CSJ - SC03-12-1888 (GJIII, 10-11)

SENTENCIAS DEFINITIVAS NEGOCIOS CIVILES Corte Suprema de Justicia - Bogotá, Diciembre tres (03) de mil ochocientos ochenta y ocho (1888).

Vistos: - Por escrito de veintiocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, suscripto por la llamada razón social de “L. Flórez & C.a”, se ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, solicitando á cargo del Tesoro Nacional el reconocimiento del crédito de dos mil ochocientos treinta pesos ($ 2,830), procedente de suministros hechos al Gobierno de la República en la pasada guerra civil.

La referida razón social fundó su pretensión en tres certificaciones firmadas por el General Vicente Aldana, así: Una, con el carácter del Comandante de la División Cundinamarca, expedida en Facatativá con fecha 15 de Marzo de 1885, á favor de Isidro Nieto, por la suma de cuatrocientos pesos ($ 400), valor de cuatro caballos que suministró voluntariamente y que, se dice, fueron avaluados por Manuel Cantillo y Francisco A. Vargas. Sentencia de 3 de diciembre de 1888 Una, con el carácter de Comandante General de la 2.a División de Cundinamarca, expedida en dicho lugar, con fecha 18 de Diciembre de 1884, á favor de Enrique y Rafael Carrizosa por novecientos treinta pesos ($ 930), importe de cinco caballos que se asegura les fueron expropiados, sin decirse por quién, del potrero llamado “La Jabonera” y sin

que conste que hubieran sido avaluados. Una, sin expresarse el carácter con que fue expedida y que lo fue también en Facatativá, con fecha 29 de Enero de 1885, á favor de Isidro Nieto, por trescientos pesos ($ 300), en que se asegura fue estimado por César Piñeros y Urbano Londoño, un potro expropiado al mismo Nieto en el potrero referido. Y, por último, un certificado señalado con el número 77, expedido por el Secretario de Gobierno de Cundinamarca, á favor de Domingo Gómez, por mil doscientos pesos ($ 1,200), importe de caballerías que suministró durante la época de la mencionada guerra. Como el mismo Gómez denunció que era falso el endoso á favor de “L. Flórez & C.a”, que aparecía extendido y firmado por él al pie de dicho certificado, la Comisión dispuso su desglose y que fuese pasado al Juez de Moniquirá, de donde eran los testigos que autorizaban el endoso, para que se procediese á la averiguación del hecho, y aunque de tal certificado se dejó la copia que figura á la foja 20, la Corte no puede ocuparse de esta parte de la reclamación, porque 2 Sentencia de 3 de diciembre de 1888 la Comisión, por la novedad antes expresada, resolvió prescindir de ella. La misma Comisión, después de disponer la práctica de las diligencias que creyó convenientes, dictó la resolución número 609 de catorce de Agosto del presente año, declarando sin lugar la reclamación mencionada, resolución confirmada por la del Ministerio del Tesoro,

fecha diez y ocho de Septiembre último, número 93, contra la cual se interpuso por la parte interesada el recurso de apelación para ante esta Suprema Corte, en la cual, adoptada la tramitación legal, se procede á decidir el recurso, previas las siguientes consideraciones: 1.a Que estando yá la actuación en estado de dictarse por la Comisión el fallo que debía recaer, se presentó Mercedes Álvarez de Flórez confiriendo poder al doctor Francisco Montaña para que le representara en la reclamación que su difunto esposo, doctor Leonidas Flórez, seguía como cesionario de Isidro Nieto, Domingo Gómez y otros; poder que manifestó confería en su doble carácter de viuda y de representante legal de sus cinco menores hijos. 2.a Que aunque con la certificación del Secretario del Juzgado 4.° del Circuito de Bogotá, corriente á fojas 22, se ha comprobado que por auto de diez y nueve de Enero de este año fue reconocida Mercedes Álvarez de Flórez como cónyuge sobreviviente de Leonidas Flórez y que también fueron reconocidos como herederos abintestato de éste, sus 3 Sentencia de 3 de diciembre de 1888 legítimos menores hijos Ester, Isabel, Policarpo, Carlos Leonidas y Leonidas, eso no basta para demostrar el dominio de éstos ni de aquélla en los créditos que se demandan, porque, como yá se ha visto, Leonidas Flórez no intentó el reclamo como acreedor directo del Gobierno Nacional, sino como representante de una razón social de que se decía partícipe, á favor de la cual aparecen

endosados los tres certificados expedidos por el General Aldana, y no hay en autos la menor constancia de que se haya disuelto la sociedad, si es que realmente existió, quiénes son los socios administradores, ni que los créditos de que se trata se hubieran adjudicado á Leonidas Flórez ó á sus herederos, en parte ó pago de su haber social ó de los beneficios obtenidos. 3.a Que tampoco se ha comprobado la autorización que tuviera el General Aldana para decretar exacciones de guerra en los casos permitidos por la ley. Verdad es que á vuelta de fojas 22 y frente de la 23, aparece en copia una certificación del Secretario de Gobierno de Cundinamarca, fecha cuatro de Febrero de este año, en la cual se asevera que en un parte oficial del Jefe de Estado Mayor de la 1.a Brigada del Ejército de Cundinamarca, dirigido al Gobierno del Estado en 14 de Octubre de 1884 y publicado en el Registro del Estado número 679, figura el Citado General como Jefe de una fuerza de operaciones al Occidente del Estado; pero esto no demuestra la clase de mando que se le hubiera conferido, ni menos que funcionara como Comandante General de División, en el cual caso sí se le 4 Sentencia de 3 de diciembre de 1888 podía haber considerado como comprendido en el numeral 2.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886, como así se ha resuelto en otros asuntos en que ha sido presentada como prueba la misma certificación. 4.a Que dicha certificación es más bien una prueba contraria á la intención del reclamante, pues la que de ella

resulta claramente es que el General Aldana fue nombrado Comandante General de una División al servicio del Estado por Decreto del Gobierno de éste, número 1.064, fecha diez y siete de Octubre de 1885; lo que demuestra que antes de esa fecha no ejercía tales funciones, lo cual se habría comprobado si así hubiera sido; luego las certificaciones de que se ha hablado, expedidas con anterioridad á la fecha de aquel nombramiento, no constituyen los comprobantes que conforme á la última parte del artículo citado pueden servir de fundamento para los reconocimientos de los créditos procedentes de suministros, empréstitos y expropiaciones y para la expedición de la órdenes de pago; y 5.a Que á más de lo expuesto, no se han autenticado las firmas del General Aldana por el Gobierno del extinguido Estado ó por el Departamento de Cundinamarca, ó por el de la Nación, como siempre se ha acostumbrado, siendo verdaderamente extraño, como lo observa la Comisión, que la autenticación se haya hecho sin solicitud de persona alguna, por el mismo Leonidas Flórez en su condición de Intendente General del Ejército del Estado, lo cual no puede estimarse como un hecho legalmente ejecutado, pues aparte 5 Sentencia de 3 de diciembre de 1888 de lo insólito del procedimiento y de que fácilmente pudo y debió ocurrirse á otra autoridad para legalizar las firmas, es contrario á todo principio de jurisprudencia que el interesado en un negocio pueda aducir su propias atestaciones ó aseveraciones como prueba de su derecho. Por tanto, la Corte Suprema de la Nación,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el concepto del señor Fiscal especial, confirma, como estrictamente arreglada al mérito de la actuación, la resolución apelada del Ministerio del Tesoro, de que antes se ha hecho mención. Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Ministerio del Tesoro.

R. Antonio Martínez. – Benjamín Noguera. – Aristides Calderón – Luis M. Isaza. – Antonio Morales. – Lucio A.

Pombo. – Manuel A. Sanclemente. – Ramón Guerra A., Secretario. En la audiencia del tres treinta de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho se publicó esta sentencia. Ramón Guerra A., Secretario. 6 Sentencia de 3 de diciembre de 1888 En cinco de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión. Marceliano Vargas.- Guerra A., Secretario. 7