CSJ - SL3121-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL3121-2023 Radicación n.° 94623 Acta 38 Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SALUD TOTAL EPS SA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 25 de mayo de 2021, en el proceso que instauró en su contra RICARDO VALDIRI VANEGAS.

I. ANTECEDENTES Ricardo Valdiri Vanegas, convocó a juicio a Salud Total EPS SA, para que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 17 de septiembre de 2001 y el 6 de enero de 2017, fecha en que se configuró un «autodespido» atribuible al empleador; que el otrosí del contrato de trabajo suscrito entre las partes es ineficaz y, por consiguiente, pidió que se condene a reajustar el auxilio de cesantías, los intereses sobre las mismas, las primas de

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Radicación n.° 94623 servicios, las vacaciones y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, con el salario que realmente devengó, y por el tiempo de vigencia de la relación laboral. Así mismo, a las indemnizaciones por el impago de las prestaciones sociales, por la no consignación de cesantías con la verdadera retribución, y por la ausencia de pago de los intereses sobre las cesantías.

Soportó sus aspiraciones, en que se vinculó a la demandada en la fecha ya indicada, a través de la referida modalidad laboral; que se desempeñó como médico de Promoción y Prevención, en horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm, y los sábados de 8:00 am a 12:30 pm., con un salario, «en los últimos meses», que ascendía a $1.959.000; que recibía, además, una suma «“a título de beneficio no constitutivo de salario”», equivalente a $1’186.400, para un total de $3’145.400. Explicó, que los «beneficios que percibía» fueron reconocidos y pagados desde febrero de 2009 hasta el día en que terminó el contrato; que las partes suscribieron otrosíes al convenio inicial, en los que estipularon el sueldo a percibir, así como el monto de los beneficios no constitutivos del mismo. Informó, que desde 2001, aproximadamente, a los trabajadores de la compañía demandada se les impuso la adopción de un sistema llamado plan de beneficios por el cual les pagaban un porcentaje de su retribución real, y el restante, lo dirigían a un «fondo de protección» del cual les giraban cheques para educación, ahorros y otros conceptos.

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Radicación n.° 94623 Añadió, que las prestaciones sociales y los aportes para seguridad social se liquidaban solo con el salario básico. Adujo, que laboró para la accionada hasta el 6 de enero de 2017, «fecha en que unilateralmente decidió dar por terminado su

contrato de trabajo». Soportó la emisión de condena, en que la entidad empleadora infringió los artículos 128 y 129 del CST, en tanto lo sometió a un «régimen salarial que atenta contra sus derechos laborales», dado que tanto el monto básico como los «beneficios» son verdadero salario, por retribuir el servicio que prestaba ( fls. 82 a 90 cuaderno principal, tomo I exp. digital). Salud Total EPS SA (fls. 119 a 152 cuaderno principal, tomo I, exp. digital), se opuso a las pretensiones. Aceptó, la prestación personal del servicio y el horario; el cargo y los extremos temporales de la relación, así como las adiciones a los contratos. Los demás hechos los negó o dijo que no tenían tal connotación. En lo relativo al salario, aclaró que de manera libre y voluntaria, las partes pactaron que Salud Total EPS SA, como retribución directa del servicio, pagaría al actor $820’606; sin embargo, el último salario fue $1’959.000. Que, igualmente, acordaron, conforme al artículo 15 de la Ley 50 de 1990, el artículo 128 del CST, en concordancia con el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, que el empleador otorgaría al trabajador un auxilio extralegal no constitutivo de salario, pagado bajo el concepto 82 denominado «Ben. Aport Voluntario Convenio (Fondo de Pensiones Voluntarias Protección);

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Radicación n.° 94623 respetando en todo caso, el tope máximo establecido por el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, esto es, el cuarenta por ciento (40%)».

Añadió, que desde el inicio de la relación laboral y hasta su finalización, la empresa le reconoció al trabajador el salario y unas prebendas no constitutivas del mismo, dado que no tenían como objeto la recompensa directa del servicio «sino que constituyeron un aporte a pensiones voluntarias».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante providencia de 30 de noviembre de 2020 (fls. 188 y 189 cuaderno principal, tomo II, exp. digital), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre Salud Total EPS como empleadora, y RICARDO VALDIRI, como trabajador, existió contrato de trabajo a término indefinido desde el 17 de septiembre de 2001 hasta el 6 de enero de 2017.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de cobro de lo no debido y con base en ello NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: Condenar en costas a la parte actora, fijándose como agencias en derecho UN SALARIO MÍNIMO

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación formulada por el demandante, a través de la sentencia impugnada, el Tribunal Superior de Ibagué (fls. 1 a 22 cuaderno de segunda instancia, exp.

digital), resolvió:

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Radicación n.° 94623

PRIMERO: REVOCAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué en el proceso ordinario

laboral promovido por RICARDO VALDIRI VANEGAS contra la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD – SALUD TOTAL E.P.S., por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído y en su lugar: 1.1. DECLARAR no probadas las excepciones de cobro de lo no debido, pago, compensación, buena fe y parcialmente probada la de prescripción, propuestas por la demandada SALUD TOTAL E.P.S. S.A. 1.2. CONDENAR a la Entidad Promotora de Salud – SALUD TOTAL E.P.S. S.A., a pagar a RICARDO VALDIRI VANEGAS los siguientes conceptos y sumas: a. Por reajuste de auxilio de cesantías la suma de $4.286.921. b. Por reajuste de intereses sobre las cesantías la suma de $512.098. c. Por reajuste de prima de servicios la suma de $3.516.73 d. Por reajuste de vacaciones la suma de $3.263.176. e. Por sanción por la no consignación completa del auxilio de cesantías la suma de $73.495.254. f. Por indemnización moratoria la suma de $104.846.67 diarios a partir del 6 de enero de 2017 y hasta por 2 años, esto es, hasta el 5 de enero de 2019, para un total de $75.489.600, a partir del 6 de enero de 2019 y hasta cuando se verifique el pago de lo adeudado por auxilio de cesantías y prima de servicios se pagarán intereses moratorios sobre los montos ordenados por estos conceptos. g. A pagar los aportes en pensión durante el período comprendido entre el 17 de septiembre de 2001 y el 6 de enero de 2017, por

la relación laboral que sostuvo con el demandante, de acuerdo con el cálculo actuarial que efectúe la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, teniendo como salario los valores determinados en esta sentencia. Pago que deberá́ hacerse ante Colpensiones, entidad donde se encuentra afiliado el demandante para cubrir tal riesgo, o en el fondo en el que actualmente se encuentre afiliado.

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Radicación n.° 94623 1.3. REVOCAR la condena en costas impuestas en primera instancia al demandante y en su lugar, IMPONER condena en costas de primera instancia a cargo de la demandada SALUD TOTAL E.P.S. S.A., y a favor del actor RICARDO VALDIRI

VANEGAS.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la demandada SALUD TOTAL E.P.S. S.A. y a favor del demandante FIJAR como agencias en derecho la suma de UN MILLON

OCHOCIENTOS UN MIL PESOS ($1.801.000).

En lo que interesa al recurso que ahora se resuelve, como «argumentos principales de orden constitucional», mencionó los artículos 25, 53 y 93 de la Constitución Política; recordó, que Colombia como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, está obligado a hacer efectivos los convenios y recomendaciones de dicho organismo, para preservar la justicia social. Agregó, que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos XIV, XVI y XVII señala que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas, así como a recibir una remuneración que le asegure un nivel de vida

conveniente; que tiene derecho a la seguridad social y de asociarse con otros para promover intereses de cualquier orden.

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Radicación n.° 94623 Expuso, que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 6, dispone que toda persona tiene derecho al trabajo, a fin de obtener los medios para una vida digna y decorosa a través de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Así mismo, refiere que los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas que garantice la plena efectividad del derecho al trabajo. A continuación, centró el problema jurídico en definir, si los pagos efectuados al demandante por concepto de «beneficios» y «aporte voluntario» constituyen factor salarial y, de ser así, si hay lugar a la reliquidación de las prestaciones sociales; si procede la indemnización por «despido indirecto», moratoria por el no pago de las prestaciones sociales, y la sanción por no consignación del auxilio de cesantías. Reprodujo los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, y apartes de las sentencias «32657 del 27 de mayo de 2009» y CSJ SL15045-2017. Agregó, que esta Sala ha sostenido que los pagos que se perciban en razón a una relación de trabajo, se presumen salario, a menos que se demuestren las condiciones de ocasionalidad, mera liberalidad del empleador y que no se dirijan a remunerar los servicios prestados por el trabajador (CSJ SL3272-2018). Dijo no estar en discusión, el vínculo de trabajo que

unió a las partes entre el 17 de septiembre de 2001 y el 6 de

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Radicación n.° 94623 enero de 2017, ni que el demandante prestó sus servicios como médico de Promoción y Prevención en Salud Total EPS., pues así fue aceptado por la demandada (fls. 105 y 111 del cuaderno del Juzgado). Apuntó, que estaba demostrado, que desde la suscripción del contrato, los firmantes pactaron como asignación salarial la suma de $820.606, pagaderos mes vencido; que dicho monto podía ser modificado por la compañía, sin necesidad de nuevo contrato, y que la accionada le pagaría a su colaborador $208.561 a título de auxilio de transporte, sin que ese monto compusiera el salario y, por tanto, no se tendría en cuenta en la base de liquidación prestacional, indemnizaciones, vacaciones o cualquier erogación a cargo de Salud Total y en favor del trabajador. Indicó, que en el parágrafo de la cláusula quinta se acordó que el empleador podría pagar subsidios de transporte extralegales de alimentación o educación, que tampoco constituirían salario (fls. 3 y 4). Continuó, el 1 de agosto de 2010, se suscribió un otrosí al contrato de trabajo, según el cual, a la luz del artículo 132 del Estatuto Laboral, se convino «de forma totalmente consensual que a partir del 1 de agosto de 2010 el trabajador devengará un salario mensual de $1.568.700 y que desde la misma fecha el trabajador recibirá unos beneficios de carácter prestacional, no constitutivos de

salario, “según el presente acuerdo, expreso y escrito, al que han llegado las pares (sic) de manera totalmente voluntaria”»; que en ese documento se relacionó como monto total de esas prerrogativas $1.045.800, «evidenciándose que se eligió el beneficio denominado “Ben. Aporte Voluntario Convenio”», suma que para 2013 ascendió a $1.087.632; para el 2014 a $1.120.261 y

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Radicación n.° 94623 llegó a $1.186.400 en 2015; «que el valor correspondiente a los beneficios era girado a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP Protección S.A.» (fls. 11 y 32 a 55). Reseñó, que a partir de octubre de 2015, la demandada le reconocía al convocante del juicio el sueldo básico en cuantía de $1’883.600 más subsidio de transporte y/o alimentación en cuantía de $1’186.400; para 2016 por salario $1’959.000 y por subsidio de transporte y/o alimentación $1’186.400 (fls. 56 a 70). Precisó, que en el artículo 127 del Estatuto Laboral se preceptúa que sumas recibidas por el trabajador son salario y en el 128 ibidem cuáles no. Se valió del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para definir los términos habitual y autonomía, luego de lo cual advirtió, que no desconocía la libertad de que gozan las partes de la relación laboral para estipular pagos no constitutivos de

salario, en los términos del último canon, pero que tales acuerdos «no pueden recaer sobre elementos que sí son salario por expresa disposición legal, ya que en tales casos dicho pacto resulta ineficaz, por contravenir el artículo 127 ibidem, al tenor de lo normado por el artículo 43 de esa misma codificación sustantiva». Dijo ser ello así, por cuanto el legislador, al fijar los elementos que integran el salario, incluyó no solo la remuneración ordinaria sino todo aquello que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sin importar la forma o denominación que se adopte y, en tal caso, se entiende que no deja de serlo,

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Radicación n.° 94623 a pesar de que se convenga de esa manera por las partes. Duplicó un segmento del proveído CSJ SL1798-2018. Destacó, que desde el comienzo de la relación laboral, las partes acordaron un «“Pacto de exclusión salarial”», respecto al reconocimiento y pago voluntario de unos beneficios, «“con el objeto de desarrollar una mejor calidad de vida, ahorro e inversión”», tales como seguros de vida, seguros exequiales, vales de mercado, pólizas de salud, seguro de incapacidad, pagos de matrículas y/o pensiones, financiación de vivienda, arrendamiento, vehículos, combustible, seguros para el automóvil, entre otros, los que, según la demandada, por su naturaleza no constituyen una retribución directa a la prestación del servicio del trabajador. Expreso que, sin embargo, conforme lo ha indicado esta Corte, la facultad consagrada en el artículo 128 del Código

Sustantivo de Trabajo no habilita despojar de incidencia salarial un pago claramente remunerativo, cuya causa directa es el servicio prestado, pues «“la ley no autoriza a las partes para que dispongan que aquello que por esencia es salario, deje de serlo”», como quiera que los pagos habituales que retribuyen directa y realmente el servicio constituyen salario y no pueden dejar de serlo por consenso entre las partes, «además de que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo» (CSJ SL5416-2020). Encontró acreditado que Salud Total EPS dispuso que le pagaría al actor un auxilio extralegal denominado y pagado en los desprendibles de nómina bajo el concepto 82 «Ben.

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Radicación n.° 94623 Aporte Voluntario Convenio (Fondo de Pensiones Voluntarias Protección», según nóminas de pago aportadas por el actor y el acumulado de conceptos por empleado, por lo menos durante los años 2011 a 2014, de manera habitual, permanente y periódica (fls. 47 a 70). Mencionó, que a folio 49 reposa el documento denominado «autorización para el pago de beneficios», en el cual se encuentran discriminados códigos, conceptos, beneficiarios, NIT y valor del descuento para los beneficios AFC, Ahorro Cooperativa - convenio - Cooptalentum, Ahorro Fondo de Empleados - convenio - Fondo de Empleados Secreditos, Aporte Voluntario - convenio -Protección S.A., Bonos de alimentación - convenio - Bigpass, Comunicacionesconvenio - Casa Editorial El Tiempo, Crédito vehículo –

convenio - Davivienda, Crédito viviendaconvenioDavivienda, Educación – convenio – Fabiola Castillo de Vallejo, Previsión exequial – convenio - Recordar S.A., Seguros Educativo - convenio – Compañía Mundial de Seguros, Seguros hogar – convenio – BBVA Seguros Colombia S.A., Seguros vehículo – convenio -QBE Seguros Generales S.A., y UPC Salud Total – Salud Total EPS-S; que tal instrumento constituye el permiso para el descuento de «aporte convenio voluntario». Aludió al interrogatorio de parte absuelto por el actor, en el que explicó: Recibió un aporte a un fondo de pensión, al cual se le denominó plan de beneficios, que para el año en que se firmó la base de cotización se redujo y el excedente de lo que no se recibía como

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Radicación n.° 94623 monto salarial se pagaba en el plan beneficios, había una póliza de seguro y había dos cuentas, una que se podía retirar a mitad de mes y otra a final del año, lo que concernía a prima de mitad y final de año, en cuanto al plan de beneficios tenía que suscribirlo de manera obligatoria y la afiliación al fondo de pensiones respecto del aporte voluntario lo suscribió; entre los beneficios que se presentaron como alternativas eran el pago del colegio, bono de mercado, si se estaba pagando una cuota de vivienda podía acceder a dicho pago, y además había un monto de pensiones voluntarias al cual él se acogió́; en el 2008 firmó un acuerdo con la empresa respecto de un plan de beneficios pero no fue suscrito

libremente, pues se decía que era una medida salvadora de la institución y que si no se firmaba se tenía que ir de la institución y para esa época no podía irse, firmó y escogió una de las propuestas que le dieron y le explicaron en qué consistía el plan beneficios pero no fue de forma libre y voluntaria; no se acuerda el año en que firmó el otrosí pero tiene claro que no volvió́ a firmar el otrosí́ relacionados (sic) con el aportes voluntario (sic) a Protección S.A., no estuvo de acuerdo con el plan de beneficios en 2011, 2013 y en un derecho de petición de 2015 (sic), y en ningún momento solicitó que se le reconociera como auxilio de transporte pues siempre solicitó que hiciera parte de la nómina de la empresa; el 30 de mayo de 2012 solicitó el retiro de aporte voluntario para compra de vivienda en Balcones de Provenza por la suma $18.588.799 el cual le fue debidamente entregado y solicitó el 12 de noviembre de 2014 otro retiro de aporte voluntario para arreglos locativos de la casa por un valor de $8.903.045.oo; en caso de interrupción del servicio como vacaciones, incapacidades, licencias u otras, los beneficios no variaban así́ se presentara una incapacidad, sólo (sic) se variaba los aportes de nómina; recibió́ además del salario un aporte denominado aporte mensual voluntario fondo pensiones obligatorias Protección, los beneficios le eran reconocidos sin condición alguna, sin que se le exigiera el cumplimiento de unas metas, pues su pago era independiente.

Destacó, que la representante legal de la compañía adujo, que el plan de beneficios es un acuerdo ofrecido a los trabajadores; que se les informaba cuáles serían sus ingresos; el salario y las demás prerrogativas para que pudieran ahorrar, pagar administración, pólizas, vivienda, vehículo, aumento de pensiones voluntarias y obligatorias;

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Radicación n.° 94623 que la absolvente explicó que «en la revisión que se hizo» se constató que el demandante optó por pensiones voluntarias y por pago de vivienda; que firmó los otrosíes de manera «firme y voluntaria y si no se accedía al otrosí, se volvía al contrato inicial del cual se había partido»; que el demandante, inicialmente, manejaba un ingreso por salario y, además, un auxilio o subsidio de transporte y de alimentación, «lo que pasó fue que ese subsidio de alimentación y de transporte pasó a ser un plan de beneficios más soportado, más robusto, donde se manejaba además unos aportes para pensiones voluntarias, pago de arriendo, administración, entre otros, pero jamás existió una desmejora en el ingreso mensual». Luego de interpretar las versiones de los testigos, evocó el principio de primacía de la realidad, para asentar que, para todos los efectos, debía entenderse que la suma recibida mensualmente por el demandante por concepto de «plan de beneficios del 40%» denominado B2 Ben. Aportes Voluntarios convenio (Fondo de Pensiones Voluntarias Protección) tenía estrecha relación con el trabajo desarrollado por el actor; que si bien, se indicó por la accionada «“que dichos pagos no tenían

como objeto la retribución directa del trabajador, sino que constituyeron un aporte a pensiones voluntarias”», no cabía duda que con ello sí se buscaba compensar el trabajo realizado por el empleado, con independencia de la denominación dada, pues, además, fue permanente, sin que las partes pudieran desconocer su esencia, de suerte que se imponía declarar la ineficacia de la cláusula «de exclusión salarial», que se firmó en varias ocasiones en las adiciones al contrato de trabajo, bajo el supuesto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 50 de

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Radicación n.° 94623 1990, el artículo 128 del CST, en concordancia con el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Advirtió, que aun cuando las sumas que percibió el actor desde agosto de 2010 por plan de beneficios, aparentemente no eran constitutivas de salario, fueron reconocidas de forma completa y habitual; además, dijo, representaron para el demandante una disminución del salario que venía recibiendo, en la medida en que esos rubros eran girados para cubrir aportes voluntarios al fondo de pensiones, en unos eventos y, en otros, se les catalogaba como subsidio de transporte y/o alimentación. Refirió que en torno a la voluntariedad, el testigo Miguel Eduardo Castro destacó que para «esa época» la mayoría de trabajadores de Salud Total EPS no estuvieron de acuerdo, pues les «quitaban» de su propio sueldo una cantidad de dinero bajo el supuesto de que era un ahorro que el trabajador podía hacer y que cuando lo deseara, podía retirarlo; que si no

estaban de acuerdo tenían que renunciar; que incluso él, con el cargo directivo que ostentaba, debía dar ejemplo al firmar y convencer a los demás compañeros de trabajo de hacer lo propio. Expresó, que nada tiene de voluntario que el empresario compele a sus trabajadores a hacer este tipo de aportes de forma regular y permanente, menos, bajo el ropaje de un ahorro para aquellos y sus familias, pues lo que caracteriza esa reserva, es que también sea voluntaria. « Así́ las cosas, la empleadora Salud Total EPS, lo único que hacía era servir de retenedor

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Radicación n.° 94623 del descuento de aporte voluntario para pensión y pagarlo a un tercero, en el caso del demandante al fondo privado Protección S. A., sin que saliera del peculio de la entidad de salud una suma adicional al salario devengado por el actor con destino al fondo privado de pensiones». Adicionó, que tan cierto es que los beneficios eran una remuneración directa del servicio, que el empleado podía retirarlos, si lo deseaba, mensual o semestralmente, pues financieramente, tales doceavas se llevaban a una cuenta que era el beneficio semestral, equivalente a la prima y respecto a la doceava semejante a cesantías e intereses llamada concepto 91, su retiro era igual al de las cesantías, tenía el mismo tratamiento, y por ello él accedió a esos dineros para la compra de un apartamento. Enseguida, razonó: Aunado a ello, examinando con detenimiento los comprobantes de pago obrantes a folios 294 y ss del expediente, se advierte que en

su parte superior se indica que para febrero de 2009 Ricardo Valdiri Vanegas devengaba un sueldo básico de $1.487.809, más unos beneficios denominados aportes voluntarios empresa convenio por $753.191, aporte voluntario empresa semestral por $105.056, aporte voluntario empresa por $160.681 y ajuste voluntario convenio $156.419, los cuales se anotó como total devengado en el mes por el trabajador demandante, la suma de $2.663.156, realizándosele únicamente como deducciones para aportes salud y pensión en cuantías individuales de $59.520; coligiéndose en consecuencia que le asiste razón al recurrente en este punto, en cuanto a que quedó acreditado que los montos pagados al accionante por concepto de beneficios sí constituyen salario. Luego de ocuparse de la excepción de prescripción, y de proceder a la reliquidación correspondiente, para imponer la indemnización moratoria, el colegiado mencionó que estaba demostrado que luego de la terminación del contrato, la

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Radicación n.° 94623 enjuiciada incurrió, injustificadamente en mora en el pago de salario y prestaciones, dada la naturaleza salarial del plan de beneficios que recibió el trabajador mensualmente, sin que se pueda dispensar al empleador por el pacto de exclusión salarial que resultó ineficaz. Aclaró, que no podía pregonarse buena fe de Salud Total, de cara a los saldos insolutos que en su contra se ordenaron por reliquidación de prestaciones sociales, pues los mismos devienen del plan de

desalarización que implementó la entidad, a través del susodicho plan de beneficios, para lo cual precisó: (…) que no terminó siendo más que una simple división del salario total percibido, permitiéndosele recibir bajo el título de “salario” una parte y el complemento de su remuneración bajo la denominación de “beneficios”; por lo que ante la innegable naturaleza salarial del concepto, mal puede excusarse la demandada en un convenio o “pacto de exclusión salarial”, que contraviene la ley para de ello derivar la buena fe que permita exonerarla del pago de la indemnización moratoria. Aunado a lo anterior y para desvirtuar una posible buena fe, de la prueba testimonial recibida, se tiene que el trabajador se vio forzado a aceptar las condiciones de pago de su salario en procura de la estabilidad en su empleo. Así́ las cosas, la condena por este concepto asciende a la suma de $104.846.67 diarios a partir del 6 de enero de 2017 y hasta por dos años, esto es, hasta el 5 de enero de 2019, para un total de $ 75.489.600; a partir del 6 de enero de 2019 y hasta cuando se verifique el pago de lo adeudado por auxilio de cesantías y prima de servicios se pagarán intereses moratorios sobre los montos ordenados por estos conceptos. De los mismos argumentos se valió el juzgador de la alzada para imponer sanción por la no consignación de cesantías. Se apoyó en los proveídos CSJ SL1451-2018 y CSJ SL403-2013, para indicar que esta se causa tanto por la falta

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Radicación n.° 94623 de consignación del auxilio de cesantías, como por su aporte deficitario o parcial. Manifestó, que no había prueba de la buena fe de la convocada al juicio, menos, al no liquidar el auxilio de cesantías con el salario que, en efecto, devengaba el accionante «sino que por el contrario su conducta es atribuible a un plan de desalarización que implementó para con sus trabajadores a través de un aparente, pero forzado “plan de beneficios”, que finalmente lo que conllevó fue a que el valor consignado fue liquidado con un valor inferior».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, confirme la decisión absolutoria del juzgado.

En subsidio, solicita la casación parcial del fallo acusado, en cuanto revocó la absolución por indemnización moratoria «en sus dos modalidades e intereses», y dispensó condena por ello. En sede de instancia, se confirme la sentencia absolutoria del juzgado por tales conceptos. Con ese fin, formuló un cargo que no mereció réplica.

VI. CARGO ÚNICO

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Radicación n.° 94623 Denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 13, 14, 23, 27, 55, 65, 127, 128, 186, 189, 249 y 306 de Código Sustantivo del Trabajo; 1 de la Ley 52

de 1975; 99 de la Ley 50 de 1990; 53, 83, 93 de la Constitución Política, el artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos XIV, XVI, XVII de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. «Como violación medio, pero también por aplicación indebida, el artículo 60 del CPT y SS». A título de errores de ello, enlista los siguientes:

1. No dar por demostrado, siendo evidente, que el demandante y mi representada desde la firma del contrato de trabajo (17 de septiembre de 2001) acordaron que los beneficios o incentivos extralegales que se le llegaran a pagar al actor, no se tendrían como factor de salario para conformar la base de liquidación de prestaciones e indemnizaciones.

2. No dar por demostrado, siendo evidente, que el demandante firmó sin reparo o constancia alguna, tanto el contrato de trabajo como todos los otrosís (sic) que se convinieron en el curso de la relación laboral.

3. No dar por establecido que las partes acordaron en agosto de 2010 que los beneficios establecidos por el empleador serían de contenido prestacional y no constitutivos de salario.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el propio demandante autorizó el pago de beneficios correspondientes a su plan, incluyendo la declaratoria de no tener la calidad de salarios.

5. No dar por demostrado, siendo evidente, que los pagos hechos al demandante por el plan de beneficios, estuvieron dirigidos a cubrir conceptos no constitutivos de contraprestación directa del servicio.

6. No dar por demostrado, estándolo, que los beneficios pagados al actor, con destino a un fondo de pensiones voluntario,

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Radicación n.° 94623 efectivamente fueron entregados al fondo de pensiones con tal objeto.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el otrosí que incluyó el plan de beneficios fue suscrito por el demandante si reparo alguno.

8. No dar por probado que, independientemente de la calificación jurídica, la demandada siempre pago (sic) en tiempo lo que creyó deber.

9. Colegir, sin respaldo probatorio alguno, que el salario del demandante estuvo dividido en sueldo y beneficios. 10.No dar por probado, estándolo, que la demandad