CSJ - SL592-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL592-2023 Radicación n.° 87573 Acta 09 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JORGE ELBERTO FERRO DÁVILA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 15 de agosto de 2019, en el proceso ordinario laboral que en contra del recurrente y de los señores GUILLERMO PATIÑO ZAPATA y RAÚL

MEJÍA CAMACHO instauró la EMPRESA COLOMBIANA DE

PETRÓLEOS S. A. (ECOPETROL S. A.).

I. ANTECEDENTES Ecopetrol S. A. demandó a Guillermo Patiño Zapata, Jorge Elberto Ferro Dávila y Raúl Mejía Camacho, con el fin de que se declare que recibieron, en su orden, y por parte de esa entidad las siguientes sumas: $9.784.926,

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Radicación n.° 87573 $210.186.958 y $14.148.396, en cumplimiento del fallo de tutela del 18 de mayo de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Por consiguiente, se condene a los demandados a pagar a Ecopetrol S. A., las cifras ya mencionadas, como consecuencia de la revocatoria de la decisión del 18 de mayo 2010, «en virtud del fallo de revisión T-1003 del 6 de diciembre de 2010» cantidades que deben ser actualizadas al

momento del pago; y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que los demandados interpusieron acción de tutela contra la empresa demandante, cuyo conocimiento asumió el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, aduciendo un trato discriminatorio «cuando puso en marcha la política de compensación salarial», por lo que solicitaron que fuera condenada a pagárselas con la misma incidencia salarial que se aplicaba a los trabajadores directivos; y que, así mismo, «solicitaron se incluyera el estímulo al ahorro y efectuara la correspondiente reliquidación con incidencia en el salario y demás prestaciones sociales». Adujo que los demandados también «pidieron se reembolsara retroactivamente lo dejado de pagar desde que comenzó a pagárseles el estímulo ahorro hasta la fecha». Que en primera instancia, el Juzgado de Cartagena,

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Radicación n.° 87573 mediante sentencia del 15 de marzo de 2010 declaró improcedente la acción de tutela; pero que el Tribunal Administrativo de Bolívar, con providencia del 18 de mayo del mismo año, revocó la decisión y, en su lugar, tuteló los derechos de los accionantes; y ordenó que se «efectuara la actualización salarial solicitada por los tutelantes por estímulo al ahorro»; así como «reliquidar en forma retroactiva las prestaciones sociales cubiertas a los tutelantes por la incidencia del pago efectuado a título de estímulo al ahorro en los valores pagados por la empresa por concepto de prestaciones sociales». Argumentó que acatando el fallo de tutela procedió a

efectuar los pagos a los accionantes y, por consiguiente, le canceló a Guillermo Patiño Zapata, Jorge Elberto Ferro Dávila y Raúl Mejía Camacho, «los valores que en el mismo orden se enlistan a continuación: $9.784.926, $210.186.958 y $14.148.396, tal como lo demuestra la certificación expedida por el líder del Grupo de Gestión Maestra de Datos de Personal de la Unidad de Servicios Compartidos de Personal de Ecopetrol S. A. Que, por vía de revisión, con sentencia CC T1003-2010, la Corte Constitucional revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 18 de mayo de 2010, y la declaró improcedente.

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Radicación n.° 87573 En consecuencia, por haber perdido toda eficacia la orden de pago impuesta a Ecopetrol, los demandados detentaban los dineros que recibieron en cumplimiento de la acción de tutela, «sin causa legal que justifique la no devolución de los mismos». Igualmente, en los fundamentos de derecho dijo: Téngase presente que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en asuntos de la misma naturaleza como el aquí planteado, dispuso que Ecopetrol S.A. debe cesar en los pagos que esté realizando en virtud del cumplimiento de las tutelas que ordenaron reconocer incidencia salarial al estímulo al ahorro, coma y que los dineros ya pagados por este concepto, deben ser cobrados o compensados con lo que les adeude o llegaré a deber a los trabajadores o pensionados que los hubiesen recibido (Fallo

de revisión T-1033/10[…]) (subrayado fuera de texto). Al dar respuesta a la demanda (f.° 102), Jorge Elberto Ferro Dávila, único demandado frente a quien se concedió la casación, y a quien se referirá la Sala, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que era cierto que había buscado la protección de sus derechos ante la jurisdicción constitucional; que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena declaró improcedente la acción de tutela el 15 de marzo de 2010 y que el Tribunal Administrativo de Bolívar la revocó mediante fallo del 18 de mayo del mismo año, tutelando sus derechos, para lo cual dispuso que en el término de cinco días efectuara la «actualización salarial solicitada por los tutelantes por estímulo al ahorro». También admitió que, por vía de revisión, en sentencia CC T1003-2010, se revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar

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Radicación n.° 87573 el 18 de mayo de 2010, y la declaró improcedente. Frente a los demás supuestos de hecho dijo que no eran ciertos o no correspondían a la verdad. En su defensa alegó que en virtud del fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar «no se canceló al señor FERRO DÁVILA la suma de DOSCIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($210.186.958,oo), [sino] se le canceló la suma

de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

NOVECIENTOS DOS PESOS ($9.583.902,oo)» .

Igualmente, indicó que, en virtud del fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, revocado con sentencia CC T1003-2010 «no recibió las sumas que se pretenden recuperar dentro de las presentes diligencias» por la parte accionante. Agregó que «no desconoce haber recibido de parte de la entidad accionante otros montos de dinero; pero haciendo la salvedad expresa de que los mismos nada tienen que ver con los fundamentos fácticos de la demanda de referencia; la constancia de recibido de dichos montos se aporta con la contestación de la demanda». Al efecto, impetró las excepciones de mérito que denominó: cobro de lo no debido, «todos los emolumentos que recibió Jorge Elberto Sierra Dávila por parte de la entidad accionante fueron recibidos de buena fe», prescripción y la genérica. Igualmente, como excepción previa propuso la falta

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Radicación n.° 87573 de integración del litisconsorcio necesario, la cual fue declarada improcedente en audiencia del 1 de julio de 2016 (f.° 141).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 13 de junio de 2017, decidió absolver a los demandados de todas las pretensiones incoadas en su contra; declarar no prósperas las excepciones propuestas; imponer costas a la parte actora; y surtir el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el señor Juez Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga el día 13 de junio de 2017 y, en su lugar, se ordena: PRIMERO: Declarar que los demandados GUILLERMO PATIÑO ZAPATA, JORGE Elberto FERRO DÁVILA y RAÚL MEJÍA CAMACHO están obligados a reintegrar a ECOPETROL S.A. las sumas de dinero recibidas con ocasión al fallo de tutela proferido por la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar, revocada por la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-1003 del 6 de diciembre de 2010.

SEGUNDO: Declarar que el demandado JORGE ELBERTO FERRO DÁVILA está obligado a reintegrar a ECOPETROL S.A.

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Radicación n.° 87573 las sumas de dinero recibidas con ocasión al fallo de tutela proferido el 9 de septiembre de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que a su vez confirmó el expedido el 11 de agosto de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de San José de Cúcuta, revocado por la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-536 de 2011, del 6 de julio de 2016 (sic).

TERCERO: Condenar al demandado GUILLERMO PATIÑO ZAPATA a pagar a ECOPETROL S.A. la suma de $9’104,397 indexada a la fecha de su pago aplicando el IPC certificado por el DANE desde la fecha de su exigibilidad hasta cuando efectúe su pago.

CUARTO: Condenar al demandado JORGE ELBERTO FERRO DÁVILA a pagar a ECOPETROL S.A. la suma de $210’186,958 indexada a la fecha de su pago aplicando el IPC certificado por el DANE desde la fecha de su exigibilidad hasta cuando efectúe su pago.

QUINTO: Condenar al demandado RAÚL MEJÍA CAMACHO a pagar a ECOPETROL S.A. la suma de $12’944,541 indexada a la fecha de su pago aplicando el IPC certificado por el DANE desde la fecha de su exigibilidad hasta cuando efectúe su pago.

SEXTO: Declarar no probada la excepción de prescripción.

SÉPTIMO: ° Condenar en costas a los demandados en primera y segunda instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, hoy en relación con la devolución de las sumas solicitadas por Ecopetrol, que debía acudir a lo previsto en el artículo 281 del CGP, el cual reprodujo literalmente, «con el fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, dejando a un lado las facultades ultra y extra petita», lo cual, dijo, no impide que el juez interprete la demanda cuando no es lo suficientemente clara, según lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corte (CSJ SL4583-2018).

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Radicación n.° 87573 Señaló que el sentenciador de primer grado debió hacer una interpretación integral de la demanda en orden a establecer las «verdaderas pretensiones» de la parte demandante y no simplemente negar, con la sola consideración de algunos hechos relatados en aquella, la devolución que se pretende, por lo siguiente: […] a pesar de que en los hechos 2 a 5, y 9 de la demanda y en las razones de derecho se hizo alusión al estímulo al ahorro, no debe dejarse de un lado que, en los hechos 1, 6 a 9, 12 y 13, se relacionan las sentencias proferidas en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena del 15 de marzo de 2010, y la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar Sala de Decisión de fecha 18 de mayo de 2010, y la de radicación T1003 del 6 de diciembre de la Honorable Corte Constitucional, las cuales hacen mención al incremento o movilidad salarial y sus consecuencias prestacionales respecto de los accionados. Asimismo, la pretensión primera de la demanda está dirigida a que se declare que los accionados recibieron de Ecopetrol S.A, las sumas allí discriminadas dice, como consecuencia del fallo de tutela del 18 de mayo 2010, proferido por el Tribunal Administrativo […], para en su lugar, tutelar los derechos de los entonces demandantes; y la pretensión segunda está dirigida que se reintegren los citados dineros, dice: como consecuencia de la revocatoria de la decisión del 18 de mayo de 2010, proferido

en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar Sala de Decisión número 1, que operó en virtud del fallo de revisión T03 del 6 de diciembre de 2010. Ahora, vemos que el fallo respecto del cual afirmó la empresa accionante se hicieron los pagos de dinero que hoy solicita le sean devueltos, o sea del 18 de mayo de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar Sala de Decisión número 1, señaló [aquí citó literalmente apartes de la sentencia de tutela sobre reajuste salarial]. Entonces, en este entendido, si bien la empresa demandante incurrió en error al reseñar que el derecho cuyo pago se ordenó con fundamento en la sentencia de tutela de segunda instancia aludida, en el denominado estímulo al ahorro, lo cierto es que ese error no altera para nada el petitum de la demanda, cual era además de la devolución de las sumas por estímulo al ahorro, la

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Radicación n.° 87573 devolución de los conceptos pagados por movilidad salarial. Esto por qué, porque encontramos que la providencia que ordenaba el reconocimiento del ajuste al salario, movilidad salarial a la totalidad de los aquí demandados fue materia de revocatoria por parte del honorable Corte Constitucional, sentencia que ya he mencionado T1003 del 6 de diciembre 2010, en razón de no cumplirse el requisito de inmediatez que caracteriza esa acción tutelar. También vemos que existe un hecho notorio, que es la sentencia

CC T536-2011 publicada en la página oficial de la Corte Constitucional que se incorpora de expediente, a través de la cual la alta corporación en sede de revisión de los fallos proferidos el 11 de octubre de 2010 por el Juzgado Primero Civil del Circuito y el del 25 de noviembre de 2010 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro de la acción de tutela que buscó la inclusión como incidencia salarial del denominado estímulo al ahorro, promovido entre otros, uno de los aquí demandados, el señor Hugo Elberto Dávila Ferro contra Ecopetrol S. A. expediente T2918630. Allí se decidió revocar los fallos que en principio habían sido favorables a los accionantes por considerar improcedente para dichos fines la vía de tutela, al punto dijo esta corporación: [aquí citó apartes de la sentencia CC T536-2011l. Entonces no queda duda que sí se pagaron por Ecopetrol a los demandados dineros por conceptos laborales y su incidencia en las prestaciones sociales en virtud de orden de tutela que fueron revocadas en sede de revisión por la Corte Constitucional. Entonces lo lógico es que se ordene su devolución, tal como lo tiene decidido la jurisprudencia de esta Sala Laboral Afirmó que no se configuraba el supuesto contenido en el literal c) del artículo 164 del CPACA, relativo al no pago de sumas recibidas de buena fe, porque en esta litis no se está ventilando ninguna acción de lesividad en la que Ecopetrol

S. A. haya reconocido una prestación a la que no se tenía

derecho, dado que la buena fe desaparece cuando quién recibe un pago sabe que este quedó sin sustento legal y aun así decide retener las sumas indebidamente recibidas. En relación con el pago del reajuste por concepto de

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Radicación n.° 87573 movilidad salarial a favor de Jorge Elberto Ferro Dávila, dijo que este había aceptado recibir la suma de $9.583.902 por la reliquidación ordenada en fallo de tutela, confesión realizada al contestar el hecho 11 de la demanda inaugural y, además, probado con documentos (f.° 111 y 168), los cuales fueron aportados por ambas partes. En lo que atañe a la inclusión salarial del estímulo al ahorro, el cual fue ordenado en su momento por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta a favor del señor Jorge Elberto Ferro Dávila, entre otros, advirtió que en la respuesta a la demanda, éste no desconoció haber recibido por parte de Ecopetrol S. A. otros montos de dinero diferentes a los de movilidad salarial, aduciendo que no tenían que ver con el fundamento fáctico de la demanda; que «revisados en detalle revelan que corresponden nada más y nada menos que a la reliquidación que tuvo que efectuar Ecopetrol al demandante por la orden de tutela en atención al concepto de estímulo al ahorro, el cual, tal como ya se explicó, también comprende el petitum de la demanda». Expuso que como Ecopetrol solicitaba el reembolso de $210.186.958 por movilidad salarial y estímulo al ahorro que

fueron cancelados al demandado Ferro Dávila; que con los comprobantes aportados por aquel mismo se acreditaba que le fue pagada una suma mayor, «dado que supera los $300.000.000»; por tanto, tenía por demostrados que «de

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Radicación n.° 87573 esas sumas recibidas, que, si bien superan lo pedido por Ecopetrol, se entiende que la suma solicitada está comprendida en el monto peticionado en la demanda», la que además se soportaba en la certificación emanada del Grupo Gestión Maestra de Datos de Personal de la Unidad de Servicios Compartidos de Personal de Ecopetrol, la que no fue tachada ni desconocida por este demandado. En consecuencia, destacó, estaba acreditada la existencia del derecho en cabeza de Ecopetrol S. A. Con relación a la excepción de prescripción propuesta, luego de referirse al artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, dijo que las sentencias de tutela solo surten efectos una vez la decisión sea notificada por el juez o el tribunal de primera instancia, no desde que esta se profiera; que los demandados debían demostrar el momento en que fueron enterados de la providencia. Agregó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del CPTSS, las acciones laborales prescriben en tres años desde la fecha en que se hacen exigibles, circunstancia que no acreditaron los demandados y, en consecuencia, la excepción no prosperaba. Añadió que la misma argumentación se extendía respecto de los dineros recobrados por concepto de estímulo al ahorro a cargo del demandado Jorge Elberto Dávila Ferro,

toda vez que no había prueba alguna de la notificación de la sentencia CC T536-2011, con la cual se revocó el fallo

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Radicación n.° 87573 proferido el 9 de septiembre de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cúcuta, que a su vez confirmó el expedido el 11 de agosto de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante el cual, en principio, había accedido a tener como factor salarial el denominado estímulo al ahorro. En consecuencia, debía revocar la sentencia objeto de alzada y, en su lugar, condenar a los demandados a reembolsar a Ecopetrol S. A. las sumas de dinero pretendidas en la demanda inicial, las que fueron canceladas en cumplimiento de las órdenes de tutela. Al efecto, decidió en la forma y términos señalados en la parte resolutiva transcrita.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandado Jorge Elberto Ferro Dávila, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se «CASE[n] los numerales 1°, 2°, 4°, 6° y 7° del ordinal “Primero” de la sentencia impugnada, en lo que tienen que ver con el señor Ferro, y que luego, constituida en sede de instancia, CONFIRME la decisión de primer grado que absolvió a mi cliente de todas

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las pretensiones», e imponga las costas procesales como corresponda. De manera subsidiaria, solicita: […] CASE el numeral 2° del ordinal “Primero” de la sentencia impugnada, y además el numeral 4° ibídem, pero este último únicamente en lo relacionado con la cuantía allí fijada de $210’186,958, para que luego, constituida en sede de instancia, mantenga la revocatoria de la decisión del a quo sobre el punto, pero reduzca la condena a cargo de mi cliente a la suma de $9’583,902 (Con este fin se formulará el tercer cargo). Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica. Por razones de método, se resolverán de manera conjunta los dos primeros cargos, y luego se estudiará el tercero.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa acusa la «infracción directa, el artículo 83 de la Constitución Política; lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 164 (literal c) de la Ley 1437 de 2011

(en su fase negativa) y 2313 del Código Civil». Después de aludir a algunos argumentos de la sentencia fustigada, dice que develan el desconocimiento de los efectos jurídicos derivados del artículo 83 de la Constitución Política, según los cuales se debe «exonerar de la obligación de restitución a quien ha recibido de buena fe el pago de sumas en virtud de sentencias de tutela», pese a que

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Radicación n.° 87573 hayan sido revocadas posteriormente, según lo pregonan las

sentencias CC T278-1995, CC T959-2011, CC 71139-2000, CC T585-2002, y CC T257-2004; y las providencias de esta corporación, en las que se dijo que las sumas pagadas con arreglo a la buena fe no deben ser devueltas (CSJ SL, 24 mar. 2010, rad. 36720; CSJ SL, 27 en. 2010, rad. 35348; CSJ SL, 11 ag. 2009, rad. 35168; y CSJ SL1707-2015. De lo expuesto se concluye que, al aseverar que la buena fe desaparece «cuando quien recibe un pago sabe que este quedó sin sustento legal y aun así decide retener las sumas indebidamente recibidas», el Tribunal ignoró por completo la existencia de la referida regla y comprueba que incurrió en la infracción directa del artículo 83 de la Constitución Política, yerro que condujo a la aplicación indebida del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en su fase negativa. Esto por cuanto el juez plural consideró que la exoneración de restitución por buena fe solo estaba prevista en «la referida norma del CPACA», dado que estimó que circunscribe sus efectos únicamente a aquellos eventos en donde la administración demanda su propio acto (acción de lesividad); que si bien no se respaldó expresamente en alguna norma, no hay dudas de que se fundamentó en el artículo 2313 del Código Civil, preceptiva que regula el derecho a obtener la restitución de lo que ha sido pagado y no era debido.

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Expone que, si el sentenciador de segundo grado no hubiese desconocido la regla derivada del mencionado artículo 83, la cual permite «exonerar a quien ha recibido dineros de buena fe de la obligación de restituir», necesaria y forzosamente habría tenido que «indagar si ella estuvo presente en la conducta del demandado, y al no encontrar en el expediente elementos que desvirtuaran la presunción de su existencia (art. 83 C.N.), habría tenido que confirmar la decisión de primer grado». Destaca finalmente que, en este tipo de casos, la empresa demandante no queda desamparada judicialmente en la recuperación de lo pagado, dado que puede acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que se evalúe si en la tramitación de las acciones constitucionales se presentó alguno de los factores de imputación que harían eventualmente responsable al Estado.

VII. CARGO SEGUNDO Por vía directa imputa «en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 83 de la Constitución Política; lo que llevó a la aplicación indebida de los artículos 164 (literal c) de la Ley 1437 de 2011 (en su fase negativa) y 2313 del Código Civil».

Frente a la sustentación, basta con señalar que el propio recurrente dice: «Este cargo se basa en los mismos

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Radicación n.° 87573 argumentos del anterior, con la única diferencia de que no denuncia la infracción directa del art. 83 C.N., sino su interpretación errónea». Por esta razón la Sala se abstiene de iterarlos.

VIII. RÉPLICA

La oposición se refiere de manera conjunta los dos primeros cargos señalando que no deben prosperar porque, tal y como lo resaltó el Tribunal, no se trata de una acción de lesividad mediante la cual Ecopetrol S. A. pretenda enmendar o revertir su error, sino de cifras que fueron pagadas obedeciendo una orden de tutela que posteriormente fue revocada. Agrega que la sentencia CC T536-2011 es clara al disponer que la entidad puede iniciar las acciones contundentes con el fin de recuperar los dineros que hubiere pagado en virtud de los fallos revocados. Al efecto cita la sentencia CJS SL5519-2021.

IX. CONSIDERACIONES Inicialmente, se advierte que, aunque la demanda extraordinaria no es un modelo, toda vez que se acusan normas procesales sin imputar la violación medio de las mismas, teniendo en cuenta que se acusa el artículo 2313 del Código Civil, disposición sustantiva que alude al pago de lo no debido, se da por cumplido el presupuesto de la proposición jurídica.

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Radicación n.° 87573 Hecha la anterior precisión, de cara a los planteamientos esbozados por la censura en los dos cargos, le corresponde a la Sala determinar si el sentenciador de segundo grado se equivocó al ordenar al recurrente devolver a Ecopetrol S. A. los dineros que le fueron pagados en cumplimiento de fallos de tutela, los cuales posteriormente fueron revocados por la Corte Constitucional en sede de revisión, mediante las sentencias CCT536-2011 y CC T10032010, sumas que en criterio del recurrente, recibió de buena

fe. Al efecto se tiene que esta corporación al estudiar un asunto similar al aquí planteado, en el que Ecopetrol S. A. reclamaba la devolución de los dineros cancelados a sus trabajadores demandados, en virtud de la misma sentencia CC T536-2011, concluyó que le asistía razón a la empresa en su reclamación, pues es palmario que los accionados están en la obligación de devolver las sumas recibidas a la empresa, por razón de que los valores percibidos por aquellos dejaron de tener legitimidad, o lo que es igual, en virtud de las decisiones de tutela proferidas por la Corte Constitucional, por medio de las cuales revocó las decisiones de amparo del convocado al proceso. Por la anterior razón las cosas deben volver al estado anterior a la realización del pago sin causa jurídica por parte de la sociedad a su empleado tutelante, es decir, tal y como se encontraban antes de cumplirse la orden de amparo

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Radicación n.° 87573 impartida en las providencias que vía revisión revocó la Corte Constitucional. Así se dijo en la sentencia CSJ SL5446-2021, rad. 84081, que reiteró lo adoctrinado sobre el tema en las decisiones 8 feb. 2011, rad. 36864, CSJ SL8211-2016 y CSJ SL1979-2021, CSJ SL, para lo cual se puntualizó: Aunado a lo anterior, sobre las consecuencias y efectos de la revocatoria de una decisión constitucional, ya tuvo oportunidad esta corporación de pronunciarse en las sentencias CSJ SL82112016 y CSJ SL1979-2021, decisión primera que al rememorar la decisión CSJ SL, 8 feb. 2011, rad. 36864, precisó lo siguiente: […] La conclusión del Tribunal sobre el efecto de la revocatoria de una sentencia que decide una acción de tutela también se obtiene, con claridad, de la regla procesal, de carácter general, prevista, para los trámites de tutela, en el artículo 7 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2151 de 1991, aplicable en el caso de acciones dirigidas contra particulares, precepto que si bien no fue considerado expresamente por ese fallador, contiene una regla que acogió y a la cual la censura no se refiere. Tal disposición es del siguiente tenor literal: “De los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo.” De esta norma fuerza colegir que las medidas que se hayan tomado en cumplimiento del fallo de tutela revocado quedan sin efecto. Aunque se refiere a la autoridad administrativa, como se dijo con antelación, esa disposición, razonablemente interpretada, puede extenderse respecto de los particulares. Por lo tanto, no cabe duda de que cuando una sentencia de tutela

dictada en primera instancia es revocada, deja de producir efectos jurídicos, por ser esa la consecuencia natural y obvia de la derogatoria. Así también lo ha entendido la Corte Constitucional, fallo de tutela de radicación T-068-95 de 22 de febrero de 1995:

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Radicación n.° 87573 “De lo anterior se concluye que, si bien un fallo de tutela en primera instancia puede ser recurrido por cualquiera de las partes dentro de los términos establecidos por la ley, su cumplimiento por éstas es obligatorio mientras se surte la segunda instancia, la cual, de confirmarlo, dejará en firme la actuación del a-quo, pero en caso de revocarlo, dejará sin efectos totales o parciales el fallo objeto de apelación, y producirá otros, los cuales las partes deberán acatar. Si bien esta circunstancia no modifica para nada las decisiones de tutela objeto de revisión en el presente caso, se debe prevenir al Juez de primera instancia para que en el futuro decida con base en lo preceptuado por la citada disposición”. Si bien es cierto es posible que en la providencia mediante la cual se revoca la de primera instancia, se tomen algunas otras determinaciones, que deberán ser cumplidas, la falta de un pronunciamiento sobre ellas no puede ser suplida por otra autoridad judicial (salvo por la Corte Constitucional, al revisar las decisiones sometidas a su consideración), de suerte que la revocación de la providencia producirá como lógica consecuencia que no siga produciendo efectos y que las medidas adoptadas en ella pierdan toda eficacia. […] como bien lo pone de presente la censura, que fue la propia

Corte Constitucional quien en la sentencia CC T536-2011, en el ordinal tercero fue clara en precisar lo siguiente: «Tercero.- ADVERTIR a ECOPETROL S.A. que puede iniciar las acciones judiciales conducentes con el fin de recuperar los dineros que hubiera pagado en virtud de los fallos que ahora se revocan». Esto es, desde cualquier óptica que se mire, para la Sala, se presenta la equivocación en la cual incurrió el fallador de segundo grado. Así las cosas, al estar acreditado el enriquecimiento sin causa por parte del demandado, es palmario para la Corte que está en la obligación de devolver los dineros a la empresa demandante en razón a que las sumas percibidas por él dejaron de tener legitimidad, o lo que es igual, en virtud de las decisiones de tutela proferidas por la Corte Constitucional por medio de la cual revocó sendas decisiones de amparo de las cuales era partícipe el demandado; entonces, las cosas deben volver al estado anterior a la realización del pago por parte de la enti