CSJ SCP - FICHAS SPOA PROCEDENCIA3

ACUSADO COMO TESTIGO - El ofrecimiento del testimonio del acusado puede hacerse hasta antes de las alegaciones del juicio oral Número de radicado : 41198

Número de providencia : AP6357-2015

Fecha : 12/11/2015

Tipo de providencia : AUTO INTERLOCUTORIO Clase de actuación : ÚNICA INSTANCIA «De acuerdo con el artículo 394 de la Ley 906 de 2004, «si el acusado y el coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en este código».

De esta disposición se derivan dos opciones hermenéuticas razonables, a saber, i) que el ofrecimiento del testimonio del procesado puede hacerse hasta antes de las alegaciones del juicio oral, o bien, ii) que sólo habrá lugar a practicarlo si es descubierto y solicitado por la defensa, con la autorización del incriminado, en la audiencia preparatoria. Sobre el particular se han suscitado pronunciamientos de la Sala que se reseñan seguidamente. En CSJ AP, 26 oct. 2007, rad. 27.608, aunque sin mayor desarrollo argumentativo, la Corte consideró: «Ahora, como queda claro que el acusado puede renunciar en cualquier momento a su derecho de guardar silencio – desde luego, si se trata de presentarse en calidad de testigo, ello tiene como límite la fase probatoria de la audiencia de juicio oral, en virtud del principio preclusivo de los actos procesales -, a la fiscalía le compete la carga procesal, si desea hacer uso del interrogatorio directo, esto es, presentarlo a su vez como su propio testigo, de sustentar la

pertinencia y conducencia de lo deprecado –en otras palabras, indicar adecuadamente al juez cuál es el objeto concreto de la prueba-, asunto que, a despecho de lo decidido por el Tribunal en primera instancia, sólo puede operar cuando la defensa o el acusado hagan una dicha manifestación de renuncia al derecho de guardar silencio». Más adelante, en CSJ AP, 4 ago. 2010, rad. 33.997 proferido en sede de casación, la Corporación discernió: «…para preservar el principio de igualdad de armas que informa el sistema acusatorio, la manifestación del procesado de acudir como testigo no puede hacerse al capricho de él o de su defensor, pues debe sujetarse a los parámetros legalmente establecidos para desarrollar la actividad probatoria mediante las fases de: descubrimiento, producción y aducción y valoración. (…) …en clara aplicación del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, es dable admitir extraordinariamente el testimonio del acusado como prueba muy significativa y por lo mismo trascendente, siempre que se respete el principio de igualdad de armas, (pero) en este caso resulta diáfano que el defensor ni antes, al momento de solicitar tardíamente que PB fuera escuchado en su juicio, ni ahora, al denunciar en casación la ausencia de esa prueba, expuso alguna razón tendiente a acreditar su alcance demostrativo o incidencia en la decisión de condena…». En esta última decisión, el asunto fue examinado desde la perspectiva de la prueba sobreviniente y, por lo tanto, se entendió que la viabilidad de practicar el testimonio del acusado no decretado en audiencia preparatoria

estaba supeditada a la satisfacción de los requisitos legales y jurisprudenciales atinentes a esa categoría probatoria. En la primera providencia, por el contrario, el problema jurídico fue abordado para colegir «que el acusado puede renunciar en cualquier momento a su derecho de guardar silencio». Lo cierto, es que el ordenamiento jurídico no ofrece una expresa y pacífica solución a la problemática, en tanto se ha sostenido que el testimonio del procesado sólo puede ser practicado en la vista pública si fue oportunamente solicitado y decretado como prueba de descargo en la audiencia preparatoria, o también que tratándose de una prueba revestida de ciertas características excepcionales que la separan de los demás medios suasorios, no está sometida a las reglas probatorias ordinarias. Solamente resulta de pacífica y uniforme aceptación el supuesto que el incriminado puede renunciar a guardar silencio y pedir su testimonio en la audiencia preparatoria; no ocurre lo propio con la posibilidad que el acusado eleve esa solicitud como última prueba en el juicio oral, esta última situación amerita que la Sala por vía jurisprudencial precise la regla que ha de regular la situación ante la falta de concreción legislativa advertida. En ese orden, desde ya la Sala anuncia que la solución más ajustada a las garantías de las partes e intervinientes, en especial con el ejercicio del derecho de defensa material por parte del acusado y la realización de la justicia material, es que no sólo es posible practicar el testimonio del enjuiciado cuando es solicitado y decretado en audiencia preparatoria, sino también cuando, no habiéndose ofrecido en esa oportunidad, el procesado

renuncia al derecho a guardar silencio y así lo reclama antes de agotada la práctica probatoria en el juicio oral. 2.1 El derecho a ser oído. Inicialmente, debe precisarse que la posibilidad que tiene el procesado de declarar en su propio juicio, más que una simple facultad probatoria, es un verdadero derecho – garantía (el de ser oído), que está vinculado con el de defensa material, que le asiste en su condición de incriminado. De acuerdo con el artículo 29 de la Carta Política, «quien sea sindicado tiene derecho», entre otros, «a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento». En esa lógica, se ha discernido que toda persona sometida a un proceso de índole penal tiene derecho a la defensa en sus aristas técnica y material, esta última la ejecuta de manera exclusiva y personalmente el propio procesado “en diferentes formas y oportunidades»1. El derecho a la defensa material, en el contexto del sistema penal acusatorio, tiene varias connotaciones, por ejemplo, la facultad que le asiste al procesado de presentar alegatos introductorios y conclusivos, interponer recursos, elevar solicitudes y peticiones de diferente índole, interrogar a los testigos directamente, pedir pruebas y guardar silencio o renunciar a hacerlo. En ese sentido, la Sala ha sostenido que «la defensa material entraña para el procesado la posibilidad de ser escuchado o de guardar silencio»2. En el ámbito del derecho internacional, los artículos 8° y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, disponen en términos similares que toda persona tiene derecho «a ser oída», entre otras, «en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella». En desarrollo de ello, la voz del incriminado es necesario oírla en todas las etapas de la actuación, si esa es su voluntad, sin que esta garantía resulte afectada porque se abstenga de declarar, pues el silencio es un derecho del acusado. En otros ordenamientos jurídicos de la región se ha entendido que «el imputado, a partir del momento en que adquiere esa cualidad, adquiere 1Sentencia C–069 de 2009. 2CSJ SP, 24 jun. 2015, rad. 39.703. también el derecho a defenderse y una de las manifestaciones de ese derecho es la de “presentarse directamente ante el Juez con el fin de prestar declaración”»3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una conceptualización más amplia del aludido derecho, a partir de la cual lo ha asimilado a la noción general de la defensa material; no obstante, reconoce como elemento integrante de aquél la posibilidad que le asiste al procesado de declarar en su propia causa: «Oír a una persona investigada implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por abogado, con conocimiento de todos los elementos que puedan obrar en su contra en el expediente; oírle es permitir su presencia en los interrogatorios de testigos que puedan declarar en su contra, permitirle tacharlos, contrainterrogarlos con el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminatorias por contradictorias o

por falsas; oír a un procesado es darle la oportunidad de desconocer, de restar valor a los documentos que se pretenden utilizar en su contra»4. De lo anterior puede concluirse preliminarmente que toda persona sometida a procesamiento penal tiene el derecho, legal y constitucionalmente reconocido, de ejercer materialmente su propia defensa, una de cuyas manifestaciones es la de rendir declaración en el juicio que se promueve en su contra. 2.2 El límite legal para que el acusado ejerza el derecho a ser oído no excluye la posibilidad de que manifieste la voluntad de declarar en el juicio oral. En el actual estado de la discusión jurídica, no se controvierte que los derechos no son absolutos ni tienen alcances ilimitados, esto es, que puedan ejercerse al punto de ocasionar perjuicio ilegítimo de los derechos ajenos y se resquebraje el ordenamiento jurídico. Así, se admite pacíficamente que los derechos, cualquiera que sea la fuente normativa elegida para su reconocimiento, son susceptibles de ser legalmente limitados, siempre que las restricciones no se ofrezcan innecesarias, arbitrarias o irrazonables. 3 VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Magaly. “Derecho Procesal Penal Venezolano”. Ed. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2008, página 96. 4Informe No. 50 de 2000, caso Reinaldo Figueredo Planchart. En esa lógica, el legislador está facultado para restringir los derechos y establecer las condiciones para su ejercicio, tal como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Constitucional: «…en materia de derechos fundamentales, esta Corporación ha

afirmado sostenidamente que no tienen el carácter de absolutos y que pueden ser limitados en su ejercicio por disposiciones de carácter legal. Así, en Sentencia C-355 de 1994, esta Corporación afirmó que “(…) si bien para la jurisprudencia y la doctrina constitucional no existen derechos absolutos, lo cual implica que el legislador puede reglamentar el ejercicio de los derechos por razones de interés general o para proteger otros derechos o libertades de igual o superior entidad constitucional, esas regulaciones no pueden llegar hasta el punto de hacer desaparecer el derecho”. En un pronunciamiento posterior, Sentencia C-578 de 1995, la Corte sostuvo que “[l]os derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles”5. Con igual orientación, ya en criterio referido expresamente al derecho de defensa en el proceso penal, el Tribunal Constitucional ha sostenido que «una posición según la cual no fuera legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a extremos en los cuales se haría imposible adelantar el proceso para llegar al fin último comentado de esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho también superior a un debido proceso "sin dilaciones injustificadas"»6. En ese orden de cosas, surge irrebatible entender que el derecho que le asiste al acusado a ser oído en su propia causa puede ser objeto de limitaciones legales, concretamente, a no ser ejercido con desconocimiento

de las reglas y restricciones previstas por la Ley para su materialización. Cabe preguntarse, entonces, si la legislación adjetiva penal consagra limitaciones expresas al ejercicio del referido derecho, o si por el contrario, el legislador se abstuvo de restringirlo. 5Sentencia C–258 de 2013. 6Sentencia C–648 de 2001. A partir del artículo 394 de la Ley 906 de 2004, se establece que «si el acusado y el coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en este código». La normatividad procesal en cita inequívocamente dispone que la declaración del imputado, al menos en lo que a su práctica respecta, es reputada como un testimonio y, en tal condición, en principio debería llevarse a cabo «de acuerdo con las reglas previstas en este código». Pero esta regla se reputa válida para las limitaciones que implican el interrogatorio y contrainterrogatorio, no así para los supuestos de la oportunidad en que debe solicitarse, a lo cual no alude el texto de la norma en comento. Podría decirse, que el artículo 382 ibídem establece como «medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física», entre otros, de tal suerte que, cuando menos desde la perspectiva estrictamente normativa, no cabe duda que el dicho del procesado es una prueba y de esta manera debería entenderse que la declaración del inculpado estaría sometida a las condiciones generales de

todos los medios probatorios. Desde esa óptica, sería posible concluir preliminarmente que si la declaración del incriminado tiene la condición de testimonio, el ejercicio del derecho a ser oído que le asiste a aquél está condicionado legalmente a que sea ejercido con estricto apego a las reglas y procedimientos previstos en la Ley para la producción y práctica de todas las pruebas, cualquiera que sea su naturaleza. No obstante, un entendimiento como el acabado de expresar para conminar a la defensa y al procesado al descubrimiento y solicitud de la prueba en la fase preparatoria exclusivamente, es una conclusión que está inmersa en supuestos incompletos y en sana lógica se convierte en una regla que no cumple las condiciones de validez requeridas para que la decisión que se adopte corresponda a lo que la justicia y el ordenamiento jurídico reclaman. Y, lo es así, porque al generalizar y unificar el trato con base en el concepto de prueba se identifican las declaraciones del testigo común y del procesado y no se contemplan las particularidades que las diferencian, como tampoco se considera el diverso ámbito de sus alcances ni el carácter de ser éste último un medio para ejercitar el derecho de defensa material por el inculpado. La Corte Constitucional advierte que «si en el curso de un proceso el acusado o el coacusado deciden declarar sobre hechos criminosos atribuidos a un tercero, tal declaración será recibida como un testimonio”, pero a renglón seguido advierte que debe estar «sujeta a las formalidades y excepciones propias del mismo, conforme a la Constitución y a la ley»7.

No admite cuestionamiento alguno que i) no es acertado equiparar la declaración del acusado con un testigo ordinario, porque entre uno y otro existen diferencias ontológicas y jurídicas notables, y ii) la declaración que rinde el propio enjuiciado no sólo tiene la condición de testimonio (prueba), sino que también es medio de defensa judicial. 2.2.1 El testimonio del acusado como medio de prueba. Como particularidades, el dicho del imputado en la Ley 906 de 2004 se caracteriza porque i) el juramento rendido previo a atestar, de acuerdo con lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia C – 782 de 2005, «no tendrá efectos penales adversos respecto de la declaración sobre su propia conducta»; ii) el acusado puede ser interrogado, contrainterrogado y puede abstenerse de contestar las preguntas formuladas por su propio defensor, incluso, las que en desarrollo del contra interrogatorio efectúe la Fiscalía; iii) se le permite, conforme el artículo 396 de la Ley 906 de 2004 y a diferencia de los testigos comunes, presenciar el debate probatorio antes de rendir declaración; iv) no está permitida su conducción forzosa a efectos de que rinda testimonio, pues deponer o abstenerse de hacerlo es una decisión suya a la que no puede ser obligado; v) el incriminado es el sujeto pasivo de la investigación, tiene amparo de autoincriminación y derecho a la asistencia técnica. Las diferencias advertidas entre la indagatoria (Ley 600 de 2000) y el testimonio del acusado (Ley 906 de 2004) son más procesales o formales

que sustanciales o de garantías, pues en el proceso penal, en todo caso, cualquiera que sea la forma en que se nomine la versión del indiciado, éste debe ser vinculado y estar asistido por un profesional del derecho para que su versión sea libre, consciente, voluntaria, informada y asesorada, pudiendo confesar o no y guardar silencio; bajo estos supuestos, lo que se pretende es materializar dos propósitos: que la información aportada sirva como prueba y, a su vez, constituya el medio de defensa material, derecho éste que es de carácter personalísimo y sólo puede ejercer el procesado. El testimonio que proviene de la persona sometida a juicio tiene entonces características especiales en razón de las cuales admite tratamiento jurídico diferenciado; por esas connotaciones y los alcances de los que está revestido se hace necesario darle un rito acorde para su decreto, sin que ello afecte derechos y garantías de las demás partes e intervinientes, pues más que innecesario es indispensable que el juez se informe a través del acusado de cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron las razones de su obrar, por lo 7Sentencia C–782 de 2005. que su utilidad para el proceso es evidente, a mas que el titular de derecho a la defensa material es de carácter personalísimo y exclusivamente le corresponde al procesado. Las diferencias ontológicas que existen entre los testimonios del acusado y el testigo común se manifiestan en sede de la práctica de la prueba, generando también por sus efectos y alcances la justificación de un trámite jurídico distinto, que irradia a la fase de decreto. Esta diversidad de

supuestos entre las mencionadas pruebas, sustentan el trato desigual que se tolera por la Corte en esta providencia en cuanto a la oportunidad de solicitar la prueba, así como a las reglas que deben observarse para la práctica y valoración de consecuencias de la declaración del inculpado. Las diferencias advertidas desde la óptica de las garantías ponen de presente que la única parte que se afecta por no atender su petición de ser oído cuando ésta es formulada en el juicio oral es el mismo procesado, sin que de ello se sigan consecuencias negativas para los derechos de las demás partes e intervinientes, que no pueden afirmarse sorprendidas con la declaración de la persona vinculada al proceso, cuya identidad es conocida desde la audiencia de formulación de imputación y desde este momento procesal se advierte la posibilidad que declare en el juicio oral sobre hechos concretados en esa audiencia preliminar. Además, el imputado que acude al juicio como testigo puede ser contra interrogado y sus afirmaciones pueden ser controvertidas mediante otros medios de prueba directos, o a través de la impugnación de credibilidad o de la refutación, lo que permite agotar, entre otras exigencias, la contradicción de la prueba. Lo expresado resulta suficiente para sostener que las disposiciones de la Ley 906 de 2004 que regulan el asunto no admiten una hermenéutica a partir de la cual se excluya como ajustada a derecho la solicitud del inculpado en el juicio oral de ser oído en declaración, renunciando al derecho a guardar silencio. Dicho de otra forma, esa declaración, conforme se sigue de lo previsto en el artículo 394 ibídem y del ordenamiento jurídico constitucional en sentido

amplio, incluyendo la legislación internacional, conllevan a una interpretación sistemática y teleológica sobre el derecho del procesado a ser oído en su propia causa, emergiendo que no necesariamente hace parte del debido proceso probatorio que el testimonio del incriminado deba haberse descubierto y solicitado en la audiencia preparatoria, sustentando su pertinencia, conducencia y utilidad para obtener del funcionario de conocimiento un pronunciamiento favorable a tal solicitud probatoria. 2.2.2 El testimonio del acusado como medio de defensa. Que el testimonio del acusado es un medio de defensa es algo que no puede negarse en el proceso penal regulado por la Ley 906 de 2004. En el contexto de la Ley 600 de 2000, como se sigue del artículo 337, la indagatoria está erigida en medio de defensa, pero también se le tiene como medio de prueba. […] La declaración que conforme a la Ley 906 de 2004 rinde el acusado en el juicio oral a modo de testigo reúne las condiciones sustanciales y de garantía que caracterizan la indagatoria en el sistema de tendencia inquisitiva, por lo que es posible afirmar que también aquélla tiene la calidad de medio de defensa. En efecto, en una y otra el inculpado tiene derecho a responder los cargos, hacer constar lo que considere necesario para su mejor interés, explicar los hechos investigados, estar asistido por un defensor técnico, a que se atiendan las peticiones que surjan para la práctica de pruebas sobrevinientes y a no auto incriminarse. Al amparo de la caracterización que se ha hecho del testimonio del acusado en la Ley 906 de 2004 se puede afirmar que ese no es el único medio de que

dispone el incriminado en el proceso penal para ejercer el derecho de defensa material, sino uno de varios. Indiscutible resulta que la defensa puede ejercitarse a través de los recursos, alegaciones, la conducta procesal, la práctica de pruebas, los interrogatorios y contrainterrogatorios, las objeciones y las impugnaciones de credibilidad, entre otras, pero junto a estas actuaciones también la ley autoriza que ese derecho se puede ejercer con el testimonio del procesado, único medio de prueba que solamente puede ingresar al caudal probatorio por voluntad exclusiva del procesado (no del defensor). Agréguese que no puede desconocerse la importancia que tiene en el proceso penal la información que puede ofrecer el testimonio de la persona que según el acusador ejecutó la acción u omisión penal y de lo que su versión representa para el acusado de poder explicar su conducta en el juicio que se adelanta en su contra. Es, además, el medio probatorio del que dispone el acusado para enfrentar la prueba de cargo, pues las alegaciones no son elementos probatorios mientras que su testimonio sí lo es, y también es una oportunidad para presentar sus pretensiones al Juez que ha de resolver su caso, suministrando por esa vía su versión de qué, cómo y por qué ocurrieron los hechos por los cuales se le juzga. Las respuestas que dé el inculpado en la indagatoria o en el testimonio (según se trate de Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004) pueden dar lugar a una confesión, que debe ser libre, espontánea y ofrecida ante autoridad competente, o ser fuente para construir indicios en su contra, pero no por

ello, por ser medio de prueba, no deja de ser un medio de defensa, pues sirve para registrar todo aquello que considere necesario para que se defina su responsabilidad o inocencia. Al ser fuente de conocimiento, los datos aportados permiten el ingreso de prueba de cargo, pero simultáneamente las explicaciones pueden refutar o poner en entredicho la credibilidad de aspectos que tengan incidencia sustancial en la definición de la situación jurídica del encartado, bien para descartarla o para lograr una readecuación que traiga consigo consecuencias favorables. Esto último hace parte del ejercicio del derecho de defensa material del acusado a través de su testimonio rendido en el juicio oral. Si no se autorizara el testimonio del acusado en el juicio oral a pesar de no haber sido reclamado en la audiencia preparatoria, resultaría restringido su derecho de defensa material con base en una interpretación formalista y no sustancial de la normatividad adjetiva; se acudiría a un criterio que le resta utilidad a los medios que pueden aportar información trascendente para resolver el problema jurídico, sin que la incorporación de esa declaración, en las condiciones en que lo entiende la Sala en esta providencia, represente un perjuicio concreto para los derechos y garantías de las demás partes e intervinientes. Dígase que la libertad de apremio en la Ley 600 de 2000 y el juramento en la Ley 906 de 2004 no le niegan a la indagatoria o a la declaración de marras la condición de medio de defensa en ambos sistemas, pues en ninguno de los dos casos el investigado puede ser responsabilizado por no responder conforme a la verdad en aquello que lo incrimine, supuesto que no tendría

comprensión por el ordenamiento constitucional si no fuese con base en el derecho que tiene el procesado a defenderse. Por último, concurre a ratificar la importancia del testimonio del acusado como medio de prueba de significativa relevancia en el juicio oral, el hecho que la Fiscalía puede rehusar el interrogarlo al indiciado en la investigación, por lo que esa declaración en el debate oral es la única oportunidad que tiene el inculpado para dar, por su propia iniciativa y sin que a ello pueda oponerse la contraparte, su versión de los hechos objeto de juzgamiento. 2.3 El derecho a la última palabra. Resulta relevante señalar que si bien, como quedó visto, toda persona sometida a juicio penal tiene derecho a declarar en su propia causa, dicha garantía no puede confundirse con el derecho a la última palabra de que tratan los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 6° del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, legislaciones que se refieren al derecho que tiene toda persona de «defenderse personalmente» o «por sí mismo». […] En efecto, el derecho a la última palabra se refiere a la oportunidad en que debe intervenir el procesado para ejercer sus derechos, deberes y obligaciones procesales, entre los cuales algunos apuntan a aspectos procesales, como el de sustentar los recursos o presentar alegaciones, pero otros, tienen por objeto materializar los derechos y garantías que le corresponden como parte, por ejemplo, declarar en juicio (prueba) para ejercer el derecho de defensa material, y ejercer la contradicción personal por el acusado. En sentido amplio, son manifestaciones del derecho a la última palabra del

acusado, cuando así expresa su voluntad para intervenir, en los siguientes actos procesales, en la legislación adjetiva nacional vigente: i) es el último en intervenir en las alegaciones iniciales y en los alegatos conclusivos (sentido restringido), según los artículos 371 y 443 de la Ley 906 de 2004; ii) la prueba de descargo, siempre y en todo caso, se practica luego de agotada la reclamada por la Fiscalía, al tenor de los cánones 362 y 390, con excepción «de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía»; iii) las peticiones probatorias de la defensa se formulan con posterioridad a las de la Fiscalía; iv) en la audiencia de formulación de acusación, corresponde a la defensa, como se sigue del artículo 339, pronunciarse en último lugar sobre las posibles causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades; v) en sede de individualización de pena, es el condenado (si lo solicita) quien interviene en último lugar para pronunciarse sobre las condiciones de todo orden del imputado. Así lo ha entendido la Corte Constitucional, según la cual el derecho a la última palabra implica «la garantía de que (el) imputado o acusado tenga la posibilidad de controvertir todas las razones o argumentos expuestos por los demás sujetos del proceso, en las oportunidades en que las normas de procedimiento prevén su confrontación, lo cual lógicamente sólo es posible mediante la intervención en último lugar en cada una de tales oportunidades»8. 8Corte Constitucional, sentencia C –1195 de 2005.

En la Ley 906 de 2004, el derecho a ser oído, además de lo expresado anteriormente, comporta la posibilidad de introducir en el juicio una prueba para ejercer el derecho de defensa (es la última que se práctica en el juicio oral), lo que representa una garantía sustancial; de esta característica probatoria carece las alegaciones finales del inculpado (medio de defensa exclusivamente), éstas se presentan luego de concluida la fase probatoria y los alegatos de las demás partes e intervinientes del proceso, por lo que no pueden confundirse e identificarse las alegaciones con el susodicho testimonio. Ciertamente, las manifestaciones efectuadas por el acusado al declarar como testigo hacen parte del caudal probatorio y deben ser valoradas en el fallo por el funcionario como testimonio, con arreglo a la sana crítica y de manera conjunta con los restantes elementos suasorios allegados a la actuación. En ese orden, debe el fallador explicar el mérito suasorio atribuido a lo que en desarrollo del interrogatorio cruzado manifieste el incriminado, bien para aceptar sus manifestaciones como ciertas y verdad, ora para descartarlas como consecuencia de la ponderación de la totalidad de las pruebas. Las alegaciones, se reitera, no constituyen pruebas, son manifestaciones, ejercicios dialecticos, argumentación defensiva del incriminado, dirigida a convencer al fallador de adoptar una determinada interpretación del derecho o una específica valoración de la prueba, de los hechos o de la conducta. El testimonio del acusado, a diferencia de los alegatos del inculpado, puede ser cuestionado y controvertido por la Fiscalía, quien está facultada para

ejercer el contrainterrogatorio e impugnar la credibilidad del declarante, por ello, no puede afirmarse que el derecho del acusado a rendir su propio testimonio implique el ejercicio del derecho a la última palabra; distinto sucede con las alegaciones del incriminado, que son las últimas en recibirse y, precisamente por constituir manifestación del referido derecho, no pueden ser impugnadas, debatidas, censuradas ni criticadas por las demás partes e intervinientes. La voz del procesado, si así lo quiere éste, es la última que escucha el juez antes de fallar, después de agotado el debate probatorio y las alegaciones del Fiscal, la defensa técnica, el Ministerio Público y el apoderado de la víctima. Ese acto en el que el enjuiciado asume personalmente su defensa no puede ser controvertido sino po