, se encuentran satisfechas las pretensiones de esta parte civil, relacionadas con el esclarecimiento de la verdad y la consecución de justicia. La referida providencia fue recurrida en apelación por la defensa técnica de ÁLVARO CUELLO BLANCHAR? y por el Delegado de la Fiscalía, último sujeto procesal que finalmente desisti63® del medio de impugnación, manifestación de voluntad aceptada por la Sala Especial (Cfr. CSJ AEP141-2023, 15 dic. 2023, rad. 4926234). Surtido el traslado correspondiente a los no recurrentes, en el que intervino el ente persecutors5, se enviaron las diligencias a la Sala Penal de la Corte para resolver de fondo.

III. LA SENTENCIA IMPUGNADA La Sala a quo se ocupó inicialmente del análisis dogmático del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a partir de la descripción típica prevista en el artículo 146 del Decreto — Ley 100 de 1980 -modificado por los artículos 1° del Decreto 141 de 1980, 57 de la Ley 80 de 1993 32 Cfr. Folios 185 a 208, ib. 33 Cfr. Folio 2, C.O. n. 6 Sala Especial de Primera Instancia. 34 Cfr. Folios 19 a 23, ib.

35 Cfr. Folios 5 a 15, ib. CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR y, 18 y 32 de la Ley 190 de 1995, vigente para la época de los hechos—. A continuación, analizó el objeto y las condiciones del negocio jurídico celebrado en noviembre de 2000 entre la Gobernación de La Guajira y la constructora, intitulado «Convenio de Cooperación» y explicó que, más allá de la denominación otorgada formalmente por las partes, se trataba de un verdadero contrato estatal de obra que, como lo atribuyó la acusación, debió sujetarse a los requisitos esenciales que correspondía surtir en las fases precontractuales y contractuales previstos en la Ley 80 de 1993 y no simplemente en las resoluciones N° 11 de 1999 y 0115 de 2000 expedidas por el FNA y en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, como lo reclamó la defensa. Explicó que el contrato cuestionado no se ajustó a la Ley 80 de 1993 y a sus normas complementarias, pues: (i) no se adelantó un proceso de selección, toda vez que solo se contempló lo concerniente a las «alianzas estratégicas» y a la Resolución N° 0115 de 2000, las cuales no imponían desarrollar una licitación pública, por ende, está no podía ser normativa vinculante frente a los requisitos y procedimientos que, como oferente, debía el ente territorial observar al momento de escoger el proyecto y el contratista;

(ii) no se demostró probatoriamente la supuesta convocatoria pública por parte del Instituto Departamental de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana [en adelante 10 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR IDEVI] de La Guajira o por la gobernación de ese departamento, así como tampoco el proceso de selección que permitió la escogencia de la constructora bajo criterios de experiencia, idoneidad, capacidad técnica y administrativa y de favorabilidad de la oferta; (iii) se transgredió el principio de planeación, habida cuenta que el procesado ofertó, intervino directamente en la escogencia de la constructora y consintió la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social que carecía de redes de alcantarillado, las cuales sólo estarían disponibles a futuro dentro del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Riohacha, circunstancia que desencadenó una situación social e hidrosanitaria de gran impacto por el desbordamiento de aguas residuales provenientes de la primera etapa de la urbanización, aunado a la imposibilidad de conectar las viviendas que conformaban la segunda fase al sistema de alcantarillado de la ciudad; y, (iv) el contexto antes descrito no fue trivial, pues la inexistencia del servicio de alcantarillado produjo una problemática de mayor entidad, esto es, la suspensión temporal de la obra debido a la falta de actualización de la licencia de construcción, la cual no podía ser renovada hasta tanto se solucionara el inconveniente del empalme de las

viviendas con el sistema de alcantarillado de Riohacha. De ese modo, para la Sala Especial de Primera Instancia se acreditó que ÁLVARO CUELLO BLANCHAR, al tramitar y celebrar el «Convenio de Cooperación» de 2000, 11 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR consciente y voluntariamente se apartó de los requisitos legales esenciales, en clara pretermisión de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. Por último, encontró demostradas la antijuridicidad y culpabilidad en la delincuencia atribuida al exgobernador implicado, razón por la cual lo declaró penalmente responsable de la infracción delictiva objeto de acusación, lo condenó a las penas ya relacionadas y le otorgó el mecanismo sustitutivo de la pena de prisión intramural por prisión domiciliaria.

IV. DE LA APELACIÓN Y SU OPOSICIÓN 4.1 Recurrente El defensor técnico de ÁLVARO CUELLO BLANCHAR formuló los siguientes motivos de inconformidad: 4.1.1 El delito imputado, previsto en el artículo 146 del Decreto - Ley 100 de 1980, contempla un ingrediente subjetivo del tipo consistente en que la finalidad de la conducta apunta a obtener provecho para sí, para el contratista o para un tercero, elemento normativo aplicado por la Corte Suprema en varios de sus fallos (cita los proveidos CSJ SP, 13 dic. 2000, rad. 17088; CSJ SP, 19 mar.

2002, rad. 13085; y, CSJ SP, 15 abr. 2004, rad. 18454). La Fiscalía General de la Nación no probó ese ingrediente normativo subjetivo y la Sala Especial de Primera 12 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR Instancia no lo evaluó al no tener en cuenta la favorabilidad de la ley penal, toda vez que la investigación se dio a partir de la resolución proferida el 10 de marzo de 2015, es decir, cuando ya existía una nueva redacción del tipo penal (artículo 410 de la Ley 599 de 2000) que desfavorecia los intereses del acusado. Luego de unas «consideraciones de orden constitucional y convencionab, solicita a la Corte que en el caso bajo examen dé «aplicación del principio de favorabilidad de la ley penal en la modalidad de ultraactividad». 4.1.2 Refiere los elementos de la licitación pública y remarca lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, según el cual, «as entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales», mandato establecido al interior del principio de economía y concordante con la legalidad del presupuesto del canon 345 Constitucional. A continuación, discurre sobre el principio de transparencia y expone que no es posible adelantar una licitación pública sin disponibilidad presupuestal o sin el elemento de claridad y precisión del literal b, numeral 5 del

artículo 24 de la Ley 80. En su criterio, en el caso concreto no era viable un proceso de contratación pública a través de licitación. 13 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR Primero, porque el presupuesto del ente territorial no se comprometió pues los recursos del proyecto provenían de las cesantías de los afiliados al FNA y de los créditos para la compra de vivienda otorgados por este, en otras palabras, no eran recursos públicos, motivo por el cual no podían incorporarse como subpartida alguna al presupuesto del Departamento de La Guajira, como expresamente lo prohibía la cláusula decimotercera del convenio. Y segundo, en tanto solo debía atenderse la Resolución N° 115 de mayo de 2000, como en efecto se hizo, por ende, no había lugar a abrir una convocatoria para la firma de ese convenio, ni a elaborar pliego de condiciones o términos de referencia, ni análisis de conveniencia y oportunidad, ni a especificaciones técnicas, ni a establecer parámetros o criterios de selección para contratar al constructor. Vale decir, la selección del proyecto de vivienda y del constructor no debía sujetarse a un proceso licitatorio a la luz de la Ley 80 de 1993. 4.1.3 Luego de relatar la forma en que se adelantó la primera etapa de la urbanización Villa Sharín (56 unidades de vivienda), el apelante expresa que en la planeación de aquel proyecto en el año 1999, el IDEVI se encargó de los estudios y diseños, los trámites legales, su presentación a

los afiliados del FNA, la primera oferta del mismo a esta entidad para su financiación y la firma del convenio de construcción con la CORPORACIÓN GRIMAR -—Corporación Grancolombiana para la Integración, Mejoramiento, Adecuación y Reforma de la Vivienda-, es decir, con anterioridad a que 14 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR ÁLVARO CUELLO BLANCHAR como gobernador de La Guajira asumiera personalmente esa responsabilidad. Para la convocatoria siguiente (año 2000) abierta por el FNA, sirvieron como aliados estratégicos la Gobernación de La Guajira y la CONSTRUCTORA LIMOS LTDA., a quien la CORPORACIÓN GRIMAR cedió sus derechos, fase en la que se aprobaron 150 créditos por el FNA, denominándose Villa Sharín II Etapa, como quedó estipulado en el convenio firmado en noviembre de 2000. Se trataba entonces del mismo proyecto, con dos fases de financiamiento en distintos tiempos por exigencia de las normas y el reglamento operativo del FNA. Lo que significa que si en el período de alianza estratégica integrada por el IDEVI, la CORPORACIÓN GRIMAR y el FNA, se hubiera logrado que los afiliados del FNA en Riohacha presentaran solicitudes de crédito que cumplieran todos los requisitos para adquirir el total de las viviendas autorizadas en la licencia de urbanismo (220), nunca se habría hablado de Etapas I y II en la urbanización Villa Sharín. 4.1.4 Por último, se duele el recurrente de la pena de

prisión dosificada a su prohijado, que dista de la menor pena intramural que por el mismo delito le impuso la Sala Especial de Primera Instancia en otro radicado (cita el n. 46473) del cual se hace citación extensa. En su concepto, en este asunto la Sala a quo asignó una pena de prisión de 72 meses, apartándose del «principio 15 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR de derecho a través del cual frente a unos mismos hechos existen equivalentes razones de derecho», en una «interpretación estática» del derecho penal. Agrega que, así como la posición generada por el dinero o la ilustración no revisten circunstancia de agravación punitiva, el cargo o el poder también deben ser objeto de una axiológica y motivada valoración frente a las circunstancias concretas o específicas del condenado, que per se no deben valorarse como motivo de incremento de la sanción penal, sobre todo en el caso de su defendido, quien se halla «en el ocaso vital» y en su necesidad de afecto y contacto deseables con su familia y su hijo menor de edad. 4.1.5 En consideración de todo lo anterior, de forma principal solicita a la Corte se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se absuelva a ÁLVARO CUELLO BLANCHAR del cargo objeto de acusación. De manera subsidiaria, se modifique el quantum punitivo impuesto y se redosifique en 48 meses la pena de prisión. 4.2 No recurrentes En el traslado de rigor solo intervino el Fiscal Primero Delegado ante esta Corporación quien, en su orden, se opuso

a los motivos de inconformidad del apelante, así: 4.2.1 La Sala Especial de Primera Instancia partió de la tipicidad reclamada (artículo 146 del Decreto — Ley 100 de 1980), a renglón seguido transcribió el contenido normativo 16 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR en el que se incluye el elemento subjetivo y por último desarrolló la argumentación pertinente que el censor echa de menos. Por tanto, no es cierto que la Sala a quo haya omitido analizar ese elemento del tipo, ni que el ejercicio de tipicidad se adelantó de cara a la descripción contenida en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, toda vez que en el cuerpo de la decisión y en lo que atañe al comportamiento del acusado se hicieron expresos los argumentos sobre cada uno de los elementos objetivo y subjetivos de la norma reprochada en la acusación. 4.2.2 En la decisión impugnada se examinó suficientemente el marco normativo y las razones jurídicas por las cuales, a pesar de la denominación que se le dio al acuerdo entre la Gobernación de la Guajira y las firmas contratistas «GRIMAR» y «LIMOS», en realidad su objeto no era otro que construir las casas del proyecto de vivienda Villa Sharín, por manera que realmente se trataba de un contrato de obra que debía regirse por disposiciones específicas de la contratación pública, especialmente lo relacionado con el principio de planeación, cuyas normas omitió el acusado sin

justificación alguna, circunstancia que conllevó a que la obra contratada no se concluyera en los términos y condiciones que con anticipación debieron preverse y pactarse. La Resolución n. 115 de 2000 expedida por el FNA no preceptuó que, tratándose de entidades estatales al momento en que estas celebraran la contratación para 17 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR ejecutar la obra concerniente, el estatuto de contratación pública no operaba o que no se debía atender por el oferente, es decir, no consagró una excepción al cumplimiento de los principios que la orientan. Como se explicó en el fallo impugnado, resultaba necesario que, en aras de los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva, la administración territorial hubiese agotado un proceso de escogencia que permitiera la concurrencia plural de interesados para materializar el proyecto de vivienda citado y en este caso no se dio, en detrimento de los intereses de la administración pública departamental y de la colectividad en general. 4.2.3 Frente al tercer motivo de inconformidad, la fiscalía concuerda y respalda la posición del a quo en la medida que, si bien es cierto el IDEVI estuvo a cargo de buena parte de lo tramitado para desarrollar la primera etapa de la urbanización Villa Sharín, también lo es que para el momento de concretar su segunda fase ya se conocían las deficiencias de la primera, esencialmente las relacionadas con la problemática en las redes de alcantarillado, por ende,

no se debió desechar que su disponibilidad estaba condicionada al desarrollo del Plan Maestro de Alcantarillado, circunstancia que incumbía verificar al otrora gobernador al momento de viabilizar y materializar el segundo ciclo del proyecto de vivienda. A pesar de ello se dio vía libre a la construcción de las restantes viviendas con las consecuencias conocidas. 18 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559 ÁLVARO CUELLO BLANCHAR En ese orden de ideas, el desconocimiento del principio de planeación al tramitar y celebrar el contrato cuestionado debe atribuirse al procesado. 4.2.4 Por último, expone que el apelante confunde la circunstancia genérica de agravación punitiva que el legislador contempló para situaciones como la que acá se ha debatido y juzgado, dejando de lado que, precisamente, por requerir el cargo de gobernador la confianza y respaldo de una gran cantidad de ciudadanos, el reproche existe en la medida que la sociedad demanda de quien llega a desempeñar tan alta dignidad mayor compromiso y responsabilidad frente a las funciones que constitucional y legalmente se le han encomendado. Además, la situación que analizó la Sala Especial de Primera Instancia en otro asunto y en la que se aplicó una pena menor no es la misma, pues en aquella oportunidad no se imputó circunstancia de agravación alguna, en consecuencia, sólo se tuvo en cuenta la existencia de circunstancias de atenuación, de ahí que se partiera de la pena mínima de 48 meses de prisión. Situación diferente a

la aquí examinada y por la que se dictó la condena reseñada. 4.2.5 En los anteriores términos, solicita a la Corte la confirmación de la sentencia impugnada. 19 CUI 11 001 02 04000 2016 02082 03 Segunda Instancia n. 65559

ÁLVARO CUELLO BLANCHAR

V. CONSIDERACIONES 5.1 Competencia y delimitación del problema jurídico 5.1.1 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado ÁLVARO CUELLO BLANCHAR contra la sentencia dictada en su contra por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, conforme a lo previsto en el inciso tercero del artículo 186% y el numeral sexto del canon 23537, ambos de

la Constitución Política. En virtud del principio de limitación establecido en el artículo 204 del estatuto procesal penal que rige la presente actuación (Ley 600 de 2000), la Corte se circunscribirá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, estudio que podrá extenderse a los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura, de ser necesario, conforme lo autoriza la precitada norma. 5.1.2 La Corporación se ocupará de establecer si frente a la prueba incorporada al proceso es posible arribar al conocimiento exigido en el artículo 232 ibidem, sobre la 36 Constitución Política de Colombia. Artículo 186. «...Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de

Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia...». 37 Constitución Política de Colombia. Artículo 235. «Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: ...6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia...». 20 CUI 11 001 02