CSJ - SL329-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL329-2023 Radicación n.° 93869 Acta 05 Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HERNANDO NIETO CHACÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) en el proceso que le instauró a RCN TELEVISIÓN S. A. Reconoce personería a la sociedad Álvarez Liévano Laserna SAS, representada legalmente por Felipe Álvarez Echeverry, para que actúe en nombre de RCN TELEVISIÓN

S. A. en los términos y para los fines del poder presentado

(archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022104946073» cuaderno digital de la Corte).

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Radicación n.° 93869

I. ANTECEDENTES Hernando Nieto Chacón llamó a juicio a RCN Televisión

S. A. para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término fijo, prorrogado anualmente, desde el 1° de marzo de 2005 hasta el 7 de abril de 2017, cuando fue terminado por su empleador con violación al debido proceso y a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, por lo que el despido fue injusto e ineficaz.

Solicitó que se condenara a la reclamada a: i)

reintegrarlo al mismo puesto de trabajo, con iguales funciones a las que desempeñaba para el momento del despido, o uno de igual o mejor categoría, sin solución de continuidad; ii) pagarle los salarios, prestaciones legales y extralegales, créditos laborales y bonificaciones contractuales dejadas de percibir, con la indexación y los intereses moratorios bancarios más elevados sobre cada una de las sumas a reconocer; iii) efectuar los aportes al sistema general de seguridad social; iv) indemnizarlo por los perjuicios morales causados en cuantía equivalente a 100 SMMLV para la época del reintegro; v) lo probado y, vi) las costas. Reclamó subsidiariamente que se condenara al pago de la indemnización por despido injusto del artículo 64 del CST, sobre el valor real del salario y a entregar la indemnización pedida, pero equivalente a los SMMLV al momento de la ejecutoria de la sentencia.

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Radicación n.° 93869 Narró que prestó sus servicios para la enjuiciada entre los extremos atrás mencionados, mediante contrato a término fijo, desempeñándose como director de eventos especiales; que el mismo día de la suscripción del contrato (1° de marzo de 2005), se modificó el salario; que el 27 de septiembre de ese año se prorrogó por cuatro meses y luego por un año en cada una de las siguientes calendas: 25 de mayo de 2006, 24 de mayo de 2007, 19 de mayo de 2008, 26 de mayo de 2009, 25 de mayo de 2010, 27 de mayo de 2011,

22 de mayo de 2012, 22 de mayo de 2013, 26 de mayo de 2014 y 27 de mayo de 2015. Relató que el 1° de enero de 2014, suscribieron otrosí respecto de la remuneración; que, aunque no aparece prórroga escrita para el lapso mayo de 2015 y mayo de 2016, el contrato debió extenderse automáticamente por doce meses más; que el 13 de marzo de 2018, el director de contratación y relaciones laborales certificó que se desempeñó, […] entre otros, el cargo de Gerente BTL y Talento, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2016 al 1° de agosto de 2016, devengando los siguientes salarios bajo la modalidad de salario integral variable, básico más comisión, así: enero $30.241.600, febrero $27.822.020, marzo $22.347.480, abril $15.172.808, mayo $21.679.570, junio $19.107.638, julio $24.287.620 Señaló que el cargo de gerente BTL no figura en el contrato ni en sus prórrogas, pero que debió estarlo como cláusula adicional al pacto inicial; que, según esa certificación, las funciones generales y específicas del

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Radicación n.° 93869 representante de eventos especiales y del director de deportivos y BTL, son distintas, pues las del primero consistían en «cumplir el porcentaje de las metas de ventas asignadas para el área a su cargo y mantener la buena imagen comercial de la empresa», mientras que el segundo

era «responsable del equipo de ventas de eventos especiales y la unidad de BTL, en cuanto a estrategias y cumplimiento de ventas». Sostuvo que al tratarse de cargos y funciones diferentes para las cuales fue contratado, la dadora del empleo debía modificar el instrumento jurídico de vinculación, pues ello implicaba un nuevo clausulado que señalara las responsabilidades de las partes, por manera que, respecto de la Gerencia BTL o de la dirección de eventos deportivos BTL no existió modificación y por ello se trató de un nuevo contrato de trabajo verbal, sin obligaciones o cláusulas detalladas. Dijo que mediante Carta del 7 de abril de 2017, la demandada extinguió el vínculo laboral sin justa causa, aduciendo cinco hechos «a manera de pliego de cargos, sin señalar las pruebas que los soporta[ban], con el agravante que dichas imputaciones han debido formularse en la audiencia de descargos para garantizar frente a ellas el derecho de defensa […]»; que le fue iniciado un proceso sancionatorio, siendo citado a los últimos el 5 de abril de 2017, sin el cumplimiento de los requisitos asentados en la sentencia CC C593-2014.

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Radicación n.° 93869 Aseguró, que ni antes ni durante la diligencia le formularon cargo alguno de manera clara y precisa, no le señalaron las conductas o faltas en las que hubiere incurrido, ni la calificación provisional de estas; que no se le explicaron las sanciones a imponer en caso de hallarlo responsable; que no le corrieron traslado de las pruebas que fundamentaban los cargos; que no se le indicó el plazo con el

que contaba para controvertir los medios de convicción en su contra y allegar los que pretendiera hacer valer y no hubo pronunciamiento de fondo de la empleadora mediante documento motivado y contundente, previo a la terminación del contrato. Indicó que, con posterioridad a la diligencia, se levantó un acta, «en la cual intervino […] sin apoderado, y sin testigos, frente a dos (2) directivos de la empresa demandada», donde no se relataron los hechos, ni la sanción a imponer, conforme el artículo 60 del RIT; que la reclamada no le dio la oportunidad de controvertir la decisión; que la sociedad sabía que le estaba vulnerando el debido proceso, que la terminación del contrato no era una sanción prevista en el RIT, que le estaba trasgrediendo los principios de culpabilidad y proporcionalidad y que no ponderó las presuntas faltas, ni el grado de culpabilidad, como tampoco los eximentes de responsabilidad. Explicó que durante los 12 años que prestó el servicio, nunca tuvo ningún reproche sancionatorio; que el 13 de marzo de 2018, el director de contratación y relaciones laborales le certificó que,

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Radicación n.° 93869 […] el día 27 de marzo de 2017 se inició al (sic) proceso administrativo de investigación interna contra el señor HERNANDO NIETO CHACÓN […] con el cumplimiento del debido proceso, previa citación enviada y recibida por le (sic) mencionado de fecha 4 de abril de 2017, que tuvo por objeto verificar la conducta del trabajador en relación con lo sucedido con las facturas de los clientes Creer en Colombia SAS y

Diversión Center, procedimiento que finalizó el día 7 de abril de 2017, y que determinó la gravedad de los hechos, la cancelación de su contrato de trabajo por justa causa, en la forma que se le expresó por escrito en comunicación de esa fecha. Aseveró que dicha constancia demostraba la vulneración del debido proceso, pues deja ver que la investigación interna inició el 4 de abril de 2017 y culminó el día 7 de ese mismo mes y año, cuando se le comunicó la terminación del contrato, lo que denotaba un proceso expreso y sumario, que duró cuatro días, que vulneró los artículos 111, 114 y 115 del CST; 60 y 61 del RIT y la sentencia CC C593-2004; que no se presentaron pruebas, no se le endilgaron adecuadamente los cargos y no se le permitió defenderse; que solo en la carta de despido se le formularon reproches y la empresa no acreditó objetivamente la supuesta justa causa. Resaltó que RCN Televisión S. A. sabía que la cláusula 2ª del contrato de trabajo, que exigía al dependiente «la honradez o delicadeza a juicio de la empresa», violaba la Constitución y la ley, por tratarse de un concepto indeterminado, de manera que debía tenerse por no escrita, según la sentencia CC T276-2014; que el procedimiento para comprobación de faltas previsto en los cánones 60 y 61 del RIT, no cumplen con los criterios de dicha providencia y, en todo caso, tampoco se aplicó por la accionada, pues no fue

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Radicación n.° 93869 escuchado. Afirmó que el 10 de abril de 2018 solicitó ante la demandada su reintegro con el pago de salarios e indemnizaciones; que esta le respondió de manera desafiante al día siguiente; que el 27 de febrero de ese año pidió copia íntegra del RIT vigente para el 2017 y del proceso interno que se adelantó en su contra, que llevó a su desvinculación, así como la certificación de las funciones generales y específicas desempeñadas en cada cargo; que la empleadora le entregó los documentos, excepto la información y piezas sobre la relación de pruebas recaudadas en su contra, los cargos formulados, declaraciones finales frente a los descargos y la oposición al resultado final que hubiese podido presentar. Expresó que a raíz de su desvinculación ha padecido consecuencias materiales y psicológicas, ha incurrido en deudas, pérdida del patrimonio y sufrido afectación al mínimo vital (f. ° 197 a 232, cuaderno de primera instancia, archivo «Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia_2022084750755»). RCN Televisión S. A. se opuso a las pretensiones; admitió la existencia del contrato de trabajo, su modalidad, extremos, otrosí firmado, cargo desempeñado, la fecha de terminación del vínculo, así como la existencia y contenido de las certificaciones, las funciones de los cargos de representantes de ventas y director de eventos deportivos y BTL, la existencia del procedimiento para comprobación de faltas y aplicación de sanciones disciplinarias conforme los

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Radicación n.° 93869 artículos 60 y 61 del RIT, las peticiones radicadas por el ex trabajador y los documentos suministrados por la empresa. Propuso como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, carencia del derecho reclamado, prescripción y buena fe (f. ° 251 a 280 y 353 a 355, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, el 5 de septiembre de 2019, declaró probado el primer medio de defensa planteado y absolvió de las pretensiones y condenó en costas (f. ° 380 a 381, en relación con el audio cuyo link reposa a f. ° 379, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de enero de 2021, al resolver el grado jurisdiccional de consulta que se surtió en favor del demandante, confirmó la de primer grado.

Dijo que verificaría si fue adecuada la valoración probatoria efectuada en primera instancia respecto de los medios de convicción relacionados con el despido del promotor de la acción y del debido proceso. Memoró que la sociedad enjuiciada invocó como justas causas para terminar el contrato de su dependiente, tanto en

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Radicación n.° 93869 la contestación a la demanda, como en la Carta del 7 de abril de 2017, […] haber recibido en nombre de RCN Televisión S. A. la factura

# 467 de la empresa Creer (sic) En Colombia por valor de $258.620.690 (antes de IVA) de fecha septiembre de 2016, estampando en la misma el sello de la empresa y firmándola en señal de aceptación, incumpliendo además sin explicación alguna con el trámite de ingreso o registro para su contabilización, factura esta que posteriormente y por causa en su muy cuestionable poder administrativo, termina bajo la tenencia de Factoring Servimos, agente financiero que el 27 de marzo de 2017 hizo una llamada el (sic) área financiera del Canal para obtener el pago de la misma, con el agravante de que el valor contenido en la factura, no estaba incluido dentro del negocio del paquete deportivo y de BTL que usted realizó en el cliente Grupo M, el cual contemplaba según presupuesto del evento llamado ACTIVACIONES CLIENTE GRUPO M y según orden interna 25062, únicamente el pago de $760.000.000 correspondientes a pistas de hielo y boletería contratados con las empresas Creer en Colombia SAS y Diversión Center, los cuales ya habían sido cancelados por RCN Televisión S.A, a la financiera Dann Regional, a quien las últimas dos empresas mencionadas habían endosado las facturas aceptadas por RCN Televisión SA, por el monto mencionado. […] Haber incumplido como Gerente de BTL con la responsabilidad a su cargo y por Ud. reconocida consistente en el impostergable deber del seguimiento adecuado de principio a fin del negocio denominado ACTUACIONES CLIENTES GRUPO M […] permitiendo con su muy cuestionable proceder administrativo, RCN Televisión, incurriera en el pago de lo no debido, al comprometer en su nombre su responsabilidad como actor

comercial de esta, al haber aceptado sin autorización alguna y violando flagrantemente los procedimientos internos no solo la factura 467 en mención, sino las que Ud. Mencionó adicionalmente en la diligencia de descargos, esto es la factura 474 y dos facturas más. […] Haber brindado a Creer en Colombia SAS y Diversión Center y el haber brindado a Creer en Colombia SAS y Diversión Center asesoría para sus propios intereses, incluyendo la intervención de su abogado personal, Sr. Daniel Dueñas a quien Ud. consultó previamente a la aceptación de las facturas en mención, denotando de su parte una clara intención de afectar los intereses de RCN Televisión S.A, para la obtención de un fin que

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Radicación n.° 93869 será la justicia quien determinará en su propia dimensión y alcance, pero que de todas formas genera un claro conflicto de intereses innegable entre Ud. y dichas compañías." (f.º 32, 33, 256, 257). Precisó que el 4 de abril de 2017, el gerente de recursos humanos citó a diligencia de descargos al demandante, para que al día siguiente rindiera sus explicaciones acerca de lo sucedido, aviso en el cual se le indicó que, si era su deseo, podía asistir con uno de sus compañeros de trabajo, como testigo; que en constancia suscrita por el director de contratación y relaciones laborales, se certificó que el 27 de marzo de 2017 se inició una investigación interna contra el trabajador, cuyo objeto fue verificar su conducta en relación

con las facturas antes mencionadas, que terminó el 7 de abril de 2017 con la extinción del vínculo contractual tras haber determinado la gravedad de los hechos. Apuntó que RCN Televisión S. A. denunció al actor ante la Fiscalía General de la Nación, el 27 de abril de 2017, para que se investigara la posible comisión de delitos contra el sistema financiero, administración desleal, hurto agravado por la confianza, falsedad en documento privado y demás conductas acaecidas entre enero y agosto de 2016 cuando aquel fue Gerente de BTL y Talento Humano, lapso en el que se presentaron graves irregularidades que comprometieron el patrimonio e intereses económicos de la empresa, con ocasión de las conductas alegadas en la carta de despido, por las cuales se inició la investigación interna. Indicó que los hechos denunciados consistieron en que

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Radicación n.° 93869 a la Factura n. º 467, recibida por el accionante, no se le hubiese dado el correspondiente trámite en contabilidad, por lo que aparentemente la empresa estuvo en mora de varios meses, sin tener registro contable alguno de un nuevo título generado por los proveedores Creer en Colombia SAS y/o Factoring Servimos, por lo que nunca fue tramitado por RCN, entre otros, con presunta autorización proveniente del demandante y con similares irregularidades. Advirtió que el actor asistió solo a la diligencia de descargos del 5 de abril de 2017 y en ella admitió que desempeñó el cargo de Gerente de BTL y Talento en marzo de 2016; que una de las responsabilidades de este era el

seguimiento de principio a fin del pago a proveedores anticipado, es decir, desde que se hacía el anticipo hasta que se daba por terminado el compromiso. Añadió que el exempleado también aceptó que el proyecto que realizó con el Grupo M, consistía en usar una plataforma a través de unas pistas de hielo del centro comercial, para las diferentes marcas que pudieran participar a cambio de boletería y hacer promociones con redención, siendo Creer en Colombia SAS la que propuso la realización de esos escenarios en varias ciudades, para que fueran utilizadas como lugar de activación, lo que le pareció una buena oportunidad de negocio y de hacer una alianza estratégica entre RCN y Creer, así que hizo la negociación desde el año 2016, como un paquete deportivo y BTL. Agregó que, en tal diligencia, también aceptó que dentro

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Radicación n.° 93869 de la compañía demandada se establecieron procedimientos para llevar a cabo esas negociaciones, siendo uno de ellos, la firma y autorización del vicepresidente comercial, pero que respecto de esta en particular aquél no estaba enterado; que confesó que recibió la Factura n.º 467 de Creer en Colombia, por $258.620.690 (antes de IVA), le estampó el sello interno de RCN y la firmó en señal de aceptación, sin tramitarla internamente y que, pese a ello, la misma quedó en manos del Factoring Servimos, lo cual autorizó, mientras que otras de valores más altos sí les impartía el trámite respectivo y no les ponía el sello de RCN en forma directa.

Refirió que también admitió que desde su correo corporativo le envió varias comunicaciones a su abogado personal, Daniel Dueñas; que el 7 de marzo de 2017, con el asunto «ahí va el título», le remitió la Factura n.º 747 de Creer en Colombia, que estaba dirigida a RCN Televisión pero no recibida por la compañía, con el fin de que revisara «si estaba bien diligenciado el trámite»; que más delante, […] convenientemente, y a pesar de que ese suceso había ocurrido con menos de un mes de anticipación a la diligencia de descargos, sostuvo que no recordaba por qué se la había enviado a esa persona y no a los abogados internos de RCN, y que había olvidado por qué le hizo esa consulta como abogado «el tema es que había una solicitud de Creer para hacer un factoring con esa factura. Se la mandé al abogado para ver si podía conseguirle ese factorinq», mientras aceptó que entendía claramente la gravedad de la situación con ocasión a la irregularidad que se estaba presentando frente a esa factura, confesando al mismo tiempo, que esa anomalía también ocurrió con «2 facturas más que se iban a expedir para la factura de este año. Están en proceso de llegar». Resaltó que también admitió en los descargos que en

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Radicación n.° 93869 marzo de 2016, realizó el proceso de aprobación y pago de facturas por valores millonarios, sin que se hubieran prestado los servicios ni realizado los eventos respectivos frente a los proveedores Diversión Center y Creer en Colombia, que según él, eran uno solo; que con ello aceptó que pagó

el 100 % del costo de las facturas, sin haberse realizado los eventos, porque «habíamos cruzado esos costos contra facturación de Grupo M», mientras realizó anticipos de $760.000.000 a los mencionados proveedores; que asintió que esa situación era totalmente anómala y no guardaba relación con todos los procedimientos establecidos en la compañía demandada. Recordó que los testigos Antonio José Gómez, Martha Isabel Arizmendi Moreno y Eugenio Martínez Niño, vicepresidente de operaciones, dieron cuenta de las conductas endilgadas al demandante; que en forma contundente y concreta relataron las situaciones irregulares que percibieron con unos negocios que estaban a cargo de aquel cuando fungió como Gerente BTL – Talento, en relación con las funciones que coincidían con las descritas en la certificación expedida por el director de contratación y relaciones laborales. Coligió que el solicitante fue un empleado de dirección, confianza, supervisión y/o manejo, como también constaba en el contrato de trabajo de f.º 222 a 241 ib; que por tal virtud no podía vulnerar los principios que lo ataban a la compañía; que no cumplió con un trámite interno que existía de antaño en RCN Televisión S. A., sino que les impartió un manejo

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Radicación n.° 93869 personal, caprichoso e indebido a las facturas, sin ponerlas en conocimiento del área correspondiente. Puntualizó que Martha Arizmendi, quien recibía órdenes del demandante, sostuvo que le constaba de manera directa que cuando llegaron unas facturas fue él

quien las recibió y al instante le pidió a ella que las sellara; que posteriormente las envió a recepción donde debían tramitarse, motivo por el cual, cuando llegaron otras facturas, ella no las quiso recibir sino que lo hizo nuevamente él, quien de nuevo les dio un trámite que no era el que correspondía, según era sabido por la declarante, situación que llevó a la empresa a asumir un proceso ejecutivo en su contra por el pago de cuatro facturas de unos servicios que definitivamente no prestó RCN Televisión. Concluyó que el material probatorio denotaba que el trabajador sí tenía conocimiento y era plenamente consciente de cuál era el trámite interno para toda la facturación de la empresa, incluso cuando se trataba de millonarias sumas facturadas; que no obstante ello, no lo hizo frente a las Facturas n.º 467 y 474, entre otras, lo que fue confesado por él y corroborado a través de la investigación realizada por la empleadora. Complementó que en el contrato de trabajo, sujeto al RIT, se pactaron como justas causas para terminarlo: i) cualquier falta de honradez o delicadeza a juicio de la empresa en el manejo de sus intereses; ii) gastar o retener en provecho propio o de terceros todo o parte del dinero o

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Radicación n.° 93869 valores que se le entreguen por la empresa o para ella, por parte de terceros, bien que dichos dineros se deriven de la naturaleza del negocio de la empresa, o que dichos dineros o valores le hayan sido entregados al servidor como depositario de confianza en razón de su cargo y, iii) no

informar oportunamente a la empresa sobre irregularidades ocurridas durante el desempeño de su cargo. Reparó en que un trabajador de confianza y manejo con tantos años de experiencia laboral, actuara con tal ingenuidad y ligereza frente a facturas de montos tan elevados, que omitiera impartirles los trámites internos que se acostumbran para su radicación, autorización y pago y que no avisara a su empleador a tiempo sobre posibles irregularidades presentadas frente a otras facturas, que fueron de su conocimiento. Enfatizó que del análisis del haz probatorio, a la luz del artículo 61 del CPTSS, afloraba que el trabajador no actuó con la debida diligencia, prudencia y responsabilidad que ameritaba el ejecutar las labores para las cuales fue contratado; que incumplió las obligaciones que como trabajador le fueron impuestas en el numeral 6º del artículo 62 del CST, que a su turno eran consideradas en el contrato de trabajo como una justa causa para darlo por terminado, al no aplicar las prácticas establecidas por RCN para la radicación, gestión, autorización y pago de las facturas. Discernió, en punto de la vulneración del derecho al debido proceso, que el despido no se asimila a una sanción

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Radicación n.° 93869 disciplinaria, de manera que, como lo tiene precisado de antaño la Corte, legalmente no está sujeto a un trámite previo, a menos de que así se hubiera pactado en el contrato de trabajo, el RIT, la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 39394; CSJ

SL560-2013, CSJ SL 7404-2014, CSJ SL189-2015, CSJ SL3655 y CSJ STL 7172 de 2016, CSJ STL7198, CSJ SL8307 y CSJ SL10255 de 2017).

Apreció que en el reglamento interno de trabajo de RCN, aprobado mediante Resolución n.° 413 del 7 de abril de 2001, no existía tal exigencia, pues específicamente en el artículo 53, que prevé las obligaciones del empleador, y en los artículos 55, y 57 a 59, no se evidenciaba que el despido se hubiese considerado como una sanción, por lo cual, la extinción unilateral del contrato de trabajo con justa causa no obligaba al dador del empleo a observar un trámite previo o proceso disciplinario, pues bastaba con que concurriera una causal legal de terminación para que estuviera habilitado para poner fin al vínculo contractual. Aseguró que aunque no era una obligación legal, contractual ni reglamentaria, la demandada llevó a cabo diligencia de descargos, le otorgó al demandante la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa, pues tuvo la posibilidad de justificar la levedad de sus actos o probar que no incurrió en las faltas atribuidas, pero no lo hizo; además, pudo hacer aclaraciones, sin que se evidenciara que hubiese hecho uso de tal derecho en la diligencia del 5 de abril de 2017.

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Radicación n.° 93869 Enfatizó que la investigación interna realizada por parte de la compañía, no guardaba relevancia alguna, porque en

sede judicial se debía verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias por parte del demandante, como trabajador de confianza y manejo de RCN; que, en todo caso, ese tipo de conductas debían analizarse por el equipo de personal encargado de ejecutar las investigaciones financieras respectivas, hasta llegar a desentrañar lo que verdaderamente ocurrió; que incluso se acudió a una denuncia penal; que el tiempo para haber tenido conocimiento de los hechos y citar al trabajador a diligencia de descargos fue prudencial. Acotó que para calificar una falta como grave, no se requiere de un daño o un perjuicio al empleador (CSJ SL12438-2015), que sí comprobar la grave omisión en la que incurrió el dependiente, para dar paso a la justeza del despido; que la causal alegada tuvo la identidad, mérito y fuerza para tal efecto y era suficiente para tener por legítimo el proceder del empleador, quedando plenamente acreditadas las aseveraciones hechas en la contestación a la demanda y sin que se adviertan vulnerados los derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Señaló que la Corte ha orientado que la indemnización de perjuicios generados por la desvinculación ilegal o injusta no está contemplada dentro del CST para el despido (CSJ SL, 15 sep. 2009, rad. 35510); que la del artículo 64 de dicho compendio sustantivo, prevé el lucro cesante y el daño

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Radicación n.° 93869 emergente por el simple despido injusto (CSJ SL4510-2018);

que, en todo caso, los perjuicios deben ser ciertos y existir plena convicción de la gravedad en el detrimento que se deba reparar (CSJ SL887-2013 y SL4510-2018). Razonó que el interesado no acreditó una conducta del empleador que le causara perjuicios adicionales y distintos a los previstos en el citado artículo 64 para el simple acto del despido injusto, ni que este se configurara ante una actuación de la demandada que tuviera por objeto lesionarlo o menoscabar su patrimonio moral, como lo sería la imputación injustificada y arbitraria de conductas delictivas, contrarias a la moral o la ética que afectaran su honra o buen nombre (f.° 52 a 68, cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia acoja las pretensiones (archivo «Recursos Extraordinarios Casación Memorial De Partes E intervinientes_2022091646083», cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito, formula seis cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a

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Radicación n.° 93869 estudiar conjuntamente, pues si bien plantean modalidades de ataque diferentes, persiguen idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el segundo fallo trasgrede la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de «violación

directa del artículo 29 de la Constitución Nacional». Manifiesta que el Tribunal incurrió en dicho yerro jurídico al desconocer que: i) el objeto del litigio se centraba en la posible violación de su derecho de defensa y debido proceso; ii) esa era la única tesis que debía verificar en el grado jurisdiccional de consulta y, iii) no podía reabrir debates que no fueron objeto de la demanda, inclinando con ello la «balanza procesal» y convirtiéndose en «juez de causas criminales que no están probadas; y, más cuando toda persona se presume inocente (no culpable) mientras no se pruebe lo contrario o que, en efecto ha cometido el delito». Estima que del tenor literal del precepto constitucional cuya inobservancia denuncia, emerge que el juez colegiado no debía usar sus facultades para convertir el grado jurisdiccional de consulta en una instancia de revisión, reabrir debates probatorios que en la primera no fueron suficientemente abordados o decantados, ni mucho menos trastocar o modificar el fin del litigio o el objeto puro del mismo. Apunta que se violaron sus derechos al debido proceso,

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Radicación n.° 93869 contradicción y defensa, pues en la decisión de segunda instancia «resultó siendo el demandado, cuando ni siquiera la pasiva enervó demanda de reconvención en contra [suya], en la oportunidad procesal»; que las consideraciones se edifican en el análisis de dichos y probanzas de la reclamada, pasando por alto lo manifestado y demostrado por él,

supliendo con ello la labor del juez unipersonal. Alega que al no valorar con eficiencia y suficiencia la prueba de cargos que ambientaba la teoría del caso y soportar su fallo en los argumentos y pruebas de la pasiva, el colegiado conculcó el artículo 29 de la CP;