CSJ - SL735-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL735-2023 Radicación n.° 76231 Acta 12 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que EDUARDO MÉNDEZ POLANÍA adelanta contra GENERAL

MOTORS COLMOTORES S.A.

I. ANTECEDENTES Eduardo Méndez Polanía convocó a juicio a la sociedad General Motors Colmotores S.A. con el propósito que se declare que entre las partes existió un contrato laboral a término fijo, el cual finalizó de manera unilateral e injustificada por parte de la demandada. Así mismo, solicitó que se declare la nulidad absoluta del «ACTA DE MUTUO ACUERDO» en la que se acordó la terminación de contrato

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 76231 laboral a partir del 8 de octubre de 2009 y se convino el pago de una «indemnización y otros rubros». Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condene a la demandada al reintegro definitivo sin solución de continuidad al cargo que venía desempeñando o a uno superior; a que se realice el pago de las prestaciones sociales, «bonos, bonificaciones y auxilios» derivados del pacto colectivo vigente, así como de la indemnización prevista en el inciso

segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Además, reclamó el reembolso de las sumas de $1.823.750 y $2.334.440, por concepto de aportes que canceló al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensiones, respectivamente, entre el 8 de octubre de 2009 y el 28 de febrero de 2012; que se acceda a lo que resulte probado ultra o extra petita; y se impongan las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que ingresó a laborar en la demandada General Motors Colmotores S.A. en el cargo de «ENSAMBLE FINAL II», mediante dos contratos laborales, el primero del 11 de agosto de 1997 a «julio» de 1998 y el segundo a partir del 3 de julio de 1999 y hasta el 8 de octubre de 2009. Añadió que esa empresa lo desvinculó bajo la figura de la renuncia voluntaria. Expuso que, para la data de la ruptura de la relación contractual padecía de una «HERNIA DISCAL CERVICAL C6C7, DISCOÁTIA L5 S1, OSTEOARTRITIS APOFISARIA L4-L5 Y L5-S1», según consta en la historia clínica expedida por el

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 76231 servicio de reumatología del Hospital San José; que para la fecha en que ingresó a laborar a la demandada no tenía dichas afecciones y que su empleador siempre tuvo conocimiento de su estado grave de salud a lo largo del nexo laboral. Arguyó que debido a su situación médica «empezó a ser

incapacitado» por la EPS Famisanar desde el 20 de enero de 2009 y, además, recibió varias recomendaciones médicolaborales, por ejemplo, que no podía agacharse, no hacer fuerza y no tener movilidad extrema de la columna cervical, las cuales fueron dadas para la época del despido, encontrándose en proceso de calificación de su invalidez. Relató que el 14 de mayo de 2009 la EPS Famisanar emitió un dictamen de calificación de invalidez en primera instancia; que el 23 de julio de esa misma anualidad notificó a su empleador de su estado de salud y que el 8 de octubre de igual año, fue citado a la oficina de Relaciones Laborales de la demandada, donde le ofrecieron dos alternativas de finalización del vínculo, la primera, una renuncia voluntaria o mutuo acuerdo y la segunda un «despido», indicándole que «si elegía la primera carta salía de la compañía con una indemnización, de elegir la otra carta, saldría sin dinero y sin recomendación laboral». Esgrimió que, ante tales circunstancias, se vio en la obligación de elegir la carta de renuncia voluntaria y suscribir el acta de mutuo acuerdo, para lo cual recibió un pago de $63.000.000.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 76231 Manifestó que para la calenda en que ocurrió la terminación del contrato, estaba medicado; que se encontraba en tratamiento realizando terapias físicas sedativas y de tracción, tal como se consignó en su historia clínica del 27 de marzo de 2009. Puso de presente que volvió a vincularse a la demandada General Motors Colmotores S.A. de manera

transitoria, en cumplimiento de una orden de reintegro emitida en un fallo de tutela del 28 de febrero de 2012 dictado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá. Adujo que en esa decisión constitucional se ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir y se autorizó la «deducción» de la suma de $63.000.000 que fue entregada por el empleador al trabajador con ocasión del despido. Afirmó que, entre la fecha de la terminación el 8 de octubre de 2009 y la de su reintegro transitorio que acaeció el 28 de febrero de 2012, se vio en la obligación de pagar aportes a la seguridad social en salud y pensión, dadas las afectaciones que lo aquejaban, ello con apoyo y colaboración de su familia. Finalmente, explicó que la llamada a juicio le adeudaba 180 días de salario por la indemnización prevista en el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues insiste que el despido ocurrió sin mediar justa causa y sin la autorización respectiva por parte del Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 76231 La Sociedad General Motors Colmotores S.A. al contestar la demanda inicial se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los siguientes: la vinculación laboral con el demandante y su condición de salud, sin embargo, aclaró que tanto la EPS Famisanar, como la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, determinaron que la patología padecida por el trabajador era

de origen común. Frente a los demás supuestos fácticos, indicó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que lo pretendido por el accionante en este asunto era desconocer los acuerdos «millonarios» a los que él y otros trabajadores llegaron con la empresa para finalizar los contratos laborales existentes, aduciendo una afectación en su condición de salud, lo cual no podía ser de recibo. En todo caso, puso de presente que en cumplimiento de una sentencia de tutela emitida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, reintegró de manera temporal al actor, no obstante, debía tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, en virtud del recurso de revisión de esa decisión, con fallo calendado 23 de agosto de 2012 revocó el reintegro al cargo ordenado por el juez de amparo, bajo el argumento, que una vez revisadas las pruebas y documentos «que son los mismos que se adjuntan en esta demanda, no se observó ningún vicio en el consentimiento del trabajador, ni ninguna situación que «invalide la renuncia y la conciliación» celebrada.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 76231 Enlistó como excepciones previas las de prescripción e «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales e indebida acumulación de pretensiones» y de mérito las de cobro de lo no debido, compensación y la genérica. El juez de conocimiento, en audiencia celebrada el 22 de octubre de 2013 (f.° 333 a 335), declaró no probada la excepción previa de inepta demanda y en cuanto a la de

prescripción dijo que sería resuelta al poner fin a la instancia. Dentro del trámite de notificación del escrito inaugural, la llamada a juicio presentó demanda de reconvención en contra de Eduardo Méndez Polanía, a través de la cual formuló las siguientes súplicas:

1. Que se declare que las sumas pagadas por la empresa GM Colmotores al momento de ordenarse el reintegro por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá por concepto de salarios, prestaciones sociales y convencionales carecen de sustento legal y fáctico, pues al ser revocado el reintegro por la H Corte Constitucional y al no existir prestación personal del servicio jamás se generaron.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se condene al señor LUIS EDUARDO MENDEZ POLANÍA el reintegro y pago de la suma de $74.966.224, que, por concepto de salarios, prestaciones sociales y convencionales le fueron cancelados.

3. Que se condene al señor Méndez Polanía a pagar las anteriores sumas con la correspondiente indexación.

4. Que se condene al señor Méndez Polanía a todo lo que pueda resultar probado ultra y extra petita de los hechos discutidos y probados en el presente juicio.

5. Que se condene en costas y agencias en derecho al señor

Méndez Polanía. Como hechos relevantes sustento de tales pretensiones, indicó que el 29 de octubre de 2009 suscribió con el

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 76231 demandado en reconvención acta de conciliación, mediante

la cual se acordó la terminación libre y voluntaria del contrato laboral a partir del 8 de octubre de esa anualidad, recibiendo el trabajador en esa oportunidad una suma de $71.725.015, en la que estaban incluidas las prestaciones sociales causadas y una bonificación por la finalización del nexo por mutuo acuerdo. Adujo que, transcurridos dos años después de dicha finalización del vínculo, el señor Méndez Polanía decidió presentar una acción de tutela solicitando la reinstalación a su cargo y el pago de salarios, prestaciones y demás conceptos dejados de sufragar desde la terminación hasta el reintegro efectivo; que el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá con fallo del 28 de febrero de 2012 resolvió en su favor y ordenó el reintegro al puesto de trabajo y la cancelación de lo peticionado; que la sociedad General Motors Colmotores S.A. acatando esa decisión de amparo, reinstaló al trabajador a sus labores el 4 de marzo de 2012 y le sufragó la cantidad de $74.966.224, «compensando» sobre este valor la suma que inicialmente había pagado con la renuncia voluntaria del empleado y posterior conciliación celebrada ($71.725.015). Refirió que, dentro de la acción de tutela se dio trámite al recurso de revisión ante la Corte Constitucional, el cual prosperó, ya que esa corporación con sentencia CC T6512012 revocó la decisión del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá y, en su lugar, negó el amparo solicitado, «dejando sin

efecto el reintegro».

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 76231 Manifestó que producto de tal decisión adoptada por la Corte Constitucional, el reintegro del trabajador a su cargo y que se hizo en su momento efectivo, junto con el pago de la suma derivaba de esa acción de tutela, carecen de eficacia, por tanto debía darse cumplimiento a lo ordenado por el juez constitucional, en el sentido de «compensar» estos valores y, como consecuencia de ello, que el demandante devuelva las sumas adicionales que recibió, pues de lo contrario, se configuraría un enriquecimiento sin causa a favor de la persona natural, dado que recibió el pago de salarios y prestaciones sociales por un periodo en que no prestó servicios a GM Colmotores S.A. entre el 8 de octubre de 2009 y el 28 de febrero de 2012, habiendo desaparecido la causa que dio origen a esa situación. Eduardo Méndez Polanía al pronunciarse sobre la demanda de reconvención se opuso a las pretensiones incoadas. Respecto de los hechos, aceptó la vinculación laboral con la empresa y la firma del acta de conciliación con el pago acordado por el empleador, aclarando que de la suma pactada de $71.725.015 se le giró directamente con cheque la cantidad de $69.179.569 y el restante $5.786.655 se depositó al fondo de cesantías Porvenir S.A. Así mismo, dijo que era cierto que la Corte Constitucional revocó la sentencia dictada por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá; sin embargo, aclaró que «no era

cierto que quedó sin valor y efecto el reintegro, porque en contra de dicha sentencia fue interpuesto dentro del término

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 76231 un incidente de nulidad que aún no ha sido resuelto». Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos. En su defensa, expuso que contrario a lo relatado por la empresa General Motors Colmotores S.A., «tenía y tiene» derecho al pago ordenado en el fallo de tutela, no solo porque corresponde a una orden judicial aun en vigor, sino también dado que padece una disminución física, lo que significa que la finalización del vínculo no podía llevarse a cabo sin el permiso del Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo. Enlistó como excepción de mérito la de cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de junio de 2015, resolvió: PRIMERO: ABSOLVER a la demandada GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. de todas y cada una de las pretensiones elevadas en su contra por el señor EDUARDO MÉNDEZ POLANÍA, de acuerdo a la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: ABSOLVER al demandante señor EDUARDO MÉNDEZ POLANÍA de las pretensiones incoadas en la demanda de reconvención propuesta por la demandada GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A., de acuerdo a la parte

considerativa de esta sentencia.

TERCERO: SIN COSTAS PARA LAS PARTES.

CUARTO: CONSULTAR con el superior jerárquico en caso de no ser apelado el presente fallo.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 76231

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, mediante sentencia proferida el 3 de agosto de 2016, decidió confirmar íntegramente la decisión del a quo y no impuso costas en la alzada.

De conformidad con lo planteado en los recursos, el juez de alzada indicó que los problemas jurídicos a resolver eran los siguientes: Inicialmente, en relación con el reproche elevado por Eduardo Méndez Polanía, precisó que se debía definir la validez de la renuncia voluntaria del trabajador presentada el 8 de octubre del 2009, con miras a determinar si existió una coacción para suscribirla y los acuerdos con el empleador y, en virtud de ello, establecer la procedencia de la indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 del 1997, por haber sido despedido cuando se encontraba afectado en su salud sin mediar autorización de autoridad competente. Y, en segundo lugar, frente al reproche esbozado por la sociedad demandante en reconvención, indicó que se debía precisar si había lugar a disponer el reembolso de las sumas canceladas a Eduardo Méndez Polanía, «con ocasión al reintegro ordenado mediante acción de tutela».

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 76231 El Tribunal advirtió que únicamente se ocuparía de aquellos aspectos que fueron objeto de reproche por parte de los recurrentes, conforme al artículo 66A del CPTSS.

1. Apelación del demandante Méndez Polanía Indicó que en la alzada no fueron objeto de controversia los siguientes hechos: i) la existencia de la relación laboral entre el actor y la convocada a juicio; ii) que dicho nexo finalizó el 8 de octubre de 2009, a través de la presentación de la renuncia voluntaria del trabajador y la posterior suscripción de un acta de mutuo acuerdo; y iii) que el trabajador fue reintegrado a la empresa en virtud del cumplimiento de una sentencia de tutela proferida el 28 de febrero del 2012 por el Juzgado 51 Penal del Circuito Adjunto de Bogotá.

Argumentó que la inconformidad del promotor inicial del litigio se centraba señalar que, contrario a lo indicado por el a quo, la renuncia presentada por el trabajador el 8 de octubre de 2009 no fue libre y voluntaria, sino que se produjo por una coacción ejercida por el empleador; lo cual estaba acreditado con lo manifestado por el propio actor y por los testigos Daniel Fernando Rojas, Germán Sánchez y Diego Fabrianny González Sánchez, quienes a pesar de no haber estado presentes en el momento de la suscripción de los acuerdos, relataron que conocían de los hechos por haber sufrido la misma situación. Así mismo, el demandante aseveró que los hechos indicativos de coerción fueron

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 76231 advertidos en el fallo de tutela que «ordenó el reintegro

transitorio al trabajador». Al descender al análisis de las pruebas incorporadas en el plenario, el juez colegiado estimó que no era posible establecer que existió coerción por parte del empleador en la presentación de la renuncia voluntaria del señor Méndez Polanía, dado que en la documental visible a folio 37, aparecía la comunicación suscrita por Eduardo Méndez Polanía de fecha 8 de octubre del 2009 dirigida al gerente de relaciones laborales de la demandada, aludiendo a que: «presento renuncia al cargo que vengo desempeñando en la empresa a partir de la data, así mismo agradezco la colaboración que me fue prestada», pues de dicha manifestación no se deducía una presión por parte de la sociedad llamada a juicio, sino una declaración espontánea, la cual se vio posteriormente ratificada al suscribir la «conciliación de mutuo acuerdo» para poner fin al contrato con su empleador el 29 de octubre de 2009. Del mismo modo, advirtió que las declaraciones rendidas por los testigos Daniel Fernando Rojas, Germán Sánchez y Diego Fabrianny González Sánchez no ofrecían claridad sobre los hechos debatidos, particularmente, frente a la presunta coacción ejercida por la empresa para la suscripción de la renuncia voluntaria del trabajador, en tanto fueron contestes en señalar que conocieron al demandante por haber sido compañeros de trabajo y que con ocasión de sus incapacidades y enfermedades fue reubicado varias veces dentro de la compañía; sin embargo, afirmaron que

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 76231 desconocían los temas tratados con el accionante en la

reunión que sostuvo en la oficina de asuntos laborales, lo que llevaba a concluir que dichos deponentes no tenían certeza si el trabajador renunció o fue despedido y si, posteriormente en el acta de conciliación de mutuo acuerdo recibió una indemnización o suma alguna por su retiro. Por ende, el juez plural coligió que de la documental mencionada y de la prueba testimonial referenciada no se desprendía la coerción reclamada por el demandante al presentar renuncia voluntaria y tampoco al suscribir el acta de conciliación de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo. De otro lado, reseñó que al revisar el auto 251 del 13 de agosto de 2014 dictado por la Corte Constitucional, se observó que por medio de esta providencia se declaró la nulidad de la sentencia CC T651-2012 y se dejó en firme como en vigor el reintegro transitorio ordenado inicialmente a favor del trabajador y en esa decisión no aparecía acreditado que el alto tribunal constitucional hubiera verificado que tal terminación hubiera sido fruto de coerción por parte del empleador. Adujo que, por el contrario, lo que consideró la Corte Constitucional fue que los hechos que generaron esa nulidad obedecían a que en la sentencia CC T651-2012 no se tuvo en cuenta la existencia de unas irregularidades adoptadas por el entonces inspector de trabajo Luis Alvarado Vázquez que culminó con sanción para ese funcionario de 12 meses y

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 76231 quien fue el encargado de adelantar el trámite de conciliación frente a las partes del litigio, por tanto, con el fin de impedir

la ocurrencia de un daño irremediable, era necesario brindar una protección transitoria al actor mientras se surtía el proceso ordinario laboral, en aras de buscar una solución cierta, eficaz y urgente a lo acontecido, teniendo en cuenta la debilidad manifiesta por las patologías sufridas, ordenando su reintegro transitorio. Resaltó que precisamente la Corte Constitucional expresamente señaló que «no se observaba que la terminación de la relación laboral fuera producto de la coerción del empleador y esto no había sido discutido en lo relativo a la validez del acta», por lo que dispuso su amparo transitorio mientras se desarrollaba y decidía el debate jurídico dentro del proceso ordinario laboral. Bajo tales argumentos y analizadas las pruebas reprochadas en el recurso de apelación, concluyó que «en esta acción ordinaria judicial» no se acreditaron vicios del consentimiento en la suscripción de la renuncia voluntaria alegada por el trabajador ni en la conciliación celebrada, como quiera que en los términos del informativo y del recurso formulado, los testigos no tienen conocimiento directo de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que fue celebrado el acuerdo de terminación de la relación laboral, ni existe prueba documental que permita corroborar tal situación. Atendiendo las conclusiones adoptadas en esta temática, el ad quem mencionó que respecto a la procedencia

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 76231 de la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por existir una presunta estabilidad laboral reforzada, la misma no podía prosperar, dado que no se logró

acreditar que el vínculo laboral finalizara con ocasión o por razón de su limitación física, pues conforme lo probado en el proceso quedó en evidencia que en el finiquito del contrato de trabajo que ató a las partes no medió un despido, sino que su terminación obedeció a la renuncia libre y voluntaria del señor Méndez Polanía efectuada el 8 de octubre de 2009, en la que se plasmó su voluntad expresa de poner culminación al nexo y su posterior ratificación en la conciliación de mutuo acuerdo; por consiguiente no era dable hablar de una actuación unilateral del empleador. En consecuencia, estimó que no estaban acreditadas las condiciones necesarias para que el trabajador fuera beneficiario de la aludida protección contemplada en el citado artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y mucho menos, podía «declararse la ineficacia de la terminación de su contrato efectuada por la demandada General Motors, Colmotores S.A.». Por ende, desestimó el reproche de la apelación del demandante Eduardo Méndez Polanía y, en consecuencia, dejó en firme la absolución en este puntual aspecto impartida por el a quo.

2. Apelación de la demandada General Motors

Colmotores S.A.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 76231 Arguyó que en el reproche elevado por la sociedad demandante en reconvención se reclamó la «devolución de las sumas pagadas con ocasión al reintegro del trabajador», específicamente en la cuantía de $74.966.224, correspondiente al pago de salarios, prestaciones legales y

convencionales dejadas de percibir desde su retiro del cargo hasta su restablecimiento, en razón a que argumenta que el reintegro transitorio ordenado por el juez de tutela fue posteriormente revocado por la Corte Constitucional. Para dar respuesta a dicho interrogante, el ad quem señaló que, tal como quedó demostrado en el proceso, el promotor del litigio, Eduardo Méndez Polanía, instauró acción de tutela contra General Motors Colmotores S.A. a fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, salud, seguridad social, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, debido proceso y dignidad humana; que como consecuencia de ello obtuvo decisión favorable por parte del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá el 28 de febrero del 2012, que amparó sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, el trabajo y la seguridad social y ordenó a General Motors Colmotores S.A. a reintegrar al señor Eduardo Méndez Polanía a un cargo igual o superior al que desempeñaba, precisando que tal amparo era transitorio mientras acudía dentro de los cuatro meses siguientes a la jurisdicción laboral para discutir su reinstalación definitiva. Puntualizó que mediante sentencia CC T651-2012 la Corte Constitucional en sede de revisión dispuso revocar la

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 76231 decisión anterior, para en su lugar negar el amparo de los derechos invocados por considerar que se incumplió con el requisito de inmediatez de la acción, ya que entre la petición de amparo interpuesta el 30 de diciembre del 2011 y la

terminación del vínculo laboral acaecida el 8 de octubre del 2009 habían transcurrido más de dos años desde la presunta vulneración de derechos. Así mismo, no encontró acreditada la coerción alegada por el accionante para terminar el vínculo. No obstante, refirió que ese mismo tribunal constitucional al resolver una solicitud de nulidad propuesta contra el fallo anterior, mediante auto 251 del 13 de agosto 2014, declaró la nulidad del numeral 9 de la sentencia CC T651-2012 y, en consecuencia, ordenó a Colmotores S.A. mantener el reintegro transitorio del trabajador, «mientras la autoridad judicial competente decidía la petición de reintegro por estabilidad laboral reforzada», particularmente se habilitó a la jurisdicción ordinaria «únicamente a pronunciarse sobre la procedencia o no del pago de salarios, de prestaciones sociales correspondientes al periodo transcurrido entre la desvinculación después de la notificación de la sentencia T61 del 28 de febrero del 2012 y la notificación del auto 251 del 13 de agosto del 2014». Consideró que en este asunto no había lugar a declarar la compensación ordenada por el juez de tutela y, en consecuencia, a acceder a la devolución o reembolso de las sumas reclamadas por la sociedad demandante en reconvención, porque la sentencia CC T651-2012, que había

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 76231 revocado el amparo constitucional, posteriormente, fue dejada sin efecto a través del auto CC 251-2014, de manera que el reintegro al puesto de trabajo ordenado se mantuvo en

firme. Resaltó que además los jueces y la Corte Constitucional, en su decisión de nulidad, dejaron sentado que sobre la suma reconocida en sede tutela la empresa General Motors Colmotores S.A. podía realizar una «compensación», a efectos de deducir el valor de la indemnización o suma conciliatoria que canceló al trabajador por la renuncia voluntaria presentada en octubre de 2009 y la posterior conciliación. En respaldo de lo anterior, citó textualmente un fragmento de la sentencia de la Corte Constitucional, que dijo: Dentro del cuaderno del incidente de desacato tramitado ante el Juzgado 17 Penal Municipal de Bogotá, la empresa demandada manifestó que realizó los pagos dejados de percibir desde el 9 de octubre de 2009 al 4 de marzo de 2012, realizando una compensación con el valor de la indemnización reconocida en octubre de 2009. Por su parte, la apoderada judicial del actor aseveró que este había sido reintegrado pero continuaba incapacitado. Teniendo en cuenta que la justicia ordinaria está verificando la existencia del derecho al reintegro del accionante, le corresponderá a esta establecer si hay lugar al pago de los salarios y prestaciones sociales correspondientes al periodo transcurrido entre la desvinculación después de la notificación de la sentencia T-651 de 2012, que revocó el amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del señor Luis Eduardo Méndez Polanía, y la notificación de la presente providencia. De acuerdo a lo precedente y conforme lo probado en el proceso, el ad quem dijo que no era posible declarar la compensación y en consecuencia ordenar la devolución de

los dineros que General Motors Colmotores S.A. canceló al

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 76231 demandante, porque inicialmente la sentencia que dispuso el reintegro al cargo, en definitiva, quedó en firme y, además, porque no aparecía probado algún pago adicional al ordenado que diera lugar a reconocer una restitución económica a favor de la sociedad demandante en reconvención, ya que producto del cumplimiento de la sentencia de tutela, sobre los $74.966.224 que dispuso sufragar el juez constitucional, se autorizó la compensación de la indemnización o bonificación reconocida en octubre de 2009, que fue cubierta por valor de $69.179.569. Finalmente, agregó que no podía pasarse por alto que la sociedad demandante en reconvención incurrió en serias contradicciones sobre los montos que reclamaba fueran reintegrados, pues en la contestación de la demanda inicial presentada por Eduardo Méndez Polanía la empleadora reconoció que hizo un pago total de $71.725.015, en dos cheques: el primero por la suma de $69.179.569 a nombre del apoderado judicial del accionante y el segundo del mismo banco por valor de $5.786.655 con destino al fondo de pensiones y cesantías Porvenir S.A. Por lo dicho, expresó que en relación con la demanda de reconvención se debía confirmar íntegramente la sentencia absolutoria del a quo.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por ambas partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se proceden a resolver, por

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 76231 cuestiones de método inicialmente la demanda de casación de la parte demandante y, posteriormente, la presentada por la llamada a juicio General Motors Colmotores S.A.

V. DEMANDA DE CASACIÓN DEL DEMANDANTE

EDUARDO MÉNDEZ POLANÍA

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión absolutoria del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones incoadas en la demanda inicial.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula dos cargos, los cuales están oportunamente replicados por la accionada y que a continuación la Sala estudiará en el orden propuesto.

VII. CARGO PRIMERO Está formulado así: La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral que es objeto de esta demanda de casación viola por la vía indirecta por error de hecho y de derecho de las siguientes pruebas.

Afirma que el Juez plural incurrió en el error de hecho consistente en:

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 76231

1. No darle, el valor probatorio necesario a las declaraciones testimoniales de sus compañeros de trabajo: Daniel Bernardo Rojas, Germán Sánchez Sánchez, Diego Fabrianny Gonzáles Sánchez; quienes manifestaron que conocían del estado de salud del trabajador Méndez Polanía y del proceder de la empresa GM Colmotores S.A., para coaccionar a sus trabajadores enfermos a fin de que presentaran sus renuncias

voluntarias. Asevera que el juez de alzada cometió los siguientes errores de «derecho»:

1. Dar por probado, sin estarlo, que al momento de la t