CSJ - SL430-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de DOSC011411Sti011 N.'3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL430-2023 Radicación n.° 94017 Acta 7 Bogotá, D. C., ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 22 de septiembre de 2020, en el proceso que en su contra promovió ROSALBA QUINTERO PÉREZ.

I. ANTECEDENTES Rosalba Quintero Pérez llamó a juicio a la entidad recurrente para que se declarara que tiene derecho a la pensión especial de vejez por deficiencia física, psíquica o sensorial. Pidió el reconocimiento a partir de la fecha de causación, los intereses moratorios y, en subsidio, la indexación de las condenas. Reclamó costas procesales.

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Radicación n.° 94017 Narró que nació el 5 de febrero de 1961 y cumplió 55 de arios de edad en 2016, cotizó 1040 semanas al sistema de pensiones a través de Protección S.A., y fue calificada con pérdida de capacidad laboral (PCL) del 64.18%, estructurada el 15 de febrero de 2018, por enfermedad de origen común. Que la encausada hizo la «devolución de saldos por invalidez

por valor de $95.683.520» y nada respondió a la petición que elevó (fls. 1 a 5). La Administradora de Pensiones y Cesantías (AFP) Protección S.A. se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa, imposibilidad de reconocer prestaciones propias del régimen de prima media, compensación, pago, buena fe y prescripción. Aceptó la totalidad de los hechos y aclaró que la negativa de 29 de marzo de 2019, se debió a que la pensión especial reclamada, no se encuentra consagrada en el régimen de ahorro individual con solidaridad (fis 44 a 64).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 2 de agosto de 2019, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, declaró que la set-lora Rosalba Quintero Pérez «no tiene derecho al reconocimiento de la pensión anticipada de vejez por deficiencia, por estar afiliada al RAIS, en la AFP PROTECCIÓN, ya que esta pensión solo aplica para los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida».

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6 Radicación n.° 94017 Absolvió a la encausada y declaró prósperas las excepciones de inexistencia de la obligación e imposibilidad de reconocer prestaciones propias del régimen de prima media. Gravó con costas a la accionante (fls. 110 Cd).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Se surtió por apelación de la accionada y culminó con

la sentencia gravada. El Tribunal revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró probada la excepción de pago del retroactivo pensional causado entre el 15 de febrero de 2018 y el 31 de agosto de 2020, por valor de $26.772.215. Ordenó a Protección S.A. trasladar a la EPS el valor de los aportes a salud y, ya partir del 1 de septiembre de 2020 (...) continuar reconociendo a la señora Rosalba Quintero Pérez, una mesada pensional de $887.803 equivalente al SMLMV para el año 2020, AUTORIZÁNDOSE a la AFP a descontar la suma de $69.789.103 reconocidos por concepto de devolución de saldos». Confirmó la negativa de los intereses moratorios y no impuso costas. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, delimitó el problema jurídico a dilucidar si la pensión especial consagrada en el parágrafo 4, del artículo 9, de la Ley 797 de 2003, era aplicable a una afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) y, de ser favorable, si la actora cumplía los requisitos para acceder a la prestación reclamada.

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Radicación n.° 94017 Dejó por fuera de debate que Rosalba Quintero Pérez nació el 5 de febrero de 1961, se afilió a Protección S.A. desde el 1 de febrero de 1995, cuenta 1040.28 semanas cotizadas y fue calificada por Suramericana S.A. con una PCL del 64.18% de origen común, con deficiencia del 31.78%,

estructurada el 15 de febrero de 2018. Explicó que, conforme la sentencia CC T-452-2017, correspondía al juez laboral proveer sobre la extensión de la pensión anticipada de vejez por deficiencia física, psíquica o sensorial a los afiliados al RATS. Anticipó que no existía «justificación proporcionada y razonable» para excluir a quienes se encontraban en idénticas condiciones, del disfrute de un derecho en atención al régimen pensional al cual se encuentren afiliados. Dijo que si bien, no desconocía las diferencias entre los 2 regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993, no se podía ignorar que el sistema de seguridad social en pensiones estaba anclado a principios generales como universalidad e integralidad, que garantizan la protección a todas las personas sin distinción. Lo anterior le bastó, para revocar la decisión de primera instancia y en su lugar reconocer el derecho pensional a la actora.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN En un cargo que mereció réplica, pretende que la Corte case la sentencia gravada y, en sede de instancia, confirme la del a quo.

ÚNICO

VI. CARGO Acusa violación directa, por interpretación errónea de los artículos 9, parágrafo 4, de la Ley 797 de 2003, 48 y 53 de la Constitución Política, e infracción directa del 8.° de la

Ley 153 de 1887, 1.°, 29 y 230 de la Constitución Política y 1.0 del Acto Legislativo 01 de 2005. Recuerda que tras la promulgación de la Ley 100 de 1993 surgieron 2 esquemas pensionales, entre cuyas diferencias se destaca el «mecanismo de financiación de las mesadas». Aduce que mientras en el RATS el afiliado guarda en una cuenta individual sus cotizaciones, que producen rendimientos y, en caso de conceder pensiones de invalidez y de sobrevivientes, se complementan con el seguro previsional, en el RPM los afiliados cotizan a un fondo común, encargado de sufragar las mesadas de los pensionados. Que por ello, no resulta lógico aplicar las normas de seguridad social de forma igualitaria, en la medida en que cada esquema funciona de forma distinta; por lo menos, en cuanto a la financiación de las prestaciones.

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Radicación n.° 94017 Arguye que en el RAIS no existe la garantía de pensión especial por deficiencia física, cognitiva y sensorial. Que si en la cuenta de ahorro individual, el afiliado «no dispone de los medios necesarios para atender el pago de la prestación, sería la Administradora la que tenga que asumir, sin justificación legal alguna, la diferencia de recursos para que sea posible cancelar las mesadas hasta el último momento y beneficiario». Asevera que una decisión como la tomada por el juez de apelaciones afecta directamente al fondo, pues ni siquiera tiene la posibilidad de gestionar igual a como lo hace para reconocer la «pensión de garantía mínima»; menos, reclamar

a la aseguradora el seguro previsional, pues no existe norma en dicho sentido. Aduce que, si el problema se mira desde el derecho a la igualdad, su aplicación irrestricta supone una respuesta afirmativa; No empece, dado que se trata de una solución inequitativa, se torna necesario crear un mecanismo que permita superar «ese bache económico, bien a través delf ondo de solidaridad pensional, ora mediante el seguro previsional o usando cualquier otro procedimiento idóneo», con la finalidad de evitar la vulneración del principio de sostenibilidad financiera del sistema, para sortear el posible «empobrecimiento sin causa de la entidad pensional».

VII. RÉPLICA Pide se niegue prosperidad al recurso, dado el evidente «desconocimiento de la posición vigente de esa H. Sala cual es

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Radicación n.° 94017 la posibilidad del reconocimiento de la pensión especial de vejez por invalidez para el régimen de ahorro individual».

VIII. CONSIDERACIONES En sede casacional no se discute que la accionante está afiliada a Protección S.A., ni que el 5 de febrero de 2016 cumplió 55 arios de edad y en toda su vida cotizó 1040 semanas. Tampoco, que fue calificada con una PCL del 64.18%; 31.78% por deficiencia, de suerte que satisface el requisito del inciso 1, parágrafo 4, del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

Puntualmente, la inconformidad de la censura radica en el reconocimiento de la pensión especial de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial a la promotora del

juicio. Aduce que tal prestación no está prevista en el régimen de ahorro individual con solidaridad, de suerte que su concesión le genera un perjuicio económico. Desde ya debe anticiparse el fracaso de la acusación, en la medida en que la decisión confutada se ajusta a la postura de la Corporación, sobre la viabilidad del reconocimiento de la pensión especial, en aplicación de los principios de universalidad e igualdad que gobiernan el sistema general de pensiones. En un caso de idénticos contornos, en sentencia CSJ SL4108-2020, se discurrió:

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Radicación n.° 94017 1) El Texto normativo-interpretación otorgada por la jurisprudencia al parágrafo 4.° del articulo 9.° de la Ley 797 de 2003 El articulo 9.° de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993 establece: ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) arios de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del lo. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil( 1000)s emanas en cualquier tiempo.

A partir del lo. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en. 50 y a partir del lo.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. PARÁGRAFO lo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: (...) PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7)d ías calendario. (...) PARÁGRAFO 3o. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. (...) PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia fisica, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993. La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez fisica o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haua cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión

de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo. 8

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Radicación n.° 94017 Pues bien, es oportuno señalar que en la sentencia que el Tribunal refirió para respaldar su criterio -CSJ SL, 18 ag. 2010, rad. 32204-, esta Corte, respecto a argumentos similares que pretendían excluir del régimen de ahorro individual con solidaridad a la pensión anticipada de vejez establecida en el 0 inciso 2.° del parágrafo 4. transcrito, adoctrinó que no había razón de orden financiero, administrativo o legal que impidiera su reconocimiento en dicho esquema de ahorro o, sujetara la protección especial de la ley solo a uno de los dos regímenes pensionales. Para ello, en síntesis, se refirió al sentido, la finalidad e intención legislativa de la norma y concluyó que: (i) si bien cada modelo pensional presentaba características distintivas, lo cierto es que como integrantes del sistema general de pensiones comparten el fin constitucional de salvaguardar los riesgos y contingencias que ampara la seguridad social, bajo el norte de optimizar los principios que regulan su actuación; (ii) el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la reforma del precepto 9.° de la Ley 797 de 2003, no obstante su ubicación en el cuerpo normativo, estatuyó

aspectos transversales en cada uno de los regímenes y ejemplo de ello es la prestación regulada en el parágrafo 4.° mencionado; (iii) aunque la disposición alude a las cotizaciones del sistema general de pensiones, ello obedece a que deben tenerse en cuenta las que se efectuaron a cualquiera de los regímenes y no solo a uno de ellos y, si bien precisa el mínimo exigido en prima media, esto es solo un parámetro legal para determinar con exactitud el monto requerido para acceder al derecho pensional, y (iv) pese a que el legislador tiene amplia potestad configurativa para consagrar una determinada prestación en un solo régimen pensional, como en el caso de las pensiones de alto riesgo, tal referencia no fue explícita en el parágrafo 4." y, por el contrario, claramente pretendió proteger a los afiliados de ambos regímenes. En esa oportunidad, la Corporación explicó: Por esa razón, debe tenerse en cuenta que, según lo establece el artículo 10 de la citada Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Ese objetivo es común, desde luego, a los dos regímenes. Por manera que, así las prestaciones y beneficios a cargo de cada uno de ellos no se otorguen en los mismos términos y condiciones y presenten algunas obvias diferencias, dadas las peculiaridades que los identifican, es claro que los dos regímenes que integran el Sistema General de Pensiones deben cubrir los mismos riesgos y contingencias. De no ser así, no se cumpliría el principio de integralidad que rige el Sistema de

Seguridad Social Integral, el cual, desde luego, permea todo el Sistema General de Pensiones; principio que consiste, como lo define el literal d)

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Radicación n.° 94017 del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, en "...la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población". Desde la anterior perspectiva, no resulta lógico que el legislador patrocine situaciones que conduzcan a que, sin ninguna razón de orden financiero, administrativo o referida a las condiciones particulares de los regímenes pensionales, a pesar de hallarse en las mismas condiciones que ameriten un trato excepcional y de cumplir con iguales requisitos en materia de afiliación y de densidad de cotizaciones, un afiliado a uno de los dos regímenes pueda gozar de una protección especial, como consecuencia de lo cual tenga derecho a determinada prestación, como una pensión, mientras que un afiliado al otro régimen no pueda tener acceso a esa protección. En ese orden de ideas, y para dar respuesta a los argumentos del cargo, importa precisar que la Ley 797 de 2003 estuvo dirigida a reformar ciertos aspectos del Sistema General de Pensiones, en algunos casos comunes para los dos regímenes; por esto se explica que el artículo 9, que en principio pareciera estar dirigido a modificar sólo temas del régimen de prima media con prestación definida, pero que, como se verá, contiene disposiciones para los dos regímenes, estableciera en el inciso segundo de su parágrafo 4 una variante prestacional igual para ambos subsistemas [...]. En contra de los argumentos esgrimidos por la censura, debe decirse que

la Corte entiende que en verdad la preceptiva referida cubre ambos regímenes, pues expresamente prevé el reconocimiento pensional para las madres y padres que hayan cotizado al Sistema General de Pensiones, luego no se está refiriendo en particular a uno de los dos regímenes que lo integran, porque, se reitera, en realidad no existe ninguna razón de orden administrativo, estructural of inanciero para que esa prestación sólo deba estar a cargo de las administradoras de uno de los dos regímenes, con mayor razón si se exige una densidad de cotizaciones que debe ser suficiente para financiar la prestación (...). La pensión especial de vejez que allí se regula no corresponde, en estricto sentido, a una prestación nueva sino que se trata de la misma pensión de vejez que es común en los dos regímenes aludidos, sólo que, por un motivo proteccionista, propio de la seguridad social, su causación se anticipa por razón de la contingencia familiar allí referida. No existe, a juicio de la Corte, se insiste, una razón valedera para pensar que es exclusiva de uno de los dos subsistemas de pensiones previstos por la ley, pues basta recordar que esos regímenes no son antagónicos, ya que están concebidos como concurrentes para brindar a los afiliados modalidades distintas para la causación de la pensión de vejez, pero, en todo caso, para cubrir las contingencias a los beneficiarios, así existan variantes en la forma como se otorga la prestación económica, pues, obviamente, la modalidad de la prestación y su cuantía no podrá ser exactamente la misma y dependerán ellas de las reglas específicas

de cada régimen (...). Basta tomar en consideración el propósito protector del derecho y la forma como está concebido, para fácilmente percatarse de que pueden y deben acceder al mismo los afiliados a cualquiera de los dos regímenes. 10

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Radicación n.° 94017 En efecto, con toda claridad en la norma se establece como requisito para gozar del derecho que se "...haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media con prestación definida para acceder a la pensión de vejez". (Las subrayas no son del texto). Si el precepto alude a las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, es porque deben tenerse en cuenta las efectuadas a cualquiera de los dos regímenes que lo integran y no sólo a uno de ellos. Si el legislador hubiese querido limitar el derecho y consagrarlo solamente para los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, obviamente habría mencionado exclusivamente las cotizaciones a ese régimen. No desconoce la Corte, que para precisar la densidad de las cotizaciones exigidas para obtener el derecho, se alude al "mínimo exigido en el régimen de prima media con prestación definida para acceder a la pensión de vejez". Mas esa referencia a dicho régimen no puede ser entendida en el sentido propuesto por la censura, esto es, que ella indica que solamente se consagró el derecho para los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, pues para la Corte debe ser vista simplemente como un parámetro que se utilizó para precisar con exactitud el número de semanas de cotización que se

exigen para acceder al derecho especial, que guarde correspondencia con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, de tal manera que del derecho se pueda gozar solamente cuando el afiliado cumpla con una densidad de cotizaciones suficiente para financiar la pensión. Y ese parámetro de causación del derecho, fijado en función de las cotizaciones, sólo es posible establecerlo tomando como referencia el régimen de prima media con prestación definida, pues en el de ahorro individual con solidaridad la causación del derecho, en principio, no guarda relación con la densidad de cotizaciones, y desde luego seria ciertamente complicado establecerlo a partir del capital acumulado en la cuenta individual, que varía de afiliado en afiliado, dependiendo de muchísimos factores, como el valor del bono pensional y el ingreso de cotización, para citar sólo algunos, lo cual impediría establecer una medida equitativa. Que la intención del legislador al aludir al régimen de prima media con prestación definida solamente fue una referencia para precisar el número de semanas exigido para obtener el derecho, lo corrobora el hecho de que en el proyecto de ley 98 de 2002, presentado en el Senado de la República y que dio origen a la consagración de la prestación especial, simplemente se dijo que la madre tendría derecho "siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones un mínimo de 1.000 semanas", pero sin indicar ningún régimen (...). A propósito de ese proyecto de ley, de su exposición de motivos se desprende, sin lugar a hesitación, que no se quiso consagrar el derecho a la pensión especial solamente para las madres afiliadas al régimen de prima media con prestación definida, sino para todas las madres

trabajadoras, independientemente del régimen pensional al que se encontraran afiliadas, no sólo porque se aludió a las madres trabajadoras, en general, cuanto que, al hacer referencia a las responsabilidades para el reconocimiento de la prestación, se

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Radicación n.° 94017 mencionó el Régimen General de Pensiones y no uno de los regímenes que lo integran (...). No desconoce la Corte que el Tribunal Constitucional ha considerado que, teniendo en cuenta el amplio poder de configuración del legislador, es admisible que determinada prestación social sólo se consagre respecto de uno de los regímenes que integran el Sistema General de Pensiones, concretamente el de prima media con prestación definida, como lo manifestó respecto de la pensión por actividades de alto riesgo, al estudiar la exequibilidad del artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 (Sentencia 039 de 2009). Pero la situación aquí analizada es diferente, pues en el citado decreto sí se estableció, de manera explícita, que la pensión sería para los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, lo que, como se ha visto, a juicio de la Corte no se presenta respecto de la pensión especial de vejez, bajo análisis. Asimismo, es pertinente destacar que este criterio fue expresamente respaldado en la sentencia C-758-2014 por la Corte Constitucional, que en diálogo armónico con la jurisprudencia de esta Corporación declaró condicionalmente exequible el mencionado inciso 2.°, ('en el entendido de que el beneficio pensional previsto en dicha norma, debe ser garantizado

tanto a los padres y las madres afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, como a los padres y las madres afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad» (énfasis añadido). Y en esta oportunidad, al efectuar el análisis del inciso primero de igual parágrafo, la Sala no advierte motivos que permitan interpretarlo y aplicarlo de una forma diferente al que hasta ahora ha fijado la jurisprudencia nacional frente al segundo inciso; al contrario, existen suficientes razones para consolidar un criterio armónico en cuanto al alcance de las prestaciones especiales de vejez contempladas en esta norma, como se explica a continuación. 0 2) Alcance del inciso 1.0, parágrafo 4. del artículo 9.° de la Ley 797 de 2003 2.1. Diferencias de los regímenes pensionales a partir de la Ley 100 de 1993 y objetivos comunes De acuerdo con las prescripciones de la Ley 100 de 1993, la satisfacción del derecho constitucional a la seguridad social y la ampliación de su cobertura quedó de manera preferente en manos de dos regímenes pensionales que se distinguen en su estructura, organización y técnica de financiamiento de las pensiones. Por un lado, el régimen de prima media con prestación definida preservó el esquema de reparto, de corte solidario, en el cual los 12 SCLAPT-10 V.00 1l Radicación n.° 94017 aportes de los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública que se distribuye entre sus beneficiarios para cubrir las cargas del sistema. Por el otro, el de ahorro individual

con solidaridad está ideado bajo un esquema de capitalización individual en el que los aportes se incorporan en cuentas de ahorro personalizadas, las cuales son patrimonios autónomos de propiedad de cada afiliado -artículo 90 de la Ley 100 de 1993. Esto les permite a las personas crear una reserva propia, que incrementada con los rendimientos recibidos y el bono pensional si hay lugar a él, está destinada a financiar las prestaciones correspondientes. Ahora, pese a estas diferencias estructurales, la jurisprudencia de la Corte ha destacado que los objetivos y valores que legitiman su arquitectura como subsistemas pensionales son transversales y, por lo tanto, deben tener como fin común la garantía y cobertura progresiva de todas las contingencias que afecten la salud y las condiciones económicas de los habitantes del territorio nacional, sin discriminación alguna -preámbulo, artículos 1 a 3 de la Ley 100 de 1993, CSJ SL929-2018. Esta premisa se ampara en los principios de universalidad e integralidad, los cuales sirven como pilares para comprender el sistema pues propenden (por la protección de todas las personas, sin discriminación alguna, así como por la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población» (CSJ SL4350-2019); lo anterior, «independientemente del mecanismo utilizado, (...) regulándose para ello, un principio de justicia, esto es que cada persona deba contribuir según su capacidad y reciba lo necesario para atender de manera digna aquellas vicisitudes.

(CSJ SL929-2018).

Estos mandatos de optimización del sistema de pensiones a su

vez desarrollan la exigencia constitucional de brindar una garantía mínima y fundamental a la seguridad social -artículo 53 Constitución Política de 1991-, derecho que al tenor del artículo 48 ibidem es irrenunciable y se materializa en un servicio público obligatorio que debe prestarse a toda la ciudadanía con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Además, este conjunto normativo local es reafirmado en varios instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, como los preceptos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (C-5042007 de la Corte Constitucional).

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Radicación n.° 94017 De modo que los regímenes pensionales existentes, aún con sus diferencias, deben articularse de tal modo que la garantía de los referidos objetivos de la seguridad social sea real, eficiente y efectiva. Esta referencia es clara en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, que contempla que los modelos vigentes en Colombia son excluyentes pero coexistentes. Y adviértase que la premisa del principio de unidad establecido en el artículo 2.° ibidem es justamente «la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social». En el anterior contexto, la Corte reitera que las diferencias entre los regímenes pensionales no son restricciones a los derechos pensionales de los afiliados, ni de los objetivos y valores que le dan vigencia y utilidad al sistema de pensiones, pues ambos

esquemas de administración están convocados a potencializarlos en su mayor medida, siempre y cuando no se transgredan los límites que impone la propia Constitución Política. 2.2. Metodología de interpretación que exige la norma analizada 2.2.1. La ubicación del texto legal como herramienta hermenéutica La Corte considera que si bien la ubicación de un artículo en un compendio normativo es un aspecto importante para darle coherencia a su contenido, el trabajo hermenéutico no puede restringirse a tal constatación, en la medida en que es preponderante averiguar el sentido y finalidad por las cuales fue expedido, así como los bienes y valores constitucionales que buscó proteger y, desde luego, los que pueden entrar en tensión. En el asunto que se debate, el análisis jurídico de la disposición pensional debe tener en cuenta que el fin primordial del inciso 1.0 del parágrafo 4.° está encaminado a proteger a las personas que tengan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, y contrarrestar el efecto social que esta situación genera: principalmente, trabas en el acceso al mercado de trabajo, la dificultad de continuar ejerciendo actividades productivas y en general de la vida diaria. Por esto, su enfoque es el de garantizar que los afiliados vivan dignamente su vejez con aquella condición funcional. Este objetivo se advierte relevante pues coincide con los que promocionan los instrumentos internacionales que promueven que los Estados partes tomen medidas que protejan a las personas en situación de deficiencia física, mental o sensorial en 14

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Ii Radicación n.° 94017 condiciones de igualdad y con pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Así, es de especial preponderancia lo previsto en el artículo 1.0 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que integra el bloque de constitucionalidad pues fue ratificada por Colombia. Esta norma indica: Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (énfasis agregado). También es importante destacar lo contemplado en el precepto 1.0 de la Convención Interamericana p