CSJ - SL3066-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL3066-2023 Radicación n.° 97547 Acta 40 Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por LINA MARÍA VARGAS SEGURA, en nombre propio y en representación de su hija L.L.L.L. y de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 17 de febrero de 2022, en el proceso que instauró la primera contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la otra recurrente, al que fue fueron vinculados como intervinientes JUAN JOSÉ MOLINA SALAZAR y LINA MARÍA SALAZAR HERRERA en nombre propio y en representación de su hija S.S.S.S.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 97547 Lina María Vargas Segura en nombre propio y en representación de su hija L.L.L.L. demandó a Positiva Compañía de Seguros S.A. (en adelante Positiva S.A.) y a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (en adelante Protección S.A.), con el fin de que se declarara, (i) que la muerte de Ricardo Molina Vargas fue de origen profesional; (ii) que la ARL es la responsable del reconocimiento y el pago de la pensión de sobrevivientes; (iii) que es beneficiaria del 50% de la prestación por el

fallecimiento de su compañero permanente a partir del 28 de febrero de 2015; (iv) que su hija lo es del otro 50% y (iv) que Protección S.A. es debe proceder a la devolución del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del asegurado, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional. En consecuencia, solicitó condenar a Positiva S.A. a reconocer y pagar la prestación en los porcentajes indicados, así como los intereses moratorios a su favor y a Protección S.A. a la devolución de saldos y al pago de los intereses moratorios. De manera subsidiaria, requirió que se condenara a la segunda a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes con los intereses moratorios. Fundamentó sus peticiones, en que Ricardo Molina Vargas fue nombrado como profesional especializado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (en adelante CDA), el 2 de julio de 1996, donde

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Radicación n.° 97547 realizó estudios y visitas relacionadas con la protección del medio ambiente, así como trámites para la expedición de licencias ambientales, entre otras. Informó que en el oficio DG-097, la CDA certificó que el trabajador en el desarrollo de las funciones asignadas se sometía a riesgos laborales, al laborar en zonas con alteración del orden público. Contó que el 27 de febrero de 2015, su pareja fue asesinada al salir de su lugar de trabajo, cuando fue abordado por dos sujetos que le propinaron tres impactos de

bala. Relató que la CDA reportó el suceso como accidente de trabajo ante Positiva S.A., sin embargo, mediante oficio del 8 de mayo de 2015, esta entidad indicó que el suceso era de origen común. Refirió que la investigación adelantada por la Fiscalía Treinta y Ocho Seccional de San José del Guaviare, no certificó los móviles del homicidio dentro del proceso penal, que correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de ese mismo municipio. Adujo que los medios de comunicación y la CDA indicaron que el causante laboraba en un área en la que había minería ilegal y que fue amenazado en varias ocasiones por cumplir con sus obligaciones de proteger los recursos naturales.

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Radicación n.° 97547 Añadió que el 11 de diciembre de 1999, el afiliado y Lina María Salazar Herrera contrajeron matrimonio, del cual nació Juan José Molina Salazar y a SSSS; no obstante, el 21 de noviembre de 2002, decidieron liquidar la sociedad conyugal. Declaró que en julio de 2008, ella inició una relación amorosa con el señor Molina Vargas, en enero de 2009 iniciaron su convivencia en San José del Guaviare y el 16 de mayo de 2013, nació L.L.L.L. Enunció que el 2 de abril de 2015, solicitó a Protección S.A. el reconocimiento, liquidación y pago de la devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual de su compañero permanente, la cual no fue contestada. Expresó que el 1° de febrero de 2016, requirió a Positiva

S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de origen profesional, negada bajo el argumento de que el accidente en el que perdió la vida el fallecido era de origen común. Mediante auto del 1° de noviembre de 2017, el juzgado de conocimiento ordenó vincular a los hijos del causante Juan José Molina Salazar y SSSS y a Lina Salazar Herrera, en calidad de intervinientes. Al dar respuesta a la demanda, la señora Salazar Herrera en nombre propio y de sus hijos, se opuso a la

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Radicación n.° 97547 prosperidad de las pretensiones, excepto a las referentes a la declaratoria del accidente como de origen laboral. En cuanto a los hechos, aceptó el cargo del trabajador, las funciones que este ejecutó y el relato sobre su muerte. Destacó que el causante visitaba a sus hijos en vacaciones y que compartían tiempo recurrentemente. En su defensa propuso la excepción de falta de legitimación en la causa. Lina Salazar Herrera en nombre propio y en representación de sus hijos, interpuso demanda como interviniente ad excludendum, donde pidió el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de origen profesional para ella y sus hijos a partir del 27 de febrero de 2015, con los respectivos intereses moratorios y a Protección S.A., que reconociera y pagara el 50% de la pensión de sobrevivientes que ‹‹[…] quedó en suspenso››. Relató que contrajo matrimonio con el causante el 19 de diciembre de 1999, unión de la que nacieron sus hijos. Agregó que, a pesar de la liquidación de la sociedad conyugal

en noviembre de 2002, su voluntad no era la de terminar el vínculo matrimonial, por lo que en realidad continuaron con la relación de pareja. Informó que convivían en el municipio de San José del Guaviare, donde laboraba el causante, pero por motivos de seguridad, ella y sus hijos decidieron trasladarse a Manizales en enero de 2009.

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Radicación n.° 97547 Refirió que, a pesar de la separación de cuerpos, la relación conyugal se mantuvo, toda vez que el fallecido viajaba constantemente a visitarlos e incluso adquirió un bien en esa ciudad para que estuvieran unidos como familia. Aseguró que no conoció de la relación de su cónyuge con la señora Vargas Segura y que, el hecho de que tuvieran una hija juntos, no era prueba de la convivencia de ambos. Lina Vargas Segura, en nombre propio y en representación de su hija L.L.L.L., se opuso a las pretensiones de la demanda ad excludendum. Explicó que la cónyuge no era beneficiaria del derecho al no cumplir con las exigencias de ley para ello. Positiva S.A., se opuso a las pretensiones formuladas en su contra en las dos demandas. Expuso que el accidente que causó la muerte del trabajador fue de origen común, en tanto no se encontraba en las instalaciones del empleador y había finalizado su jornada laboral. Así mismo, manifestó que las amenazas recibidas por el funcionario fueron en 2001. Para ambos escritos propuso las excepciones de ‹‹inexistencia del derecho e inexistencia de la obligación a

cargo de Positiva S.A.››, prescripción, buena fe y enriquecimiento sin justa causa. Protección S.A. se contrapuso a las pretensiones que formularon las presuntas beneficiarias, afirmó que los

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Radicación n.° 97547 hechos relatados en las demandas no le constaban y que reconoció la pensión de sobrevivientes a los hijos del causante, dejando en suspenso el 50% al existir controversia entre la cónyuge y la compañera permanente. Propuso como excepciones las de ‹‹conflicto judicial de pluralidad de sujetos reclamantes››, ‹‹inexistencia parcial de las obligaciones demandadas en cuanto al retroactivo››, ‹‹culpa exclusiva y determinante del propio accionante››, ‹‹exoneración en costas e intereses de mora››, prescripción, compensación, cumplimiento y buena fe. Además, formuló demanda de reconvención en contra de L.L.L.L., representada por Lina Vargas Segura, Juan José Molina Salazar y S.S.S.S., representada por Lina Salazar Herrera, con el propósito de que, en caso de prosperar la pensión de sobrevivientes a cargo de la entidad de riesgos laborales, se les condenara a tener como anticipo de la devolución de saldos junto con la indexación, lo recibido por retroactivo y mesadas pensionales. Juan José Molina Salazar y Lina Salazar Herrera, en nombre propio y de su hija S.S.S.S., contestaron la demanda en reconvención y se opusieron a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos, precisaron que la

prestación reconocida por Positiva S.A. pertenece al Sistema de Riesgos Laborales, por lo que era un pago diferente por la compatibilidad entre las prestaciones perseguidas. Formularon la excepción de buena fe.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 29 de noviembre de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS la excepción de inexistencia del derecho e inexistencia de la obligación propuesta por […] la

ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. […].

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones principales formuladas por la señora LINA MARÍA VARGAS SEGURA, en nombre propio y en representación de su hija menor LMMV, y por la señora LINA MARÍA SALAZAR HERRERA, en nombre propio y en representación de sus hijos JUAN JOSÉ Y SLMS, en contra de

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

TERCERO: DECLARAR que la muerte del señor RICARDO MOLINA MONSALVE fue de origen común.

CUARTO: DECLARAR que la señora LINA MARÍA VARGAS SEGURA, en su condición de compañera permanente y la señora LINA MARÍA SALAZAR HERRERA su condición de cónyuge del señor RICARDO MOLINA VARGAS, tienen la calidad de beneficiarias de la pensión de sobreviviente de origen común, causada por este, el cual falleció el 27 de febrero de 2015.

CUARTO (sic): En consecuencia de lo anterior, se ORDENA [a]

la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. RECONOCER Y PAGAR, la pensión de sobreviviente bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003 de manera compartida, a las demandantes, en razón del 63% a favor de la señora LINA MARÍA SALAZAR HERRERA y 37% a favor de señora LINA MARÍA VARGAS SEGURA, ambos porcentajes sobre el 50% de la mesada pensional que para el año 2015 equivalía a la suma de $1.831.878 y con derecho a 13 mesadas pensionales al año, la cual tendrá que ser incrementada conforme lo disponga el Gobierno Nacional y una vez desaparezcan las causas que dieron al origen del reconocimiento en favor de los hijos JUAN JOSÉ, SLMS y LMMV, la prestación deberá acrecentarse a favor de LINA MARÍA VARGAS SEGURA y LINA MARÍA SALAZAR HERERRA en la misma proporción establecida, hasta completar un 100%.

SEXTO: En consecuencia de lo anterior, se ORDENA a […] la PROTECCIÓN S.A. RECONOCER y PAGAR el retroactivo pensional, de las mesadas, en la proporción indicada a favor de las demandantes desde el 28 de febrero de 2015 y hasta que se

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Radicación n.° 97547 haga la respectiva inclusión en nómina lo que a la fecha asciende a las sumas de $23.217.008.00 para LINA MARÍA VARGAS SEGURA y $39.378.332.00 para LINA MARÍA SALAZAR HERRERA sumas que deberán ser canceladas debidamente

indexada (sic).

SÉPTIMO: AUTORIZAR a […] PROTECCIÓN S.A., a descontar el retroactivo a reconocer a favor de las demandantes LINA MARÍA VARGAS SEGURA Y LINA MARÍA SALAZAR HERRERA el porcentaje [que] por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Salud les corresponde asumir como pensionada, el cual corresponde al 12% del ingreso del ingreso de la respectiva mesada pensional.

OCTAVO: NEGAR el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 conforme a lo indicado en la parte motiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación de la demandante inicial, los intervinientes y Protección S.A., la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante fallo del 17 de febrero de 2022, decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia […].

SEGUNDO: DECLARAR que el fallecimiento del señor Ricardo Molina Monsalve […], es de origen laboral.

TERCERO: DECLARAR que JUAN JOSÉ MOLINA SALAZAR, SLMS y LMMV en condición de hijos del causante, y las señoras LINA MARÍA SALAZAR HERRERA y LINA MARÍA VARGAS SEGURA, en calidad de cónyuge y compañera permanente, respectivamente, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de origen profesional que dejó causada el Sr.

Ricardo Molina Monsalve, en las siguientes proporciones, respecto del total de la mesada que se tenga para cada anualidad, a partir del 28-02-2015 Beneficiaria % mesada Fecha de Fecha hasta

nacimiento la que disfrutará el derecho por mayoría de edad ó los 25 años

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Radicación n.° 97547 Lina María Salazar 37,00% - N/A Herrera (cónyuge) Lina María Vargas 13,00% - N/A Segura (compañera permanente) Juan José Molina 16.66% 20-10-2000 20-10-2018 Salazar (hijo) 20-10-2025 SLMS (hija) 16.66% 02-03-2005 02-03-2023 02-03-2030 LMMV (hija) 16.66% 16-05-2013 16-05-2021 16-05-2038

CUARTO: CONDENAR a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de origen profesional que dejó causada el afiliado […], a partir del 28-022015, sobre la base de 13 mesadas anuales, en favor de sus beneficiarios, con derecho a acrecentar en caso de extinción del derecho, en las proporciones antes citadas.

QUINTO: ORDENAR a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a pagar en favor de sus beneficiarios, en las proporciones establecidas en esta sentencia, de manera retroactiva, debidamente indexadas al momento de inclusión en nómina y sobre la base de trece mesadas anuales, las mesadas adeudadas a partir del 28-02-2015, en el monto que para el efecto liquide en los términos del ordinal a) del artículo 12 de la Ley 776 de

2002 y del ordinal a) del artículo 5° de la ley 1562 de 2012. Frente al retroactivo pensional que se reconozca, se deberán realizar los descuentos que por ley correspondan.

SEXTO: ORDENAR a PROTECCIÓN S.A. a efectuar el pago que corresponde a la devolución de los saldos que el causante tenía depositados en su cuenta de ahorro individual, en los que deberán estar incluidos los rendimientos financieros, además del valor del bono pensional, si a éste hubiera lugar, dineros que se deberán entregar en favor de sus beneficiarios LMMV, SLMS,

JUAN JOSÉ MOLINA SALAZAR, LINA MARÍA VARGAS SEGURA y LINA MARÍA SALAZAR HERRERA, debidamente indexados al momento del pago y en la proporción indicada en esta sentencia.

SEPTIMO: AUTORIZAR a PROTECCIÓN S.A. a tener como anticipo de la devolución de saldos, excluida la suma adicional cubierta por el asegurador previsional, lo ya pagado a LMMV, SL y Juan José Molina Salazar, por concepto de retroactivo y mesadas pensionales, debidamente indexadas. En caso de existir valores a favor de PROTECCIÓN S.A., se ORDENA a las señoras LINA MARÍA VARGAS SEGURA y LINA MARÍA SALAZAR HERRERA en representación de sus hijos, a que reintegren las diferencias, con su indexación, en favor de la AFP PROTECCIÓN S.A., conforme a lo aquí dispuesto.

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OCTAVO: ABSOLVER a PROTECCIÓN S.A. y [a] POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., de las demás pretensiones de la demanda y de la intervención ad-excludendum. Determinó que los problemas jurídicos a resolver se circunscribían a: (i) definir si el hecho violento que ocasionó la muerte del afiliado constituía un accidente de origen laboral. (ii) Determinar si la pensión de sobrevivientes debe ser compartida entre la compañera permanente y la cónyuge del causante. De ser así, determinar en qué proporciones; (iii) De estar la pensión de sobrevivientes a cargo de la AFP Protección S.A., ¿hay lugar a reconocer retroactivo?; (iv) De estar la pensión de sobrevivientes a cargo de Positiva S.A. hay lugar a la devolución de aportes por parte de Protección S.A.; ¿Es del caso compensar lo pagado incluida la indexación?; (v) De estar la pensión de sobrevivientes a cargo de la AFP Protección S.A., hay lugar a reconocer intereses moratorios respecto de la menor Laura Melissa Molina Vargas? Así mismo, encontró como hechos probados que (i) el causante desde el 2 de febrero de 1996 se desempeñó como profesional especializado en la Dirección General de la Corporación para el desarrollo sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA); (ii) Lina Salazar Herrera y el afiliado contrajeron matrimonio el 11 de diciembre de 1999; (iii) mediante escritura pública n.º 1013 del 21 de noviembre de 2002 liquidaron la sociedad conyugal; (iv) de dicha unión nacieron Juan José Molina Salazar y SSSS; (v) LLLL es hija

del causante y de Lina Vargas Segura; (vi) el trabajador falleció el 27 de febrero de 2015 y laboraba para CDA bajo riesgo 2 y (vii) esta última y LLLL solicitaron la pensión de sobrevivientes ante Positiva S.A., la cual fue negada. Recordó el contenido de los artículos 3° de la Ley 1562 de 2012 y 8° del Decreto 1295 de 1994 para definir el accidente de trabajo y el riesgo profesional.

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Radicación n.° 97547 Puntualizó que la jurisprudencia, ha establecido que, para que se presente un accidente laboral, debe existir un nexo causal entre el hecho dañoso y la prestación del servicio, de manera directa o indirecta; al tiempo que no todo hecho que ocurra en el entorno laboral se puede calificar como accidente de trabajo, toda vez que pueden existir circunstancias que permitan desligarlo de la actividad subordinada. De esta suerte, dijo, que era deber de la administradora de riesgos laborales derruir el nexo causal para librarse de cualquier responsabilidad de amparar el riesgo ocurrido. Posteriormente, analizó el formato de informe para accidente de trabajo del empleador, la necropsia del causante, el documento remitido por la administradora al empleador, el formulario de dictamen para determinación del origen del accidente, las certificaciones de funciones expedida por el empleador del fallecido y del 24 de junio de 2016, la investigación administrativa realiza por Positiva S.A. a través de la firma Mc Larens Investigaciones, el oficio del 20 de junio de 2017 de la Fiscalía Treinta y Ocho Seccional

de San José del Guaviare y la averiguación adelantada por ACIR Ltda. que fue ordenada por Protección S.A. Así mismo, se refirió a los interrogatorios de Lina Salazar Herrera y Lina Vargas Segura y a los testimonios de Juan Carlos Molina Vargas, Juan Sebastián Molina Mosquera y Mauricio Martínez Molina.

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Radicación n.° 97547 Adujo que el hecho de que no se hubiera establecido judicialmente el móvil del homicidio o que no existieran amenazas recientes al funcionario, no era suficiente para declarar que el accidente fue de origen común, pues el suceso que ocurre con ocasión del trabajo, también plantea una casualidad indirecta, es decir, ‹‹[…] un vínculo de oportunidad o de circunstancia entre el hecho y las funciones que desempeña el trabajador››. Puntualizó que no existía ninguna duda del riesgo al que estaba sometido el causante, y citó la sentencia CSJ SL176-2021 para determinar si un accidente que sufre un trabajador es o no de origen laboral. Frente al nexo causal afirmó que: […] debe tenerse en cuenta que el hecho debe enmarcarse de manera directa o indirecta por el riesgo creado por el empleador, esto es, que sobreviene por causa o con ocasión de la actividad laboral cumplida, aspecto último que, a juicio de la Sala, corresponde al presente asunto. Lo anterior se afirma porque, como se dijo, se encuentra acreditado que el trabajador – afiliado a riesgos profesionales -, había extendido su jornada laboral y se encontraba desarrollando

labores propias de su cargo y, al terminar de ejecutar la actividad para la que fue contratado por la C.D.A., tal y como ésta misma lo reportó ante la ARL Positiva S.A., en el parqueadero de las instalaciones donde funciona la empresa empleadora, fue esperado para ser ultimado de manera violenta. Y es aquí, donde no se puede desconocer que las funciones de las que estaba encargado el obitado le generaban un riesgo de tal índole, así lo reconoció su empleador y se ratificó con las certificaciones a las que ya se hizo referencia. Y es que las funciones ejecutadas por el causante eran riesgosas no solo porque de él dependía el otorgamiento o no de las licencias en materia ambiental, sino también, por el incautamiento, control y seguimiento de hechos relacionados con la minería ilegal y la

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Radicación n.° 97547 deforestación, labores que siempre fueron ejercidas en una zona geográfica que se caracteriza como de alto riesgo para aquellos trabajadores que ejercen este tipo de funciones y lo es justamente por la afluencia de los grupos al margen de ley, tal y como ampliamente lo denotaron no solo los testigos y la familia del causante, sino también los mismos policías que acompañaban al extrabajador a realizar los recorridos y visitas en el área. Así las cosas determinó que la muerte del trabajador ocurrió por un accidente laboral, tal cual se desprende de las pruebas aportadas al proceso. Aseguró que Positiva S.A. no demostró que hubiera existido una causa distinta que rompiera el nexo de causalidad advertido ‹‹[…] tanto así, que el informe a través del

cual estableció el suceso como de origen común, lo concluyó argumentando una insuficiencia documental››. Frente a la concurrencia de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes dedujo que, teniendo en cuenta la calidad de hijos del causante, no existía controversia frente al derecho que les asiste en proporción 16.6% para cada uno, en virtud del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Señaló que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 consagró que, de no existir convivencia simultánea y aún manteniéndose vigente la unión conyugal con separación de hecho, la compañera permanente podría reclamar una cuota proporcional al tiempo compartido con el causante, siempre y cuando hubiera sido superior a los últimos cinco años del fallecimiento del causante.

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Radicación n.° 97547 A continuación, analizó los interrogatorios de Lina Salazar Herrera y Lina Vargas Segura; los testimonios de Juan Carlos Molina Vargas, Juan Sebastián Molina Mosquera, Mauricio Martínez Molina, Adriana María Molina Vargas, Margarita Herrera Salgado, José Arley Sánchez Giraldo, y Beatriz María Herrera Salgado y las declaraciones extraproceso de José Bernardo Molina Vargas y Yolanda Molina Trujillo. A partir de las pruebas citadas, encontró acreditada la convivencia de Lina Salazar Herrera con el causante desde el 11 de diciembre de 1999 hasta el día de la muerte de aquel pues, a pesar la liquidación de la sociedad conyugal y el cambio de residencia en 2009, persistieron los lazos afectivos

y maritales hasta su deceso. Con respecto a Lina Vargas Segura, determinó que esta inició su convivencia con el causante en febrero de 2010 y perduró hasta el momento del fallecimiento; procrearon a su hija en el 2013 y compartieron como pareja. Con base en este análisis, determinó: […] se puede decir que, de manera concurrente, el causante tuvo una convivencia con la compañera permanente y otra con la cónyuge, ésta última, a pesar del distanciamiento físico del cual ya se habló. En consecuencia, de la convivencia simultánea avizorada, al haberse acreditado, por una parte, que el cotizante mantuvo una convivencia con la cónyuge Lina María Salazar Herrera por espacio de 15 años, esto es, desde el 11-12-99 hasta su deceso el 27-02-2015, ello significaría un 75% de proporción del tiempo convivido con el causante (15 años) y por tanto, le correspondería un 37% del valor de la mesada y, por su parte, la compañera

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Radicación n.° 97547 permanente Lina María Vargas Segura con quien convivió por lo menos entre el 01-02-2010 hasta el 27-02-2015, ello significaría un 25% de proporción del tiempo convivido con el causante (5 años) y por tanto le correspondería un 13% del valor de la mesada. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 776 de 2002, señaló que el monto de la pensión de sobrevivientes equivalía al 75% del salario base de

liquidación que, de acuerdo con el 5° de la Ley 1562 de 2012, corresponde al ‹‹[…] promedio del Ingreso Base Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo››. De esta manera, dispuso que una vez realizada la liquidación por parte de Positiva S.A., debía cancelar el valor a los beneficiarios en el porcentaje dispuesto, de forma retroactiva con la indexación y sobre la base de 13 mesadas anuales. Del mismo modo, declaró que no prosperaba la excepción de prescripción propuesta ya que entre la fecha de la muerte del causante y la presentación de la demanda no se superó el término trienal. Frente a la devolución de saldos de Protección S.A., adujo que era procedente en virtud del artículo 15 de la Ley 776 de 2002, en tanto la pensión de sobrevivientes le correspondía asumirla al Sistema de Riesgos Laborales. Por último, señaló que:

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Radicación n.° 97547 En cuanto a los intereses moratorios a que se hizo referencia en el recurso de apelación, ningún pronunciamiento se hará por cuanto aquél estaba dirigido frente a Protección S.A. sustentado en el tiempo en que demoró en reconocer la pensión de sobrevivientes en favor de la menor Laura Melissa Molina Vargas, circunstancia que queda sin piso al haber quedado la prestación en cabeza de Positiva S.A., a quien se le impuso, el pago de las mesadas retroactivas, debidamente indexadas, como pretensión subsidiaria.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN

Interpuestos por Lina María Vargas Segura y Positiva S.A., concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los términos y alcances del recurso extraordinario.

RECURSO DE POSITIVA S.A.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende Positiva S.A. que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que son replicado y resueltos conjuntamente por perseguir fines similares y complementarse en su argumentación.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 97547 Acusa a la sentencia de violar por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida el ‹‹[…] artículo 3° de la Ley 1562 de 2012, en relación con los artículos 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, 8 y 12 del Decreto 1295 de 1994, 11 de la ley 776 de 2002››. A su juicio, el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que se encuentra acreditado que el fallecido trabajador “…había extendido su jornada laboral y se encontraba desarrollando labores propias de su cargo…”.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que “…las funciones de las que estaba encargado el obitado le generaban un riesgo de tal índole”.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que existe conexidad entre

las funciones desarrolladas por el finado trabajador y las causas de su muerte.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que “no se demostró que hubiese existido una causa distinta que rompiera el nexo de causalidad que se advierte del material probatorio”.

5. No dar por demostrado, estándolo, que al momento en que el señor RICARDO MOLINA VARGAS fue asesinado, había finalizado su horario de trabajo, no se encontraba ejecutando ninguna de las funciones para las que fue contratado, y tampoco estaba bajo la subordinación de su empleador.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el homicidio de que fue objeto el señor RICARDO MOLINA VARGAS, no guardaba relación de causalidad laboral, en consecuencia, su fallecimiento fue por causas de origen común.

Sostiene que apreció erróneamente las siguientes pruebas:

1. Formato de informe para accidente de trabajo del empleador o contratante. (Pág. 16 Archivo 2 y Pág. 85 del Cuaderno

2023065615760407).

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2. Informe pericial de necropsia emanado del Instituto Nacional de Medicina Legal (Pág. 21 a 31 Cd. 2 y Pág. 89 a 94 del Cuaderno

2023065615760407).

3. Comunicación dirigida por el Médico Especialista de POSITIVA S.A. a la Corporación para el desarrollo sostenible del Norte, informando la determinación de origen común respecto al accidente ocurrido al señor RICARDO MOLINA (Pág. 3337,

archivo 2 y Pág. 95 del Cuaderno 2023065615760407).

4. Respuesta de fecha 9 de febrero de 2016 al PQR radicado bajo el número 147438. (Pág. 107 a 108 del Cuaderno

2023065615760407).

5. Formulario de dictamen para determinación de origen. (Pág. 21 a 25 del Cuaderno 2023070205019407).

6. Respuesta a solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes de fecha 12 de febrero de 2016. (Pág. 48, cd. 2 y Pág. 109 del Cuaderno 2023065615760407).

7. Certificación de funciones emitida por el empleador CDA (Pág. 5052 y 61-62 cd. 2 y Pág. 121 a 122 del Cuaderno

2023065615760407).

8. Investigación Administrativa realizada por POSITIVA a través de la firma MC LARENS INVESTIGACIONES del 10-06-2015 (Pág. 46, Cd. 4 o Pág. 5 a 20 del Cuaderno 2023070205019407).

9. Oficio del 20 de junio de 2017 de la Fiscalía General de la Nación, dando respuesta al Derecho de Petición presentado por la señora LINA MARÍA VARGAS SEGURA. (pág. 57-64 del Cd. 2, y Pág. 117 a 118 del Cuaderno 2023065615760407).

10. Respuesta del 18 de julio de 2019, remitida por la Fiscalía General de la Nación al Juzgado de origen (Pág. 89 Cuaderno

2023070205019407).

11. Investigación administrativa realizada por ACIR LTDA, de

Protección S.A. (Pág. 43 del Cd. 7. Y 155 a 159 del Cuaderno N° 2023065728860407).

12. Y las declaraciones rendidas por: -Lina María Salazar Herrera – cónyuge – -Lina María Vargas Segura – compañera permanente- -Juan Carlos Molina Vargas – hermano del causante –

-Juan Sebastián Molina Mosquera -sobrino- -Mauricio Martínez Molin