CSJ - SL2934-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2934-2023 Radicación n.° 96234 Acta 40 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por DIANA JULIETH GONZÁLEZ ÁVILA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le promovió a ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S. A. y a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A., que llamó en garantía a

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S. A.

I. ANTECEDENTES Diana Julieth González Ávila llamó a juicio a Adecco Servicios Colombia S. A. y a la Compañía Seguros Bolívar S.

A., para que se declarara, respecto de la primera que: i) existió un contrato de trabajo entre el 16 de junio de 2010 y el 10 de enero de 2017; ii) no tuvo en cuenta que el «aux de

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Radicación n.° 96234 capacitación, prima extra legal, aux. de transporte extra legal y aux. de comunicación» eran salario y, iii) terminó el contrato sin justa causa. Pidió, igualmente, que se dijera que: iv) entre las accionadas existió un contrato comercial; v) los servicios prestados por Adecco Servicios Colombia S. A. a la Compañía Seguros Bolívar S. A., eran del giro ordinario de los negocios

de ésta y, vi) la aseguradora era solidariamente responsable de las acreencias. Solicitó, en consecuencia, se condenara al empleador y solidariamente a la Compañía de Seguros Bolívar S. A. a: vii) reliquidarle las prestaciones sociales, vacaciones y aportes en pensiones; viii) pagarle las indemnizaciones por despido injusto, del artículo 65 del CST y aquella por la no consignación de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; ix) la indexación; x) lo probado y, xi) las costas. Narró que laboró para Adecco Servicios Colombia S. A. mediante un vínculo de trabajo por duración de obra o labor contratada, entre el 16 de junio de 2010 y el 10 de enero de 2017, desempeñándose como «profesional en gestión del riesgo» (riesgos profesionales); que en el pacto no se especificó la duración de la obra o labor; que mensualmente percibió, además del salario básico, auxilio de transporte, auxilio de capacitación, prima extralegal ARP, reintegro intereses por mora, prima de servicios, «aux transporte extralegal» y «aux comunicación» en la forma descrita en los hechos 5.1 a 5.79, sumas que no fueron tenidas en cuenta a la hora de liquidar

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Radicación n.° 96234 las prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social. Memoró que las accionadas suscribieron un contrato comercial, en el marco del cual ella ejecutó la labor para la Compañía de Seguros Bolívar S. A., consistente en asesorar

a diferentes empresas en planes de riesgos profesionales, las cuales eran clientes de la aseguradora; que sus tareas eran propias del giro ordinario de los negocios de la llamada en solidaridad, se encontraban dentro de su objeto social y era una actividad esencial del desarrollo económico de esta, que además «ejerció actos de verdadero empleador»; que Adecco Servicios Colombia S. A. le consignaba su salario en su cuenta bancaria. Precisó que su vínculo laboral fue terminado por la misma el 10 de enero de 2017, aduciendo como justa causa «el cese de la naturaleza de la actividad contratada con […] Seguros Bolívar S. A.»; que fue reemplazada por otra persona en su cargo y funciones, lo cual demostraba que la actividad no culminó; que el 22 de mayo de 2017 solicitó ante las enjuiciadas los derechos que reclama, pero ambas se los negaron; que el 10 y 16 de agosto de 2017 pidió a Adecco Servicios Colombia S. A. y a la Compañía de Seguros Bolívar

S. A., respectivamente, copia del contrato comercial, pero no le fue entregado aduciendo confidencialidad (f.° 138 a 163, cuaderno principal).

La Compañía de Seguros Bolívar S. A. no se opuso ni se allanó a los pedimentos contra Adecco Servicios Colombia S.

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Radicación n.° 96234 A., pero se resistió a la pretensión de solidaridad enderezada en su contra. Aceptó la suscripción de un contrato comercial con la sociedad mencionada, las labores realizadas por la demandante en virtud de dicha atadura y la negativa de

entregar copia del pacto celebrado en virtud a la reserva legal. Dijo que los restantes hechos no le constaban, no eran ciertos o no constituían tales. Propuso las excepciones perentorias de inexistencia de las obligaciones, falta de causa, prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y compensación (f. ° 208 a 231, ibidem). Llamó en garantía a Jmalucelli Travelers Seguros S. A. por la póliza tomada por Adecco Servicios Colombia S. A. con dicha aseguradora, antes Cardinal Compañía de Seguros S. A., cuyo objeto era el cumplimiento de salarios, prestaciones e indemnizaciones en el marco del contrato comercial suscrito con la Compañía de Seguros Bolívar S. A. (f.° 177 a 184, ib). Mediante auto del 26 de junio de 2018 se admitió el llamado (f.° 312, ibidem). Jmalucelli Travelers Seguros S. A. se opuso a los pedimentos de la demanda. Admitió la existencia del contrato comercial entre las accionadas y manifestó que las demás circunstancias no le constaban. Esgrimió en su favor los medios exceptivos de «la terminación por justa causa del contrato de trabajo suscrito entre Diana Julieth González Ávila y Adecco Servicios Colombia S. A.» e «improcedencia de reliquidación o reconocimiento de conceptos -6769cuyo

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Radicación n.° 96234 tomador fue Adecco Servicios Colombia S. A.». Rechazó las rogativas del llamamiento en garantía. Planteó las excepciones de mérito de «inexistencia de

incumplimiento de obligaciones laborales por parte del tomador de la póliza de seguro de cumplimiento particular n.° 6769», «inexistencia de solidaridad entre Adecco Servicios Colombia S. A. y la Compañía de Seguros Bolívar en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo», «ausencia de cobertura de factores prestaciones extralegales por parte de la póliza de seguros de cumplimiento particular n.° 6769», «las demás genéricas […]» y la «subsidiaria de límite del valor asegurado» (f.° 344 a 362, ib). Adecco Servicios Colombia S. A. repelió las pretensiones. Aceptó la existencia del contrato laboral, su modalidad y extremos, el cargo desempeñado por la actora, la relación de devengos mensuales efectuada, el no reconocimiento como factor salarial de los conceptos reclamados, el contrato con la Compañía de Seguros Bolívar

S. A., la prestación de servicios de la demandante en el marco del mismo para dicha empresa, el pago mensual del salario a través de transferencia bancaria, las solicitudes presentadas y las respuestas dadas. Negó los restantes supuestos.

Blandió los medios de defensa perentorios de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, compensación, buena fe, pago, inexistencia de solidaridad entre las demandadas y terminación legal del contrato por

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Radicación n.° 96234 una causa objetiva (f. ° 280 a 291, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de

Bogotá, el 5 de marzo de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la demandante DIANA JULIETH GONZÁLEZ ÁVILA y la demandada ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S. A. existió un contrato de trabajo por obra o labor contratada, vigente entre el 16 de junio de 2010 y el 10 de enero de 2017, en el cargo de profesional en gestión de riesgo, el cual finalizó de forma unilateral sin justa causa, conforme la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR que los pagos denominados auxilio no salarial de capacitación, salud y bienestar y prima extralegal ARP tienen naturaleza salarial, conforme las consideraciones de esta decisión.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de las acreencias laborales causadas con anterioridad al 22 de mayo de 2014 con excepción del auxilio de cesantía y el pago de la diferencia con destino al sistema de seguridad social en pensiones, de conformidad […].

CUARTO: DECLARAR no probados los demás medios exceptivos propuestos por las demandadas […].

QUINTO: CONDENAR a la demandada ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S. A. a pagar a favor de la demandante […] las siguientes sumas de dinero por estos conceptos: a) $2.446.651 por auxilio de cesantía. b) $19.268 por interés a la cesantía. c) $263.942 por prima de servicios. d) $131.971 por vacaciones. e) $1.149.164 por la indemnización del artículo 64 del CST.

SEXTO: CONDENAR a la demandada ADECCO SERVICIOS

COLOMBIA S. A. a pagar a favor de la demandante […] la reliquidación [de] aportes al Sistema General de Pensiones causados entre el 16 de junio de 2010 y el 31 de agosto de 2014, con base en los ingresos base de cotización determinados en documento adjunto que se aporta como parte integral a esta decisión, para lo cual se concederá al demandado un término de 15 días hábiles, para que proceda al pago respectivo a la

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Radicación n.° 96234 administradora de fondo de pensiones en la cual se encuentre afiliada.

SÉPTIMO: CONDENAR a la demandada ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S. A. a pagar las costas […].

OCTAVO: DECLARAR la responsabilidad solidaria en los términos del artículo 34 del CST por parte de [la] COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A. en el pago de las condenas señaladas en los numerales quinto y sexto de esta decisión […].

NOVENO: CONDENAR a la demandada JMALUCELLI TRAVERLES SEGUROS S. A., a que de conformidad con la póliza de cumplimiento n ° 6769, cubra la totalidad de las condenas contenidas en los numerales quinto y sexto hasta el límite del valor asegurado.

DÉCIMO PRIMERO (sic): ABSOLVER a las empresas demandadas de las demás pretensiones invocadas en la demanda (Cd de f.° 387, en relación con el acta de f.° 388, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2021, al desatar

los recursos de apelación de todos los sujetos procesales, confirmó la decisión inicial y no impuso costas. Dijo que, con base en el artículo 66 A del CPTSS, determinaría: i) si los auxilios de capacitación, salud y bienestar, así como las primas extralegales ARP, comunicaciones y de transporte, eran constitutivos de salario y, de ser así, la procedencia de la reliquidación de las prestaciones; ii) si fue acertado el cálculo de la indemnización por despido injusto; iii) si se configuró la solidaridad deprecada; iv) si debía afectarse la póliza de seguros y¸ v) si la prescripción había operado.

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Radicación n.° 96234 Tuvo por indiscutida la existencia del contrato de trabajo por duración de obra o labor, celebrado entre la demandante y Adecco Servicios Colombia S. A., cuya vigencia se dio entre el 16 de junio de 2010 y el 10 de enero de 2017, en virtud del cual aquella se desempeñó como profesional de gestión de riesgos profesionales al servicio de la Compañía Seguros Bolívar S. A., devengando un último salario básico de $2.298.327 (f.° 21 a 32, 34, 35, 272 a 280, 288 y 289). Memoró que, al tenor del artículo 127 del CST, todo pago hecho al trabajador, sin importar el concepto o definición que se le dé, hace parte del salario y debe corresponder a la retribución que el dador del empleo hace al dependiente por prestar sus servicios, por lo que, según el

artículo 128 del CST, aquellos pagos que no correspondan a esa contraprestación directa, no pueden ser salario, como ocurre con las indemnizaciones (artículo 130 CST) o con aquellas erogaciones realizadas por mera liberalidad de la patronal (CSJ SL, 28 jul. 2009, rad. 35579). Razonó que, si bien los contratantes pueden pactar que ciertas sumas extralegales no constituyan factor salarial, esa estipulación solo es eficaz si no contraviene derechos mínimos del trabajador (artículo 43 del CST); que es deber del juez verificar la legalidad de los acuerdos de voluntades de desalarización, analizando para el efecto las circunstancias particulares de cada caso. Reprodujo la cláusula quinta del contrato de trabajo, del otrosí del 28 de agosto de 2014 (f.° 32), de los

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Radicación n.° 96234 comprobantes de nómina de f.° 43 a 104, donde se advertía que la actora recibió de forma habitual y permanente, hasta septiembre de 2014, el pago de «Aux. Capacitación SaludBien» y que cada seis meses se le entregaba la «Prima Extralegal ARP». Señaló que la representante legal de Adecco Servicios Colombia S. A., indicó en su interrogatorio que las partes establecieron en el contrato que algunos beneficios no constituían salario; que el auxilio de capacitación y la prima extralegal ARP eran un reconocimiento a la trabajadora por el tipo de actividad desempeñada, pero otorgados por mera liberalidad; que a partir del 2014, junto con los demás

beneficios extralegales, pasaron a integrar el salario por voluntad del empleador; que la prima extralegal ARP no se consignó en la cláusula quinta del contrato como una exclusión, empero allí se aludió de forma general a las primas extralegales, por lo que debía entenderse que estaba comprendida. Evocó que las testigos Elicenia Patricia Rosales Saray y Diana María Olaya Sandoval, trabajadoras de Adecco Servicios Colombia S. A. y compañeras de labor de la demandante en la Compañía de Seguros Bolívar S. A., coincidieron en afirmar que la primera les pagaba la prima por capacitación, pero en la realidad no tenían convenio ni vinculación con ninguna institución educativa para usar dicho beneficio, por lo que lo destinaban a cubrir gastos personales; que desconocían a qué correspondía la prima extralegal ARP que recibían; que los aportes al sistema de

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Radicación n.° 96234 seguridad social se liquidaban con base en el 70 % del salario y, el 30 % restante, correspondía a los beneficios extralegales. Coligió que los denominados «auxilio no salarial capacitación, salud y bienestar» así como la «prima extralegal ARP», retribuían directamente el servicio prestado, por lo que, al tenor del artículo 127 del CST, debían considerarse factor salarial con independencia del pacto en contrario efectuado; que como lo reconoció la representante legal de la empleadora al absolver interrogatorio de parte, no tenían destinación específica, sino que reconocían la labor ejecutada por la demandante; que, por el contrario, los auxilios de transporte extralegal y de comunicaciones servían

para que aquélla cumpliera a cabalidad con sus funciones, de manera que, según el precepto 128 ibidem, no eran salario. Denotó que el artículo 45 del CST establece la modalidad del contrato de trabajo por duración de obra o labor, siendo precisamente tal característica la que delimita su vigencia; que el literal d) del numeral 1° del artículo 61 del CST prevé que, una vez concluida la obra, termina la vinculación; que, según la cláusula séptima del acuerdo laboral, la duración de este sería, […] por el término necesario para realizar la labor contratada que consiste en el ejercicio del cargo para el cual ha sido vinculado EL TRABAJADOR en la EMPRESA CONTRATANTE […] hasta cuando EL CLIENTE o la EMPRESA CONTRATANTE manifestare a EL EMPLEADOR no requerir los servicios de EL TRABAJADOR; caso este en el cual EL EMPLEADOR queda facultado para terminar el presente contrato por culminación de la labor contratada según lo establecido en el Artículo 5° literal d) de la

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Radicación n.° 96234 Ley 50 de 1990. Lo anterior, sin perjuicio de que EL EMPLEADOR pudiere dar por terminado el presente contrato antes del término de la vigencia, por cualquiera de las causales a que se refiere este contrato o con fundamento en lo previsto por el Artículo 28 de la Ley 789 de 2002. Acentuó que sobre el particular, la representante legal de Adecco Servicios Colombia S. A., indicó en su interrogatorio de parte que la atadura culminó porque la Compañía de Seguros Bolívar S. A. manifestó que no requería

más el servicio, siendo esta una de las causales pactadas para finiquitarlo; que las testigos ya identificadas refirieron que la accionante estaba en vacaciones cuando fue notificada del despido, pero que el contrato comercial entre las sociedades enjuiciadas siguió vigente. Destacó que no existía prueba que informara sobre la culminación del vínculo comercial entre Adecco Servicios Colombia S. A. y la Compañía de Seguros Bolívar S. A., como tampoco que esta última no hubiese requerido los servicios que se prestaban a través de las labores de la demandante; que si bien obraba acta de terminación por mutuo acuerdo y liquidación del contrato de prestación de servicios celebrado entre las citadas, este era del 4 de junio de 2013, es decir, fecha pretérita al despido, por lo que no podía inferirse que este obedeció a la culminación de la obra o labor. Concluyó que el cálculo de la indemnización por despido injusto se ciñó al artículo 64 del CST al no haberse determinado la duración de la obra o labor contratada, sin que fuera procedente, como lo solicitó la actora en su alzada, que la misma corriera hasta la fecha de contestación de la

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Radicación n.° 96234 demanda, hasta la sentencia o como si se tratara de un contrato a término indefinido. Negó la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, por cuanto no podía imponerse de forma automática, sino que debía examinarse, en cada caso, la conducta del empleador en aras de establecer si actuó de buena o mala fe;

que Adecco Servicios Colombia S. A. obró desprovista de mala fe, pues cumplió con la obligación de pagar, a la finalización del contrato, los salarios y prestaciones que creyó deber, teniendo plena convicción de no adeudar suma alguna por los conceptos reclamados judicialmente; que si bien omitió liquidar las prestaciones sociales incluyendo como factor salarial el auxilio de capacitación y la prima extralegal ARP, ello no obedeció a capricho o rebeldía, sino a su firme convicción de que no constituían salario. Trajo a colación el artículo 34 del CST y la sentencia CSJ SL, 2 jun. 2009, rad. 33082, acorde con los cuales estaba dada la solidaridad de la Compañía Seguros Bolívar

S. A. en tanto quedó establecida la existencia del contrato comercial entre ella y Adecco Servicios Colombia S. A., en virtud del cual la última le suministraba a la primera un profesional en gestión de riesgos laborales para brindar asesorías, capacitaciones y supervisiones a distintas empresas clientas de la aseguradora, como lo confirmaron las testigos y la representante legal de la empleadora.

Dedujo que la labor para la cual fue contratada la señora González Ávila hacía parte de las actividades

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Radicación n.° 96234 normales y corrientes de la compañía de seguros en su rol de administradora de riesgos laborales y, además, era la directa beneficiaria de tales servicios, sin que pudiera desconocer su responsabilidad aduciendo la ausencia de licencias de seguridad y salud en el trabajo o que se trataba de campañas

preventivas, dado que tales alegaciones no rompían el nexo causal entre el servicio de la trabajadora y su objeto social; que no era posible «considerar» la existencia de un contrato realidad, como lo solicitaba la demandante en su recurso, pues ello no fue objeto del debate probatorio. Acotó que no se reconocieron beneficios extralegales a la promotora de la acción, sino que se ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales por omisión del empleador de incluir tales conceptos como factores salariales, por manera que, la Póliza de Seguro n.° 6769, expedida por la llamada en garantía, sí amparaba el «pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones» (f.° 250), por lo que, al haberse condenado a la beneficiaria del seguro, procedía la de Jmalucelli Travelers Seguros S. A. (f.° 406 a 414, ibidem).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se «case parcialmente» la sentencia impugnada, en cuanto absolvió a las enjuiciadas de la

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Radicación n.° 96234 indemnización moratoria del artículo 65 del CST y reconoció la indemnización por el despido sin justa causa solamente por quince días, para que, en sede de instancia, revoque y modifique parcialmente la decisión inicial y, en su lugar, las condene al pago de la primera y, frente a la segunda, la liquide teniendo en cuenta el tiempo que faltaba para terminar la obra, ello es, cuatro meses y veinticuatro días (f.°

4, Cuaderno Recursos Extraordinarios Memorial archivo 2023094304341, cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la Compañía de Seguros Bolívar S. A. y por Jmalucelli Travelers Seguros

S. A. y pasan a estudiarse conjuntamente los dos iniciales y del mismo modo el tercero y el cuarto, puesto que comparten afinidad temática y argumentativa y persiguen los mismos fines.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial nacional, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 65 del CST, en concordancia con los artículos 43, 55, 127 y 128 ibidem y 53

Constitucional. Plantea que el colegiado dilucidó con equivocación el artículo 65 del CST, dado que establece claramente que la sanción procede por el solo hecho que el empleador no pague, a la terminación del contrato, los salarios y prestaciones

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Radicación n.° 96234 sociales al trabajador; que la norma no prevé ninguna excepción para la exoneración del gravamen y que aplicar criterios subjetivos da como resultado que la sanción sea inocua, pues aquel siempre esgrimirá motivos para excusar su omisión en el pago. Arguye que, si bien la jurisprudencia de la Corte ha orientado que la imposición de la amonestación en comento no es automática, también lo es que ha precisado que es deber del juez efectuar un examen riguroso de la conducta

del empleador (CSJ SL8216-2016), la cual debe ceñirse a la buena fe, es decir, a un obrar leal, recto y honesto; que aun cuando el artículo 83 superior prevé que la buena fe se presume, no puede pasarse por alto que el 53 ibidem establece el principio de favorabilidad laboral, en aplicación del cual, el dador del empleo no puede alegar su propia culpa al restarle incidencia salarial a una suma que sí la tenía. Resalta que el juez de la apelación no cumplió con el deber de argumentación suficiente, pues le bastó con afirmar que Adecco Servicios Colombia S. A. tenía un firme convencimiento respecto a que esos valores no constituían salario; que erró al interpretar el alcance de la norma e incumplió con el examen global de las pruebas y circunstancias que rodearon la ejecución del contrato en aras de establecer si los argumentos blandidos eran razonables, con lo que soslayó que dicha empresa es experta en normatividad laboral, pues se dedica a la asesoría legal y consultoría en materia de recursos humanos, como se

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Radicación n.° 96234 desprende del certificado de existencia y representación legal (f.° 5 a 8, ibidem).

VII. RÉPLICA La Compañía de Seguros Bolívar S. A. alega que la sustentación del cargo se asemeja a un alegato de instancia; que en él se reconoce que la Corte ha orientado que la indemnización del artículo 65 del CST no es automática y que, por ello, el juez debe determinar en cada caso si la

conducta del empleador se ajustó a la buena fe; que, al enderezarse por la vía directa, se aceptan las premisas fácticas a las que arribó el colegiado, relativas al actuar leal de aquel (f.° 1 a 2, Cuaderno Recursos Extraordinarios Memorial, archivo «2023095451251», ib). Jmalucelli Travelers Seguros S. A. apunta que la inconformidad de la recurrente no radica en la aplicación de la ley, sino en la valoración probatoria, por manera que debió dirigir el ataque por la senda indirecta y, al no hacerlo, el mismo es inestimable (f.° 1 a 3, Cuaderno Recursos Extraordinarios Memorial, archivo «2023092330059», ibidem).

VIII. CARGO SEGUNDO Endilga a la decisión de segundo grado la trasgresión de la ley sustancial nacional, por la vía indirecta, en el sub motivo de aplicación indebida del artículo 65 del CST, en concordancia con los preceptos 43, 55, 127 y 128 ibidem y 53 de la CP.

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Radicación n.° 96234 Afirma que ello fue consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la sociedad demandada actuó de buena fe al no incluir en la liquidación de prestaciones sociales el auxilio de capacitación y la prima extralegal ARP, porque estaba convencida de que no constituían salario.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa usuaria actuó de mala fe al acudir a la figura de la tercerización del personal para actividades misionales con las cual[es] buscó

despojarse de las obligaciones prestacionales que le acarreaba su condición patronal.

3. No dar por demostrado, estándolo, que Adecco S.A. hizo uso de la tercerización para labores que no eran ocasionales, ni accidentales, ni transitorias.

4. No dar por demostrado que en este caso nos encontramos ante una figura de la tercerización o subcontratación que no cumple con los requisitos de ley.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante ejerció una labor misional de la empresa contratante Seguros Bolívar que no fue ocasional ni atendía incrementos de producción.

6. No dar por demostrado, estándolo que las empresas demandas ostentan la calidad de profesionales en el manejo de los recursos humanos y la Seguridad Social.

Refiere, como pruebas calificadas erróneamente apreciadas: - Contrato de trabajo de fecha 11 de junio de 2010 (folios 21 al 31) - Contrato de prestación de servicios suscrito entre Adecco y Seguros Bolívar 4 de junio de 2013. (folios 235 al 262) - Certificación laboral expedida por Adecco el 16 de febrero de 2017. (folio 34) Agrega que se dejó de valorar la probanza hábil relativa al «Certificado de existencia y representación legal de Adecco de fecha 14 de marzo de 2018 (folios 225 al 252)».

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Radicación n.° 96234 Connota, frente al primer yerro fáctico, que se demostró que Adecco Servicios Colombia S. A. era consciente de que el auxilio de capacitación y la prima extralegal ARP constituían

salario y, a pesar de ello, les restó tal naturaleza; que en el parágrafo cuarto de la cláusula quinta del Contrato de Trabajo celebrado el 11 de junio de 2010, se estableció que: (…) PARÁGRAFO CUATRO: Para los efectos previstos en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, actualmente vigente, expresamente convienen las partes que los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, en dinero o en especie, que concediere el EMPLEADOR al TRABAJADOR por mera liberalidad no constituyen salario; particularmente, se incluye dentro de este pacto, todo eventual suministro de alimentación, vivienda, auxilio de educación y otros auxilios análogos, el monto que exceda de lo que en cualquier tiempo hubieren valorado expresamente las partes de estos conceptos, el suministro de los mismos a bajo precio, así como cualquier prima extralegal, de vacaciones, de servicios o de navidad y, en general, cualquier auxilio o beneficio que se otorgue, sin que lo antes expresado configure obligación para el EMPLEADOR de conceder tales beneficios. De manera especial que los auxilios y beneficios que ha venido concediendo el EMPLEADOR son de carácter temporal y no prestacional. EL TRABAJADOR acepta de antemano la regulación expresa que expida la organización a través de sus normas de empresa. De manera precisa se relacionan los auxilios temporales no prestacionales: Auxilio no Salarial Transporte Comunicaciones Capacitación, Salud y Adicional Bienestar 436.424 80.000 N/A Estima que, de haberse apreciado correctamente lo anterior, se hubiese concluido que, desde la suscripción del

negocio jurídico laboral, la empleadora tuvo la intención de desalarizar los emolumentos que retribuían el servicio, pues

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Radicación n.° 96234 fue ella quien redactó las cláusulas de adhesión, las cuales se aceptaron por la parte débil del vínculo, por lo que Adecco Servicios Colombia S. A. no podía alegar su propia culpa. Añade que, de acuerdo con el objeto social visible en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad mencionada, esta se dedica a la gestión y administración de recursos humanos; que en dicha prueba también se lee que, para el desarrollo de su objeto social principal, estaba autorizada para:

1. Realizar todo tipo de asesoría y consultoría en materia de recursos humanos.

2. Reclutar, seleccionar y formar personal para terceros.

(…)

8. Administrar personal y/o procesos de nómina.

9. Realizar asesorías y consultorías con personal calificado en áreas tales como financiera, legal, información tecnológica, medica, científica (…) Enfatiza que de lo anterior emerge que la patronal tenía como especialidad el manejo del recurso humano e incluso la asesoría legal en la materia; que al imponerle en el contrato la desalarización de un rubro que sí retribuía el servicio, la empleadora actuó de mala fe, máxime si se tiene en cuenta que el monto del auxilio de capacitación superaba el 30 % de su remuneración mensual, nunca se destinó a educación y la empresa no le exigió acreditar que lo usó para tal fin, «circunstancia que fue aceptada por el Tribunal»; que la Corte ha sostenido que existe mala fe del empleador al celebrar

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Radicación n.° 96234 pactos de exclusión salarial sobre rubros que son una contraprestación directa de la labor (CSJ SL656-2021). Recalca que con el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la empleadora, se establece que existió otrosí en el 2014, donde se excluyó el auxilio de capacitación como factor salarial, de donde es dable colegir que aquella siempre tuvo conocimiento de que ese emolumento era retributivo del servicio; que el Tribunal debió plantear los medios de convicción que daban cuenta del actuar de buena fe d