CSJ - SL1960-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1960-2023 Radicación n.° 95848 Acta 29 Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por RV INMOBILIARIA S.A. contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUCELLY RODAS GARCÍA contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Lucelly Rodas García llamó a juicio a la empresa RV Inmobiliaria S.A., a fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 3 de mayo de 2004 hasta el 28 de enero de 2016; así mismo, que la accionada efectuó aportes al subsistema de seguridad social en pensiones, sin tener en cuenta la totalidad de su

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Radicación n.° 95848 retribución y los factores salariales; que no le fueron cotizados todos los periodos laborados, ni le realizaron la cancelación de las correspondientes prestaciones sociales con lo realmente devengado; y que la despidieron en forma ilegal y sin mediar justa causa. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que la demandada fuera condenada a pagarle la indemnización por despido injusto prevista en el artículo 64 del CST, junto con los perjuicios morales y materiales; la reliquidación de las cesantías y sus intereses, primas de servicios, vacaciones,

aportes a la seguridad social en salud y pensiones; las sanciones por la no consignación de la cesantía y no pago de sus intereses; la indemnización moratoria; la indexación; lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En sustento de tales pretensiones, señaló que entre las partes se celebró un contrato de trabajo a término indefinido, cuya fecha de iniciación correspondió al «3 de enero de 2004» (sic), para desempeñar el cargo de «directora de arriendos» en la sucursal Country, devengando la suma mensual de $1.217.000 más un promedio de comisiones por los últimos tres meses que asciende al valor de $5.445.142. Arguyó que recibía otras comisiones denominadas: productividad en la cantidad de $2.700.000; crecimiento comercial en cuantía de $3.700.000; y premio de crecimiento de $700.000; y que, por el buen ejercicio en su labor, se hacía acreedora a la bonificación por recaudo de publicidad;

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Radicación n.° 95848 conceptos todos que hacían parte de su salario básico mensual. Puso de presente que el 27 de enero de 2016 le fue entregada la citación a diligencia de descargos, programada para el día siguiente, imputándole la violación al compromiso de exclusividad pactado con la empresa, al constituir, junto con otras personas, la sociedad Blue Smart Inmobiliaria S.A.S., la cual tiene actividades iguales o similares a las de su empleador. Explicó que en dicha diligencia no se le dio la oportunidad de presentar pruebas en su defensa y la entidad

demandada no encontró demostrada la supuesta competencia desleal, no obstante, ese mismo día le comunicaron por escrito la decisión de terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa. Destacó que no violó conducta alguna que estuviera prohibida, ya que no prestó servicios laborales a otros empleadores en similares funciones; que la accionada confundió la calidad de accionista que en algún momento tuvo con Blue Smart Inmobiliaria S.A.S. con la inexistente prestación de servicios a esa empresa. Puntualizó que la demandada violó el debido proceso y su derecho de defensa en el trámite disciplinario que se le adelantó, aunado a que la sanción impuesta no se encontraba tipificada en el reglamento interno de trabajo como falta gravísima o justa causa de terminación del

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Radicación n.° 95848 contrato de trabajo, además que se sintió muy afligida con la decisión del empleador de poner fin al nexo, pues luego de doce años de excelentes servicios fue despedida injustamente. RV Inmobiliaria S.A. al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones, salvo la referida a la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo entre las partes y sus extremos temporales que aceptó. Niega los hechos en la forma que fueron planteados. Como fundamentos de su defensa, refirió que todas las acreencias laborales y aportes a la seguridad social fueron liquidados y pagados con base en el salario efectivamente devengado, incluyendo los factores salariales del caso. Esgrimió que para el cumplimiento de sus funciones

correspondientes al cargo que desempeñaba, se requería permanente desplazamiento hacia y desde los inmuebles de venta o arriendo, por ende, según el número de traslados se reconocían gastos de movilización que no constituían salario para ningún efecto y, por lo mismo, no podían ser tenidos en cuenta tales rubros dentro de la base salarial para el pago de otros conceptos. Dijo que dichos auxilios de movilización fueron suprimidos por decisión unilateral de la compañía a partir del mes de marzo de 2016. Puso de presente que la demandante podía recibir premios e incentivos por crecimiento de la oficina a la que estuviera asignada; premios que, como su nombre lo indicaba, no se otorgaban como

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Radicación n.° 95848 retribución a los servicios prestados, sino como incentivos, los cuales se pagaban a todos los empleados. Expuso que la actora podía recibir bonificaciones por la publicidad que fuera autorizada por parte de los propietarios de inmuebles entregados a la inmobiliaria, las cuales no implicaban retribución directa de los servicios prestados, ni correspondían a remuneración de la labor individual. Enfatizó en que la terminación del nexo laboral se dio con justa causa por el grave incumplimiento de la demandante en sus obligaciones legales como contractuales, en tanto que en forma maliciosa y temeraria, en vigencia del contrato, junto con otros compañeros y excompañeros de trabajo, constituyó una sociedad comercial con un objeto social igual o similar al de su empleadora, lo que configuraba un actuar desleal y de infidelidad, así mismo una violación

al compromiso de exclusividad pactado e incluso una «competencia desleal». Finalmente, formuló la excepción previa de prescripción, la que, mediante providencia del 19 de septiembre de 2019, el a quo la difirió para ser decidida en la sentencia que defina la instancia. De fondo propuso los medios exceptivos de prescripción, inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, buena fe y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, a

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Radicación n.° 95848 través de la sentencia del 25 de noviembre de 2020, resolvió lo siguiente: PRIMERO: CONDENAR a RV INMOBILIARIA S.A. a pagar a favor de la señora LUCELLY RODAS GARCÍA los aportes al sistema de seguridad social en pensiones por los períodos: enero, febrero y marzo de 2005 teniendo en cuenta un IBC de $1.842.421; octubre de 2009 teniendo en cuenta IBC de $1.966.242 y por julio de 2010 teniendo en cuenta un IBC de $2.566.103.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda, DECLARANDO parcialmente probada la EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN respecto de indemnización por despido injusto y reliquidación de acreencias laborales.

TERCERO: COSTAS a cargo de la demandada inclúyase como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, mediante sentencia del 31 de agosto de 2021, decidió: PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral 2 de la sentencia proferida el 25 de noviembre del 2020, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído, para en su lugar, DECLARAR que la terminación del vínculo laboral que unió a las partes fue sin justa causa y, en consecuencia, CONDENAR a RV INMOBILIARIA S.A. pagar a LUCELLY RODAS GARCÍA la suma de $97.558.614 a título de indemnización por despido injusto que al ser cancelada deberá ser indexada, teniendo como IPC Inicial el 29 de enero del 2016 y como IPC final, el que corresponda al momento de su pago.

SEGUNDO: En lo demás, MANTENER INCÓLUME la sentencia de primer grado.

TERCERO; CONDENAR en costas en esta instancia en favor de la parte demandante y a cargo de RV INMOBILIARIA S.A. Las de primera se confirman.

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Radicación n.° 95848 En lo que en estricto rigor corresponde al recurso de casación, el fallador de segundo grado comenzó por analizar si el auxilio de movilización y bonificación por publicidad constituía salario como lo alegaba la parte demandante, pues los demás rubros a que se hizo alusión en la demanda

inaugural sí constituyen factor salarial, tal como los dio por demostrados el juez de primer grado. Al respecto, recordó que el artículo 127 del CST, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, definió que constituyen salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras y en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. De otra parte, dijo que el artículo 128 ibídem modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, disponía que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación «medios de transporte» elementos de trabajo y otros semejantes.

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Radicación n.° 95848 Puntualizó que tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes así lo hayan dispuesto expresamente, como la alimentación, habitación o vestuario,

las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad. Sobre la última hipótesis, resaltó que dicho precepto establece que las partes pueden restarle naturaleza salarial a alguno de los beneficios o pagos, pero ello puede hacerlo cuando real y efectivamente no retribuyan el trabajo, ni tengan por finalidad enriquecer su patrimonio, sino que se otorgue para desempeñar a cabalidad sus funciones, tal como lo ha considerado la Sala de Casación Laboral. En relación con esta temática, citó apartes de las sentencias CSJ

SL10995-2014 y CSJ SL 5159-2018.

Señalo que, del acervo probatorio arrimado al proceso, se podía inferir que la actora devengaba como salario básico la suma mensual de $1.217.000; además percibía comisiones y otros emolumentos, tales como el recaudo de publicidad y auxilio de rodamiento, los cuales «según otrosí suscrito entre las partes, (Expediente electrónico, PDF 2016640 ci, pág. 36) no tenían Incidencia salarial en los términos del artículo 128 del CST». Infirió que los ítems antes descritos «encuadran perfectamente dentro de los conceptos respecto de los cuales,

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Radicación n.° 95848 por su naturaleza, las partes pueden restarle incidencia salarial» conforme a las previsiones previstas por el artículo 128 del CST, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990. Expuso que si bien tal exclusión no debe ser admitida automáticamente, por cuanto la misma no es absoluta por el

solo hecho de la suscripción entre los extremos que conforman la relación laboral, que en todo caso podría conllevar negar la condición salarial a conceptos que por ley la tienen, máxime que en materia laboral existen principios que refieren a la irrenunciabilidad de derechos indiscutibles, lo cierto era que en el plenario no existían elementos de juicio que controviertan el hecho del acuerdo contractual al que arribaron las partes en punto a la desalarización del recaudo por publicidad y auxilio de rodamiento. A lo anterior, adicionó que dicho recaudo, si bien mantenía su habitualidad en su pago, también lo era que este se otorgaba a la sucursal para cubrir el costo que se genera por la publicación en las diferentes plataformas, ya sean virtuales o físicas, de los inmuebles que eran entregados por los propietarios para su administración en arriendo, tal como lo explicaron de forma coherente y uniforme los testigos Jeisson Manuel González, Juan Gabriel Pulido, William Alexander Herrera Valbuena y Liz Johanna Monsalva Arias, por manera que, como bien lo apuntó el juez de primer grado, tales pagos por su naturaleza no retribuían el servicio.

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Radicación n.° 95848 Especificó que el auxilio de rodamiento y el recaudo de publicidad no debían ser tenidos en cuenta como factor salarial por parte de la encartada al momento de liquidar las prestaciones sociales de la ex trabajadora, como tampoco para el pago de aportes a seguridad social, pues no retribuía directamente su servicio, máxime que respecto de lo recibido por dichos conceptos las partes pactaron su no connotación

como salario, lo que ratificó la promotora del proceso al momento de absolver interrogatorio de parte, lo cual se ajustaba a lo previsto por el artículo 128 del CST, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990. Infirió que del «haz probatorio» obrante en el proceso, no existía claridad y precisión para poder despachar favorablemente esta súplica de la demanda inaugural, ya que se tenían solo «conjeturas» de un salario probable, por ello debía considerarse para todos los efectos que la demandante Lucelly Rodas García devengó como último salario durante la vigencia de la relación laboral el equivalente a la suma de $15.839.342, en tanto que así se indicó en el comprobante de nómina allegado al plenario, para el periodo de enero, mismo que sirvió para efectos de liquidar las prestaciones sociales y aportes pensionales de ese último mes. Enseguida se adentró en el análisis de si la terminación del vínculo laboral se había dado o no con justa causa, esto en razón a que la actora, contrario a lo concluido por el a quo, consideraba que no había incurrido en violación de la cláusula de exclusividad, en tanto que no trabajó por cuenta propia en la sociedad Blue Smart Inmobiliaria S.A.S., pese a

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Radicación n.° 95848 su condición de accionaria que fungió un año atrás a la terminación del vínculo laboral. Para dilucidar tal cuestionamiento, recordó que en tratándose de discusiones relativas a la legalidad o justeza de la terminación del contrato laboral, al trabajador le corresponde la demostración del hecho del despido, en tanto,

al empleador le incumbe la carga de probar que para adoptar dicha decisión se ajustó en un todo a los parámetros legales, convencionales o contractuales consagrados para tal efecto. Citó en su apoyo las siguientes decisiones dictadas por esta corporación: CSJ SL592-2014, CSJ SL15094-2015, CSJ

SL5523-2016 y CSJ SL180-2018.

De otra parte, indicó que con arreglo al parágrafo del artículo 62 y el artículo 66 del CST, la parte que da ruptura al contrato de trabajo debe comunicar a la otra, al momento de la finalización, el motivo de su terminación, sin que posteriormente pueda variarse y, para ello, no basta con invocar genéricamente una de las causales previstas por la ley laboral, sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan tal determinación, pues como lo ha señalado la sentencia CC C594-1997, la finalidad de la norma es permitir que la otra parte conozca las razones de la culminación unilateral de la relación de trabajo. En este orden, puso de presente que en las páginas 109 y 110 del primer cuaderno digitalizado del expediente, se encontraba la carta de terminación del contrato de trabajo, que la reprodujo, luego de lo cual consideró:

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Radicación n.° 95848 Como se observa la demandada comunicó a su trabajadora los hechos y motivos que dieron lugar a la terminación del contrato de trabajo, los cuales se fundamentaron en que la actora irrumpió la cláusula de exclusividad pactada en el numeral primero de su contrato de trabajo, según la cual “b) A no prestar

directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato” al participar como socio en la constitución de la empresa Blue Smart Inmobiliaria S.A.S. el 2 de mayo del 2013, cuyo objeto tuvo lugar básicamente a la prestación de servicios inmobiliarios en todos sus aspectos, como da cuenta el contrato constitutivo de la sociedad obrante en el informativo (Expediente electrónico, PDF 20I6-640 Cl, pág. 120 y s.s.). Precisado ello, expuso que el alcance que debe darse a la citada cláusula de exclusividad, la Sala de Casación Laboral ya se pronunció en sentencia CSJ SL 1287-2021, de la que reprodujo los apartes pertinentes y concluyó: Entonces, haciendo suyo esta Sala el pasaje jurisprudencial traído a colación, en efecto, ninguna de las pruebas que se allegaron a este juicio lograron demostrar que la actora violó la cláusula de exclusividad, en tanto que los medios de convicción vertidos al proceso no dan cuenta que aquella hubiere prestado sus servicios personales a favor de Blue Smart Inmobiliaria S.A.S., ya sea forma directa o indirecta, ni por cuenta propia en el mismo oficio, de suerte que mal puede entenderse que por el hecho de haber participado en la constitución de la citada empresa, refleje sin equívocos infracción a la cláusula de exclusividad que se pactó, pues tal acto sólo muestra el querer de la promotora del juicio de crear empresa, situación amparada en la constitución política. Y es que en lo que respecta a las pruebas testimoniales, es preciso señalar que ninguno de los deponentes, es decir, Jeisson

Manuel González, Juan Gabriel Pulido, William Alexander Herrera Valbuena y Liz Johanna Monsalva Arias, afirmaron que la accionante desarrollaba actividades laborales a Blue Smart Inmobiliaria S.A.S., al tiempo que lo hacía con la encartada, en tanto que aquellos, solo se limitaron a destacar la participación que tuvo en la constitución de la empresa y su calidad accionaria, mas no que efectuara labores directas, indirectamente o por cuenta propia a favor de la citada empresa.

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Radicación n.° 95848 En este orden, refirió que el sentenciador de primer grado erró al colegir de los medios de persuasión que estaba demostrado que la actora violó la cláusula de exclusividad, cuando todo el acervo probatorio informa lo contrario, esto es, que la trabajadora no ejerció labor alguna en favor de la sociedad en la que realizó una participación accionaria, «al punto que llama la atención de la Sala que el a quo obvió que ninguno de los medios de persuasión acreditaban que la falta grave estuviera calificada como tal en el reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo o bien en otro texto contractual». Por consiguiente, revocó la decisión absolutoria en tal sentido y, en su lugar, declaró que el despido fue injusto, por lo que dispuso la condena de la indemnización por despido sin justa causa, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 64 del CST, la que teniendo en cuenta el último salario devengado por la actora, fue fijada en la suma de $97.558.614, que debía ser indexada desde el 29 de enero

del 2016 hasta cuando la misma sea efectivamente cancelada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por RV Inmobiliaria S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Se formula en los siguientes términos:

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Radicación n.° 95848 Pretendo con la presente demanda, se CASE PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día 31 de Agosto de 2021, es decir, sólo en cuanto en su numeral primero revocó parcialmente el numeral 2 de la sentencia de primer grado, para en su lugar, DECLARAR que la terminación del vínculo laboral que unió a las partes fue sin justa causa y, en consecuencia, CONDENAR a RV INMOBILIARIA S.A. pagar a LUCELLY RODAS GARCÍA la suma de $97.558.614 a título de indemnización por despido injusto, que al ser cancelada deberá ser indexada, teniendo como IPC inicial el 29 de enero del 2016 y como IPC final, el que corresponda al momento de su pago. Igualmente, en cuanto en su numeral tercero Condenó en costas en esa instancia a la demandada y en favor de la parte demandante. Una vez constituida esa Honorable Corporación en Tribunal de Instancia, se servirá, CONFIRMAR TOTALMENTE el fallo de primer grado, esto es, condenando a la demandada a pagar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones por los períodos de enero a marzo de 2005, con un IBC de

$1.842.421; octubre de 2009 teniendo en cuenta IBC de $1.966.242 y por julio de 2010 un IBC de $2.566.103 y costas del proceso, pero, absolviendo a mi representada de las demás pretensiones de la demanda. Subsidiariamente, constituida esa Honorable Corporación en Tribunal de Instancia, se servirá, REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de primer grado, esto es, condenando a la demandada a pagar la Indemnización por despido injusto y tomando como base en salario promedio devengado por la actora para los últimos doce meses de prestación del servicio (Febrero 2015 a Enero 2016), es decir, con base en $5.653.021.oo y no con $15.839.342.oo, confirmándola en todo lo demás. Con tal propósito, formula dos cargos que son replicados por la demandante, los cuales se estudiarán de manera conjunta, por cuanto denuncian similar conjunto normativo, la sustentación se complementa y persiguen igual cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida del

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Radicación n.° 95848 artículo 64 del CST, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. Asevera que dicha transgresión se dio a causa de haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no violó la cláusula de exclusividad.

2. No Dar por demostrado, estándolo, que la exclusividad también involucra la prohibición de constituir una sociedad para

desarrollar igual o similar objeto social que su empleador.

3. No Dar por demostrado, estándolo, que, por el hecho de haber participado en la constitución de Blue Smart Inmobiliaria S.A.S., la demandante infringió la cláusula de exclusividad que se pactó con ella.

4. No Dar por demostrado, estándolo, que no se requería que la demandante prestara servicios para su propia compañía “Blue Smart Inmobiliaria S.A.S.” para violar el compromiso de

Exclusividad.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la participación de la demandante en la constitución de Blue Smart Inmobiliaria S.A.S. sólo muestra el querer de crear empresa.

6. No Dar por demostrado, estándolo, que la demandante también violó las obligaciones de buena fe, obediencia y fidelidad.

7. No Dar por demostrado, estándolo, que existió justa causa para la terminación del contrato de trabajo de la demandante.

Asegura que tales yerros se cometieron por no haber apreciado los siguientes medios de convicción: el certificado de existencia y representación legal de RV Inmobiliaria S.A. (f.° 15 a 20 y 488 a 494); certificación laboral del 22 de agosto de 2016 y en la que se indica que la accionante desempeñaba el cargo de «Director de Arriendos» (f.° 48 y 53); acta de descargos de fecha 28 de enero de 2016 (f.° 102 del expediente físico y 111 del expediente digital, entre otros);

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Radicación n.° 95848 liquidación del contrato de trabajo y en la que se señala el cargo de la demandante como «Directora de Arriendos» (f.°

104 del expediente físico y 113 del expediente digital), certificación laboral de fecha 10 de febrero de 2016 y en la que se indica que la actora desempeñaba el cargo de «Directora Arriendos Sucursal Country». (f.° 105 del expediente físico y 114 del expediente digital); perfil del cargo director de sucursal (f.° 532 del expediente físico y 209 del expediente digital); certificado de existencia y representación legal de Blue Smart Inmobiliaria S.A.S. (f.° 600 a 603 del expediente físico y 284 a 291 del expediente digital) e interrogatorio de parte de la promotora del proceso realizado en audiencia pública del 19 de septiembre de 2017 (min 1:07:50 y 1:40:25). Y por haber apreciado de manera errónea el contrato de trabajo de la demandante (f.° 26 a 30, 31 a 35); carta de despido de fecha enero 28 de 2016 (f.° 100 a 101, 109 a 110); contrato constitutivo de la sociedad Blue Smart Inmobiliaria S.A.S. (f.° 108 a 124 y 118 a 133); testimonios rendidos por Jeisson Manuel González, recibido en audiencia pública del 19 de septiembre de 2017 (min 1:41:41 y 2:35:10) y de Juan Gabriel Pulido en la audiencia pública del 25 de noviembre de 2020 (min 00:03:47). En la demostración del cargo, comienza por reproducir varios apartes de la decisión recurrida, para en seguida argumentar que resulta evidente el grave error del colegiado al no haber dado por acreditado que la demandante sí

incurrió en la falta imputada referida a la violación de la

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Radicación n.° 95848 cláusula de exclusividad, toda vez que a pesar de encontrar demostrado que ella participó en la constitución de la sociedad Blue Smart Inmobiliaria S.A.S., consideró equivocadamente que ninguna de las pruebas allegadas al plenario permitía concluir que hubiere prestado sus servicios personales a favor de tal sociedad, ya sea forma directa o indirecta, ni que hubiere laborado por cuenta propia en el mismo oficio. Expresa que resultaba suficiente que el ad quem revisara los certificados de existencia y representación legal de «RV INMOBILIARIA S.A. y de BLUE SMART INMOBILIARIA S.A.S.», así como el contrato de constitución de esta última, en el que participó la demandante, para llegar a la simple e inevitable conclusión de que se encuentran evidentemente relacionados, así lo demuestran tales medios de convicción, para lo cual reproduce apartes del objeto social de cada una de las citadas empresas. Insiste que el análisis de tales certificados deja en evidencia el conflicto de interés entre las funciones laborales de la accionante y lo que se pretendía ejecutar a través de la empresa que constituyó con otros de sus compañeros y excompañeros de trabajo al servicio de la recurrente demandante y que «lamentablemente, brilla por su ausencia cualquier mención al respecto o análisis sobre este tema». Sostiene que toma mayor relevancia lo anterior, en tanto, como se demostró en el plenario, pero no fue objeto de consideración alguna por el Tribunal, la demandante

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Radicación n.° 95848 desempeñaba el cargo de «Directora de Arriendos de la Sucursal Antiguo Country (más importante de Bogotá)», en virtud de lo cual no ejecutaba funciones administrativas de cualquier empresa, sino que estaba encargada, entre otras, de las siguientes: […] control y manejo del inventario de inmuebles, de realizar estudios de mercadeo y creación de estrategias para el cubrimiento de las zonas asignadas para consignación y promoción de inmuebles, revisión y aprobación de los documentos recibidos para los inmuebles en consignación y promoción, revisar firmar y supervisar cualquier tipo de notificación para los clientes (propietarios y arrendatarios), controlar la entrega de los inmuebles por parte del arrendatario y enviar informe de retiros mensuales, dar vistos buenos a las solicitudes de arrendamiento tanto en el proceso de estudio como en el de aprobación, revisar semanalmente el Kardex de llaves del inventario de inmuebles de la sucursal, revisar de manera semanal los portales de Internet en los cuales estén publicados los inmuebles de la sucursal, realizar constantemente llamadas de seguimiento a los clientes. Precisa que tal información resulta de especial interés para cualquier inmobiliaria, incluyendo por supuesto a Blue Smart Inmobiliaria S.A.S.; así se acreditó con los certificados laborales de la demandante y liquidación de su contrato, documentos en los que se señala el cargo que ella desempeñaba, el perfil de «Director de Sucursal», y la diligencia de descargos en la que ella misma reconoció que el objeto social de la demandada era «la comercialización de

inmuebles para venta y arriendo» y que dentro de sus funciones se encontraba «el manejo administrativo y comercial de la sucursal. Cumplimiento del presupuesto asignado». Especifica que así lo debería haber colegido el juez plural, en el sentido que la sola constitución de una sociedad

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Radicación n.° 95848 que se encarga principalmente de las mismas gestiones que realizaba la demandante en su día a día laboral, constituía una falta grave y una evidente violación a la obligación de exclusividad que ella había pactado con la demandada. Destaca que, adicionalmente, en el interrogatorio de parte rendido por la demandante, ella misma reconoció haber tenido conocimiento de los objetos sociales de las dos empresas y a qué se iba a dedicar Blus Smart Inmobiliaria S.A.S., tratando maliciosamente de desviar la atención del juzgado al referir que solo quería invertir y/o comprar algunas acciones, motivo por el cual vuelve a hacerse evidente y de bulto una falta de buena fe y de lealtad en que incurrió la trabajadora, con lo cual resulta más que clara la violación a la obligación de exclusividad con RV Inmobiliaria S.A. Considera que si bien el sentenciador de alzada, tácitamente, reconoce que la demandante sí adquirió en su contrato de trabajo el compromiso de exclu