CSJ - SL1534-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1534-2023 Radicación n.° 87429 Acta 23 Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GUILLERMO ANTONIO HERRÁN SABOGAL contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra CARLOS JOSÉ ALVARADO PARRA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio

MERCACENTRO.

Respecto de la petición elevada a este despacho el 5 de abril de 2022, vía correo electrónico por parte del procurador judicial del demandante, a través de la cual pide que esta corporación oficie al apoderado de la parte demandada reconocido en las instancias y en este recurso extraordinario,

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Radicación n.° 87429 con el propósito que «informe con destino a este proceso los datos de los hijos y esposa» del accionado para una eventual sucesión procesal; debe advertirse que corresponde a una petición improcedente a la cual no puede acceder la Corte, dado que la obtención de dicha información incumbe a una labor probatoria que debe adelantar el sujeto procesal interesado, en este caso, el apoderado del accionante. Además, debe memorarse que para que tenga lugar la figura de la sucesión procesal desarrollada en el artículo 68 del CGP, quien pretenda su declaración deberá acreditar

cuando menos que se ha presentado el hecho del fallecimiento del sujeto procesal en mención y de la condición en que comparece, pues el juez no lo puede establecer oficiosamente (CSJ SL572-2018). En ese orden, como el apoderado peticionario no acredita los mencionados presupuestos, en definitiva, su solicitud no puede prosperar.

I. ANTECEDENTES Guillermo Antonio Herrán Sabogal llamó a juicio a Carlos José Alvarado Parra como propietario del establecimiento de comercio Mercacentro, con el fin de que se declare que con el demandado existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 15 de noviembre de 2001 hasta el 20 de agosto de 2016, el cual finalizó por «causa imputable al empleador».

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Radicación n.° 87429 Como consecuencia de lo anterior, reclamó el pago de los siguientes conceptos: cesantías y sus intereses, primas de servicio, vacaciones, aportes a la seguridad social durante la vigencia de la relación laboral, las «indemnizaciones por despido injusto y moratoria», la sanción por la no consignación oportuna de las cesantías, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue vinculado laboralmente por el señor Carlos José Alvarado Parra como empleador, a partir del 11 de noviembre de 2001, para desempeñar labores de descargue de lácteos y víveres en el establecimiento de comercio «Mercacentro» ubicado en la ciudad de Ibagué. Relató que durante todo el nexo contractual prestó sus

servicios de manera personal y bajo continua subordinación del accionado; que como contraprestación de la labor ejecutada recibía el pago de salario, pero sin las prestaciones sociales correspondientes; que su retribución inicialmente, se pactó en $25.000 diarios, es decir, $700.000 mensuales y que posteriormente, se incrementó en $30.000 por día, esto es, $900.000 para cada mensualidad. Adujo que tales sumas eran canceladas como jornal diario, en efectivo o mediante consignación bancaria. Expresó que cumplía una jornada de trabajo de lunes a sábado desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. o 11:00 p.m.; que, en caso de llegar tarde a su lugar de trabajo, era suspendido por tres días sin remuneración y que el

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Radicación n.° 87429 demandado continuamente le exigía el pago de la seguridad social como trabajador independiente. Indicó que para el mes de noviembre de 2015 un supervisor del establecimiento comercial «Mercacentro» le informó que «sería ingresado “de planta” a la empresa», por lo que le solicitaron la hoja de vida y le realizaron algunas pruebas psicotécnicas y los exámenes físicos, sin embargo, dicha vinculación no se finiquitó, pues no aprobó la valoración médico ocupacional. Manifestó que el nexo terminó de manera «unilateral, injusta y sin previo aviso por parte de su empleador» en el mes de agosto de 2016; data a partir de la cual se le comunicó que no podía ingresar más a la empresa a laborar. Aduce que, para dicha fecha, no le pagaron los conceptos de cesantías e

intereses, vacaciones, prima de servicios y, mucho menos, las indemnizaciones por despido y moratoria, ni la sanción por la no consignación de cesantías. Carlos José Alvarado Parra, propietario del establecimiento de comercio Mercacentro, contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, únicamente aceptó el referente a que el actor participó en una convocatoria laboral realizada, sin embargo, precisó que no aprobó el proceso de selección y, por ello, no fue contratado, negando los demás supuestos fácticos.

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Radicación n.° 87429 En su defensa, adujo que el citado promotor del proceso no tuvo vínculo laboral con el accionado ni con el establecimiento de comercio, dado que las labores de cargue y descargue de camiones obedecen exclusivamente a una actividad del giro ordinario de los transportadores de vehículos de carga, en la cual no es posible aducir responsabilidad a la parte demandada, quien no era su empleadora. Sostuvo que, dada la costumbre en las actividades de descargue de carros que entregaban mercancía, los coteros dependían de los transportadores o dueños del vehículo, pues ellos eran quienes los contrataban y les sufragaban las expensas correspondientes bajo su exclusiva responsabilidad; de manera que no era posible declarar la existencia de un contrato laboral con el propietario del establecimiento por la actividad de descargue de productos. Propuso como excepciones de mérito las de ausencia de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de los elementos que configuran la relación laboral; prescripción;

cobro de lo no debido; abuso del derecho; «oposición a las pruebas solicitadas por la parte actora y la excepción de oficio».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2018, decidió:

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Radicación n.° 87429

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor GUILLERMO ANTONIO HERRÁN SABOGAL, como trabajador y el señor CARLOS JOSÉ ALVARADO PARRA, como empleador y propietario de los Supermercados Mercacentro, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de julio de 2016, el cual fue terminado por el segundo, de forma unilateral y sin justa causa.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos laborales anteriores al 09 de octubre de 2014.

TERCERO: CONDENAR al señor CARLOS JOSÉ ALVARADO PARRA como empleador y propietario de los Supermercados Mercacentro a pagar al señor GUILLERMO ANTONIO HERRÁN SABOGAL los siguientes conceptos y sumas: a) por cesantías $7.560.640; b) por intereses doblados de las cesantías $400.176; c) por primas de servicio $1.509.857; d) por vacaciones $919.272; e) por indemnización por despido sin justa causa $6.511.433; f) por sanción por la no consignación de las

cesantías $18.009.925; g) por indemnización por falta de pago, la suma diaria de $22.981,80 a partir del día 1° de agosto de 2016, hasta cuando se verifique su pago; h) por aportes a pensión, por el contrato declarado e indicado en el resuelve 1° de esta sentencia, debiendo el demandado trasladar al Instituto de Seguros Sociales - COLPENSIONES, el valor de las referidas cotizaciones, expresadas en un cálculo actuarial, en los términos del Decreto 1887 de 1994 y conforme se dejó expresado en el cuerpo de esta decisión judicial.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.

QUINTO: Condenar en costas al demandado […] Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que de acuerdo con la prueba «documental y declarativa», particularmente, con los dichos de Oscar Alirio González Ariza y Alcides Herrán Sabogal, quienes fueron testigos directos de los hechos, al haber estado vinculados con la demandada «el uno formalmente y el otro de hecho», se logró acreditar que entre el promotor del proceso y el accionado «existió un contrato de trabajo verbal y a término indefinido», entre el 1 de diciembre de 2002 y el 31 de julio de 2016, el cual finalizó de manera unilateral e injusta, por lo cual, se

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Radicación n.° 87429 efectuaron las declaraciones y condenas que aparecen en la parte resolutiva de esta decisión.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apeló el demandado y la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Ibagué con sentencia calendada 21 de octubre de 2019, revocó el fallo condenatorio del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda inaugural, condenó en costas de primer grado al demandante y se abstuvo de imponerlas en la alzada. De conformidad con lo planteado en el recurso de apelación y atendiendo el principio de congruencia, el juez plural indicó que en la alzada se debían resolver, exclusivamente, dos problemas jurídicos a saber: inicialmente, determinar si existió un contrato de trabajo entre las partes y, en caso afirmativo, si había lugar a ordenarse el pago de la indemnización moratoria. Para dar respuesta al primer aspecto, precisó que era necesario analizar los medios de convicción incorporados al plenario, tanto documentales como testimoniales, a fin de determinar si de estos se podía colegir la existencia del vínculo laboral deprecado por el promotor del litigio. Adujo que la prueba documental traída al proceso no daba mayor claridad sobre la existencia del contrato de trabajo que declaró el a quo y que se cuestionaba, pues la misma corresponde a una fotocopia del documento de

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Radicación n.° 87429 identidad del actor (f.° 3); copia del carné correspondiente al demandante, donde aparece un logo del establecimiento de comercio de propiedad del demandado (f.° 4), historia clínica ocupacional (f.° 5 a 8) y copia de facturas de venta de elementos de trabajo (f.° 11); medios de convicción que no

ofrecían certeza, según su contenido, acerca de la prestación personal del servicio en los tiempos declarados por el a quo y, muchos menos, una subordinación ejercida por el accionado respecto del promotor de la litis. Expuso que a igual conclusión se llegaba con los testimonios rendidos por Oscar Alirio González Ariza, Fernando Navarra Tama, Edwin Fino Vidales, Luis Alfonso Pedreros y Alcides Herrán Sabogal, dado que sus dichos no acreditaban la prestación personal de la labor a favor del demandado, pues, por el contrario, de tales declaraciones se podía inferir lo siguiente: i) que el accionante no fue contratado por el demandado, sino que fue llevado por su hermano para realizar la misma labor de cargue que él ejecutaba; ii) que el jefe de bodega era quien autorizaba la entrada de las personas que hacían la descarga de camiones en las instalaciones de Mercacentro; iii) que las funciones de descargue no se realizaron por cuenta y a favor del demandado en su establecimiento de comercio, sino que se ejecutaban para terceros, esto es, en beneficio de los transportadores, tanto así que éstos últimos eran quienes remuneraban ese servicio; iv) que eventualmente podía prestarse las labores de descargue a favor del establecimiento de comercio, pero que ello ocurría en forma ocasional o esporádica; y v) que el pago de la tarea de descargue se hacía

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Radicación n.° 87429 al testigo Alcides Herrán Sabogal, hermano del demandante, por parte de los terceros transportadores y era aquél el que le daba el dinero.

Recalcó que, el hecho de que el accionante portara un carnet con el logo de Mercacentro tampoco era una situación que condujera a tener por cierta la existencia del vínculo laboral, dado que, como lo relataron los testigos, la finalidad de ese documento era identificar a las personas que ingresaban al establecimiento para la actividad de descargue, los cuales laboraban era directamente con los transportadores. Añadió que, igualmente, la circunstancia de que al demandante le fuera realizado un examen de salud ocupacional, en una convocatoria laboral realizada por el establecimiento de comercio, no conducía a concluir que era trabajador del demandado o que lo hubiera sido, pues lo único que ello acreditaba era la participación del actor en un proceso de selección, el cual no fue exitoso, ya que, según lo plasmado en esta valoración médica, no aprobó los exámenes requeridos para que fuera contratado directamente. Estimó que, a diferencia de lo concluido por el a quo, en este asunto los medios probatorios incorporados al proceso no demostraban con contundencia que entre las partes existió el contrato de trabajo que pregona la demanda inicial, pues no se logró determinar la prestación personal del servicio a favor de la parte accionada.

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Radicación n.° 87429 Explicó que si bien de la prueba testimonial se podía inferir que el accionante «prestó servicio de descargue de mercancías de propiedad del demandado en vehículos del mismo, también se estableció que esa labor se desarrolló para diferentes transportadores ajenos al establecimiento de comercio demandado», siendo remunerados estos últimos

servicios por los mismos transportadores, aspecto que fue aceptado por el promotor del litigio en su interrogatorio y que, en definitiva, impedía tener por satisfecho el elemento de la prestación personal del servicio por parte del demandante a favor del llamado a juicio. Destacó que precisamente los medios de convicción referidos no dejaron en evidencia si el demandante ejecutó las presuntas labores de descargue de manera directa a favor del accionado, así como tampoco que realmente tales tareas hubiesen sido desarrolladas en su beneficio, ya que como lo refieren los testigos, lo que sí quedó suficientemente probado fue que el actor realizaba tales tareas para los transportadores, pues los deponentes enfatizaron que las labores de descargue se acordaban con el dueño del camión, pero no con el establecimiento de comercio. De ahí que, ante la falta de certeza que ofrecían los medios de convicción, estimó el ad quem que no era posible declarar la existencia de un vínculo contractual en los términos que lo hizo el juez de primer grado. Así las cosas y conforme al análisis probatorio, el juez de apelaciones revocó el fallo condenatorio del a quo y, en su

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Radicación n.° 87429 lugar, absolvió a la parte demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de

instancia, confirme en su integridad el fallo condenatorio de primer grado e imponga las costas como corresponda. Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo, el cual obtuvo réplica y se procede a continuación a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de «FALTA DE APLICACIÓN» de los siguientes artículos: […] 1, 9, 10, 22 y 24 en relación con los Artículos 14, 18, 21, 22, 23, 37, 40, 41, 47, 60, 61 a 66, 104, 127, 149, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo, Articulo 176 del C.G.P y el artículo 53 de

la Constitución Nacional. Asevera que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

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1. No dar por demostrado, estándolo que el demandante Guillermo Herrán prestó sus servicios personales a la demandada, de manera continua desde el año 2002 hasta el 20 de agosto de 2016, bajo la continuada dependencia y subordinación del señor Carlos José Alvarado Parra por intermedio de sus subordinados, como lo es el Jefe de Bodega

para entonces Oscar González Ariza.

2. No dar por demostrado, estándolo, que para el demandante en el caso bajo estudio se le presume la Existencia del Contrato de trabajo a voces del Artículo 24 del C.S.T., por haber probado en juicio la Prestación Personal del Servicio en favor del demandado.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el demandado NO desvirtuó la Presunción del Artículo 24 del C.S.T., acreditando en el plenario que el servicio NO se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que el señor Guillermo Herrán Sabogal, NO fue contratado por el demandado, por el hecho de que fue llevado por su hermano para realizar la misma labor de cargue que él ejecutaba.

5. No dar por demostrado, estándolo que el señor Oscar González Ariza, en su Calidad de Jefe de Bodega recibió plena Autorización de su Empleador Carlos José Alvarado, para vincular de manera Verbal al señor Guillermo Herrán Sabogal como trabajador de

Mercacentro.

6. Dar por demostrado, sin estarlo que el señor Guillermo Herrán Sabogal, era Contratado por Terceros Transportadores quienes actuaban por su propia cuenta.

7. No dar por demostrado, estándolo que la finalidad de la Labor prestada por el demandante era el descargue de Mercancía que sería Comercializada por Mercacentro siendo este el Giro Ordinario de la Empresa para el correcto Desarrollo de su Objeto Social, independientemente que el demandante Descargara Vehículos de Mercacentro y/o de Terceros transportadores.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el Carnet y la Camiseta del Logo de Mercacentro que portaba el demandante, tenía como finalidad identificar al personal que ingresaba al Establecimiento, No por tener la calidad de trabajador, si no por supuestas medidas de Seguridad.

9. Dar por probado, siendo lo contrario, que el motivo por el cual

el demandante se presentaba como miembro de una Cuadrilla todos los días, a las 7:00 de la mañana, era con el único fin de

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Radicación n.° 87429 tener asegurado quien realizara las labores de descargue de mercancías.

10. No dar por probado, estándolo que en el tiempo que el demandante NO tenía carros para descargar, le ordenaban realizar labores internas en la Bodega” como asear, organizar, trasladar y limpiar.

11. No dar por probado, estándolo que mientras el demandante presto su servicio en el Centro de Distribución “GRADINZA”, le correspondía realizar el ASEO semana de la Bahía de Cargue y Descargue una vez a la semana y para ello se colgaba una programación en la cartelera.

12. No dar por demostrado, estándolo que la finalidad del Examen de Salud Ocupacional practicado al demandante, era para Ingresarlo a la Nómina y/o Como trabajador de planta de Mercacentro mas NO como trabajador nuevo, pues ya había tenido un Contrato indefinido de Carácter Verbal por muchos años.

13. No dar por demostrado, estándolo que los resultados del Examen de Salud Ocupacional practicados al demandante en MEDELAB S.A.S., arrojaron como resultado el Concepto “Cumple con el perfil del Cargo con restricciones” de cargar cierto peso, por problemas de Columna como consecuencia de todos los años Trabajando al Servicio de Mercacentro en labores de Cargue y Descargue de Mercancías que fueron distribuidas y comercializadas en los Establecimientos de Comercio de propiedad del demandado.

14. No dar por demostrado, estándolo que el demandado después

de la Desvinculación de Guillermo Herrán Sabogal, ingresó a Nómina de Mercacentro a trabajadores entre los que estaban también miembros de la Cuadrilla a la que pertenecía el demandante, y los cuales actualmente Desarrollan las mismas funciones y el mismo cumplimiento de Órdenes que desarrollaba en ese entonces el demandante. Asegura que tales desatinos fácticos, se produjeron por la apreciación errónea de las siguientes pruebas:

1. Testimonio del señor OSCAR ALIRIO GONZALEZ ARIZA.

2. Testimonio de ALCIDES HERRAN SABOGAL.

3. Testimonios decretados y practicados en favor de la Parte Demandada vale indicar de los señores Fernando Navarro Tama,

Edwin Fino Vidales y Luis Alfonso Pedreros.

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4. Fotocopia del carnet que identificaba a Guillermo Herrán como trabajador de mercacentro autorizado por la señora LUZ MARINA ALVARADO (Folio. 4).

5. Copia Historia Clínica Ocupacional emitido por el Grupo de Medicina Laboral y Salud Ocupacional MEDELAB S.A.S. de fecha 28 de octubre del 2015 (Folios 5-8).

Y por la falta de valoración de los siguientes medios de convicción:

1. Copia de Programación Aseo Bahía Cargue y Descargue, Centro de Distribución, - Personal Cuadrilla - (Folio 9).

2. Certificado de Existencia y Representación Legal del señor Carlos José Alvarado en calidad de Propietario de los Establecimientos de Comercio Mercacentro (Folios 14 – 21).

3. Fotocopias de las Facturas No. 1211 y 1545 emitidos por la Empresa “Montando Carga” en la que consta reparación de gato estibador de fechas 11 de septiembre de 2015 y 15 de febrero de 2016, con firma y sello de recibo y aprobado por Mercacentro.

(Folios. 10 a 12).

4. Interrogatorio del demandado CARLOS JOSE ALVARADO

PARRA. En la demostración del cargo, la censura denuncia que el juez de segundo grado incurre en un grave desacierto al concluir que en este asunto no se acreditaron los presupuestos normativos para declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y el demandado, pues aduce que los medios de convicción enlistados, contrario a lo dicho por el Tribunal, sí exponen la existencia del nexo subordinado. Comienza por mencionar que en la alzada no se estudió la prueba obrante a folio 9 del plenario, referente a la «Copia de Programación Aseo Bahía Cargue y Descargue, Centro de Distribución - personal cuadrilla», la cual demostraba que el

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Radicación n.° 87429 accionado ejercía sobre el actor la subordinación de que trata el literal b) del artículo 23 del CST, dado que, en su decir, esta documental acreditaba que el demandado como empleador le ordenaba que «debía organizar, trasladar, limpiar, asear la bodega» y que además dejó en evidencia que «el demandante siempre debía permanecer en el lugar denominado bahía de cargue y descargue, exigiéndole el

demandado hacer el aseo correspondiente» y siempre estar a las 7:00 a.m.; presupuestos que sin duda alguna, denotaban un ejercicio dependiente sobre el promotor del proceso. Arguye que tampoco examinó el Tribunal el «certificado de existencia y representación legal del señor Carlos José Alvarado, en calidad de propietario de los Establecimientos de Comercio Mercacentro», en el cual se podía comprobar que la actividad principal de dicho negocio era el comercio surtido de alimentos, bebidas o tabaco; de manera que tal presupuesto reafirmaba las labores de descargue que realizaba el promotor del proceso en beneficio del accionado. Argumenta que el juez de segundo grado no le dio el valor probatorio «pertinente» al carnet visible a folio 4 del plenario, pues este documento demostraba que el demandante «ostentaba un cargo importante en la empresa» y que aquel le daba la connotación de ser empleado de la misma, dado que tenía la «firma autorizada de Luz Marina Alvarado», quien para ese entonces era la Gerente de Mercadeo del establecimiento comercial; de manera que no podía concluirse, como lo hizo el ad quem, que dicho documento se hubiera expedido solo por medidas de

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Radicación n.° 87429 seguridad y con miras a identificar el personal externo que ingresaba al establecimiento, pues insiste que en el fondo lo que muestra era la existencia de un verdadero vínculo laboral. Manifiesta que no merecieron atención del colegiado las facturas 1211 y 1545 (f.° 10 a 12) emitidas por la empresa Transporte Terrestre de Montacargas Montando Cargas, las

cuales fueron emitidas por valores de $300.000 y $150.000, respectivamente, por concepto de «reconstrucción de estructura de gato estribador y mantenimiento. Soldadura y engrase» y de «arreglo y empacado de gato estibador». Para el recurrente, estas documentales demostraban que «el demandante usaba a diario estos elementos como herramientas de trabajo y por su uso se deterioraban» y que el costo de tales reparaciones no era asumido por el demandado, sino por los trabajadores «por no tener cuidado al realizar la labor y darle malos tratos al elemento de trabajo»; situaciones que acreditaban el poder subordinante del llamado a juicio frente al actor. En el mismo sentido, reprocha la valoración que se le dio a la historia clínica ocupacional, expedida por MEDELAB S.A.S., dado que aduce que de este medio de convicción no se puede concluir que el demandante «nunca fuera trabajador de la empresa», sino que contrariamente se infiere que: […] del peso de la prueba, se desprende que el motivo por el cual el señor Guillermo Herrán NO fue vinculado de planta (nómina) de Mercacentro fue precisamente por los problemas de Salud Física que le fueron valorados, que NO le sobrevinieron por arte de magia […] si no que se le presentaron como consecuencia de

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Radicación n.° 87429 su arduo trabajo de cargue y descargue de mercancías que durante muchos años desplegó en los establecimientos de propiedad del demandado, expuesto a todo tipo de riesgos y contingencias […]. (Negrilla original del texto). Señala que en el interrogatorio de parte rendido por el

demandado, aquel realizó una confesión frente a la prestación del servicio del actor, cuando dijo «a viva voz», que en algún momento le manifestó a varias personas dedicadas a las labores de descargue que «se organizaran en una Cooperativa, pero nunca le hicieron caso y nunca se organizaron por diferentes motivos y excusas»; declaración que para el recurrente demostraba que la labor desarrollada tenía «vocación de permanencia en el tiempo» y, por ello, debía colegirse que el actor prestó sus servicios en los extremos temporales declarados por el a quo. Finalmente, la censura de manera extensa reprocha la valoración dada por el juez de alzada a la prueba testimonial recaudada en el plenario, dado que sostiene que «distorsionó las declaraciones testimoniales» en procura de tener por demostrado que el demandante ejecutó sus labores de descargue a diferentes transportadores ajenos al establecimiento comercial accionado, cuando lo cierto es que los declarantes llamados al litigio expusieron que laboró con «permanencia prestando el servicio de descargue en la bodega de Mercacentro de Lunes a Sábado desde las 7:00 a.m.». De acuerdo con ello, el censor concluye que los medios de convicción denunciados en el cargo demuestran la prestación personal del servicio; de manera que el Tribunal

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Radicación n.° 87429 debía llamar a operar la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST y, en tal sentido, confirmar en su integridad la sentencia condenatoria dictada por el juez de conocimiento.

VII. LA RÉPLICA

La parte demandada se opone al éxito de la acusación, dado que asegura que los medios de convicción mencionados no permiten tener por cumplida la labor probatoria pertinente, a fin de declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes. Expone que, respecto de los elementos denunciados en el ataque como inapreciados, no se configura el dislate propuesto por el recurrente, dado que ninguno de ellos tiene la incidencia para derribar la sentencia absolutoria adoptada por la alzada, en la medida que algunos sí fueron tenidos en cuenta en la decisión, solo que el juez plural concluyó con acierto que no generaron la certeza sobre la existencia del nexo contractual entre las partes. Aducen que, en todo caso, el recurrente en casación no se ajusta a los lineamientos de técnica que exige este recurso extraordinario, pues edifica su ataque en medios de convicción no calificados como la testimonial y, por tal motivo, el ataque se debe desestimar.

VIII. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 87429 Como quedó visto al historiar el proceso, el juez de segundo grado revocó la decisión condenatoria del a quo, bajo el argumento de que los medios de prueba documentales incorporados, tales como: fotocopia del documento de identidad del actor (f.° 3); copia del carnet correspondiente al demandante donde aparece un logo del establecimiento de comercio de propiedad del demandado (f.° 4); la historia clínica ocupacional (f.° 5 a 8) y copia de las facturas de venta de elementos de trabajo (f.° 11); así como los testimonios rendidos

por Oscar Alirio González Ariza, Fernando Navarra Tama, Edwin Fino Vidales, Luis Alfonso Pedreros y Alcides Herrán Sabogal, no ofrecían convicción acerca de la existencia del vínculo laboral entre las partes, particularmente, porque no demostraron una prestación del servicio del demandante a favor del accionado y tampoco un poder subordinante ejercido por el demandado frente al actor. El ad quem recalcó que, si bien el promotor del litigio aseguró haber laborado a favor del accionado en tareas de descargue de mercancía por espacio de más de 10 años, tal circunstancia no fue acreditada desde el punto de vista probatorio, dado que el Tribunal, estimó que las documentales y los testimonios, no brindaron certeza respecto de la presunta tarea ejecutada a favor del llamado a juicio. A su turno, el recurrente en casación acude a la vía indirecta, denuncia catorce errores fácticos y enlista una serie de medios de convicción documentales y testimoniales, unos que fueron indebidamente apreciados y otros no valorados; los cuales, en su decir, demuestran la existencia de un contrato de trabajo entre las partes en los términos

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Radicación n.° 87429 reclamados desde la demanda inaugural y conducen al quiebre de la decisión fustigada. Así las cosas, la controversia que la Corte está llamada a resolver, desde la óptica fácti