CSJ - SL2466-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2466-2023 Radicación n.° 96073 Acta 38 Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ GREGORIO GARCÍA MARÍN contra la sentencia proferida el 15 de febrero de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra CBI COLOMBIANA S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL y solidariamente contra la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A., hoy REFICAR S.A.S., trámite al cual fueron llamadas en garantía las sociedades LIBERTY SEGUROS S.A. y la

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. -

CONFIANZA S.A.

Se reconoce personería al abogado Héctor Mauricio Medina Casas, identificado con CC 79.795.035 y T.P. 108.945 del C. S. de la J., para actuar como apoderado de

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Radicación n.° 96073 Liberty Seguros S.A., en los términos del poder aportado con el escrito de oposición.

I. ANTECEDENTES De la demanda con la cual se dio inicio al proceso y de su reforma, se extrae que José Gregorio García Marín llamó a juicio a CBI Colombiana S.A. en liquidación judicial, y solidariamente a la Refinería de Cartagena S.A. - hoy

Refinería de Cartagena S.A.S., en adelante Reficar S.A.S.,

para que se declare que con la primera de ellas existió un vínculo laboral entre el 15 de octubre de 2013 y el 17 de octubre de 2014. Asimismo, se declare la ineficacia del pacto de exclusión salarial contenido en el contrato de trabajo y en la convención colectiva suscrita entre su empleadora y la USO, respecto de lo percibido por los siguientes conceptos: incentivos HSE convencional, incentivo de productividad, bono de asistencia y HSE, incentivo de progreso convencional, incentivo de progreso de tubería, prima técnica convencional, auxilio gastos de transferencia bancaria y de lavandería y bonos Sodexo; los cuales no fueron tenidos en cuenta al momento de liquidarse el vínculo contractual. Como consecuencia de lo anterior, pidió que las demandadas fueran condenadas solidariamente a la reliquidación de lo cancelado por primas, cesantías, intereses, las vacaciones disfrutadas, «pago de jornadas de trabajo suplementario y recargos», con la inclusión de los factores salariales mencionados; así como a sufragar la

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Radicación n.° 96073 indemnización moratoria del artículo 65 del CST y la sanción contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En sustento de sus pretensiones, manifestó que celebró con CBI Colombiana S.A. un contrato de trabajo a término fijo, para desempeñarse como «Tubero A», el cual inició el 15 de octubre de 2013 y terminó el 17 de octubre de 2014. Relató que durante el desarrollo del vínculo laboral

devengó habitualmente un bono de asistencia y HSE, el cual se canceló como contraprestación directa de sus servicios; que también recibió pagos por concepto de alimentación, auxilios de transferencias bancarias, de lavandería, incentivos de productividad HSE, de progreso, progreso de tubería y prima técnica; no obstante, mediante el pacto de exclusión salarial contenido en el contrato de trabajo, como en el acuerdo convencional suscrito entre la empleadora y la USO, se estimó que estos rubros no tendrían naturaleza de salario al momento de la liquidación del contrato. Explicó que Reficar S.A.S. estaba encargada de expandir la refinería de Cartagena, para lo cual celebró un contrato de obra con la empresa CBI Colombiana S.A., cuyo propósito era contribuir en la construcción del proyecto; por ello, estimó que su servicio como «Tubero A» correspondía a una labor del giro ordinario de los negocios de la primera. CBI Colombiana S.A. al dar respuesta la demanda se opuso a todas las pretensiones incoadas. En cuanto a los hechos, aceptó el cargo desempeñado por el demandante y el

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Radicación n.° 96073 acuerdo no salarial frente al pago de algunas bonificaciones e incentivos, aclarando que no eran constitutivos de salario. De los demás, adujo que no eran ciertos o que no le constaban. Argumentó en su defensa que los conceptos reclamados como factor salarial eran beneficios de orden extralegal que expresamente y a la luz del artículo 15 de la Ley 50 de 1990 se excluyeron de tal connotación para algunos efectos, pues

no fueron concebidos como una contraprestación directa del trabajo desempeñado y, además, contaban con una naturaleza excepcional por su temporalidad. Propuso las excepciones de buena fe, prescripción, inexistencia de las obligaciones y la innominada. Por su parte, Reficar S.A.S., al dar respuesta a la demanda, también se opuso a las súplicas, y no admitió ninguno de los hechos que las fundamentaban. Expuso, como razones de defensa, que no tuvo una relación laboral con el demandante y no se le podía predicar la responsabilidad solidaria por cuanto no se configuraron los presupuestos consagrados en el artículo 34 del CST. Formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones, prescripción y la genérica. Mediante escrito separado solicitó el llamamiento en garantía de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., en adelante Confianza S.A., y a Liberty Seguros S.A., lo que fue

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Radicación n.° 96073 aceptado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, a través del proveído fechado 31 de julio de 2018. Confianza S.A. al concurrir al proceso se opuso a las pretensiones de la demanda inaugural. Frente a los hechos, dijo no constarle ninguno por ser ajenos a ella. En relación con el llamamiento en garantía realizado por Reficar S.A.S., expuso que la póliza n.° EX000898 y los certificados expedidos con posterioridad, entre ellos, el n.° 01EX002544 de fecha «22/04/2014», vigente para la época en que se

produjo la relación laboral, contó con las siguientes características bajo las cuales se acudió al llamamiento: que cubría exclusivamente el pago de los perjuicios por el incumplimiento de obligaciones de la sociedad frente a la Refinería y además la indemnización consagrada en el artículo 64 del CST, de ahí que carecía de fundamento que se la hubiese hecho comparecer a este proceso; explicó que dicha póliza fue expedida con un «coaseguro» en el que Liberty Seguros S.A. tenía un 19,30% de participación y ella el 80,70% restante. No formuló excepciones. A su turno, Liberty Seguros S.A. solo se refirió al llamamiento en garantía y sostuvo que no existía obligación alguna que cubrir, no obstante, precisó: […] respecto de LIBERTY SEGUROS S.A., el porcentaje de valor asegurado asumido de cara a la expedición de la póliza de cumplimiento N°EX000898 corresponde al 19.3%, equivalente a 15.015.399 DOLARES, ello implica que es este el máximo valor amparado por mi representada en caso de sentencia condenatoria, sin dejar de lado las condiciones particulares que rigen y amparan el contrato de seguro en mención.

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Radicación n.° 96073 Propuso las excepciones que denominó: «FALTA DE

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA AFECTAR LA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EX000898»; «IMPR0CEDENCIA DEL PAGO DEL SINIESTRO POR PARTE DE LIBERTY SEGUROS S.A.»; improcedencia del pago de la sanción

moratoria del artículo 65 del CST por parte de la aseguradora; «SUMA ASEGURADA» como límite máximo de la responsabilidad de la llamada en garantía; «DISMINUCIÓN

DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA N° EX000898

EXPEDIDA POR CONFIANZA S.A.»; «LA RESPONSABILIDAD

INDEMNIZATORIA DEL ASEGURADOR NO PUEDE

CONSTITUIRSE EN FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 23 de mayo de 2019, absolvió a las demandadas y a las llamadas en garantía de todas las pretensiones formuladas en su contra y le impuso al demandante las costas del proceso.

Para tomar su decisión, en síntesis, inició por recordar lo dicho por la Corte en las sentencias CSJ SL7220-2014 y CSJ SL15359-2017, donde se explica que el criterio «conclusivo o de cierre de si un pago es o no salario», consiste en determinar si su entrega tiene como causa inmediata el trabajo prestado u ofrecido, requisito que, a su juicio, no cumplían las bonificaciones e incentivos devengados por el trabajador, por los siguientes motivos:

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Radicación n.° 96073 1.- Porque no era dable establecer que la prima técnica convencional, el incentivo HSE, el incentivo de progreso y el incentivo de progreso tubería ostentaran el carácter de salario, toda vez que el demandante no encaminó su carga probatoria en demostrar la causa entre la prestación directa

del servicio y el pago de los predichos emolumentos. 2.- En lo concerniente a la bonificación de asistencia, consideró que, si bien en la reforma de la demanda se solicitaba la reliquidación del trabajo suplementario, no era menos cierto que por carecer de fundamento fáctico no resultaba viable acceder a lo pretendido, y por ello, se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno sobre tal emolumento. 3.- En cuanto a los auxilios de alimentación, lavandería y transferencia bancaria estimó que estos se pagaban para ayudar al trabajador a cubrir los gastos que acarreaba vivir por fuera de su lugar de residencia y, por ende, no tenían naturaleza salarial. 4.- Por otro lado, expresó que las pruebas allegadas al proceso no gozaban de suficiente valor probatorio para acceder a la declaratoria de ineficacia del pacto de exclusión salarial celebrado entre las partes. En consecuencia, declaró que no había lugar a la reliquidación pretendida, puesto que las bonificaciones e incentivos cancelados al demandante no tenían naturaleza salarial. Igualmente, denegó las pretensiones relativas al

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Radicación n.° 96073 pago de la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, toda vez que estas se derivaban del reconocimiento del carácter salarial de los referidos beneficios extralegales, lo cual no tuvo éxito.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la

cual con sentencia del 15 de febrero de 2022 confirmó el fallo de primer grado. En sustento de su decisión, comenzó por precisar que el fundamento legal de su determinación eran los artículos 127, 128 y 65 del CST y, además, se apoyó en jurisprudencia, concretamente en las sentencias CSJ SL, 3 jul. 2013, rad. 40509; CSJ SL, 14 nov. 2018. rad. 68303 y CSJ SL 4 dic. 2019 rad. 68005. Luego, definió como problema jurídico a resolver establecer si el bono de asistencia, los incentivos HSE convencional, progreso convencional, progreso de tubería y la prima técnica convencional tenían incidencia salarial en los términos reclamados por el actor. En ese orden, recordó que el artículo 127 del CST, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, dispone que es salario todo aquello que recibe el trabajador en dinero o especie, como contraprestación directa del servicio, y que

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Radicación n.° 96073 el 128 ibídem, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, permite a las partes la posibilidad de acordar libremente los conceptos, beneficios o auxilios, habituales u ocasionales que pueden o no constituir salario. Sobre el particular, trajo a colación in extenso la línea de pensamiento de esta corporación, en punto a qué pagos deben tenerse como salario y cuáles no. Desde esa óptica, consideró que no era correcto afirmar que se podía despojar del carácter salarial a un pago que

efectivamente tenía esa naturaleza, sino que debía analizarse cada caso en particular, pues incluso aquellos conceptos previstos en el artículo 128 del CST como no constitutivos de salario podrían tener tal connotación. En apoyo de su dicho, acudió a lo enseñado en por la Corte en múltiples decisiones que aludían al alcance de la citada disposición.

A reglón seguido aseveró:

DEL BONO DE ASISTENCIA Y LA VALIDEZ DEL PACTO DE

EXCLUSIÓN SALARIAL. […] En el sub lite, no existe controversia en torno a que el "Bono de asistencia o Bonificación por Asistencia" fue ofrecido por CBI al accionante, de acuerdo con la política salarial implementada por el contratante REFICAR S.A., explicándosele al trabajador las condiciones del pago, las cuales fueron aceptadas de forma voluntaria, ya que en la demanda nunca se alegó la existencia de un vicio en el consentimiento. Así mismo, se tiene que en la cláusula octava del contrato denominada "NORMAS LABORALES", las partes expresamente acordaron que la relación estaría regulada por las disposiciones legales y por lo estipulado en las políticas laborales, dejándose en dicho documento constancia de que al demandante le fue

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Radicación n.° 96073 entregado un ejemplar de la referida política, que la conocía y que estaba de acuerdo con su contenido (Fl.174). Aclarado lo anterior, encuentra la Sala que en el numeral quinto de la política salarial, se estipuló que los destinatarios de la misma, tendrían derecho a una bonificación mensual cuya causación estaría determinada por dos indicadores: (i) el aporte

del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo, y (ii) el desempeño del empleado y de su equipo de trabajo en las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE), la cual no integraría la base de liquidación de ninguna acreencia que tuviera como referencia la remuneración o salario ordinario, específicamente, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo, mientras que sería tenida en cuenta para efectos del cálculo de prestaciones sociales - cesantías, intereses y primas de servicio, aporte a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero. También se acordó que de llegar a causarse seria "pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicio". Condicionamientos, que se reitera fueron conocidos y aceptados por el demandante, y que además quedaron incorporados en el contrato de trabajo en virtud de lo dispuesto en la cláusula séptima del mismo. En este orden de ideas, lo primero que evidencia la Sala es que la política salarial excluyó el bono de asistencia de la base de liquidación de ciertos estipendios, exclusión con la que, a juicio de la Sala, no se pretendió quitar carácter salarial a un pago que evidentemente tenía tal connotación, sino que lo que se hizo fue establecer que pese a que el bono de asistencia era salario, este solo sería tenido en cuenta como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, vacaciones compensadas en dinero, indemnizaciones e incluso aportes a seguridad social, excluyendo únicamente las horas extras, el trabajo suplementario y las

vacaciones disfrutadas en tiempo. Explicó que dicha exclusión, a luz del alcance dado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral al artículo 128 del CST, resulta totalmente eficaz, ya que se trataba de un pago extralegal que no desconocía la remuneración mínima del trabajador, por lo que era posible acordar sobre su inclusión en la base para liquidar ciertas acreencias.

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Radicación n.° 96073 Puntualizó que no puede considerarse que dicho acuerdo violentara los derechos del empleado, ya que las prestaciones sociales, que constituyen el rubro más significativo que éste recibe luego del salario, y los aportes a seguridad social eran liquidados teniendo en cuenta el bono de asistencia. Estimó que el demandante «solo dejó de recibir por no liquidación de trabajo suplementario con inclusión del bono de asistencia, una suma muy inferior que, en palabras de la Corte, no atenta contra la remuneración mínima, vital, móvil» y que claramente resultaba «proporcional a la cantidad y calidad del trabajo», si se tiene en cuenta todo lo que el actor percibió por el pago de dicho bono y su inclusión en la liquidación de prestaciones sociales durante la vigencia de la relación laboral, lo que a todas luces cumple con el límite que impone la Sala de Casación Laboral para esta clase de acuerdos, por tanto, la demandada nunca tuvo intención de socavar los derechos de los trabajadores. Especificó que limitar la posibilidad de que las partes efectúen o apliquen este tipo de convenios siempre y cuando no se violenten los derechos mínimos, impediría que los empleadores concedieran prerrogativas superiores a las

legales; además, que la eficacia de estos depende del análisis de las condiciones de cada caso en particular y de las pruebas traídas al proceso. Advirtió que no podía perderse de vista que «salario y factor salarial» no son lo mismo, pues el primero hace

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Radicación n.° 96073 referencia a todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, mientras que el segundo hace alusión a cuáles de dichos pagos hacen parte de la base para liquidar prestaciones, indemnizaciones o trabajo suplementario, por tanto «aquí no se desconoció el carácter de salario del bono, sino que limitó su inclusión como factor para liquidar ciertas prestaciones». Acuerdo que fue aceptado y que vinculó válidamente al demandante.

En seguida consideró: Y es que para la Sala, el análisis que debe efectuarse en estos casos va más allá de la simple verificación de la condición de salario del bono, pues en virtud de los parámetros jurisprudenciales que sobre la materia ha trazado la misma Corte Suprema de Justicia, si bien el artículo 128 del CST debe ser entendido en el contexto de que el pacto de desalarización no es absoluto, y no implica la posibilidad de que por acuerdo de partes se le quite el carácter salarial a un pago que remunera directamente el servicio prestado, y que desalarizar, no significa quitarle naturaleza salarial a un pago que por esencia lo es, lo cierto es que desde vieja data, la Corte ha aceptado e incluso adoctrinado que dicho artículo, sí permite que las partes puedan pactar que un pago que es salario no sea tenido en cuenta a la

hora de liquidar ciertas prestaciones o acreencias, es decir, que es válido restar incidencia salarial a un determinado pago. Bajo esta interpretación del alcance del artículo 128 del CST, el hecho de que indiscutiblemente el bono de asistencia sea salario, no basta o no resulta suficiente para ordenar la reliquidación de las horas extras y el trabajo suplementario, ya que las partes acordaron que el bono no sería incluido en la base para calcular tales acreencias, y dicho pacto para la Sala es eficaz. En conclusión, el Tribunal infirió que, establecida la validez del pacto de exclusión sobre la bonificación de asistencia, no había lugar a la reliquidación pretendida, por tanto, debía confirmar el fallo apelado en todas sus partes. Más adelante, se refirió a:

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Radicación n.° 96073 LOS INCENTIVOS CONVENCIONALES En la cláusula 12 de la Convención Colectiva suscrita entre la Unión Sindical Obrera "USO" Subdirectiva Seccional Cartagena y la empresa CBI COLOMBIANA S.A, se estableció que: "los salarios y bonificaciones del personal beneficiario, se aplicarán de acuerdo a como se describe en el Anexo No. 1 denominado Tabla de Salarios y Bonificaciones". En dicho anexo, el cual hace parte integral de la convención, se pactó que el incentivo HSE convencional, el incentivo de progreso convencional, el incentivo de progreso de tubería, y la prima técnica convencional, no tendrían incidencia salarial en la liquidación de prestaciones sociales.

Destacó que varias decisiones de la Corte, entre ellas las sentencias CSJ SL, 5 feb. 1999, rad. 11389, CSJ SL, 24 ago. 2000, rad. 13985 y CSJ SL, 7 sep. 2010, rad. 37970, aluden a la validez de la cláusula convencional que le restringe el carácter salarial de un determinado pago y precisó: De acuerdo con la anterior jurisprudencia, es totalmente válido que, en el marco de una convención colectiva, las partes celebrantes acuerden que los beneficios extralegales que en ella se reconocerán, no serán tenidos en cuenta, o mejor dicho serán excluidos de la base para liquidar determinadas prestaciones sociales. Ello por cuanto, no puede perderse de vista, que el principal propósito del proceso de negociación colectiva, no es otro que lograr que el empleador y los trabajadores lleguen a acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales y la productividad, para lo cual se requiere que los intervinientes realicen concesiones mutuas. En ese orden, no tendría sentido que el patrono acepte conceder beneficios superiores a los legales, pero no pueda convenir sobre los efectos o la incidencia salarial que estos tendrán. Como puede verse, las posturas adoptadas por la Sala de casación en tormo a los pactos de exclusión salarial contenidos ya sea en contratos de trabajo o en convenciones colectivas, se encuentra en concordancia, pues en uno y otro caso la Corte ha

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Radicación n.° 96073 entendido, que estos pactos son eficaces siempre y cuando en ellos lo que se haga sea establecer que un determinado pago o

emolumento extralegal, no será tenido en cuenta en la base para liquidar prestaciones o acreencias laborales, es decir que no tendrá incidencia salarial. La colegiatura adujo que era válido el pacto de exclusión contenido en la convención colectiva celebrada entre la USO y CBI Colombiana S.A.; pero, en todo caso, la eficacia o no del mismo no puede ser cuestionada en un proceso individual laboral, sino dentro del marco propio de la denuncia de la estipulación convencional, por consiguiente, las pretensiones encaminadas a obtener la inclusión de dichos incentivos extralegales en la base para calcular las prestacionales sociales y vacaciones del actor debe ser despachadas de forma desfavorable. Por lo anterior confirmó la decisión absolutoria de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia impugnada: […] en cuanto a que, la entidad CBI COLOMBIANA S.A (hoy en liquidación), no incluyó la PRIMA TECNICA (sic)

CONVENCIONAL, INCENTIVO DE PROGRESO CONVENCIONAL,

INCENTIVO DE PROGRESO TUBERIA (sic) CONVENCIONAL,

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Radicación n.° 96073 BONO DE ASISTENCIA E INCENTIVO HSE CONVENCIONAL como factores salariales en la liquidación de acreencias laborales a favor del actor. Ahora bien, en el evento en que se declare como próspera esta Demanda de Casación, ello implica que se dicte

sentencia sustitutiva y se analice y valore, que en las condenas impuestas sea declarada solidariamente responsable la sociedad comercial REFICAR SAS, y que se condene a las codemandadas a la indemnización moratoria prevista en el art. 65 del Código Sustantivo de Trabajo y la prevista en el art. 99 de la ley 50 de 1990. Del escrito con el que se sustenta el recurso, la Sala infiere que formula tres cargos, que son replicados por Reficar S.A.S. y Liberty Seguros S.A. Se comenzará con el estudio del primer ataque y luego se analizarán de manera conjunta los dos últimos, dado que adolecen de defectos técnicos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar directamente la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos: […] 30 de la Ley 1393 de 2010, en relación con los artículos 22, 24, 37, 39, 43, 64, 65, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política.

En la demostración del cargo, le reprocha al Tribunal la interpretación que hizo de los artículos 127 y 128 del CST, según la cual un acuerdo extralegal tiene la virtualidad de «[…] permitir cualquier cláusula de desalarización sobre los

beneficios extralegales que en ella se reconoce». Transcribe apartes del fallo impugnado y de las citadas disposiciones, para en seguida señalar:

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Radicación n.° 96073 Como se observa, el despacho atribuye que la presencia de una exclusión salarial en una convención colectiva, per se implica un análisis diferencial en cuanto a su validez, dado que inciden en su celebración móviles diferentes en cuanto a las condiciones laborales y el aumento de la productividad, ello implicaría que el art.128 del Código Sustantivo de Trabajo tuviese a lo mínimo como parágrafo la siguiente disposición jurídica “No obstante cuando los pactos de exclusión salarial estén contenidos en convenciones colectivas son plenamente válidos y su discusión solo será posible vía denuncia de la convención”, esta anterior línea interpretativa constituye un alcance que la norma no ha distinguido. De otro lado, yerra también el Tribunal al establecer que la discusión que verse sobre un pacto de exclusión salarial, su vía procedimental es la denuncia de la convención. Para ello es propio establecer que la denuncia de la convención es posible en la medida en que su discusión verse sobre conflictos de orden o de intereses económicos, pero no existe una norma especial que indique que se trate de los reproches no de intereses económicos, sino de aspectos jurídicos sobre dicha convención. Lo anterior, se materializa en el presente asunto, puesto que, lo que se persigue en la demanda es que los beneficios que fueron objeto de exclusión salarial, sean tenidos en cuenta al momento de liquidar las acreencias laborales y si ello fuere posible, sus efectos

serán inter partes, es decir, no afecta a la convención en un sentido erga omnes, si no de manera particular al presente caso.

VII. LA RÉPLICA Reficar S.A.S. se opone a la prosperidad de la acusación, en esencia, bajo el argumento de que el juez plural en momento alguno les dio un alcance equivocado a las disposiciones señaladas en la proposición jurídica, en especial, a los artículos 127 y 128 del CST, pues la interpretación que le imprimió a tales disposiciones se ajusta en un todo al alcance que le ha dado la Sala de Casación Laboral. Cita jurisprudencia en su apoyo.

Y concluye diciendo que:

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Radicación n.° 96073 Al amparo del principio y doctrina destacadas, es insostenible que se pretenda -como hace el recurrente-, restarle efectos al apartado sobre no incidencia salarial de las acreencias a las que les atribuye dicho carácter y, a su vez, dejar los restantes componentes de la convención colectiva de trabajo o, siendo laxos, de los demás integrantes de la estipulación o estipulaciones en torno al alcance de esos derechos y las condiciones para su acceso, en vigor. A su turno, Liberty Seguros S.A. se opone al éxito del cargo manifestando que la decisión del juez colegiado corresponde a una correcta inteligencia sobre la materia del litigio, habida consideración que es acorde a la reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte, según la cual los pactos de exclusión salarial son válidos, en tanto son parte de la expresión de la autonomía de la voluntad y de la libertad

contractual, como desde antaño lo tiene adoctrinado esta corporación, entre otras, en las sentencias CSJ SL, 24 ag. 2000, rad. 13985 y CSJ SL, 7 sept. 2010, rad. 37970. Afirma que, si en el remoto evento de que llegase a prosperar el cargo, en sede de instancia se impondría confirmar su absolución «[…] en tanto los derechos laborales discutidos no fueron objeto de amparo por el seguro, y por cuanto no se cumplen los requisitos del artículo 34 del CST para condenar a REFICAR en su condición de asegurado».

VIII. CONSIDERACIONES Si bien el cargo presenta algunas deficiencias de orden técnico, son superables en razón a que, desde una perspectiva puramente jurídica, la Sala colige que las inconformidades de la censura se contraen a que el juez de

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Radicación n.° 96073 alzada se equivocó al interpretar los artículos 127 y 128 del CST, subrogados en su orden por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, cuando consideró que la convención colectiva de trabajo podía permitir que se estipulara cualquier cláusula de desalarización sobre los beneficios extralegales en ella reconocidos, y que, por tanto, erró al predicar una condición de validez de los pactos de exclusión salarial. Del mismo modo, que erró la colegiatura al concluir que la vía procedimental apropiada para ventilar la discusión que verse sobre un pacto de exclusión salarial es la denuncia de la CCT.

Lo anterior en razón a que, según el recurrente, el juez plural sostuvo que la presencia de una cláusula de desalarización en una convención colectiva implicaba un análisis diferencial en cuanto a su validez, dado que incidían en su estipulación diferentes móviles, entre ellos lo referente a las condiciones laborales en procura del aumento en la productividad, lo cual para el censor no se aviene al alcance de la norma denunciada; así mismo, sostuvo que el sentenciador de alzada aludió que para cambiar esa exclusión salarial se debería acudir a la denuncia de la convención, sin percatarse que no se trata de un conflicto de interés económico, sino jurídico, que afecta de manera individual al trabajador demandante y no en forma colectiva. Ahora bien, en lo que interesa a este cargo, como quedó visto al historiar el proceso, el Tribunal fundamentó su decisión absolutoria en que la demandada no desconoció la naturaleza salarial del bono de asistencia, sino que le restó

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Radicación n.° 96073 efectos para liquidar otros pagos de «menor incidencia», lo que en su criterio era válido de conformidad con la interpretación o alcance dado al artículo 128 del CST y las pruebas que obraban en el proceso en la medida que cada caso debía analizarse conforme a las condiciones particulares. Por otro lado, se fundamentó en que en la cláusula 12 de la CCT suscrita entre la USO Subdirectiva Seccional Cartagena y CBI Colombiana S.A. se pactó que algunos de los pagos extralegales no serían tomados en cuenta para la liquidación de ciertos conceptos, l