CSJ - SL2268-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2268-2023 Radicación n.° 95537 Acta 34 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de agosto de 2021 dentro del proceso ordinario laboral adelantado por LUIS JALBER GONZÁLEZ ESCALANTE contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONESy la recurrente.

I. ANTECEDENTES Luis Jalber González Escalante llamó a juicio a las entidades accionadas, para que se declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes como compañero permanente de Luz Marina Barco Bocanegra, quien dejó causada dicha

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Radicación n.° 95537 prestación. En virtud de ello, solicitó condenar a Protección

S. A. a reconocer y pagar la referida pensión a su favor desde el 26 de junio de 2011, fecha de fallecimiento de la causante, en los términos de los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003, junto con el pago de los intereses moratorios o en su defecto la indexación de las sumas adeudadas y las costas del proceso.

Para sustentar estas pretensiones manifestó que Luz Marina Barco Bocanegra cotizó ante el ISS, hoy

Colpensiones, por medio de empresas privadas e igualmente en calidad de trabajadora independiente. Además, laboró para la Notaría Primera del Círculo de Girardot entre el 1 de agosto de 1981 y el 30 de agosto de 1999. Afirmó que convivió con dicha afiliada de manera permanente e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa, desde el 16 enero de 2000 hasta el 26 junio de 2011, fecha de su deceso y que no procrearon hijos. Informó que el 4 de febrero de 2000 la señora Barco Bocanegra se trasladó a Protección S. A.; sin embargo, luego de esta data se realizaron algunos aportes al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de manera equivocada, pues, en la historia laboral expedida por Colpensiones el 17 de noviembre de 2016 se registra el pago de algunos ciclos con la anotación: «no vinculado traslado RAIS». Estas cotizaciones erróneas se realizaron entre el 1 de diciembre de 2004 y el 1 de mayo de 2008 y del 1 de agosto de 2008 al 30 de junio de 2011.

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Radicación n.° 95537 Indicó que la afiliada cotizó 149,42 semanas dentro de los tres años anteriores a su deceso por lo que le solicitó al ISS la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Esta última prestación le fue reconocida por Colpensiones mediante Resolución CUN-A76771 del 27 de septiembre de 2011; y a través de Resolución 458007 del 28 de noviembre

de 2011 dicha entidad le informó que la competente para decidir la prestación de sobrevivientes era la AFP Protección

S. A.

Precisó que en virtud de lo anterior solicitó el reconocimiento pensional a la AFP demandada, quien la negó mediante comunicación del 19 de diciembre de 2012, con fundamento en que la causante registró 391 semanas cotizadas al sistema general de pensiones, pero que debía «tener una fidelidad de cotización de 344 y en los últimos 3 años tiene 0,91 semanas». Refirió que en esta misiva la AFP lo reconoció como compañero permanente de la afiliada y ordenó el pago del 100% de los dineros existentes en su cuenta de ahorro individual, esto es, de $461.539. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó las cotizaciones realizadas al ISS con empresas privadas y como trabajadora independiente; la fecha de fallecimiento de la causante; su traslado al RAIS, el pago equivocado de aportes ante Colpensiones con la anotación «no vinculado traslado RAIS», registrado en la historia laboral; la reclamación de la pensión de sobrevivientes y del auxilio funerario, el pago de

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Radicación n.° 95537 esta última prestación y su negativa al reconocimiento pensional; de los demás indicó que no le constaban. Como argumentos de defensa expuso que no le correspondía asumir la pensión solicitada, toda vez que la causante se trasladó al RAIS el 4 de febrero de 2000 y a la

fecha de su fallecimiento, 26 de junio de 2011, continuaba afiliada en ese régimen a través de la AFP Protección S. A. Resaltó que en casos de multiafiliación, la administradora responsable de las prestaciones pensionales es aquella que haya recibido o le corresponda recibir las cotizaciones para el periodo en que ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la pensión. Formuló las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia del derecho reclamado; cobro de lo no debido; buena fe de Colpensiones; presunción de legalidad de los actos administrativos; no configuración del derecho al pago de intereses moratorios, indemnización moratoria, IPC, indexación o reajuste alguno; carencia de causa para demandar; prescripción y compensación. Protección S. A. también dio respuesta a la demanda y se opuso a las pretensiones relativas al pago de los intereses moratorios o en su defecto, la indexación, y las costas; en relación con las demás afirma que no se opone ni se allana, sino que se atiene a lo que resulte probado en el proceso. Frente a los hechos admitió la fecha de fallecimiento de la causante, su traslado a esa administradora en febrero de

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Radicación n.° 95537 2000, la reclamación pensional, la respuesta brindada por esta entidad y la devolución de saldos realizada al actor; de los demás señaló que no le constaban. En su defensa afirmó que Luz Marina Barco Bocanegra se afilió a esa AFP en febrero de 2000 y que, ante su

fallecimiento, el demandante reclamó la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, aclaró que para resolver el derecho pensional solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro, a Cajanal, la UGPP y la Notaría Primera del Círculo de Girardot, la emisión y pago del bono correspondiente, y a Colpensiones le pidió «la devolución de aportes pagados por error a esa entidad», pero que no obtuvo respuesta de fondo. Resaltó que esta falta de información sobre la historia laboral de la causante, le impedía definir la procedencia de la pensión solicitada. Presentó solicitud de integración del litisconsorcio necesario con la UGPP, la Notaría Primera del Círculo de Girardot y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficinas de Bonos pensionales, por cuanto consideraba que tales entidades debían responder por los bonos pensionales respectivos, y así determinar la suma adicional que debía reclamar Protección S. A. a la aseguradora SURA S. A. Esta petición fue negada por el a quo mediante auto del 1 de febrero de 2018. Como excepciones de mérito propuso las que denominó imposibilidad de reconocer la pensión por falta de

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Radicación n.° 95537 competencia dada la imposibilidad de reconstruir la historia laboral de la afiliada y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia dictada el 2 de julio de 2020 resolvió: PRIMERO: CONDENAR a PROTECCIÓN S. A. a reconocer la

pensión de sobrevivientes de la señora Luz María Barco a favor del señor Luis Jalber González en calidad de compañero permanente, a partir del 26 de junio de 2011 en cuantía de $535.600.

SEGUNDO: CONDENAR a PROTECCIÓN S. A. a reconocer y pagar al demandante, como retroactivo pensional la suma de $63.446.802 correspondiente a las mesadas causadas y no pagadas desde el 19 de mayo de 2014 hasta el 30 de junio de

2020.

TERCERO: CONDENAR a PROTECCIÓN S. A. a reconocer la pensión de sobrevivientes de la señora Luz María Barco al señor Luis Jalber González en calidad de compañero permanente, a partir del 1 de julio de 2020 en cuantía de $877.803.

CUARTO: ABSOLVER a PROTECCIÓN S. A. de las demás pretensiones incoadas en su contra.

QUINTO: ABSOLVER a COLPENSIONES de todas las pretensiones de la demanda.

SEXTO: Dadas las resultas del proceso el Despacho declara parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por Protección S. A. y no probadas las demás excepciones. Se declaran probadas las excepciones formuladas por Colpensiones.

SÉPTIMO: Las costas a cargo de Protección S. A. […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció de los recursos de apelación presentados por Protección S. A.

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Radicación n.° 95537 y por la demandante, y mediante sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 resolvió:

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada de fecha 2 de julio de 2020, proferida por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, y en consecuencia CONDÉNESE a la demandada AFP PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar al actor Luis Jalber González Escalante, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 causados a partir de la fecha de exigibilidad de cada una de las mesadas pensionales adeudadas objeto de condena, y hasta cuando se verifique su correspondiente pago. ABSOLVIENDO a la demandada del pago indexado de las mesadas pensionales objeto de condena, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada de fecha 2 de julio de 2020 proferida por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Estimó que debía determinar si el demandante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Luz Marina Barco Bocanegra, en calidad de compañero permanente supérstite; y si la demandada Protección S. A. era la directa obligada a asumir dicha prestación en los términos dispuestos por el juez de primer grado. Con fundamento en la fecha del deceso de la causante, 26 de junio de 2011, dijo que las premisas normativas para resolver el litigio correspondían al numeral 2 del artículo 12

de la Ley 797 de 2003, el literal a) del artículo 13 de esta misma disposición, así como los artículos 141 de la Ley 100 de 1993, 1 y 2 del Decreto 3800 de 2003, 2 del Decreto 3995 de 2008, 488 del CST y 151 del CPTSS.

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Radicación n.° 95537 Como soportes fácticos relievó que mediante comité de multiafiliación quedó definido que Luz Marina Barco Bocanegra se encontraba válidamente afiliada a Protección

S. A. desde el 11 de noviembre 1999 hasta el momento de su fallecimiento, pues, así lo indicaba el documento de folio 265 del expediente. También resaltó que, según la prueba documental, el interrogatorio de parte absuelto por el demandante y los testimonios era factible concluir que el actor acreditó su condición de beneficiario de la referida afiliada, en calidad de compañero permanente.

Esta última conclusión la sustentó en que, de las pruebas advertía que la causante convivió material y afectivamente con el accionante desde el año 2000 y hasta el 26 de junio de 2011, fecha de su fallecimiento. Indicó que así lo informaron las testigos María Elsa, Nohora y Cecilia Barco Bocanegra, y Katherine Otavo Barco; estas personas manifestaron de manera enfática, uniforme e insistente que el señor González Escalante hizo vida marital con la afiliada en el interregno señalado y que compartieron el mismo techo, lecho y mesa, por lo que se configuraban los presupuestos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para otorgar la

prestación pensional reclamada. Explicó que Protección S. A. es la directa responsable del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, como quiera que, para la fecha del deceso, la señora Barco Bocanegra se encontraba válidamente afiliada a esa administradora, tal como lo determinó el comité de multiafiliación celebrado el 11 de febrero de 2020 (folio 265).

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Radicación n.° 95537 Razón por la cual, carecían de validez las cotizaciones efectuadas a Colpensiones, pues no se acreditó que luego del 11 de noviembre de 1999 se hubiese trasladado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, dentro de los términos previstos en los artículos 2 de la Ley 797 2003 y 1 del Decreto 3800 de 2003. Aclaró que debía revocar la decisión absolutoria en cuanto a la pretensión de intereses moratorios sobre el retroactivo pensional adeudado, toda vez que, contrario a lo afirmado en primera instancia, la AFP accionada sí incurrió en mora frente al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, hasta el punto de que el demandante se vio en la necesidad de iniciar la presente acción judicial, por lo que se establecían los presupuestos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En esa medida dispuso que los intereses moratorios surgían a partir de la exigibilidad de cada una de las mesadas y hasta cuando se verificara su correspondiente pago. Por ello encontró improcedente ordenar igualmente la indexación de las mesadas reconocidas a partir del 19 de mayo de 2014,

habida cuenta que se trata de dos mecanismos resarcitorios excluyentes entre sí y que cumplen la misma finalidad, tal como se había precisado en decisión CSJ 22 ag. 2012, rad. 42477. Adujo que en los demás asuntos se mantendría incólume la decisión apelada, incluso en cuanto declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de las

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Radicación n.° 95537 mesadas causadas antes del 19 de mayo de 2014, dado que el término prescriptivo fue interrumpido con la presentación de la demanda el 19 de mayo de 2017 (folio 63). Finalmente agregó que las demás excepciones propuestas por Protección

S. A. debían declararse no probadas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Protección S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente solicita que la Sala case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y en su lugar, absuelva a Protección S. A. de todas las pretensiones del actor.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado por Colpensiones.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la decisión del colegiado por transgredir la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 13 literal a) y 141 de la Ley 797 de

2003, y por infracción directa de los artículos 2 del Decreto 3800 de 2003, 2, 5 y 6 del Decreto 3995 de 2008 (compilados en los artículos 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.5 y 2.2.2.4.6 del Decreto

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Radicación n.° 95537 Único Reglamentario 1833 de 2016) 11 y 12 del Decreto 692 de 1994 (compilados en los artículos 2.2.2.1.8 y 2.2.2.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 3 del Decreto 228 de 1995 (compilado en el artículo 2.2.3.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 10 del Decreto 1161 de 1994 (compilado en el artículo 2.2.3.1.20 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016) y 29, 48 y 230 de la Constitución Política. Afirma que el Tribunal incurrió en el siguiente error de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que Colpensiones estuvo recibiendo las cotizaciones de la señora Barco durante muchos años, allí se hizo el mayor número de cotizaciones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2007 y allí se realizó la correspondiente a la fecha del deceso de la causante, aparte de que la devolución de esos dineros sólo lo efectuó Colpensiones en el año 2018, es decir mucho tiempo después de la muerte de la

señora Barco Bocanegra, de suerte que de conformidad con las normas rectoras de la materia, no era Protección S. A. la llamada a responder por el pago de la pensión deprecada, sino la mencionada Colpensiones. Indica que tal equivocación ocurrió por la indebida valoración de las siguientes pruebas:

1. Resolución CUN-A 76771 de 2011 del ISS. (folio 35 a 36).

2. Historial de aportes de Luz Marina Barco Bocanegra en el Instituto de Seguros Sociales (folios 94 a 96).

3. Constancia de devolución de aportes por parte de Colpensiones a Protección S. A. (folios 254 a 256).

4. Resolución DCP 06150 de 2019 de Colpensiones (folio 258)

5. Respuesta dada por la apoderada de Protección S.A a la solicitud formulada por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá (folios 264 a 265)

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Radicación n.° 95537 Explica que como marco conceptual del desarrollo del cargo se debe tener en cuenta lo expuesto en las sentencias CSJ SL6035-2015, CSJ SL14236-2015, CSJ SL 4 jul. 2012 rad. 46106, y CSJ SL1028-2021 de las cuales cita varios apartes, relativos a los eventos en que se presenta una afiliación tácita. Refiere que, al examinar las pruebas denunciadas a la luz de la jurisprudencia, es evidente el error en el que incurrió el Tribunal al haber condenado a Protección S. A. a reconocer y pagar la prestación pensional. Asegura que no se

tuvo en cuenta que mediante Resolución CUN A76771 de 2011 el ISS aceptó cancelar el auxilio funerario por el fallecimiento de la causante, a favor del actor, hecho que acredita que reconocía que era afiliada de dicha administradora. Además, precisa que en el historial de aportes de la señora Barco Bocanegra se aprecia que fue en el ISS dónde se consignó la «inmensa mayoría» de los aportes que ella hizo al sistema general de pensiones, incluidos aquellos sufragados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2007 y a la fecha de su deceso. Esta información concuerda con la indicada en el documento del 12 de agosto de 2019 dirigido por Colpensiones al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, visible a folios 254 a 256 del expediente, en el que aclara, además, que esa entidad solamente le entregó a Protección S. A. la devolución de las cotizaciones en el año 2018, es decir, siete años después del deceso de la causante.

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Radicación n.° 95537 Lo anterior también se respalda con la Resolución DCP 06150 del 9 de agosto de 2019. Admite que se aportó al expediente una respuesta de Protección S. A. a una solicitud del a quo, en la que informó que el Comité de multiafiliación designó a esta AFP como la administradora de pensiones de la señora Barco Bocanegra (folios 264 a 265). Sin embargo, dice que la reiterada jurisprudencia de esta Corte ha señalado que el contenido de las actas de dichos comités no es irrefutable y que, por tanto,

puede ser controvertido en el proceso judicial. Es evidente que las demás «comprobaciones» aportadas muestran que la hipotética vinculación de la causante con el RAIS nunca se materializó y que, por el contrario, se mantuvo vinculada con un largo historial de aportes al RPM, sin que hubiera existido una manifestación de Colpensiones que pusiera en evidencia la anomalía de esa situación. Señala que Colpensiones se limitó a recibir las cotizaciones pertinentes durante un extenso período, lo que dio lugar a una afiliación tácita, si se tienen en cuenta las disposiciones de los artículos 2 del Decreto 3800 de 2003, 2, 5 y 6 del Decreto 3995 de 2008. En esa medida estima que el Tribunal incurrió en error, pues no tuvo en cuenta que existía un traslado aparente a Protección, o una afiliación tácita de la causante a Colpensiones, dado que, insiste, se acredita que fue esta última administradora quien estuvo recibiendo los aportes de la afiliada sin que le hubiese advertido a ella o a su empleador

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Radicación n.° 95537 alguna situación irregular al respecto. Tampoco cumplió con el procedimiento consagrado en los artículos 11 y 12 del Decreto 692 de 1994. Encuentra que, aunque no se diligenció un formulario de traslado de Protección a Colpensiones, la afiliada sí estuvo cotizando en esta última entidad durante un tiempo suficiente para que se hubiera dado cumplimiento a las últimas normas mencionadas, así como a los artículos 3 del Decreto 228 de 1995 y 10 del Decreto 1161 de 1994. Al no

hacerlo se produjo «bien un traslado aparente, bien una aceptación tácita de la afiliación».

VII. RÉPLICA Colpensiones resalta que en la contestación de la demanda Protección S. A. se opuso a las pretensiones, pero nada cuestionó ni excepcionó en relación con la decisión tomada por el comité de multivinculación, por el contrario, señaló que el retraso en el reconocimiento pensional obedecía a la demora en recibir los bonos pensionales correspondientes; de ello se colige que, en efecto, esa administradora era consciente de que Luz Marina Blanco Bocanegra era su afiliada.

Además, precisa que la valoración probatoria del Tribunal fue acertada, pues la causante estaba registrada como afiliada de Protección S. A., por lo que la entidad recurrente está obligada a reconocer la pensión de sobrevivientes que se solicita.

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VIII. CONSIDERACIONES El juez de segundo grado concluyó que Protección S. A. debía asumir el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ordenada, toda vez que, para la fecha de muerte de la causante y desde noviembre de 1999, ella estaba válidamente afiliada a dicha administradora, tal como lo determinó el comité de multiafiliación. Además, explicó que no se acreditó que después de su vinculación al RAIS a través de dicha AFP, se hubiese trasladado al RPM dentro de los plazos previstos legalmente para ello.

La censura considera que la decisión del mencionado

comité es susceptible de ser controvertida judicialmente, y que, en este caso, las demás pruebas denunciadas muestran que en realidad lo que se presentó fue un traslado aparente al RAIS o una afiliación tácita al RPM, dado que la mayoría de sus cotizaciones fueron realizadas ante el ISS, hoy Colpensiones, entidad que reconoció el auxilio funerario y solamente en 2018 devolvió los aportes a Protección S. A. En ese orden, sostiene que no es la recurrente, sino Colpensiones, quien debe asumir el pago de la pensión. Bajo el anterior planteamiento, le corresponde a la Sala establecer si el juez colegiado incurrió en error al concluir que la administradora responsable del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Luz Marina Barco Bocanegra era Protección S. A., por considerar

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Radicación n.° 95537 que era válida la afiliación a esa AFP al momento del siniestro. La última y más actualizada historia laboral o reporte de semanas cotizadas expedida por Colpensiones el 8 de junio de 2018, vista a folios 183 a 185, registra que la causante Luz Marina Barco Bocanegra se afilió al ISS el 1 de noviembre de 1979, y en cuanto a los ciclos cotizados consigna la siguiente información: Nombre o Desde Hasta Semanas Observación Novedad razón social Gerardo 1 noviembre 1 julio 1980 34,86 Morales 1979 Margarita 1 marzo 1996 30 julio 168,6 Pago aplicado al

Rosa Iriarte 1999 periodo declarado 1 agosto 1999 31 agosto 0 Pago aplicado a Retiro. 1999 periodos (reporta 30 anteriores días) Luz Marina 1 noviembre 28 febrero 16,83 Pagó como Barco 1999 2000 trabajador independiente 1 marzo 2000 31 marzo 0 Pagó como Retiro 2000 trabajador (reporta 1 independiente día) Luis Jalber 1 septiembre 30 4,29 Pago aplicado a González 2004 septiembre periodo 2004 declarado 1 octubre 30 octubre 0 No vinculado 2004 2004 traslado RAIaporte devuelto Noviembre Mayo 2005 0 No vinculado 2004 traslado RAI 1 junio 2005 30 junio 0 No vinculado 2005 traslado RAIaporte devuelto Julio 2005 Enero 2006 0 No vinculado traslado RAI

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Radicación n.° 95537 1 febrero 2006 28 febrero 0 No vinculado 2006 traslado RAIaporte devuelto Marzo 2006 Octubre 0 No vinculado 2006 traslado RAI 1 noviembre 30 0 No vinculado 2006 noviembre traslado RAI2006 aporte devuelto Diciembre Octubre 0 No vinculado 2006 2007 traslado RAI 1 noviembre 30 0 No vinculado 2007 noviembre traslado RAI2007 aporte devuelto Diciembre Mayo 2008 0 No vinculado 2007 traslado RAI Luz Marina Agosto 2008 Febrero 0 No vinculado

Barco 2010 traslado RAI Bocanegra 1 marzo 2010 31 marzo 0 No vinculado 2010 traslado RAIaporte devuelto Abril 2010 Junio 2010 0 No vinculado traslado RAI 1 julio 2010 31 de julio 0 No vinculado 2010 traslado RAIaporte devuelto Agosto 2010 Noviembre 0 No vinculado 2010 traslado RAI 1 diciembre 31 0 No vinculado 2010 diciembre traslado RAI2010 aporte devuelto 1 enero 2011 31 enero 0 No vinculado 2011 traslado RAI 1 febrero 2011 28 febrero 0 No vinculado 2011 traslado RAIaporte devuelto Marzo 2011 Junio 2011 0 No vinculado traslado RAI Estos datos también se registran en las historias laborales emitidas por la demandada el 17 de noviembre de 2016, allegada con la demanda inicial (folio 30 a 32), y 22 de febrero de 2018, presentada por el apoderado de Colpensiones (folio 166 a 170). Solamente se encuentra la

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Radicación n.° 95537 siguiente diferencia respecto de los periodos octubre y noviembre de 2004: Ciclo Historia laboral (folio 30 a 32) Historia laboral (folio 166 a 170) semanas observación semanas Observación Octubre 2004 4,29 Pago aplicado a 0 No vinculado periodo traslado RAI – declarado aporte devuelto Noviembre 4,29 4,29 Pago aplicado 2004 periodo

declarado Sin embargo, aunque inicialmente Colpensiones registró los pagos de estos dos ciclos como efectiva y válidamente realizados a esa entidad, lo cierto es que la más reciente y actualizada historia laboral muestra que por esos periodos no se contabilizan semanas, pues la causante no estaba vinculada al RPM sino al RAIS; incluso, se devolvió el aporte efectuado para el mes de octubre de 2004. Lo que esta historia laboral permite inferir, es que después de haber realizado cotizaciones al ISS entre noviembre de 1979 y febrero de 2000, -en virtud de su afiliación al RPM realizada en 1979-, y de reportar su retiro en el mes de marzo de 2000, sufragó aportes entre 2004 y 2011 ante el Régimen de Prima Media, pese a que ya no se encontraba vinculada a este, sino al Régimen de Ahorro Individual, tal como lo advirtió Colpensiones en las observaciones registradas en la historia laboral a partir del ciclo octubre de 2004.

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Radicación n.° 95537 Este cambio de régimen pensional referido por Colpensiones fue admitido por la AFP Protección S. A. al dar respuesta a la demanda, pues frente al hecho séptimo relativo a que el 4 de febrero de 2000 la señora Barco Bocanegra se trasladó a dicho fondo privado, contestó que ello era cierto, y como lo resalta la parte opositora, su único reparo consistió en que la demora en el reconocimiento pensional obedeció a la falta de redención de algunos bonos.

En esa medida, no se trató de un traslado aparente como lo sustenta la recurrente, sino un verdadero cambio del RPM al RAIS, que tuvo lugar precisamente para febrero de 2000, como se admite en la contestación de la demanda, al aceptar el hecho séptimo del escrito inicial. Ahora, el hecho de que la señora Barco Bocanegra hubiese realizado el pago de algunos aportes al ISS, hoy Colpensiones, luego de trasladarse al RAIS, no tiene la vocación de configurar un nuevo retorno al RPM, pues no existió un acto de vinculación o traslado a este último régimen en los términos del artículo 2 de la Ley 797 de 2003, norma vigente para cuando la causante volvió a pagar cotizaciones en el RPM (septiembre 2004), supuesto que echó de menos el colegiado y que no se deriva de las pruebas denunciadas. De hecho, así lo reconoce la propia recurrente cuando sustenta su acusación en la supuesta existencia de una afiliación tácita, es decir, que parte del hecho de que, efectivamente, no medió un acto formal de inscripción al ISS en el 2004.

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Radicación n.° 95537 A lo anterior se suma que, en todo caso, los aportes sin vinculación al ISS se hicieron sin respetar el término de permanencia en el RAIS, lo que impide concluir que hubiese existido un eventual traslado válido al RPM en el año 2004. En efecto, sobre el particular, el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, establece: MÚLTIPLES VINCULACIONES. Está prohibida la múltiple

vinculación. El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos de que trata el artículo anterior, sin embargo, cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos previstos, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria. PARAGRAFO. Las administradoras podrán establecer sistemas de control de multiafiliación, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia Bancaria para dirimir, en casos especiales, los conflictos que se originen por causa de las múltiples vinculaciones. Al respecto, en sentencia CSJ SL 4 jul. 2012, rad. 46106, reiterada en CSJ SL4314-2021, la Sala explicó: La múltiple afiliación se presenta cuando no puede ser válida la última si no se realiza dentro de los términos previstos en la ley. El artículo 17 del Decreto 692 de 1994 al prohibir la múltiple vinculación, señaló que el afiliado sólo podrá trasladarse de régimen o de administradora de pensiones, cuando dicho cambio se lleve a cabo en los plazos que para tal efecto se tienen fijados, resultando válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales; las demás no serán válidas ni legítimas, debiéndose proceder a transferir la totalidad de los saldos a la administradora cuya afiliación resulte válida.

Para el traslado de régimen, que es el punto que interesa al recurso extraordinario, una vez efectuada la selección inicial, los afiliados al sistema general de pensiones sólo podrán trasladarse de régimen transcurridos tres (3) años conforme a lo estipulado en el artículo 15 del Decreto 692 de 1994. Con la entrada en vigencia del artículo 2° de la Ley 797 de 2003, que modificó el

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Radicación n.° 95537 literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, ese término se amplió a cinco (5) años. (subraya fuera del texto original) Por tanto, si la AFP Protección admitió que la causante se trasladó efectivamente a dicho fondo en febrero de 2000, solo podía retornar válidamente al RPM después de febrero de 2005, una vez cumplido el plazo consagrado en