CSJ - SL3082-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL3082-2023 Radicación n.° 95589 Acta 46 Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS ECOPETROL S.A. y por CARMEN DEL SOCORRO MANTILLA DE HERNÁNDEZ contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró GILMA AURORA CIRO BUSTAMANTE contra las recurrentes, trámite al cual se vinculó como interviniente ad excludendum a la persona natural impugnante.

I. ANTECEDENTES Gilma Aurora Ciro Bustamante convocó a juicio a

Ecopetrol S.A. y a Carmen del Socorro Mantilla de Hernández

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Radicación n.°95589 en calidad de interviniente ad excludendum, con el propósito que se declare que, tiene derecho al reconocimiento y pago del 100% de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente Álvaro Hernández Quintero, además que la accionada persona natural y en condición de cónyuge sobreviviente, no era beneficiaria de la citada prestación. Consecuente con lo anterior, pidió que se condenara a Ecopetrol S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor, junto con el retroactivo pensional causado «desde el 5 de julio de 2014», data en la que radicó

solicitud de reconocimiento del derecho ante esa empresa, junto con los intereses moratorios, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones manifestó que convivió de forma ininterrumpida, pública y compartiendo techo y lecho con Álvaro Hernández Quintero desde el 17 de septiembre de 1987 hasta el momento de su fallecimiento el 11 de abril de 2004; que, de esa unión marital de hecho, el 28 de mayo de 1990 nació Nelson Hernández Ciro y que el difunto era pensionado por Ecopetrol S.A. Narró que, con ocasión de la muerte del causante, Ecopetrol S.A. le reconoció la pensión de sobrevivientes a su hijo en un 50% desde la calenda del deceso hasta cuando cumpla los 25 años de edad; que por desconocimiento de sus derechos no solicitó oportunamente la sustitución pensional, pues solo lo hizo hasta el 5 de julio de 2017, pero la petrolera

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Radicación n.°95589 el 20 de septiembre de igual año dio respuesta negativa, argumentado que no se acreditó convivencia con su compañero hasta el momento del fallecimiento. Expuso que cuando iniciaron la cohabitación el 17 de septiembre de 1987, fijaron la residencia en la ciudad de Puerto Boyacá; que luego el causante le compró un inmueble y allí convivieron hasta la muerte de éste; que compartieron actos sociales como el nacimiento, el cumpleaños y el bautismo de su hijo; que él era quien sostenía el hogar; que en enero del 2004 fue operado de cáncer en los pulmones,

que estuvo recuperándose con quimioterapias y que lo volvieron a hospitalizar en marzo del 2004 hasta la fecha del deceso. Afirmó que Carmen del Socorro Mantilla de Hernández, cónyuge del causante, no tenía derecho a la prestación reclamada, toda vez que no convivió con el pensionado en los últimos cinco años anteriores al deceso y que es a ella como compañera a quien se le debe reconocer en un 100% la prestación pensional. Ecopetrol S.A. al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó la calidad de pensionado del causante, la data de su óbito, el otorgamiento del 50% del derecho a favor del hijo hasta que cumplió 25 años de edad y la solicitud pensional instaurada por la demandante el 7 de julio de

2017. Respecto de los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.°95589 Argumentó que la empresa pagará la sustitución pensional del causante, una vez el juzgado determine quién ostenta el derecho, siempre y cuando la decisión esté fundamentada en el material probatorio, la normatividad vigente y no se perjudiquen los intereses de la empresa. Aclaró que siempre ha cumplido con las obligaciones de la sustitución pensional cuando se acredita tal derecho, pero que no está obligado a hacerlo en caso de controversia entre las personas que aspiran a la misma. Explicó que en este asunto atendiendo a que Carmen del Socorro Mantilla de Hernández, en su condición de

cónyuge del causante, se presentó oportunamente a reclamar el derecho pensional y acreditó ante la petrolera el cumplimiento de los requisitos para su reconocimiento, la entidad procedió a su otorgamiento. No ocurrió lo mismo con la hoy accionante quien tan solo reclamó pasados 13 años desde el deceso, ello pese a que como representante de su hijo entonces menor de edad, sí peticionó la pensión de sobrevivientes a su favor, la cual le fue reconocida hasta la edad de los 25 años. Precisó que, una vez ocurrió el óbito del pensionado, la empresa publicó edictos en un periódico de amplia circulación a efectos de que concurrieran todas las personas que consideraban tener derecho a la sustitución pensional, por tanto, no puede castigarse a la empresa por la morosidad de la parte actora para presentar los documentos con los que pretende acreditar su calidad.

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Radicación n.°95589 Formuló como excepciones previas, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios y prescripción. Como medios exceptivos de mérito propuso los que denominó, necesaria intervención de la justicia ordinaria laboral para la definición de los beneficiarios del derecho pensional de sobrevivencia, derivado del fallecimiento del pensionado Álvaro Hernández Quintero; prescripción; pago; compensación; buena fe y la genérica. El juez de conocimiento, mediante auto del 7 de noviembre de 2018 (f.°114) de oficio ordenó vincular como interviniente ad excludendum a Carmen del Socorro Mantilla

de Hernández, en calidad de cónyuge. La referida señora al contestar el escrito inaugural, también se opuso a todas las súplicas. En cuanto a los hechos, admitió que el pensionado falleció el 11 de abril de 2004; el otorgamiento pensional a favor Nelson Hernández Ciro, hijo del causante y la convocante a juicio, en el porcentaje allí especificado. Sobre los demás supuestos fácticos dijo que no le constaban o que no eran ciertos. Como argumentos de defensa, explicó que contrajo matrimonio católico con el causante el 27 de octubre de 1962, hogar en el que nacieron cuatro hijos; que vivían juntos en Bucaramanga y que «murió a su lado»; que él nunca conformó una unión marital de hecho con la demandante y fue por eso que cuando él murió, ella no reclamó derecho pensional alguno a su favor y lo hizo fue en nombre de su

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Radicación n.°95589 hijo; que ahora de mala fe pretende que se le cancele de forma exclusiva a ella como supuesta compañera, desconociendo que, en realidad, Álvaro Hernández Quintero vivió y murió al lado de su cónyuge. Señaló que Ecopetrol, por medio de resolución, le concedió la pensión de sobrevivientes por haber demostrado que le asistía el derecho como esposa. Agregó que la demandante actuó temerariamente al pretender el 100% de la prestación, ya que nunca convivió con el pensionado, y si hubiera existido convivencia simultánea, solo le correspondería un porcentaje del derecho, máxime que le

asiste siempre a la cónyuge y en este caso el carácter de relación permanente entre esposos no tiene discusión de ninguna naturaleza. Propuso como excepciones previas la falta de jurisdicción y competencia, falta de competencia y prescripción. Y de fondo las que denominó prescripción, compensación, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido y buena fe. El juzgado de conocimiento por auto del 3 de febrero de 2020 declaró no probadas las excepciones previas de falta de integración del contradictorio, falta de jurisdicción y competencia y falta de competencia, y en cuanto a la excepción de prescripción dijo que se resolvería en la sentencia que dirima la controversia de fondo (f.°269); decisión que confirmó el ad quem al resolver el recurso de apelación que presentó la parte demandada (f.°273).

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Radicación n.°95589

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, con fallo del 27 de mayo de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que las señoras GILMA AURORA CIRO BUSTAMANTE y CARMEN DEL SOCORRO MANTILLA DE HERNÁNDEZ, la primera en calidad de compañera permanente y la segunda de cónyuge, tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del señor ÁLVARO HERNÁNDEZ QUINTERO (q.e.p.d.), a partir del 11

de abril de 2004, en cuantía inicial de $4.889.955, en un porcentaje del 50% hasta el 28 de mayo de 2015, fecha en que el joven NELSON HERNÁNDEZ CIRO alcanzó los 25 años de edad, y a partir de allí. Incrementada en un 100%.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada ECOPETROL S.A., a reconocer y pagar a las señoras GILMA AURORA CIRO BUSTAMANTE y CARMEN DEL SOCORRO MANTILLA DE HERNÁNDEZ, la pensión de sobrevivientes a partir del día 11 de abril de 2004, en cuantía inicial de $4.889.965, la cual deberá ser pagada de manera retroactiva junto con los reajustes anuales y con una mesada adicional, valores que deberán ser indexados desde el momento de la causación de cada una de ellas y hasta el momento efectivo de su pago, frente a las cuales se autorizan los descuentos respectivos al sistema de seguridad social en salud, y conforme a las siguientes proporciones: - A la compañera GILMA AURORA CIRO en un porcentaje de la pensión equivalente al 13,6% a partir del 11 de abril de 2004 y hasta el 28 de mayo de 2015, y a partir de allí incrementada en un 27,2% de manera vitalicia. - A la cónyuge CARMEN DEL SOCORRO MANTILLA HERNANDEZ en un porcentaje de la pensión equivalente al 36,4% a partir del 11 de abril de 2004 y hasta el 28 de mayo de 2015, y a partir de allí incrementada en un 72,8% de manera vitalicia.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra por la demandante.

CUARTO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción respecto de todas las mesadas pensionales causadas con anterioridad 18 de septiembre de 2015 a favor de

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Radicación n.°95589 la demandante GILMA AURORA CIRO BUSTAMANTE.

QUINTO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de inexistencia de las obligaciones reclamadas y se releva el Despacho del estudio de las demás.

SEXTO: Sin costas en esta instancia.

SÉPTIMO: En caso de no ser apelada, ENVIAR el presente asunto

al Honorable Tribunal Superior de Bogotá D.C. - Sala Laboral para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer el recurso de apelación interpuesto por las partes, mediante sentencia proferida el

30 de julio de 2021, decidió: PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL PRIMERO de la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que el 50% de la mesada pensional a favor del joven NELSON HERNÁNDEZ CIRO expiró el 31 de mayo de 2016, según las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que, tanto a la compañera permanente como a la cónyuge, les corresponde el 25% de la mesada pensional que en vida disfrutó el causante,

desde el 11 de abril de 2004 hasta el 31 de mayo de 2016 y a partir del mes de junio de 2016 se incrementa en ambos casos en un 50%, según las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: AUTORIZAR A ECOPETROL descontar del valor de la mesada correspondiente a la señora CARMEN DEL SOCORRO MANTILLA DE HERNÁNDEZ el 50% hasta completar el monto del retroactivo correspondiente a la señora GILMA AURORA CIRO

BUSTAMANTE.

CUARTO: Confirmar la decisión en todo lo demás.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.

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Radicación n.°95589 De acuerdo con lo planteado en el recurso de alzada, el ad quem determinó que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente. Expuso que no eran objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el 11 de abril de 2004 falleció Álvaro Hernández Quintero, quien desde el 1 de agosto de 1985 ostentaba la condición de pensionado de la accionada Ecopetrol S.A. (127 vto); que la entidad reconoció el derecho y pagó las mesadas pensionales a la cónyuge e interviniente ad excludendum, así como al hijo menor del fallecido y de la aquí demandante, Nelson Hernández Ciro, en los términos del Decreto 1160 de 1989 (f.°161 a 169). Destacó que la pensión de sobrevivientes fue

consagrada como una prestación económica tendiente a cubrir las contingencias de los familiares, surgidas con ocasión a la muerte del afiliado o pensionado, teniendo como finalidad principal, evitar que la familia del causante quede desamparada ante la ausencia de los ingresos que generaba la actividad laboral del asegurado, por tanto, recaen en el Sistema las cargas materiales que se generan de cara a dicho infortunio y disminuir las aflicciones morales consecuentes. Advirtió que el reconocimiento al derecho a la pensión de sobrevivientes, así como las controversias que se susciten en torno al mismo, debe regularse conforme a las normas vigentes para la data del fallecimiento del afiliado o

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Radicación n.°95589 pensionado, sin que exista la posibilidad de remitirse a normas anteriores al acaecimiento del riesgo, como ocurre en la contingencia de vejez, ya que, los beneficiarios no ostentan un derecho adquirido ni una mera expectativa sino hasta que el asegurado o pensionado fallece. Puntualizó que, teniendo en cuenta que en el sub judice el óbito del pensionado ocurrió el 11 de abril de 2004, la norma aplicable era el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 71 de 1988 y los artículos 5 y 6 de su Decreto Reglamentario 1160 de 1989, y no la Ley 100 de 1993 como equivocadamente lo había colegido el a quo, ya que su artículo 279 excluyó expresamente su aplicación en torno a los servidores de Ecopetrol. Recordó que en la sentencia CSJ SL414-2021, se indicó

que debido a la modificación efectuada al Sistema General de Pensiones, mediante el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 el legislador empezó a desmontar gradualmente ese régimen exceptuado, al disponer que los trabajadores que ingresaran a Ecopetrol a partir de su vigencia, debían vincularse de forma obligatoria al sistema creado por la Ley 100 de 1993; y que posteriormente el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció en su parágrafo transitorio segundo, «que, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010», es decir, que hasta esta fecha tuvo vigencia el régimen exceptuado de los trabajadores de Ecopetrol.

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Radicación n.°95589 Luego de hacer cita textual de los artículos 3 de la Ley 71 de 1988; y 6 del Decreto 1160 de 1989, indicó que la expresión «a falta de esta» contenida en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 1160 de 1989 fue declarado nula por inconstitucionalidad, mediante sentencia «CE SCA, 12 oct. 2006, rad, 803-99» de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Explicó que, en principio esa decisión no podía tenerse en cuenta, como quiera que fue proferida con posterioridad al deceso del pensionado y de conformidad con el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 CPCA, las sentencias de nulidad

sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro, salvo que el juez disponga otra cosa, lo que en este caso no ocurrió. Arguyó que de las referidas normativas se podía concluir preliminarmente que, ante la existencia de cónyuge, debía desplazarse a la compañera permanente por expresa disposición legal y reglamentaria, en consecuencia, no le asistiría derecho a la demandante, dado que no se discute en el proceso que Carmen del Socorro Mantilla de Hernández era la esposa del causante. Pese a lo anterior, el juez plural indicó que se apartaba de tales disposiciones legales y aplicaba la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la CP, por

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Radicación n.°95589 cuanto solo contemplaban a la cónyuge como beneficiaria, al respecto indicó: […] dada la clara discriminación que brota de la misma respecto de la compañera permanente, por ende, contrario a los mandatos de la Constitución Política de 1991 que propenden por el respeto de la familia en condiciones de igualdad y esa perspectiva constitucional tiene notoria incidencia en las cuestiones relativas a la seguridad social, entre ellas lo concerniente a la determinación de los beneficiarios de las prestaciones sociales que, como la pensión de sobrevivientes que causaban los trabajadores de regímenes otrora exceptuados como el de Ecopetrol, esperan la protección de las contingencias derivadas de la muerte sin distinciones originadas en la clase de unión familiar. De modo que, en caso de convivencia efectiva y simultánea de la

compañera permanente y cónyuge, con el causante para la fecha del deceso, para efectos de la sustitución pensional, no debe darse prevalencia a cualquier disposición que privilegie el derecho de la cónyuge frente al derecho de la compañera, por tanto, no existe razón alguna que justifique la exclusión de una frente a la otra, para efectos del reconocimiento pensional, menos bajo la égida de la protección constitucional a la familia, como núcleo esencial de la sociedad (42 de la CN). […] La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto a la diferencia de trato entre cónyuge y compañera permanente, precisando que el vínculo jurídico que relaciona al fallecido con el potencial beneficiario no puede ser una circunstancia relevante para establecer a quién se le debe otorgar la pensión, en la medida en que hacerlo ubicaría a «[...] las uniones de hecho en una situación de clara desventaja con respecto a las familias surgidas del matrimonio», así lo indicó en la sentencia C-482 de 1998. De igual modo, se destaca que la consideración importante al momento de determinar los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes es la convivencia del causante con el cónyuge o compañero permanente supérstite, acogiendo un criterio mediante el cual se designa al acreedor de la prestación basado en la convivencia material, real y efectiva; por lo que, se avizora que condicionar la configuración del derecho a la pensión a la existencia de un vínculo matrimonial implica efectuar diferenciaciones que son injustificadas, al impedir el cumplimiento de la finalidad de la sustitución pensional, e

inadmisibles, desde el plano del derecho a la igualdad.

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Radicación n.°95589 […] Bajo esa óptica, no resulta admisible la disparidad de trato entre la cónyuge y la compañera permanente, aún para la época en que acaeció el fallecimiento, cuando lo verdaderamente importante son los lazos de la pareja, especialmente de quien pretende acceder a la prestación, en aras de mantener sus mínimas condiciones de vida ante la ausencia del pensionado o trabajador, que es la circunstancia que genera, precisamente, esa carencia de ayuda material y aún emocional y espiritual que produce la pérdida del ser querido con el que se convivía, independiente del ropaje sacramental o formal de la relación conyugal. […] En suma, para la Sala, desde una perspectiva social y constitucional, no resulta admisible preferir a la cónyuge y desplazar a la compañera permanente ante la existencia de ambas, en los términos del artículo 6 del Decreto 1160 de 1989, pues resulta abiertamente regresiva de cara a la evolución que ya presentaba el sistema de protección al núcleo familiar vigente para la época y por ende abiertamente inconstitucional, siendo lo verdaderamente relevante, la satisfacción de las exigencias fácticas mínimas requeridas por la normativa para acceder al derecho pensional. Así las cosas, como argumento conclusivo, estima la Sala que la disposición transcrita, en armonía con la jurisprudencia atrás referida, no puede ser entendida en el sentido de excluir a la compañera como beneficiarla de la prestación, ante la existencia

de cónyuge con derecho, en aquellos casos que, desde luego, se acredita el supuesto de la convivencia. La colegiatura enseguida entró a analizar si la demandante, en calidad de compañera permanente, cumplió con el requisito de convivencia respecto del pensionado para ser acreedora de la pensión de sobrevivientes, conforme a lo previsto por el artículo 12 del Decreto 1160 de 1989. Luego de aludir a las declaraciones extra proceso de Lidia Neda Galvis Muñoz y Francy Janeth Salazar Isaza; así como a los testimonios vertidos por Gloria Amparo Caviedes Zafra, Adriana Milena Hernández Mantilla, Nelson

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Radicación n.°95589 Hernández Ciro, María Yohany Calle Barragán, Jeymy González Rúa, Álvaro Ernesto Hernández Mantilla y Eliana Rueda Salamanca; indicó que de su análisis con apego a la sana critica, se podía colegir que se encontraba plenamente acreditado que la actora Gilma Aurora Ciro Bustamante convivió con el causante, no solo por espacio de un año inmediatamente anterior al fallecimiento sino, por lo menos, desde el año 1996. Explicó que la prueba testimonial, en armonía con las declaraciones extraprocesales, permitían concluir que la pareja en comento hizo vida marital al menos desde el año 1996 hasta el 11 de abril de 2004 y que, como resultado de la unión, nació un hijo, quien contaba con 14 años al momento del fallecimiento. Anotó que esas versiones daban cuenta de la

convivencia de la accionante y les otorgaba credibilidad al ser contestes, coherentes y espontáneas, además, que las deponentes respondieron las preguntas de forma clara en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la cohabitación, de manera que eran idóneas y resultaban convincentes frente a los hechos que expusieron, de lo que se desprendía que la vida en común como compañeros permanentes se suscitó con un compromiso de vida real y con vocación de continuidad, pues la citada pareja no se separó sino hasta la muerte del pensionado. Refirió que, de los propios dichos de los hijos del causante, tanto el procreado con la demandante como los de

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Radicación n.°95589 la cónyuge, se podía verificar que el pensionado sí convivió con la actora y aunque no quedó claro desde cuando específicamente, lo cierto era que uno de los testigos, indicó que laboró al servicio de la pareja para el año 1996, y de los demás declarantes bien podía establecerse que sí convivieron hasta la fecha del óbito. El ad quem hizo notar que «todos y cada uno de los testigos de descargos, hijos y familiares de la cónyuge, así como ella misma, fueron contestes en manifestar que ciertamente el causante posterior a ser pensionado continuó viajando al municipio de Puerto Boyacá», los primeros años permanecía tiempo considerable y en los últimos iba por lo menos una semana al mes, lo cual descartaba de plano que por ese lapso solo fuese a cumplir con su deber de padre para con el menor Nelson Hernández Ciro; pues lo que se extraía

no era otra cosa, que una convivencia simultánea de cara a lo precisado por los testigos, «quienes fueron coincidentes en manifestar la convivencia con la compañera permanente Gilma Ciro». Destacó que sincrónicamente los testigos como las declaraciones de parte, indicaron que el causante viajó prácticamente hasta último momento a Puerto Boyacá, por lo menos hasta diciembre del año 2003, «momento para el cual se separó definitivamente de la demandante»; empero ello no significaba que debía desecharse la convivencia en el último año de vida como lo exigía la normativa aplicable al caso, puesto que, la jurisprudencia de antaño ha enseñado que los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja o,

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Radicación n.°95589 la no cohabitación por motivos de fuerza mayor no suponen su ruptura. Al respecto citó pasajes de la sentencia CSJ SL1399-2018, que recordó lo dicho en la decisión CSJ SL3202-2015. Enfatizó que la vida en común entre esposos o compañeros permanentes podía verse afectada en la unión física, es decir, por no convivir bajo un mismo techo, por circunstancias que la justifiquen pero que no dan a entender que el concepto de familia, el del vínculo matrimonial o de hecho, haya finalizado definitivamente, tal como, en decir del ad quem, ocurrió en el sub examine, donde el causante permanecía gran parte del mes en la ciudad de Bucaramanga y por lo menos en el último tiempo, una semana al mes, en Puerto Boyacá con la familia allí conformada.

Precisó que el hecho que la accionante en un primer momento no hubiera solicitado la prestación para sí misma, como compañera permanente, sino en calidad de representante de su hijo menor, no era óbice para que posteriormente lo hiciera, por tratarse de un derecho de carácter irrenunciable, el cual puede ser pedido en cualquier tiempo, siempre y cuando demuestre los requisitos que exige la normativa vigente para la data de la muerte. De otro lado indicó, que la fecha de causación correspondía al 11 abril de 2004, calenda del fallecimiento del pensionado. En cuanto al monto manifestó que, en caso de convivencia efectiva y simultánea de la compañera permanente y la cónyuge con el causante para la fecha del

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Radicación n.°95589 deceso, la sustitución pensional debía reconocerse a ambas en igual proporción, como lo determinó esta corporación en la sentencia CSJ SL, 3 jun. 2004, rad. 21474; donde se concluyó que existiendo dos compañeras permanentes tal prestación debía reconocerse a ambas en igual proporción y que en este asunto debía ocurrir lo mismo entre la cónyuge y la compañera permanente. Así, estimó que la prestación se compartiría en un 50% para cada una, siendo claro que, inicialmente, se habría otorgado en un 25% para cada una y el restante 50% en favor del hijo menor, una vez éste cumplió 25 años de edad, la mesada se acrecentaría en partes iguales. Sin embargo, advirtió que según se evidenciaba en el expediente, la prestación se pagó al hijo hasta que tuvo 26 años de edad, es

decir, hasta mayo del 2016, como se deducía del escrito mediante el cual se le comunicó a Carmen del Socorro Mantilla de Hernández que se le acrecentaba la pensión desde junio de la misma anualidad (f.177). De este modo, el Tribunal modificó la decisión en el sentido de aumentar la mesada a partir del mes de junio de 2016 en un 50% para cada una de las beneficiarias. En lo que atañe a la excepción de prescripción acotó que el juzgado la había declarado probada frente a las mesadas causadas con anterioridad al 18 de septiembre de 2015, esto es, tres años anteriores a la presentación de la demanda inaugural, sin tener en cuenta la reclamación administrativa efectuada, determinación que debía confirmarse en la medida que no fue apelada.

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Radicación n.°95589 Anotó que Ecopetrol debió dejar en suspenso al menos el 50% mientras la justicia ordinaria dirimía la controversia; que en todo caso ordenaría que «del porcentaje que percibe la señora Mantilla se le descuente mensualmente un 50% hasta completar el retroactivo a que tiene derecho la señora Gilma Aurora Ciro en los términos atrás explicados».

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Fueron interpuestos por Ecopetrol S.A. y Carmen Del Socorro Mantilla de Hernández, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos. Por cuestión de método, la Sala estudiará en forma conjunta los dos primeros cargos formulados por la empresa petrolera y el primero de la cónyuge e interviniente ad excludendum, toda

vez que denuncian similar elenco normativo, se valen de una argumentación que se complementa y persiguen idéntico cometido. Luego se analizará el tercer cargo de la sociedad accionada y posteriormente los tres últimos de la demandante en el orden propuesto.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE

ECOPETROL S.A.

Se formula así: Solicito a la H. Sala la CASACIÓN TOTAL de la sentencia en cuanto ratificó con modificaciones el fallo de primer grado que otorgó la sustitución pensional tanto a la señora Carmen del Socorro Mantilla de Hernández como cónyuge del causante cuanto (sic) a la demandante Gilma Aurora Ciro Bustamante

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Radicación n.°95589 como compañera permanente. En sede de instancia solicito la revocatoria del fallo del a-quo y la absolución total de Ecopetrol respecto de las pretensiones de la demandante.

Subsidiariamente manifiesta: Solicito la CASACIÓN PARCIAL de la sentencia en cuanto ratificó con modificaciones la decisión del a-quo de imponer el pago retroactivo de la sustitución pensional a la demandante Gilma Aurora Ciro Bustamante en concurrencia con la señora Carmen del Socorro Mantilla de Hernández a cargo de ECOPETROL.

En sede instancia solicito que se revoque la sentencia del a-quo en cuanto impuso el pago retroactivo de la sustitución pensional a la demandante en concurrencia con la señora a cargo de ECOPETROL y, en su lugar, solo se conceda a la demandante la sustitución pensional desde la ejecutoria de la sentencia. Con tal propósito, por la causal primera de casación

laboral, formula tres cargos que fueron replicados por la demandante.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 3 de la Ley 71 de 1988, en relación con los artículos 6 del Decreto 1160 de 1989; 279 de la Ley 100 de 1993; 21 del CST y 53 de la CP y por aplicar indebidamente los artículos 4 y 42 de la C