CSJ - SL3063-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL3063-2023 Radicación n.° 95989 Acta 43 Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HENRY ALBERTO MORENO PRIETO, frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 31 de julio de 2020, dentro del proceso que instauró en contra del

BANCO POPULAR S.A.

I. ANTECEDENTES Henry Alberto Moreno Prieto demandó al Banco Popular S.A., con el fin de que se declarara que la terminación de su contrato de trabajo fue ilegal y sin justa causa, debiéndose ordenar su reintegro, sin solución de continuidad y al cargo que venía desempeñando.

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Radicación n.° 95989 Así mismo, solicitó el pago de las acreencias laborales no canceladas desde el despido hasta su efectiva reinstalación, al igual que los aportes a la seguridad social y demás saldos adeudados, debidamente indexados. Como pretensión subsidiaria, requirió la indemnización por despido sin justa causa prevista en el literal d), artículo 4º de la Convención Colectiva de Trabajo 1992; la «reliquidación de cesantías teniendo en cuenta la totalidad del tiempo servido e incluyendo el último salario mensual realmente devengado, con las primas extralegales de junio y diciembre» y la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Como fundamento de sus peticiones, indicó que laboró al servicio del Banco Popular S.A. entre el 14 de enero de 1980 y el 2 de mayo de 2016, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, desempeñando como último cargo el de «Cajero principal», con un salario de $2.176.710 mensuales. Alegó que, el vínculo laboral fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por el empleador, a pesar de que le fueron atribuidas la comisión de unas faltas que se produjeron por orden y aceptación de su superior jerárquico, «Asistente administrativa» Diana Patricia Ladino Franco. Explicó que, el 9 de diciembre de 2015 pagó dos cheques de gerencia por $72.000.000 y $70.000.000 respectivamente, los cuales fueron expedidos por la señora

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Radicación n.° 95989 Ladino Fonseca y elaborados por la cajera Claudia Velásquez; que este procedimiento se hizo con el usuario de Aldemar Vargas, ya que para ese momento el suyo estaba inhabilitado con ocasión de las vacaciones que había empezado a disfrutar desde ese día. Agregó que, para cuadrar la caja general «[…] timbró en la Caja Auxiliar del Sr. Aldemar Vargas las provisiones, devoluciones y los 2 cheques de gerencia pagados»; que el 8 de febrero de 2016, por orden de la «Asistente administrativa», registró el sello que constataba que dichos cheques fueron pagados en debida forma, dando cumplimiento a los manuales de caja proceso de nivel 1, de

cheques de gerencia y de cuentas corrientes. Sostuvo que, el banco le dio un trato desigual, pues lo responsabilizó de todos los hechos cometidos, mientras que la señora Ladino Fonseca no fue sancionado ni despedida. Por otra parte, mencionó que la forma en que se produjo la terminación del contrato de trabajo vulneró el debido proceso y el principio de inmediatez. Lo anterior, pues argumentó que no se respetó el procedimiento disciplinario contenido en el artículo 9º de la Convención Colectiva de Trabajo 1990, así como que su despido se realizó «[…] 4 meses y 23 días» después de la comisión de los hechos. Con lo cual, estimó que la finalización del contrato laboral fue contrario a la ley, por lo que procedía su reintegro sin solución de continuidad o, en su defecto, el pago de la

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Radicación n.° 95989 indemnización por despido sin justa causa consagrada en el artículo 4º de la Convención Colectiva de Trabajo 1992. Al contestar la demanda, el Banco Popular S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la existencia del vínculo laboral, sus extremos temporales, el cargo y salario, así como la forma en que fue terminado. Objetó lo sustentado por el señor Moreno Prieto y, en su lugar, manifestó que él suscribió y pagó los dos títulos valores referidos «[…] sin que ningún cliente estuviera al interior de la oficina», vulnerando todas las medidas de seguridad previstas en el reglamento de trabajo y los

manuales de operación del cargo. Puntualmente, advirtió que las faltas cometidas fueron: […] que no realizó el registro de operaciones en efectivo, suscribió los títulos valores, pasando por alto la cuantía de los cheques, siendo que por la cantidad, los debía firmar el Gerente; no pagó los cheques en la caja y no identificó los clientes, en consecuencia, se observa violó las normas, las políticas y los procedimientos reglamentados por el Banco Popular, entonces, si laboró normalmente, debía aplicar todas las instrucciones impartidas por su empleador y en ningún momento podía variarlas. Aseguró que no se atentó contra el debido proceso del trabajador, pues se adelantó una investigación al interior del banco con la que se buscó esclarecer los hechos, la cual le fue notificada y sobre la que tuvo la oportunidad de pronunciarse a través de una diligencia de descargos. Además, mencionó que el artículo 9º del texto convencional

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Radicación n.° 95989 de 1990 estipula un procedimiento frente a las sanciones y no para el despido. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción falta de causa, pago, buena fe, inexistencia de la obligación, «Inconveniencia del reintegro» y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 16 de abril de 2018, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación presentado por el demandante, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. a través de la sentencia proferida el 31 de julio de 2020, confirmó la decisión del juzgado. Para fundamentar su decisión, propuso como problema jurídico a resolver determinar «[…] si el contrato de trabajo que unió a las partes culminó sin justa causa por parte del Banco demandado y en caso afirmativo, si hay lugar al reintegro o en su defecto, a la indemnización convencional por despido sin justa causa». Estableció como hechos indiscutidos dentro del proceso, que (i) Henry Alberto Moreno Prieto laboró al servicio

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Radicación n.° 95989 del Banco Popular S.A. entre el 14 de enero de 1980 y el 2 de mayo de 2016; (ii) el último cargo desempeñado fue el de cajero principal y (iii) su salario básico mensual fue $2.176.710. En lo concerniente a la terminación del contrato, explicó que al trabajador le correspondía probar el despido y a la otra parte acreditar su justa causa. Así mismo, aclaró que «[…] en tratándose de renuncia […] por causa imputable al empleador, corresponde aquel demostrar las causas que motivaron su desvinculación». De igual manera, aludió a los artículos 62 y 66 del Código Sustantivo del Trabajo, precisando que el empleador debía identificar las causales que dieron lugar a la finalización del vínculo o, en su defecto, mencionar los

hechos y motivos que produjeron el despido, sin que le fuera posible alegar con posterioridad razones diferentes. Así las cosas, en el presente asunto se remitió primero a la carta de terminación del contrato (folios 34 a 37 del cuaderno principal) e identificó que el empleador expuso para dar por finalizada la relación con justa causa que,

1. El 9 de diciembre de 2015 sin contar con los documentos para el pago de los cheques de gerencia 5592825 por $72.000.000 y 5592824 por $70.000.000 a nombre de NARCISO VALDERRAMA ORJUELA y de MARIA (sic) CECILIA URIBE CASTILLO respectivamente, supuestamente procedió a cancelarlos, sin embargo, no existe indicio de la entrega real del efectivo a los beneficiarios, como tampoco que hubiera timbrado y emitido las declaraciones de operaciones en efectivo - DOE, incumpliendo lo establecido en los manuales para ello declarado. Ese día registro el sello de pagado de los dos cheques, pese a que aparecen

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Radicación n.° 95989 procesados por el cajero auxiliar Aldemar Valderrama, sin embargo, no se visualiza que los beneficiarios estuvieran en alguna de las taquillas de la caja ni en la oficina, pero según usted en la primera versión que dio a los funcionarios de auditoría, entregó el efectivo a una tercera persona sin que se hubieran levantado los sellos restrictivo o presentara esta persona autorización escrita de los beneficiarios para su cobro y durante la diligencia de descargos se contradijo por cuanto manifestó que el pago lo hizo a los tenedores de los cheques a

quienes identificó plenamente, argumentando que el dinero le fue entregado por los otros cajeros, quienes señalan que eso no es cierto, además esos cheques aparecieron firmados por la asistente administrativa y por usted, siendo de su pleno conocimiento que debían ser firmados por el Gerente en razón de la cuantía.

2. El 26 de enero de 2016 aparentemente recibe una consignación en efectivo por $142.000.000 para la cuenta corriente de la cual se habían expedido los anteriores cheques, es decir, con ese dinero se reintegró la suma retirada el 9 de diciembre de 2015, no obstante, verificado el video, se observa que ese día no hubo ingreso en la caja bajo su responsabilidad de dicha suma de dinero, pues según los listados e inspección de caja a las 2:09 pm realizó un reverso por esa suma de la aludida cuenta y en la ventanilla no hay gente, a las 3:34 pm realiza otro reverso en las mismas condiciones y a las 4:00 pm procesa nuevamente la consignación, sin que como en las anteriores, se evidencia que recibió de alguna persona dicho monto, procesando al consignación sin ingreso de dinero en efectivo.

3. El 8 de febrero de 2016 giró y pagó los cheques de gerencia 5592878 y 5592879 por $72.000.000 cada uno, los cuales fueron debitados de la cuenta corriente a nombre del señor ÁNGEL MARÍA IBAÑEZ (sic) ARIAS quien había fallecido desde diciembre de 2013 y a nombre de quien se giraron, sin los

soportes respectivos para esa operación, sin que se observara en el video de la oficina de esa fecha, que haga entrega del efectivo a alguna persona, siendo estos procesados como pagados. Con los hechos anteriores como bien lo manifestó en la diligencia verbal de descargos, reconoció que incumplió con los controles establecidos por el Banco por hacer lo que le decía Diana Ladino, asistente administrativa; quedando claramente demostrado la indebida manipulación del dinero. En consecuencia, dijo que, con ocasión de los referidos hechos, se practicó una diligencia de descargos, lo cual se tuvo por demostrado a partir del interrogatorio, sumado a lo dicho por el testigo Fredy Rivera quien acompañó al

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Radicación n.° 95989 funcionario en su condición de representante de la organización sindical, a la que se encontraba vinculado. Sobre el contenido del acta de la mencionada citación, señaló que a pesar de no haberse firmado por el señor Moreno Prieto, su contenido no fue tachado u objetado dentro de la etapa procesal pertinente. Por otra parte, se refirió al interrogatorio absuelto por la representante legal del banco, así como a las declaraciones rendidas por Giovanny Alexander Duarte Gómez en calidad de auditor y Aura Luz Gamboa Villamil como asistente regional de auditoría operativa, concluyendo que el demandante pagó dos cheques de gerencia por $70.000.000 y $72.000.000 respectivamente, así como ingresó una cotización equivalente a $142.000.000, sin acatar el procedimiento establecido para ello por el Banco Popular S.A., omitiendo incluso solicitar los correspondientes

soportes que justificaran la titularidad de las personas que aparentemente efectuaron tales transacciones. Concretamente, advirtió frente a este punto: Hechas las anteriores precisiones y en lo que a los hechos materia de despido se refiere, se encuentra probado que el actor el 9 de diciembre de 2019 encontrándose en vacaciones pagó dos cheques de gerencia por la suma de $70.000.000 y $72.000.000 sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos para ello por el Banco, además de pagarlos a un tercero sin contar con los documentos que soportaran la transacción, la cual efectuó en una caja que no era la suya; el 26 de enero de 2016 ingresó una consignación por $142.000.000 sin encontrarse alguna persona en su ventanilla de atención, además de no existir soporte de la misma, posteriormente la reversó y luego la ingresó nuevamente y el 8 de febrero de 2016, pagó dos cheques de gerencia por valor

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Radicación n.° 95989 de $72.000.000 cada uno, provenientes de la cuenta de un cliente fallecido y que a su vez fueron girados a nombre de éste, careciendo de la documental que soportara la transacción. Hechos éstos sobre los cuales el actor señala, realizó por órdenes de Diana Ladino asistente administrativa quien era su superior. […] De lo anterior, se colige que el actor pasó por alto los procedimientos establecidos por el Banco para girar y pagar cheques, pues efectuó tales operaciones sin los respectivos soportes, máxime si en el primero de los casos se trataba de una

cuenta inactiva además de encontrarse en vacaciones y deshabilitado para realizar cualquier tipo de operación, sumado a que no verificó a quien se le cancelaba los mismos; efectuó consignaciones sin que se evidencie el cliente titular de la operación y giró y pagó cheques de una cuenta cuyo titular estaba fallecido, a nombre de éste pero a favor de terceros. Circunstancias éstas que si bien indica realizó por orden de su superior, los cierto es que tal afirmación no encuentra sustento en el plenario, pues si bien en el informe de auditoría se hace mención a que la señora Diana Ladino le confesó a la gerente de la sucursal que se había tomado el dinero, también lo es que manifestó que lo había hecho en compañía del actor, pese a que después allí se indique que posteriormente se retractó de su dicho bajo el entendido que lo afirmado fue producto de su estado de nervios; pues del citado informe se evidencia que ella junto al actor realizaron las operaciones objeto de cuestionamiento. A su juicio, estuvo legitimada la justeza del despido en tanto el demandante incumplió con sus obligaciones como cajero principal, las cuales están descritas tanto en el manual especializado (folios 146 a 150 del primer cuaderno), como en los demás procedimientos establecidos por el Banco Popular S.A. para «[…] las operaciones en cheque y efectivo». Con lo cual, mencionó que se configuró la causal prevista en el numeral 6º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los numerales 6º y 4º de los artículos 104 y 107 del Reglamento Interno de Trabajo (folios 444 a 455 del primer cuaderno).

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Radicación n.° 95989 Acerca de la presunta vulneración al debido proceso alegada por el señor Moreno Prieto, bajo el argumento de que no fue practicada la diligencia de descargos dentro del término previsto por la Convención Colectiva de Trabajo, sumado a que no fue vinculado a la investigación hecha por auditoría interna del Banco Popular S.A., precisó que el acuerdo extralegal prevé el procedimiento de descargos dentro de los tres días posteriores al conocimiento de la falta, únicamente para «[…] las sanciones establecidas en dicha norma esto es, llamado de atención escrita y suspensión del contrato hasta por 6 días la primera vez y 12 días la segunda», sin que proceda para despidos con justa causa tal y como ocurrió en el presente asunto. En cuanto a la investigación adelantada por auditoría, estimó que «[…] revisado el informe expedido por dicha dependencia (fls. 188 a 203), se deja constancia que al actor se le entrevistó (fl. 203), lo cual se corrobora con el acta respectiva que milita a folio 235; concluyéndola Sala que no existió violación al debido proceso del actor». Finalmente, respecto de la inmediatez del despido, concluyó que, […] se tiene que los hechos endilgados al actor como faltas, datan del 9 de diciembre de 2015, 25 de enero y 8 de febrero de 2016, a lo que Auditoria una vez conoció el hecho el 26 de febrero de 2016, inició la respectiva investigación, cuyo informe fue puesto en conocimiento de las directivas del banco el 31 de marzo de

2016 (fl. 188) y la culminación de la relación laboral data del 2 de mayo de 2016 (fl. 34); luego es claro, que el principio de inmediatez no se vulneró, toda vez que trascurrió un tiempo razonable entre la comisión de las faltas y la terminación del contrato, pues es apenas lógico que el Banco tuviera que adelantar la respectiva investigación antes de finiquitar la

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Radicación n.° 95989 relación laboral, pues debía establecer la responsabilidad del actor en los hechos que motivaron el despido.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte, […] CASE PARCIALMENTE la sentencia de 31 de julio de 2020, en cuanto el ad-quem declaró probadas las excepciones de falta de causa, pago, buena fe e inexistencia de la obligación, absolvió al Banco, para que en Sede de Instancia la H. Corte Suprema de Justicia, revoque la sentencia absolutoria del a-quo y acoja las pretensiones principales de la demanda, o en su defecto las singularizadas en forma subsidiaria, proveyendo en costas como corresponda.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven conjuntamente, toda vez que persiguen el mismo fin y se

fundan en similares disposiciones normativas.

VI. PRIMER CARGO Atribuye al Tribunal la violación, […] directamente, por falta de aplicación, los artículos: 13, 25, 29, 53 y 229 de la C.N; 19, 115, 140 del C.S.T., 28 y 1746 del Código Civil; 8, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7, 8, 37 y 38 del D.L. 2351 de 1965; 7 del Convenio

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Radicación n.° 95989 158 OIT; Ley 1143 del 4 de julio de 2007 que aprobó el T.L.C. sus “Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006 numeral 17.3 y concordantes sobre “Derechos fundamentales en el trabajo y su aplicación efectiva”. En la demostración del cargo, discute lo concerniente a la vulneración del debido proceso previo al despido efectuado por el empleador. A su modo de ver, en el fallo atacado no se aplicó «[…] el artículo 140 del C.S.T», con el que se ordenaría al Banco Popular S.A. su reintegro, con ocasión de la afectación en el derecho de defensa y contradicción antes que le hubiera sido terminado su contrato de trabajo. Trae argumentos de carácter constitucional, doctrinal y aparentemente de derecho comparado, con los que pretende avalar la obligación que tienen los empleadores de cumplir unos requisitos mínimos (CC C-592 de 2014) e instancias previas para que proceda la finalización del vínculo laboral

cuando se alega justa causa. Lo anterior, so pretexto de hacer ineficaz el despido y reintegrar a la persona en las mismas condiciones laborales en las que se encontraba. Concluye que el Banco Popular S.A. nunca dio la posibilidad de explicar las razones de su conducta, así como no respetó los protocolos para constatar la veracidad de los hechos que derivaron en la sanción más estricta de todas, el despido.

VII. SEGUNDO CARGO Menciona que la decisión de segunda instancia vulnera,

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Radicación n.° 95989 […] indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida los artículos: 62 literal a, numeral 6; 7 del D.L.2351 de 1965, , 62.6, 66, 107, 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 7, 8, 37 y 38 del D.L. 2351 de l.965; 4, 25, 29, 53, 229 y 230 de la C.N; 1494, 1.495, 1.502, 1508, 1513, 1613 a 1617, 1626, l.648, 1.649 y 1973 del Código Civil; 51, 52 modificado por el artículo 23 de la ley 712 de 2001; 55, 60, 61 y 145 del C. P. del T. y de la S. S.; 164, 165, 167, 244, 245, 246 del Código General del Proceso; 8, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, 7, 8, 37; 7 del Convenio 158 Organización Internacional del Trabajo; Ley 1143 del 4 de julio de 2007 que aprobó el T.L.C. sus “Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006 numeral 17.3 y concordantes sobre “Derechos fundamentales en el trabajo y su aplicación efectiva”. Relaciona la comisión de los errores de hecho:

1. Dar por demostrado en forma tergiversada y contra el acervo probatorio que, el 9 de diciembre de 2019 el actor, encontrándose en vacaciones pagó dos (2) cheques de gerencia, por $70.000.000 y $72.000.000 sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Banco y “sin contar con los documentos que soportan la transacción, desde una caja que no era la suya".

2. No dar por demostrado, estándolo que, la operación financiera descrita en el numeral anterior, corresponde al iter criminis, de la señora Diana Patricia Ladino Franco, quien reconoció expresamente ante la Auditoría del Banco, que fue ella quien la ideó, ejecutó y ordenó por su cuenta y riesgo, pro-domo sua, esto es, en beneficio propio, operación de la que el actor fue solo un chivo expiatorio.

3. Dar por probado intricadamente, sin estarlo, que el actor pasó por alto los procedimientos establecidos para girar y pagar cheques y que efectuó tales operaciones sin los respectivos soportes.

4. Dar por acreditado equivocadamente que, el actor en connivencia con la señora Diana Patricia Ladino Franco “realizaron las operaciones objeto del cuestionamiento”,

cuando lo cierto es que fue una operación ideada y ejecutada por ella, en su propio beneficio.

5. No dar por probado, siendo evidente, que el actor como simple cajero subordinado, se limitó a ejecutar las ordenes de su superior, y que no estaba obligado a suponer, mucho menos

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Radicación n.° 95989 a imaginar que su jefe, Diana Patricia Ladino Franco estaba actuando dolosamente, aprovechando que ese día él salía de vacaciones.

6. No dar por acreditado, estándolo, que no existe relación de causalidad inmediata entre la data de los hechos censurados supuestamente acaecidos el 9 de diciembre de 2015 y la carta de despido del 2 de mayo de 2016 y que tanto la llamada a descargos, como la diligencia de descargos y el mismo despido, fueron totalmente extemporáneos.

Lo anterior, producto de la falta y equivocada apreciación de las pruebas que se enumeran: PRUEBAS DE EQUIVOCADA E IRRAZONABLE VALORACIÓN: 1) Carta de despido (Fls. 34 a 37); 2) Citación a descargos del 11 de abril de 2016 (Fls. 181 a 183), 3) Acta de Descargos del 14 de abril de 2016 (Fls. 185 a 187); 4) Interrogatorios de parte, 5) Informe de Auditoría del 31 de marzo de 2016 (Fls. 188 a 205); 6) Entrevista al Actor (Fl.203), 7) Acta de folio 235, 8) Informe de folios 188, 9). Manual del Cajero (Fls. 146 a 150). 9) Reglamento

interno de trabajo, 10) Acta de descargos (Fls. 185 a 187), 11) Medio magnético contentivo de los videos de la Oficina Barrio Claret de los días 9-12-15, 26-1-16 y 262-16 (Fl.405) y 12) Los testimonios de Fredy Rivera Daza, Aura Luz Gamboa Villamil y Givanny (sic) Alexander Duarte.

PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR: 1) Los documentos de folios 620 y 669, sobre las funciones de la Asistente DIANA PATRICIA LADINO, 2) La convención colectiva de trabajo del 18 de enero de l978, Art. 7, sobre procedimiento para la aplicación de sanciones (Fls. 486), 3) La convención colectiva de trabajo del 28 de mayo de l992 y 4) La Certificación de afiliación y paz y salvo expedida por la UNEB demostrativa de la calidad de beneficiario del Actor de las mismas.

En la demostración del cargo, controvierte en primer lugar lo que denomina la relación de causalidad entre la posible falta cometida y el despido, pues a su modo de ver transcurrieron más de cuatro meses y esto supone una vulneración del principio de inmediatez.

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Radicación n.° 95989 Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 7º de la Convención Colectiva de Trabajo 1978 dispone que los trabajadores deben ser requeridos para descargos dentro de los tres días siguientes a la fecha en que el empleador tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar al despido, so pretexto de entenderse vulnerado el debido proceso.

Al respecto, plantea que, Erró el ad-quem al haber omitido aplicar el art. 7 de la Convención Colectiva de Trabajo del 18 de enero de 1978, sobre – “Procedimiento para la aplicación de sanciones”, (Fl. 486), frente a los tardíos descargos y con mayor razón el despido, ya que según este precepto, litetral a), “El trabajador inculpado deberá ser llamado para que explique su conducta dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el Banco tenga conocimiento de la falta” (Fls. 485 y 486). De no haber existido este dislate, el Tribunal, habría concluido a fortiori, esto es con mayor razón, que cualquier sanción, incluido el despido, era improcedente, por estar ante unos descargos y una ruptura del vínculo absolutamente extemporáneos, dado que si los hechos ocurrieron según la carta de despido el 9 de diciembre de 2015 y el supuesto dictamen que prueba el conocimiento de los mismos por el Banco, está signado el 31 de marzo de 2016, es claro que los descargos, citados y recibidos el 11 y 14 de abril de abril de 2016 respectivamente, fueron extemporáneos, pues ya había transcurrido un término superior en grado superlativo a los tres (3) días pactados en la convención, trámite que hace parte del debido proceso. En segundo término, objeta que el Tribunal hubiera fundado su decisión a partir de los medios de convicción elaborados y aportados por el empleador, siendo que ninguna de las partes puede constituir su propia prueba para validar los hechos que alega dentro del proceso.

Por último, hace mención al interrogatorio de parte absuelto por la representante legal del Banco Popular S.A., enfatizando en que allí se confesó que la responsable de las

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Radicación n.° 95989 faltas cometidas fue Diana Patricia Ladino Franco, quien en su condición de superior jerárquica, le ordenó expedir los cheques y recibir la consignación que dio lugar a la terminación del contrato de trabajo. En ese sentido, sostiene que, Esta confesión concuerda con los folios 620 y 669, prueba esta inapreciada, correspondiente a la Descripción del cargo de la Asistente Administrativo donde consta que, entre las funciones de la Asistente DIANA PATRICIA LADINO estaban la de dirigir, verificar y controlar que las operaciones se cumplan de acuerdo con los manuales y procedimiento para salvaguardar los intereses del Banco, documento que corrobora la versión del trabajador al atribuirle a ella toda la responsabilidad de lo acaecido. Afirma que tal declaración se acompasa con lo dicho por los testigos Fredy Rivera Daza, Aura Luz Gamboa Villamil y Giovanny Alexander Duarte, quienes manifestaron a su juicio que, No obstante que se trata de versiones de oídas, ya que no fueron testigos oculares, es pertinente detenernos en el dicho de Aura Luz Gamboa Villamil, asistente regional de auditoría, quien si bien, trato de involucrar al actor, paladinamente en el contrainterrogatorio tuvo que reconocer frente a la Asistente Diana Ladino, que ella y solo ella, fue quien activo las cuentas, hizo las notas contables, y genero los cheques, “todo lo hizo ella”,

y “organizo todo” y tomó el dinero, asertos no tenidos en cuenta por el Tribunal en el fallo censurado. En mismo sentido, depuso el Auditor Giovanny Alexander Duarte a quien DIANA LADINO le confesó que cometió un error, y el Trabajador FREDY RIVERA, quien fue claro al pregonar la violación del debido proceso por parte del Banco y que el trabajador actuó bajo órdenes de la Asistente Diana Ladino, que no tenía la caja habilitada en razón a sus vacaciones y que para poder digitar, era menester la autorización expresa de dicha funcionaria, destacando que si el Banco conoció el hecho a partir del Informe de Auditoría, data a partir de la cual, debían empezar a correr los tres (3) días para citar al trabajador a descargos.

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VIII. TERCER CARGO Plantea que el juez de segunda instancia incurrió, […] en una violación medio, que determinó la indebida aplicación de la ley sustancial y sobre esa base, denuncio la sentencia del

H. Tribunal, por haber violado directamente por aplicación indebida, los siguientes artículos del Código General del Proceso: 164, 167 y s.s., 176, 177, 225 y 280 del C.G.P., aplicables por disposición analógica del art. 145 del CPLSS, frente al Informe de Auditoría y los VIDEOS de la Oficina Barrio Claret de los días 912-15, 26-1-16 y 26-2-16 (Fl. 405), aportados por el Banco, para verificar como dice el precepto: “hechos que interesan al proceso

y que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”, en relación con los artículos: 51, 60 y 61 del CPTSS, 62 literal a, numeral 6; 7 del D.L. 2351 de 1965, 62.6, 66, 107; 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 7, 8, 37 y 38 del D.L. 2351 de 1965. En la demostración del cargo, indica que los videos que hacen parte del informe de auditoría realizado por el empleador el 31 de marzo de 2016 (folios 188 a 205 del primer cuaderno), que a su vez fueron tenidos en cuenta por el Tribunal, para no acceder a las pretensiones de la demanda inicial, se obtuvieron de manera ilícita y sin respetar las exigencias propias de una prueba pericial, haciendo improcedente fundar la decisión sobre su contenido. Concluye su análisis de la siguiente manera: Así las cosas, el Colegiado ha debido DESECHAR no solo los VIDEOS, sino el INFORME DE AUDITORÍA del 31 de ma